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El cuento de la segmentación
Alfredo Zaiat[/color][/i]
Licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires. Jefe de la sección economía y del suplemento económico Cash del diario Página/12. azaiat@pagina12.com.ar

En varios temas vinculados con la economía existen lugares comunes que al expresarse reciben la aceptación de auditorios sensibles. En el caso específico de las retenciones a cuatro cultivos clave, el discurso políticamente correcto desde el universo del progresismo refiere a la necesidad de segmentar la carga de los derechos de exportación según extensión del predio o volumen de producción. Incluso uno de los principales argumentos para cargar la culpa al Gobierno por la derrota de la Resolución 125 apunta a la torpeza política de haber aglutinado a todos los productores de la Pampa Húmeda sin separar a pequeños y medianos de los grandes. Insistir con esa idea puede calmar conciencias por haberse abrazado a la Sociedad Rural, pero a esta altura resulta una cínica simulación. La activa participación de la Federación Agraria Argentina en la vida social de la Exposición Rural, además de la férrea alianza que constituyó en la Mesa de Enlace desde marzo de 2008, debería ofrecer la oportunidad de replantear esa ficción de segmentación que entusiasma al arco progresista. Más aún cuando los supuestos beneficiarios ya la han rechazado en el abortado proyecto modificado en Diputados de retenciones móviles. Esa impugnación brindó contundentes evidencias para empezar a familiarizarse acerca de la relevante transformación de ese sujeto agrario. De ese sufrido y laborioso chacarero en su pequeña parcela que pena ante el avance de los terratenientes con grandes capitales. Ese retrato sólo ha quedado en el imaginario de cierta corriente política que aún piensa que existen intereses divergentes entre esos productores, y que se niega a escuchar una y otra vez los discursos excitados de esos líderes campestres hermanados.

La propuesta de la Mesa de Enlace consiste en una fuerte baja de las alícuotas de los Derechos de Exportación, hasta cero para el trigo, maíz y girasol y del 35 al 25 por ciento para la soja. Para este último cultivo se plantea un esquema de segmentación, impulsado por la FAA para seguir confundiendo a la tribuna que la añora, que es lo mismo que presentar una disminución generalizada puesto que alcanzaría a casi todos los productores. Más allá de ese juego político, a nivel operativo la segmentación es de difícil fiscalización por la elevada informalidad y opacos mecanismos de comercialización de las cosechas. Un esquema de recaudación que diferenciara alícuotas según volumen de producción o cantidad de hectáreas de la explotación se transformaría en un colador. Además, esa tarea pasaría a ser realizada por las grandes exportadoras de cereales, que son las que al final de la cadena pagan las retenciones al fisco. Esas compañías deberían ordenar los despachos discriminando según la dimensión del productor, para luego disponer el giro de los recursos a la Aduana. Ya se sabe que ese mecanismo no sería una vía confiable teniendo como antecedentes los actuales procesos de investigación de la AFIP sobre operaciones de triangulación, utilización de paraísos fiscales y elusión fiscal por parte de esas compañías.

En realidad, al margen de las consideraciones operativas y de la comunión de intereses entre productores de tamaños diversos, la indiferencia del sector a la medida de segmentación se encuentra en que muchos de los actores de esta actividad operan en negro. Para poder acceder a beneficios fiscales o ser parte de un cuadro fraccionado de retenciones se requiere cumplir con las obligaciones impositivas, previo a registrarse como contribuyente. No es el escenario más habitual en el negocio agropecuario, lo que explica la furia de los representantes del sector del campo privilegiado contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

El menosprecio a la segmentación de retenciones de dirigentes que dicen representar a pequeños productores sojeros de la Pampa Húmeda tiene su origen en el extraordinario cambio de paradigma tecnoproductivo de la actividad agraria. Entre diversas mutaciones en la organización de la producción, uno que se destaca y que en general no tiene tanta consideración en los análisis del presente conflicto es el papel de los contratistas de servicios agrarios. Desde mediados de la década del noventa se ha producido un fenómeno creciente de tercerización de buena parte de las labores agrícolas pampeanas. El contratista de servicios realiza el trabajo cultural agrícola a cambio del pago de una tarifa (en pesos o en porcentaje de la producción) por hectárea trabajada (arar, sembrar, siembra directa, fumigar, cosechar). Se trata de una actividad conocida desde el siglo XIX, en la que se destacaban los contratistas de trilla, pero en los últimos años se ha expandido progresivamente hasta alcanzar un significativo nivel de generalización.

