El acuerdo está sometido a cierta confidencialidad, porque afecta la propiedad de los tenedores de las acciones y puede generar cimbronazos bursátiles, ya que esta empresa cotiza en Bolsa.” Así se expresó el ministro de Economía, Axel Kicillof, para esgrimir las razones por las que no se dieron a conocer los montos con los que el Estado argentino compensará finalmente a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en abril del año pasado. De todas formas, Kicillof aclaró que “ni bien se conozca el texto final, se dará publicidad”. En efecto, el contrato deberá ser refrendado por el Congreso nacional, con lo cual tomará estado público antes de ser aprobado. Pero una difusión del mismo antes de que se ultimen todos los detalles, podría haber causado inconvenientes a raíz del perjuicio que hubiera sufrido Repsol en las bolsas de valores si se consideraba que, como se supone, el mismo no es favorable para la empresa española.

En efecto, todo parece indicar que nuestro país fue el mayor beneficiado con la negociación. El hecho de que Cristina Kirchner le haya agradecido telefónicamente al presidente de México, Enrique Peña Nieto, por el rol “preponderante” de la petrolera estatal Pemex en le negociación, así como a su par español Mariano Rajoy, por la “participación activa” de su gobierno en el acuerdo, permite deducir que el arreglo no fue en los términos que hubiera pretendido Repsol. También, si se toma en cuenta que el más firme y tenaz opositor a la estrategia conciliadora de Argentina, el presidente del directorio de Repsol, Antonio Brufau, quedó marginado durante todo el proceso de negociación tanto por los gobiernos de España, Argentina y México como por los principales accionistas de Repsol. Y más aún si se considera que la mayor parte de los medios españoles coincidieron en precisar que el tipo y monto de la compensación sería en bonos por un valor de mercado actual de 5.000 millones de dólares –y ninguno lo hizo por un monto extra a 6.000 millones a valor presente–, lo cual implica la mitad de los 10.500 millones de dólares que reclamó Repsol en su demanda principal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, así como de los 9.300 millones en los que tasó a YPF la compañía española. Como posdata, la agencia de noticias económicas Bloomberg, que encarna la visión de Wall Street, afirmó en una columna firmada por el periodista Raul Gallegos que “a veces, recibir un pago no te convierte en ganador”, en relación con la compensación acordada con Repsol, así como también que Cristina Kirchner aparecía como “una dura negociadora”.

De confirmarse el entendimiento, se podría afirmar que el acuerdo ha significado un nuevo avance en el ambicioso proyecto gubernamental de lograr la soberanía hidrocarburífera, luego del trascendente paso que significó la recuperación del control nacional de YPF a comienzos del año pasado, así como sus consecuentes avances en materia de inversión, producción y rentabilidad. Pero también, del objetivo gubernamental de continuar cerrando frentes de conflictos con empresas extranjeras –a comienzos de octubre había acordado una indemnización de 500 millones de dólares con cinco empresas que habían demandado a la Argentina–, para ampliar los flujos de inversiones que permitan frenar o disminuir el constante drenaje de divisas que viene sufriendo el país desde hace tres años a esta parte. Asimismo, se podría sumar el beneficio adicional de que luego del acuerdo, la Unión Europea (UE) deje sin efecto las trabas a las importaciones de biodiésel desde Argentina, que provocaron que las mismas desciendan de 1.750 millones de dólares en 2011 a sólo 500 millones en todo este año.

Cronología del avance. Por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF, Repsol había demandado a nuestro país ante el Ciadi por 10.500 millones de dólares, argumentando que al momento de la nacionalización la empresa tenía un valor de 18.300 millones de dólares, y que existía también un lucro cesante. Brufau se mantenía inflexible sobre esta cifra, bajo el argumento principal de los valiosos activos en el área de Vaca Muerta, Neuquén. Esta postura era la principal traba para llegar a un acuerdo, ya que el gobierno argentino no aceptaba que Repsol fijara su valor de compensación, transformándose de esta forma en juez y parte. Con todo, durante este año se tomó la decisión política de arribar a un acuerdo, con el fin de cerrar frentes de conflictos externos que restrinjan la llegada de inversiones en general y en particular hacia YPF, debido, en este último caso, al déficit energético que actualmente padece nuestro país. De concretarse el acuerdo, YPF tendrá liberado el camino para tomar créditos y asociarse con petroleras extranjeras (hasta el momento, sólo lo había podido hacer con Chevron), fundamentalmente para explotar los hidrocarburos no convencionales de los yacimientos de Vaca Muerta, cuyas reservas se encuentran entre las mayores del mundo.

Las negociaciones demoraron nueve meses, y la llave que destrabó el conflicto provino de México. El actual presidente de YPF, Miguel Galuccio, tiene un importante vínculo con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, desde los tiempos en que como director de la filial mexicana de la empresa norteamericana de servicios petroleros Schlumberger proveía a Lozoya. Tanto Galuccio como Lozoya están interesados en realizar operaciones entre YPF y Pemex, las cuales se podrían concretar luego del acuerdo, mediante el aporte de la experiencia de YPF en extracción de hidrocarburos convencionales y el ingreso de Pemex en Vaca Muerta. El escollo para estos negocios radicaba en que Pemex es también, con el 9,4% de las tenencias, uno de los tres principales accionistas de Repsol, por lo que la petrolera estatal mexicana tenía un gran interés en que se resuelva el litigio entre Repsol e YPF. Sin embargo, no sólo esta cuestión explica los buenos oficios del gobierno mexicano. Otro de los principales accionistas de Repsol, la entidad financiera La Caixa, que posee el 13% del paquete accionario de la petrolera española, tiene como uno de sus accionistas al mexicano Carlos Slim, que desde el año pasado también es accionista de YPF con alrededor de un 10% de las tenencias. Slim era otro de los interesados en llegar a un acuerdo, y se rumorea que está evaluando una asociación con Pemex para avanzar en las tenencias accionarias de Repsol.

