El bombardeo de opiniones en el mismo sentido, aunque provenientes de frentes disímiles, no puede haber sorprendido a las autoridades. Cuando a principios de 2010 ya era evidente que la política económica oficial había logrado sortear los riesgos del impacto de la crisis financiera internacional, y antes de lo previsto Argentina recuperaba un sendero de rápido crecimiento, Néstor Kirchner se empeñaba en reiterarle a su tropa lo que preveía iba a ser el escenario de los siguientes dos años, en el camino a las elecciones presidenciales de fines de 2011: “El debate va a ser económico, lo político pasará por las opiniones que se tomen en las cuestiones económicas”, repetía varias veces por día en aquel verano, que sería el último de su vida. Su obsesión era, ya entonces, ajustar el mensaje desde el Gobierno y las filas oficialistas, para que se comprendiera qué es lo que está en discusión, cuáles son los modelos que confrontan, qué intereses se alinean detrás de uno u otro. Y trataba de transmitir a todos los que lo rodeaban lo que para él era una íntima convicción: no habrá otra batalla política en lo inmediato que no sea la que pasa por las cuestiones económicas.

En esa línea táctica, el discurso de Cristina Kirchner tras el anuncio de los acuerdos para el desarrollo de mercados concentradores regionales ocupa un lugar trascendente. Pocas veces antes –si es que alguna vez antes– un jefe de gobierno en la Argentina precisó con tal rigor una mirada sobre la formación de precios, las limitaciones de una estructura económica altamente concentrada y el uso de los instrumentos del Estado para, parcialmente, contrarrestar las distorsiones en la distribución del ingreso que ciertas conductas empresarias provocan. Además de señalar a quienes motorizan el clima inflacionario.

“Los que más agitan expectativas inflacionarias son los formadores de precios en la República Argentina”, señaló la Presidenta de la Nación en el mediodía de este miércoles, señalándolos de ser quienes utilizan a su favor “un nivel de consumo como nunca se vio en la Argentina”, para aplicar “una costumbre consuetudinaria de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios, y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”. Luego explicó el porqué de esta actitud en otras épocas, en otros tiempos. “Como no teníamos políticas que sostuvieran la demanda agregada, sólo políticas volátiles, había cierto retraimiento a tener un ritmo sostenido de inversión y ampliación de la oferta para mantener o aumentar la rentabilidad”, describió. “Pero lo cierto es que (ahora) venimos de una política continua creciente, desde el año 2003 a la fecha, de un Estado que sostiene y aumenta la demanda permanentemente. Entonces, es necesario que quienes tienen el capital y quienes tienen la oferta aumenten la inversión.”

En esta Argentina con alta concentración en insumos básicos de la industria, desde el acero a los envases de cartón o de plástico; con alta concentración en la producción de bienes de consumo masivo, desde los alimentos enlatados a la leche en sachet; sumado a una alta concentración en la comercialización, con grandes cadenas de hipermercados en los centros más poblados, capaces de comprar la producción total de algún producto para fijar después las condiciones –momento y precio– en las cuales van a salir al mercado; en esta Argentina, no se puede hablar de inflación sin mencionar a todos o alguno de estos factores formadores de precios.

El desafío de Cristina llamando a debatir sobre estos temas (“hay que discutir en serio, con los números en la mano”, mencionó por lo menos cuatro veces en su alocución) no fue tomado por la oposición ni por empresarios. Por el contrario, desde ámbitos profesionales (ropaje que encubre a los habituales guionistas del discurso económico de derecha) volvieron a escucharse los mismos argumentos, los mismos diagnósticos, surgidos de las teorías que se ensayaron durante los ’80 y los ’90 con los resultados trágicos conocidos. Como el tema está lejos de haberse agotado, conviene repasar al menos algunos de estos argumentos para mostrar, a la vez, “su parte no contada”:

- Argumento 1: “El Gobierno culpa a los empresarios, pero es el excesivo gasto público y la emisión descontrolada lo que convalida la inflación”.

Sería sencillo refutar la imputación al gasto público recordando los años de superávit fiscal, incluso financiero (es decir después de pagar los intereses de la deuda), que lleva computados el Gobierno entre 2003 y la fecha. Pero hay un aspecto más trascendente, e intencionalmente ocultado, en los propósitos de quienes formulan la propuesta. Es el de anular, por vía de limitar el gasto público, la aplicación de políticas distributivas a través de los recursos del Estado. En cuanto a la culpa imputada a la emisión monetaria, persigue un objetivo similar, con remembranzas del paso de Redrado y de Prat Gay por el puesto que ahora ocupa Mercedes Marcó. Que el Estado tenga una política monetaria neutra, que no promueva el crédito ni la expansión económica. Proponen que el dinero circulante sea un dique y no un facilitador del crecimiento. Tanto la baja del gasto público como la no emisión de dinero llevarían irremediablamente a una recesión.

