Cuando las negociaciones entre países están encabezadas por gobiernos neoliberales, los intereses nacionales no existen: las elites empresariales, nacionales y foráneas, se unen en un “interés común” y los recursos propios pasan a ser usados como mercancía en una extranjerización creciente del poder económico local. Por eso cuando esa relación se rompe....”Los Prat Gay piden perdón..."

Desde la óptica del estado nacional, la justificación de la negociación con Repsol fue la de siempre: se necesitaban inversiones externas para una industria que por sus características las requería para lograr el, por entonces, “ansiado autoabastecimiento energético”.

El presente trabajo explora las modificaciones que se vienen gestando en la cuenca petrolera neuquina en los últimos años, en especial a partir del reciente cambio en el régimen energético, la restatización parcial de YPF y el nuevo desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, en tanto conforman un escenario técnico, económico e institucional inédito para el desenvolvimiento de las pymes de servicios petroleros. A partir de ello, estas unidades enfrentan el desafío de responder a las nuevas formas de articulación productiva lideradas por YPF a través de estrategias colectivas que eleven sus capacidades tecnológicas y organizativas, promuevan la eficiencia productiva, encaminen su jerarquización funcional y fortalezcan su capacidad de negociación en los eslabones locales de la cadena global de los hidrocarburos.

Tras la firma del acuerdo, que se concretará hoy, cada parte deberá obtener la aprobación en su país. Cómo se resolverá el pago de los bonos, su valuación al momento de pago y su cancelación final.