Las gestiones del gobierno mexicano frente al español fueron la derivación lógica de este cuadro. Y el gobierno español de Mariano Rajoy, pese a ser un firme defensor de las corporaciones, llegó a la conclusión de que apoyar al presidente de una empresa cuya estrategia de confrontación con YPF era cuestionada por sus principales accionistas (Pemex y en menor medida La Caixa), así como sumar al enfrentamiento con la Argentina el de México, era el peor negocio. Pero además, se sostiene que también fue determinante el rol jugado por Estados Unidos en la presión hacia Rajoy. El secretario de Energía de ese país, Ernest Moniz, realizó una visita a Madrid la semana pasada, para entre otras cuestiones presionar a favor de la petrolera norteamericana Chevron, que luego de asociarse con YPF en julio último, se encuentra bajo la amenaza de Repsol de paralizar el desarrollo de sus inversiones ya efectuadas a causa del litigio que mantenía con YPF.

Así, el pasado martes 26 se reunieron en nuestro país Axel Kicillof, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria; el titular de YPF, Miguel Galuccio; el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, y el presidente de La Caixa, Isidro Fainé. Al finalizar la reunión, el gobierno argentino emitió un comunicado en el que señalaba que “las partes coinciden en que el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas”.

El preacuerdo firmado por los gobiernos de Argentina, México y España, y los accionistas mayoritarios de Repsol, La Caixa y Pemex, llevó a que al día siguiente, el miércoles 27, el directorio completo de Repsol votara por unanimidad de sus 16 consejeros la aprobación del acuerdo de indemnización, por el que, de acuerdo con medios españoles, recibirán bajo el asesoramiento del Deutsche Bank bonos del Estado argentino a diez años, los cuales se comenzarán a pagar dentro de tres o cuatro años a una tasa anual del 8%, y cuyo valor de mercado será de 5.000 millones de dólares si se desea venderlos en el corto plazo en su totalidad. De todas formas, Kicillof señaló en declaraciones a CN23 que “hay elementos que restan discutir, pero estamos muy esperanzados en el impulso decisivo que tomó”. Por eso, resulta prematuro llegar a una conclusión definitiva sobre el acuerdo, pero todo parece indicar que muy pronto la Argentina podrá celebrar otro importante paso en su objetivo de avanzar sobre la soberanía hidrocarburífera.

Las acciones depredadoras de Repsol y el panorama actual. Detrás del conflicto con Repsol, se esconde también la evaluación del Gobierno sobre los manejos que realizó la compañía española durante los años en que administró YPF. Fue en 1998 cuando Repsol inició el proceso de control de la compañía, transformándose en su propietaria al año siguiente. Según señalan los investigadores del Conicet Andrés Asiain y Agustín Crivelli, en su trabajo “La explotación de hidrocarburos en argentina. Estudio de caso: YPF S.A”, “la administración de YPF por Repsol se basó mayoritariamente en la extracción de crudo descubierto antes de 1998, es decir, bajo la administración estatal”, agregando que la empresa española hizo “poco y nada” en lo referente a exploraciones para aumentar sus reservas: “La estrategia de negocio en la Argentina se basó en extraer las reservas existentes”. Así, los investigadores concluyeron que “la brutal reducción de las reservas que esa práctica condujo fue la causa de la declinante producción”, señalando también que la “lógica predatoria” de la estrategia de Repsol para YPF “no es el efecto de una defectuosa gestión empresarial, sino consecuencia directa de la estrategia global de Repsol”, la cual, describen en su trabajo, tuvo como objetivo obtener la mayor rentabilidad posible de YPF para luego “migrar hacia los activos con crecimiento y alta rentabilidad” en diferentes países de América y África.

Esta gestión de YPF provocó que, desde hace dos años a esta parte, el sector energético arroje déficits en su balanza comercial (diferencia entre importaciones e importaciones), y se proyecta que este año llegará a los 7.500 millones de dólares. Con todo, la situación específica de YPF comenzó a revertirse luego de su nacionalización a comienzos del año pasado. De acuerdo con el Informe de Coyuntura Nº 11 del Centro Cifra-CTA, “con la intervención de YPF en abril de 2012 y el posterior cambio del presidente y del directorio, se advierte cierta alteración o atenuación de las tendencias previas en la dinámica hidrocarburífera”. En este sentido, detalla caídas de producción de petróleo y gas entre 2004 y 2011, pero crecimientos, en el caso del crudo, y atenuación de las caídas, para el gas natural, a partir de la intervención dispuesta por la presidenta Cristina Kirchner. De todas formas, durante el balance del último trimestre se informó que la producción de gas creció en un 4,7%. De acuerdo con la agencia EFE, YPF registró en los primeros nueve meses de este año una ganancia neta de 3.763 millones de pesos, lo que representa un 30,5% más que en igual período de 2012. Asimismo, de acuerdo con el ministro de Economía Axel Kicillof, se pasaron de tener 20 a 65 equipos de operaciones, y se “duplicaron los niveles de inversión”. Estos resultados también pueden comprobarse en su cotización en bolsa, pues las acciones de YPF subieron más del 150% en sólo un año.

Miradas al Sur - 1 de diciembre de 2013