- Argumento 2: “La escalada inflacionaria tiene origen en los aumentos salariales que promueve el Gobierno para favorecer a los gremios amigos”.

No es muy arduo demostrar que en gran parte de las actividades, pero mucho más en los sectores concentrados, que son los reales formadores de precios, la incidencia de la mano de obra en el costo total es mínima e incluso va en descenso. Bajo esa excusa, al arrancar las paritarias de cada año la clase empresaria plantea aumento salarial cero en nombre de la estabilidad de precios.

- Argumento 3: “El intervencionismo estatal y las distintas trabas que aplica el Gobierno desalientan la inversión y, ante la suba de la demanda, se provoca inflación por escasez”.

Una falacia más a favor de la desaparición del Estado y a favor de la dictadura económica de los poderosos.

Como ya se planteó, el desafío a debatir sobre precios e ingresos no prendió. Hubo, sí, señales de que algunos actores importantes del universo empresario, ubicados en la esfera del sector dominante, seguirán transitando por los carriles habituales. Por ejemplo, ejercer el lobby o la presión corporativa antes que propiciar o aceptar el debate. Es lo que quedó reflejado en las “internas abiertas” de la UIA, así llamadas no porque vaya a haber elecciones internas abiertas, sino porque las peleas internas fueron puestas a la vista de todos.

La disputa, en definitiva, al interior del llamado sector Industriales primero, y la que involucró al renunciante Héctor Méndez después, reveló que lo que está en discusión es el modo de intervención de la central fabril en la lucha política que tendrá lugar en el correr de este año. La alternancia en la conducción de la UIA indicaba que un hombre del sector Industriales debía ocuparla, y entre ellos José Ignacio de Mendiguren era visto como “número puesto”. “El Vasco” es visto como una persona de buen diálogo con todos los gobiernos, y a alguien proveniente del sector de la indumentaria, que supo sentir todo el rigor de la apertura económica de los ’80 y los ’90, no le resulta muy difícil entenderse con el gobierno actual, que hizo de la defensa de la producción industrial para el mercado interno una bandera.

Pero esta postura abierta al diálogo del Vasco no es del agrado de otros sectores de la propia UIA, incluso encuadrados en el ala Industriales, como es el caso de Techint. Dicen preferir “una figura fuerte, de peso propio, que imponga respeto al gobierno”. No hay que pensar mucho para adivinar que están postulando a un representante de los grupos más concentrados. Adrián Kaufmann, de Arcor, surgió como el nuevo candidato. Cuando esta alternativa parecía perder posibilidades ciertas de concretarse, apareció la renuncia de Méndez, como una simbólica quema de las naves antes de la toma por asalto de los adversarios. En este mundo económico de falacias, Méndez renunció confesándose cansado de que los trapos sucios se ventilaran en público en vez de tratarse puertas adentro, cuando fue su propia renuncia lo que más en público puso el asunto.

La discusión en la UIA es clara. Hay quienes no quieren una conducción dialoguista y, mucho menos, que acompañe. Quieren ir de frente y demostrar que a ellos –Arcor, Techint, las automotrices– no les agrada el modelo aunque se beneficien, porque piensan que volviendo a un modelo sin Estado se garantizarían un futuro mejor. Las industrias regionales y las livianas que viven del mercado interno saben que ese camino que señalan sus colegas los condena al ostracismo que ya vivieron en las décadas pasadas. El debate, en definitiva, es el modelo, y si se lo acompaña aunque discutiendo o se lo combate.

No hay discusión simple con quienes sólo buscan confrontar y sumar fuerzas políticas para derrotar al modelo. Pero no toda la casta empresaria es igual. Por eso el debate al interior de la Mesa de Enlace. Por eso la crisis en la UIA. Por eso los cuestionamientos de la cúpula empresaria se parecen, cada vez más, a planteos de una oposición política dura. No parecen dirigentes opositores: son la nueva oposición. Al modelo económico en ejecución, que será el eje de todo debate político hasta las elecciones, y quizá más.

Fuente:">http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-162223-2011-02-12.html]Fuente: Página/12 - 12.02.2011