1) ¿Concluyó el proceso de expropiación?
La Argentina y Repsol ya se pusieron de acuerdo sobre el mecanismo de compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Como todavía restan algunos pasos formales, la emisión de los bonos se realizaría a comienzos de abril. El ministro de Economía, Axel Kicillof, rubricará hoy con un representante de la petrolera el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación, el texto aprobado el martes por el Consejo de Administración de la firma española. El próximo paso es enviar al Congreso un proyecto de ley para ratificar el convenio. Como la compensación no estaba contemplada en el Presupuesto 2014, los legisladores también tienen que habilitar la emisión de los bonos que se entregarán en pago. En Madrid, Repsol debe obtener el visto bueno de la asamblea de accionistas el 28 de marzo. Terminada la expropiación, la petrolera española conservará un 12 por ciento del paquete accionario de YPF.
2) ¿Cuánto va a pagar la Argentina por el 51 por ciento de las acciones de YPF?
La Ley de Soberanía Hidrocarburífera dispuso que correspondía compensar a Repsol siguiendo la Ley de Expropiaciones. Esa legislación establece que “la indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”. El Gobierno y la petrolera española acordaron un mecanismo alternativo, con un combo de títulos de deuda soberana, por un valor nominal de 5000 millones de dólares y vencimientos hasta 2033. Si se aplicaba el procedimiento tradicional y Repsol estaba en desacuerdo con la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones, podía cobrar y seguir reclamando una compensación mayor en la Justicia. Ahora debe desistir de las 31 demandas iniciadas. El día que se entreguen los papeles, la Argentina garantiza que el paquete de bonos valdrá como mínimo 4670 millones en el mercado. El pago de los vencimientos de los bonos en poder de Repsol se canalizará utilizando reservas del Banco Central, como sucede con el resto de los acreedores privados.
3) ¿Un pago por 5000 millones de dólares es una cifra exagerada?
“Recuperar el control de un activo estratégico como YPF no es gratuito, pero hacerlo entregando bonos es una solución muy favorable para el país”, explicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda. Existen múltiples comparaciones. Repsol inició una demanda en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por 10.500 millones de dólares e incluso el presidente de la compañía, Antonio Brufau, amenazó con subir la apuesta hasta 18 mil millones. Por su parte, la evaluación del comportamiento predatorio de la administración española sobre los activos de YPF (evidenciada en el Informe Mosconi) hacía prever que el Gobierno exhibiría una durísima posición contra la petrolera ibérica. La cifra acordada es relevante, pero en el equipo económico relativizan su magnitud al compararla con los 2500 millones de dólares de dividendos girados en los últimos dos años de la administración Repsol, la reducción en las importaciones de GNL por la mejora en la producción de gas, el desarrollo de Vaca Muerta y la posibilidad de incrementar la inversión. Fundamentalmente, cierra una disputa que ya llevaba dos años y limitaba la capacidad de crecimiento de YPF.
4) ¿El monto que desembolsará el país será mayor a 5000 millones?
En términos nominales y en valor bruto, es probable (considerando que un dólar pagado hoy es lo mismo que un dólar pagado en 2033). Si se llevaran los pagos a valor presente (descontando intereses por el tiempo transcurrido hasta la fecha de pago), el resultado sería muy inferior. El mecanismo es el mismo que opera cuando una empresa toma un crédito para invertir o una familia accede a un crédito hipotecario, cuando se cancela la deuda uno devuelve más que lo que recibió. El beneficio reside en postergar en el tiempo el pago aunque tenga un costo. En el caso de la compensación a Repsol, el plazo es de dos décadas.
5) ¿Qué bonos entregará la Secretaría de Finanzas?
La ley que se presentará al Congreso deberá contemplar la emisión de títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares y autorizar una posible “emisión complementaria” por otros 1000 millones. El primer paquete está compuesto por 3250 millones de un nuevo título, Bonar 2024, con vencimiento a 10 años y tasa de interés anual de 8,75 por ciento con pagos semestrales. Como se trata de un papel que no tiene mercado para liquidarse, el Estado garantizará los tres primeros pagos de intereses por 150 millones de dólares cada uno, a través de un depósito equivalente en el Banco Nación. El listado de títulos lo completarán 500 millones de Bonar X (vence en 2017 y paga una tasa del 7 por ciento) y 1250 millones del Discount 33 (se amortiza en 2033 con intereses del 8,28 por ciento). La cartera de bonos adicionales estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con una tasa del 7 por ciento y vencimiento en 2015; hasta 300 millones del Bonar X; y hasta 300 millones de nuevo Boden 2024. De ser necesarios, esos papeles se utilizarán en ese orden.
6) ¿Cuando se gatillaría el uso del paquete adicional de bonos?
El Gobierno emitirá títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares. Pero, si en el mercado la cotización de esa cartera (el promedio durante los 90 días anteriores) es menor a 4670 millones de dólares, se deberán entregar bonos adicionales de la cartera contingente, hasta completar ese valor garantizado, pero con un tope de 1000 millones. Las estimaciones se realizarán previo a la entrega de los papeles y para eso las partes ya acordaron un mecanismo de valuación. Así, si el valor de los bonos al momento de emitirlos es de 4100 millones de dólares, se deberán dar en simultáneo títulos del segundo grupo con un precio de mercado de 570 millones de dólares (respetando el tope de 1000 millones de dólares a valor nominal).
7) ¿Bajo qué escenario Repsol debería devolver los bonos?
La deuda se saldará definitivamente cuando por los vencimientos de capital y/o la venta de bonos a terceros, Repsol contabilice cobros en efectivo por 5000 millones de dólares. Los pagos de intereses que reciba la petrolera no son contabilizados en esa cuenta, porque es una renta por los plazos de pago acordados. El titular de la compañía dio a entender que, a lo largo de los próximos dos años, podría liquidar una parte de los títulos para hacerse de efectivo. Si por esas operaciones la petrolera recibiera más de 5000 millones de dólares, el acuerdo establece que deberá devolver los papeles argentinos que conserve en su poder. No es sencillo que eso suceda, pero tampoco imposible. Cuando un bono está a punto de cancelarse definitivamente, su cotización puede exceder al valor nominal.

Si el acuerdo financiero para pagar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol hubiese sido definido por un grupo privado, los especialistas de análisis bursátil de grandes bancos internacionales y de inversión global estarían inundando el mercado con informes donde destacarían el espectacular negocio concretado por el comprador. Estarían compitiendo por quién es primero en recomendar a sus clientes la compra de acciones de YPF en la Bolsa.

Acuerdo por YPF. Si se resuelven los detalles pendientes del entendimiento con Repsol, YPF podrá obtener un muy favorable acuerdo. Por qué la petrolera nacional saldría beneficiada con la operación, cuál fue la cronología de las negociaciones y cómo se modificó la situación de YPF tras la expropiación a Repsol.

La desastrosa gestión de Repsol al frente de YPF y las carencias energéticas impulsaron con ritmo inusual la exploración de un nuevo horizonte para el gas y el petróleo.

En octubre de 2011, en un escenario energético que ya mostraba preocupantes signos de vulnerabilidad, el director de Exploración de YPF, Tomás García Blanco, sorprendía –en el evento Argentina Oil & Gas Expo 2011– con un anuncio sobre “el enorme potencial de los hidrocarburos no convencionales en la formación geológica neuquina Vaca Muerta”. El directivo de YPF, en ese momento con mayoría accionaria de Repsol, afirmaba que el yacimiento constituía la posibilidad de ser “el primer desarrollo masivo de shale oil fuera de Estados Unidos” y agregaba que a la fecha ya se encontraban operando 15 pozos en producción en Loma La Lata, Bajada de Añelo y Loma Campana.

