¿Cuál es el impacto económico que tiene la minería en las provincias que la tienen como actividad principal? ¿Qué porcentaje de la población vive de esa fuente de trabajo?

José Luis Gioja, gobernador de San Juan y secretario de OFEMI: –El efecto económico de la minería ha sido fundamental en nuestro crecimiento. El 30 por ciento del producto bruto geográfico provincial proviene de la actividad minera y se crearon más de mil pymes que proveen distintos servicios a las empresas del rubro minero. Además, hay sesenta mil puestos de trabajo directos o indirectos, lo cual representa el 30 por ciento de la actividad económicamente activa de San Juan. Hay pleno empleo ya que estamos por debajo del 4 por ciento de desocupación. Y esto, en gran medida, lo hemos logrado de la mano de la actividad minera.

Javier Rodríguez Pardo, miembro fundador de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –colectivo que, desde el 2006, se pronuncia en contra de la megaminería– y autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo: –Al iniciarse una explotación minera suele haber mayor circulante de moneda y gran parte de las poblaciones aledañas, mano de obra desocupada y barata, es empleada por empresas subcontratistas de la minera. Pero una vez que se pone en marcha la explotación sistemática, la modernidad extractiva, los equipos de gran porte y la tecnología sofisticada, el cupo de empleos disponible se reduce considerablemente. En su mayoría, la gente proviene de otras latitudes con experiencia minera y cuando magnifican, engañosamente, el volumen de gente contratada de un pueblo, deberían marcar que no se trata de población local sino de foráneos que duermen y conviven en esa localidad.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: –El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, afirmó que la minería genera quinientos mil puestos de trabajo en el país. Pero esto lo desmiente el propio Indec cuando publica que, en 2010, hubo poco más de siete mil trabajadores registrados en explotación de minerales metalíferos, lo que equivale al 0,045 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país.

Hay quienes sostienen que las mineras contaminan y otros que no. ¿Cuál es su postura sobre esta disyuntiva?

Marisa Arienza, presidenta de la organización medioambiental GreenCross: –Como sucede con todas las actividades industriales, cabe la posibilidad de que la actividad minera se realice de manera inadecuada. Sin embargo, para evitar situaciones de contaminación, sólo deben aprobarse o permitirse aquellos proyectos que tengan muy buenos análisis de impacto ambiental. El control es la cuestión clave de todo emprendimiento industrial y de la minería, en el caso que nos ocupa. Nos parece extremadamente inadecuado el pensar que, ante una debilidad de control, entonces debieran prohibirse estas actividades. Es una respuesta irresponsable, inepta y despreciativa de la necesidad de desarrollo que tiene el país. Erradicar la pobreza es la prioridad central que debieran tener los países que, eufemísticamente, llamamos “en desarrollo”. La pequeña minería metalífera es, habitualmente, mucho más contaminante que la gran minería metalífera realizada en condiciones adecuadas. La inversión que se requiere para que la actividad no dañe al medio ambiente no puede ser encarada por pequeñas producciones artesanales.

E.V.: –La gran minería genera infinidades de pasivos ambientales y más allá de cuestiones puntuales de contaminación, rutinarias, accidentales o indirectas, desequilibra al instante la ecuación ambiental que la hace inherentemente insustentable. Eso tiene que ver con el uso desproporcionado de energía, explosivos y agua para su proceso extractivo.

J.R.P.: –Todas las empresas mineras contaminan. En el caso de La Alumbrera, por ejemplo, sabemos que se usó mercurio y cianuro al momento de la explotación.

J.L.G.: –Las denuncias por contaminación son petardos que tira gente desinformada y sin escrúpulos. En nuestra provincia de San Juan fuimos precursores en el control ambiental, a través de la implementación de la policía minera, entre otros organismos creados a tal fin.

El Código de Minería que regula la actividad data de 1993. ¿Es obsoleto? ¿Qué aspectos debería contemplar un nuevo marco legal?

E.V.: –Desde mi punto de vista, el Código de Minería debe reformarse de forma integral. Habría que incorporarle, tanto en su espíritu como en su letra, los principios “preventivo” y “precautorio”. Con una aplicación efectiva de estos principios, la megaminería sería imposible. También considero que debería derogarse la ley 24.196 (Ley de Inversiones Mineras) y sus modificatorias, porque permiten concesiones y beneficios económicos, financieros e impositivos como no tiene ninguna otra actividad.

J.L.G.: –El marco legal con el que contamos hoy en día es el que ha permitido que se desarrolle una minería moderna en nuestro país. No obstante, como toda norma, puede ser perfectible en la medida en que se adapte a nuevas etapas de desarrollo de la actividad.

J.R.P.: –Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas somos partidarios de impedir la actividad extractiva de las corporaciones transnacionales y de cualquier empresa nacional que utilice este tipo de extractivismo: megaminería hidroquímica a cielo abierto con uso de compuestos tóxicos.

La Argentina, ¿cumple con los estándares internacionales para la explotación minera? ¿Qué países podrían tomarse como ejemplo de esta actividad?

M.A.: –La Argentina cumple con los estándares internacionales para la explotación minera. Pero sólo el control participativo con la sociedad civil garantiza que esos mismos estándares sean siempre cumplidos y que, en caso contrario, exista una reacción temprana y una sanción correspondiente.

J.L.G.: –La nueva minería responde a los más altos estándares internacionales, tanto en la metodología que aplica, la tecnología que utiliza y fundamentalmente en los monitoreos sociales participativos de la comunidad.