Eduardo Azcuy Ameguino, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se pregunta: “¿Qué queda de la personalidad de productores directos de todas las capas de chacareros medios y pobres en la medida en que reemplacen el trabajo personal/familiar por la contratación de los diversos servicios agrícolas?”. En el documento que publicó en [b]Realidad Económica 244, “El papel del contratismo de servicios de maquinaria en la caracterización socioeconómica de las pequeñas explotaciones agropecuarias”[/b], se responde: ese proceso “puede alterar –y de hecho lo hace– muchos de los supuestos que se han utilizado hasta la actualidad para conceptualizar a los agentes económicos y construir tipologías sociales agrarias”. Azcuy Ameguino, en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, calculó que en la zona privilegiada de Pergamino casi el 60 por ciento de la superficie agrícola es trabajada por contratistas, elevándose a un promedio del 80 por ciento para los pequeños productores de hasta 100 hectáreas. Se estima que en los años siguientes ese proceso se ha profundizado aún más.

Esos contratistas tiene variadas formas, pero la más usual es la de un productor que posee una parcela propia de tierra y un equipamiento muy superior a sus necesidades. También suelen disponer de mano de obra familiar en exceso. Entonces “venden” servicios de labores agrícolas y de cosecha. Sus clientes son explotaciones mayores a las que no conviene inmovilizar grandes sumas de capital fijo y mantener personal permanente y talleres de mantenimiento. Pero también atienden a pequeños productores sin la capitalización necesaria para mecanizarse y sin la superficie mínima que lo justifique. La expansión de la aplicación del paquete tecnológico siembra directa-semilla transgénica-glifosato, que requiere economías de escala para maximizar rentabilidad, impulsó el crecimiento del negocio de los contratistas. Se empezaron a crear empresas al efecto exclusivo de realizar dichas tareas, así como también grandes productores que buscan optimizar la utilización de sus maquinarias. Azcuy Ameguino explica que “de esta manera, también entre los contratistas existe una fuerte diferenciación social que va desde pequeños productores familiares hasta fuertes capitalistas agrarios”. Destaca que analistas del agronegocio remarcan que “lo singular de la Argentina y clave del éxito agrícola es el mercado de servicios agropecuarios que ofrecen los ‘sin tierra’, que hacen ‘chacring’ (servicios de cosecha, de pulverización, siembras, labores culturales)”. Y concluye que “no es posible continuar denominando como familiares o chacareras a aquellas explotaciones donde todas o la mayoría de las labores sean realizadas mediante la contratación, en este caso indirecta, de fuerza de trabajo ajena”.

Avanzar en la comprensión de la forma y organización de la producción agrícola, y de los agentes sociales que intervienen en ese proceso, permite un análisis político y económico más preciso acerca de la disputa que está marcando el sendero de desarrollo futuro del país. De esa manera se estaría en condiciones de eludir los lugares comunes que agradan a la tribuna de las buenas conciencias, como la idea de la segmentación de retenciones a los productores sojeros pampeanos. Si se superara la instancia de entendimiento de ese complejo ciclo económico, quedarían en evidencia las fuerzas en pugna y el inquietante destino que le depara a las mayorías el avance del poder emergente de la trama multinacional sojera.