“Decir que este contrato es una cesión de soberanía o una estafa es desconocer el sentido de la operación y los compromisos asumidos”, aseguró Ricardo De Dicco, director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet), en referencia al acuerdo recientemente firmado por YPF con la norteamericana Chevron para la explotación del área General Mosconi en la formación Vaca Muerta y la concesión por esa misma área otorgada por la provincia de Neuquén. De Dicco, que cuenta con vasta experiencia profesional en distintos organismos del Estado y en la actividad privada, en temas en los que se especializa –infraestructura y planificación energética y en tecnología nuclear–, analizó la información disponible con respecto al acuerdo entre las empresas y la concesión del área, enfatizando que el punto clave es que “la titular de la concesión es YPF, la responsable de la administración de las inversiones y de la operación del área es YPF, hasta la comercialización de lo que se extraiga seguirá en manos de YPF; Chevron se asocia para compartir a riesgo, en partes iguales, las inversiones y también compartirá las ganancias obtenidas por la comercialización, pero no comparte el control de la gestión ni del recurso”.

La concesión del área General Mosconi ya fue resuelta por decreto del gobierno de Neuquén, aunque falta la aprobación de la Legislatura provincial, que la votaría la semana próxima. El titular de la concesión de esta área de 395 km2 es YPF. Dentro de ella, hay en ejecución un programa piloto en una subárea de 20 km2, en la cual YPF viene trabajando y que requeriría, para su desarrollo, de una inversión de 1500 millones de dólares en un período de 12 a 18 meses. Aquí es donde intervendrá Chevron, por el acuerdo firmado con YPF, con un aporte de 1240 millones de dólares.

–¿En qué medida el acuerdo representa cesión o reparto de soberanía entre YPF y Chevron?
–No hay cesión ni reparto de soberanía. YPF será el titular del área concesionada por Neuquén. Estará a cargo de la dirección del proyecto, de la administración de las inversiones, de la operación técnica de los pozos y de la comercialización de los hidrocarburos, tanto en los mercados internos como en los destinados a la exportación.

–¿–¿Pero Chevron no podrá disponer de su parte para exportarla a partir del quinto año?
–El beneficiario del decreto 929 de promoción de las inversiones es YPF, no Chevron, porque es el titular de la concesión y el único operador. Es el único responsable del cumplimiento de las inversiones frente a la provincia de Neuquén, es el que debe pagar las regalías (porcentaje del valor de la producción que recibe la provincia). YPF podrá exportar el 20 por ciento de la producción después del quinto año si se cumplen todos los requisitos previos, y disponer de las divisas en el exterior. Ahí sí Chevron podrá recibir su parte, como participación en las ganancias, y decidir si las reinvierte en el país o las deja afuera. E YPF tomará su propia decisión sobre su parte. Pero si el desarrollo del área a esa altura es exitoso, yo no dudaría de que esa plata se reinvierte en Vaca Muerta.

–¿La asociación con Chevron deja atada a YPF la tecnología y equipamiento que traiga la empresa norteamericana?
–Tampoco. Ambas empresas compartirán experiencias y conocimiento en el desarrollo de formaciones geológicas de explotación no convencional. Además, YPF puede adquirir equipamiento con transferencia tecnológica en el mercado internacional sin necesidad de establecer en esta cuestión una relación de dependencia con Chevron. La reducción de aranceles para la importación de determinados bienes de capital, por el decreto 927, es un beneficio para YPF.

–Así planteado, no se ve cuál sería el atractivo para Chevron de hacer semejante inversión...
–Chevron es la segunda petrolera del mundo. No viene a la Argentina para sacar ventaja con la supuesta disponibilidad del 20 por ciento de la producción, como critican algunos sin conocer el tema. Para Chevron, eso no es nada. Su interés es conocer si Vaca Muerta tiene el potencial que le asigna el Departamento de Energía de Estados Unidos, que lo coloca como el cuarto yacimiento del mundo en petróleo no convencional. Arriesga 1240 millones de dólares para saber, dentro de 18 meses, si hay indicios de una explotación importante. Y en cinco años si hay resultados de extracción a través de la perforación de 900 pozos. El desarrollo total del área General Mosconi demanda 26.500 millones de dólares a lo largo de 35 años. A eso apunta Chevron, a estar presente en ese desarrollo si el área le interesa.