E.V.: –Existe la creencia de que Canadá es una especie de paraíso minero, pero no es así. En un trabajo del investigador canadiense William Sacher y del economista ecuatoriano Alberto Acosta, se señala que en Canadá existen alrededor de diez mil minas abandonadas, heredadas de 150 años de laissez-faire en el ámbito minero.

¿Qué recomendaciones –económicas, políticas y sociales– aportarían al debate sobre la cuestión minera?

M.A.: –Uno de los caminos para la solución del conflicto implica comenzar de cero a dialogar entre todas las partes involucradas, sin prejuicios, acerca de los escenarios de desarrollo que las poblaciones desean, ver cómo se enmarcan esas visiones compartidas con la estrategia de desarrollo nacional y, a partir de ello, trabajar en los consensos micro (locales) y macro (Estado). El deber primordial del país es eliminar la pobreza y el desarrollo industrial es una herramienta poderosa a tales fines.

J.L.G.: –Lo más importante hoy es dar un gran debate, pero quitando del medio todo ideologismo y demagogia, diciendo toda la verdad sobre el desarrollo minero en la Argentina. Todos los países que se han desarrollado en el mundo, siempre han atendido y puesto el ojo en el crecimiento de la actividad minera.

J.R.P.: –No hay soluciones por las vías tradicionales. Las comunidades sostienen que deben ser escuchadas aunque exijan la expulsión de esta minería y las corporaciones presionan a los gobiernos por la necesidad que tienen de minerales críticos y estratégicos que escasean. El poder de las corporaciones produjo un paquete de leyes en los ’90 y un tratado binacional argentino-chileno minero que cede la Cordillera de los Andes a estas transnacionales, formando un tercer país ajeno a la legislación chilena o argentina.

E.V.: –Vale aclarar que el conflicto lo provoca la imposición de un modelo minero a espaldas de la sociedad. Ante este panorama, el “debate” debe encaminarse para la sanción de una ley nacional que prohíba la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y uraníferas en todo el país.

Las voces de la polémica

José Luis Gioja. Gobernador de San Juan, preside la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI).
Enrique Viale. Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
J. Rodríguez Pardo. Miembro de la UAC, opositora a la megaminería. Autor de Vienen por el oro, vienen por todo.
Marisa Arienza. Presidenta de la organización medioambiental GreenCross.

“Hay que preservar los recursos para combatir la exclusión social”
Entrevista a Silvia Révora. . Por T.G.

Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sorprende con un té de hierbas, proveniente de Ecuador. No se trata de un fetiche. La particularidad de la infusión responde a su presencia en el XVIII Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde también participó de la primera reunión medioambiental de la CELAC. El té, en definitiva, funciona de brindis celebratorio: “Por primera vez en la historia, la región tomó una posición independiente de los países centrales”, comparte Révora. Y explica: “Es un claro proceso de maduración: los pueblos de América latina están definiendo la soberanía de los recursos naturales y evaluando que la pobreza es un problema desde el punto de vista ambiental. Hay que preservar los recursos para combatir la exclusión social”.

–¿Resulta difícil llevar adelante políticas que liguen lo ambiental con cuestiones como la pobreza?

–Nosotros entendemos que el ambiente es un todo, está interrelacionado y es interdependiente de la economía, la política y la sociedad. Ambiente no es sinónimo de ecología. El sustento ecológico que nos permite vivir es fundamental, pero también es clave cómo se lo maneja para que sea perdurable en el tiempo, para las generaciones futuras. Si se pretende un manejo sustentable de los recursos, pero se mantiene la exclusión social, entonces el esfuerzo no sirve.

–La explotación minera generó polémica y la Presidenta convocó a un debate “en serio”. ¿Cuál es su postura?

–Estoy de acuerdo con que debe discutirse la cuestión. Todo gran emprendimiento que tiene impacto significativo nos obliga a hacer un análisis de costo-beneficio. La Constitución del ’94 les otorgó a las provincias el dominio de los recursos naturales, por lo tanto, no hay competencia ambiental directa a nivel nacional respecto de si se debe hacer o no determinado emprendimiento. Todavía nos faltan instrumentos jurídicos para que la Nación pueda jugar un rol, en conjunto con las provincias, en torno a proyectos de envergadura. Si bien tenemos una ley general de ambiente –que plantea que la Nación debe velar por un ambiente sano– todavía no contamos con una ley de ordenamiento ambiental de todo el territorio, ni una ley de presupuestos mínimos de impacto ambiental. Nos faltarían esos dos instrumentos para trabajar conjuntamente con las provincias y, al mismo tiempo, evitar conflictos.

–Hay quienes sostienen que no es viable una actividad como la minería, en términos ambientales…

–Como en todos los órdenes de la vida, no hay blanco y negro. Acá debe hacerse un reconocimiento a las provincias que no tuvieron alternativas de desarrollo como para brindarles a las poblaciones una mejor calidad de vida que la minería. Por un lado, como ciudadanos, tenemos que preservar nuestros recursos pero también tenemos que desarrollar todas las potencialidades para proteger a los ciudadanos. Considero que debe fomentarse la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de los megaproyectos, a fin de no generar un conflicto social. Pero seamos conscientes de que, en la mayoría de estas provincias, los gobernadores tuvieron un gran respaldo popular en las últimas elecciones. Y, por lo tanto, hay que poner en la balanza cuánta gente está cuestionándolos y cuántos no.

Revista Veintitrés - 1 de marzo de 2012