Página 12 - 02.08.2009

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Las retenciones y su segmentación
Juan Carlos Pavoni[/color]
Ingeniero Agronomo. Presidente de Alteragro, Asoc. Civil, www.alteragro.org.ar

Una enorme sinrazón ha instalado una equivalente confusión en torno de las retenciones y su segmentación. En realidad, la cuestión trascendió a los medios cuando la Resolución 125 pasó a la consideración legislativa. Por entonces, la Federación Agraria apareció como el sostenedor de una segmentación de la aplicación de las retenciones, que nunca tuvo un soporte técnico racional que la hiciera visualizarse como útil para la solución definitiva del conflicto. La FAA nunca creyó seriamente en tal alternativa; sólo la utilizó como herramienta de negociación y, cuando vio la posibilidad de ir por todo en la votación del Senado, trabajó contra su misma propuesta y festejó con champagne en Palermo. No era más que el discurso políticamente correcto para enmascarar el incorrecto, autoritario y prepotente que en los piquetes ruteros enunciaban con la simple consigna “No a las retenciones”.

Desde mucho antes de que la FAA hablara de ese tema, pregonamos en el desierto por un cambio en la implementación de las retenciones. Lo hicimos reiteradamente desde el 5 de enero de 2004. En cada una de esas ocasiones brindamos argumentación técnica y política para sustentar el sistema propuesto, basado en un consistente modelo matemático y no en apreciaciones subjetivas. Quizás la oportunidad en que fuimos más explícitos correspondió a un momento ideal para que se adoptara un genuino sistema de segmentación de las retenciones. Fue el 8 de mayo de 2008 cuando dijimos: “... un sistema diferenciado y progresivo de aplicación de las retenciones al agro produce una redistribución hacia adentro del sector, de una parte de la renta extraordinaria aportada por aquellos sectores concentrados de la producción que se benefician por sus mayores escalas de uso de la tierra. El Estado resigna sólo una parte de los ingresos por las retenciones y la otra parte la aportan los grandes terratenientes y ‘terrausuarios’”. Al ser pagado por los exportadores, estos derechos se suman a otros descuentos al precio FOB (precio internacional), para conformar finalmente un precio interno, a través del cual afectan en forma igualitaria a todo el universo de productores. Dicho universo contiene desde el punto de vista económico una variedad de escalas y eficiencias productivas, además de importantes diferencias zonales que inciden en la capacidad de generación de la renta. Por esta razón, para corregir la inequidad que la modalidad de captación de la renta genera, es imprescindible implementar un sistema que redistribuya hacia adentro del propio sistema productivo agropecuario, gravando en forma diferencial con mayor carga a las mayores escalas de comercialización y con esos excedentes financiar los reintegros para los sectores intermedios y con subsidios a los sectores más vulnerables. Como efectos adicionales deseables, se rescata que la carga de las retenciones, en particular para el caso de la soja, limitará enormemente la posibilidad de que los grandes sembradores de soja puedan continuar expandiendo su cultivo y deberían volcarse a cultivos sustitutos como el maíz y el girasol.

Hemos perdido cinco años confrontando y discutiendo estérilmente, en lugar de buscar una genuina solución técnica y política del conflicto. Hoy las retenciones son una herramienta que ni siquiera los sectores más retrógrados “del campo” pueden descalificar sin caer en el ridículo. Entonces no es descabellado pensar un consenso en torno de retenciones sí, pero con un criterio de racionalidad que las haga sustentables, tanto para las necesidades del Estado como para las de los productores. Ese criterio no puede ser otro que uno que reconozca una renta razonable de la tierra, una tasa de interés razonable al capital invertido para operar la producción y una tasa de ganancia razonable para que el negocio sea sustentable para todos y no sólo para las mayores escalas. Con los datos de los márgenes brutos de cada cultivo, estimados por fuentes oficiales y privadas, es posible establecer puntos de corte en los precios FOB Puertos Argentinos, y las alícuotas de retenciones que deberían actuar para cada producto y, a partir de ese nivel, aplicar un razonable criterio de movilidad para que, cuando suben las cotizaciones de los productos, aumente la presión sobre la renta extraordinaria que ello genera y a la inversa cuando dichas cotizaciones bajan. Es imprescindible reparar en el uso reiterado del término “razonable”. Sin racionalidad en el análisis y sin razonabilidad en las decisiones emergentes no hay posibilidad más que de “diálogo” ficcional, y las posibilidades de consenso resultan nulas.