Bajo el título “¿Desarrollo o Semicolonia? Acuerdo YPF - Chevron”, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió un artículo de opinión sobre las consecuencias que para la soberanía nacional tiene el reciente contrato que YPF Argentina firmó con la petrolera estadounidense Chevron. Dado el prestigio adquirido por el autor de la nota, es probable que su reflexión sea del agrado de un vasto espectro de lectores. Sin embargo, por la importancia del tema, debatido a izquierda y derecha –y por la cantidad de elementos erróneos que contiene–, vale la pena rebatir varios aspectos, en tanto su prestigiosa trayectoria nada tiene que ver con el conocimiento del sector energético, a la vez que no contribuye a ningún debate fundado siquiera sobre temas calientes como soberanía, medio ambiente o desarrollo.

En primer lugar, la Argentina recién comienza a incursionar en el área de los recursos no convencionales. La cuantificación efectuada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE por sus siglas en inglés) es precisamente eso, una cuantificación de recursos. Como tales, potenciales. Los recursos deben ser convertidos en reservas comprobadas. En Argentina sólo se ha certificado el uno por mil de esos recursos no convencionales. Por lo tanto, el primer error muy grueso es llamar reservas a lo que sólo son recursos.

La conversión de recursos en reservas requiere de un largo proceso que implica no sólo cuantiosas inversiones, sino además de un tiempo de maduración del conocimiento que, según se estima, puede rondar los cinco años o más, dado que las etapas de concepto, pruebas piloto, determinación de la curva de aprendizaje y finalmente la explotación comercial no pueden llevar menos que eso. Adicionalmente, mientras ello ocurre se debe disponer de la infraestructura y logística de agentes de sostén y suministro de agua. Una sola fractura hoy implica transportar alrededor de 50 camiones cisterna al pozo donde se realizará la fractura. Cada pozo puede requerir varias fracturas en el tiempo. La etapa de aprendizaje requiere de la perforación de un número considerable de pozos por año. Para producir hidrocarburos en forma comercial e inyectar el agua se requiere construir una red de suministro de agua, infraestructura de producción y almacenamiento de agentes de sostén (proppants), productos químicos para tratar las aguas e instalaciones, abastecerse de múltiples equipos de presión y obtener los de perforación de pozos en cantidades muy significativas. Estos últimos son provistos por empresas de servicios petroleros, todas multinacionales. Muy pocas empresas petroleras integran en su cadena estos servicios a pesar de que con los actuales precios del petróleo podría convenirles y algunas piensan en ello.

Toda esta logística es muy distinta en cantidad –y a veces en tipo– de la requerida para la explotación convencional. Del mismo modo, el uso posible de aproximadamente el 30 por ciento del agua utilizada, que es de reflujo, debe ser tratada y el sobrante depositado de modo seguro para cumplir las normas ambientales vigentes, todo lo cual debe analizarse experimentalmente, precisamente para que la explotación sea sustentable.

Ninguna empresa de servicios traería la cantidad de equipos necesarios antes de terminar la etapa de piloto y ramp-up. La Argentina hoy se halla entre la etapa de concepto y la de piloto y debe poder conocer el potencial de explotación y la forma de hacer la explotación viable en términos económicos y ambientales. El acuerdo firmado entre YPF y Chevron sólo afecta al 1,3 por ciento de la superficie de la formación Vaca Muerta.

El país requiere de forma urgente despejar la incógnita y sobre todo poder incrementar la producción de petróleo y gas. Un aspecto que también hace a la soberanía es el autoabastecimiento, dado lo degradado del término en tiempos de un mundo global. Los yacimientos de hidrocarburos comerciales conocidos en Argentina entraron en declinación en 1998 y los de gas en 2004. Puede ser que algo de esta declinación se desacelere con mayores inversiones, pero la tendencia es clara y podría afirmarse irreversible. La búsqueda de recursos convencionales deberá continuar, pero ello es una apuesta a más de diez años, pues la actividad exploratoria declinó desde las privatizaciones. Esta realidad enfrenta al país con importaciones crecientes de gas y derivados, lo que a su vez tiene tal importancia macroeconómica que nadie puede desconocer, dado que afecta directamente la sostenibilidad del crecimiento y del empleo y, por consiguiente el tema de la posibilidad de combatir la pobreza. Resta la cuestión implícita de un estilo de desarrollo alternativo, pero eso transita un andarivel de pensamiento y prácticas complejas en un mundo global. Nadie quema su casa en pos de mudarse a un palacio imaginario a menos que desee vivir en la calle o bien las circunstancias lo obliguen. Siendo así, la alternativa real es ser importador –lo que implica, en el caso argentino, disminuir en puntos poco imaginables el PBI– o bien luchar por recuperar el autoabastecimiento.

La segunda falacia se refiere a las empresas estatales latinoamericanas, lo que textualmente deviene de esta frase de la nota en cuestión: “¿Es tan difícil pensar en una YPF ciento por ciento pública y nacional que haga convenios estratégicos de unidad latinoamericana con las petroleras Pdvsa (Venezuela), Petrobras (Brasil), YPFB (Bolivia) y Ancap (Uruguay)? ¿Es tan difícil pensar que los recursos naturales de los latinoamericanos sean de los latinoamericanos? (http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3278).

Dado que el término demagogia suele aplicarse supuestamente a los políticos y gobernantes populistas de un modo despectivo, varios aspectos aquí merecen ser aclarados, porque la anterior afirmación no condice con ninguna realidad concreta: a) Pdvsa se asocia con grandes multinacionales (BP, Chevron-Texaco, Total, Lukoil y CNPC) para la explotación de un tipo particular de recursos no convencionales: los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya certificación de reservas como comprobadas, a partir de la iniciativa Magna Reserva lanzada en 2005, colocó a Venezuela en 2012 como el país de mayor cantidad de reservas comprobadas, superando a Arabia Saudita, lo que no significa que esas reservas estén en producción; b) Petrobras, empresa estatal capitalizada, líder en tecnologías para la exploración y explotación en aguas ultraprofundas, busca socios externos para desarrollar tanto recursos convencionales como no convencionales, en este último caso el PreSal, a pesar de que para su explotación ha creado un marco legal específico que se deriva de su absoluto liderazgo en el descubrimiento y pruebas iniciales de este potencial megayacimiento; c) YPFB se halla condicionada en su accionar, porque al igual que en Argentina, las privatizaciones dejaron en manos de transnacionales y de la propia Petrobras (una “Translatina”), el desarrollo de reservas comprobadas en forma previa y difícil de revertir y d) Ancap no tiene experiencia alguna en la producción de hidrocarburos, dado que Uruguay es un importador absoluto de petróleo, gas y algunos derivados. Es más, en este último caso la propia Ancap estudiaba cómo crear un marco atractivo para atraer capitales extranjeros privados a la exploración, dado que deseaba incursionar en el upstream petrolero. Recordemos además que Petrobras opera en Argentina como importante operador privado y en Bolivia opera los bloques San Alberto y San Antonio, que albergan las mayores reservas de gas natural del país.

Aunque existen más aspectos de la nota que son erróneos y falaces –entre ellos una mala lectura de los aspectos tributarios–, el espacio no permite extenderse pormenorizadamente sobre ellos.

Tal vez lo que este tipo de mensajes no le dice al público lector es qué le sucedería al país si tuviera que afrontar importaciones adicionales de 30 ó 40 mil millones de dólares por año y qué clase de vida deberían vivir los argentinos si ello ocurriese, como así también qué se le ocurre al autor para evitar enfrentar la demanda de combustibles, siendo que la Argentina presenta un indicador de consumo de energía por habitante que supera al de China y al promedio mundial (pero es cerca de la mitad del de los países desarrollados como Alemania y Japón, y cerca de un cuarto del de los de los Estados Unidos), siendo que a la vez el número de automóviles por habitante se halla en un valor que es 40 por ciento del de países como Alemania, España, Japón y Francia, bastante inferior al de casos como los de México, Hungría e Israel, pero aún supera al de China en cerca de cuatro veces.

Por eso, si la discusión es en torno de si “los argentinos debemos debatir para qué queremos nuestra energía y al servicio de quiénes, sin olvidar que no somos los dueños de la Madre Tierra, simplemente somos sus hijos y debemos cuidarla y honrarla”, ello no puede ser llevado a cabo de modo honesto sin proponer una profunda discusión acerca de qué estilo tecnológico, de consumo, de producción y organización social política y económica se propone y con qué países debería la Argentina aliarse para poder lograrlo. Ello claro está, si es que alguno de ellos ha logrado resolver el equilibrio entre las diversas dimensiones del desarrollo sustentable en alguna parte del planeta o bien si un país puede, debe y desea aislarse totalmente del resto del mundo.