Desde esta visión estamos sosteniendo la necesidad del Sistema Segmentado de Retenciones, pero no el que conduzca a una nueva frustración. Ciertas propuestas circulantes, tanto “impulsadas” desde la Mesa de Enlace como desde la ingenuidad de ciertos sectores políticos, son efectivamente “puro cuento”, con lo cual hacemos una coincidencia con lo enunciado hace unos días por Alfredo Zaiat (Página/12, edición del 2 de agosto). Pero nosotros pretendemos transmitir e instalar la idea de que hay otra segmentación posible, la que sostenemos a puro pensamiento estratégico desde Alteragro, y de la cual también obtendrían beneficios los mayoritarios y trascendentes sectores productivos de la agricultura familiar.

A la hora de imaginar los procedimientos para implementar un sistema de segmentación, es imprescindible ejercitar una visión desde lo agronómico integrado a lo económico. Es necesario conocer en profundidad el circuito de producción/comercialización de granos, para imaginar correctamente el control de su operatoria. En ningún caso debería ser el exportador el encargado de administrar la alícuota que le corresponde a cada vendedor del producto. En realidad, los exportadores deberían liquidar a todos con la alícuota de máximo descuento, pagando el precio que se derive de esa carga del Derecho de Exportación. Será luego el organismo de aplicación que fije el Estado el encargado de efectuar los reintegros que lleven a la retención efectiva, a la alícuota establecida para su segmento.

La documentación probatoria para la percepción de los reintegros no puede ser otra que la Carta de Porte que acompaña la entrega de la mercadería y, “cruzadas” con ellas, las liquidaciones de pago efectuadas por el intermediario interviniente, ambos documentos emitidos y fiscalizados por mecanismos de gran validez articulados desde el Estado.

Un ejemplo con la soja. Supongamos tres niveles de retenciones (grandes productores/comercializadores, alícuota 45 por ciento; medianos, alícuota 35 por ciento; y pequeños, alícuota 0 por ciento). Reintegros contra presentación de copias de las Cartas de Porte y las liquidaciones de ventas; efectivizados por cuenta bancaria vía CBU, dentro de los 30 días, de la presentación por declaración jurada del vendedor, en el sentido de que no dispone de más mercadería para la venta.

No visualizamos otro camino para poner freno a la sojización e incentivar una vuelta a la diversidad productiva agrícola-ganadera, a la vez que encarrilar una solución políticamente correcta del largo, penoso y dañino conflicto. Esta visión alternativa es para todo el arco político, anhelando se active una compuerta que controle el enorme flujo de agresividad e irresponsabilidad política generado por el complejo Mesa de Enlace/oposición política.

Finalmente, apelamos a la lectura de quien fuera el maestro de varias generaciones de profesionales agropecuarios, el recientemente fallecido ingeniero Horacio Giberti que, pocos días antes de morir, con su lucidez intacta y despojado de cualquier oportunismo respondió así a la siguiente pregunta: aplicar retenciones mayores a la soja que a otros cultivos de granos ¿fomentaría la diversificación de estos cultivos? y ¿podría romper el monocultivo sin perjudicar al pequeño y mediano productor?

“Sí, en realidad actualmente la soja, con la relación de precios que tiene, va a seguir desplazando a todos los demás cultivos y a otras actividades, en perjuicio de la conservación del suelo en varias zonas del país. Va rumbo a hacernos caer en un monocultivo, hecho que económicamente para el país es muy peligroso. El precio internacional de la soja, que representa el grueso de los ingresos de exportación de la Argentina, es un problema muy serio. Ahí pueden cumplir un papel muy importante las retenciones diferenciales, no sólo por grano sino también por volumen de producción.”

Cash - 16.08.2009