Lo lógico y racional hubiese sido respaldar el planteo con un estudio actuarial que analizara a cuánto asciende el pasivo existente en el sistema, tanto el constituido por deudas preexistentes como por juicios o ajustes a resolverse en los estrados de la Justicia y, en especial, por vía de fondos que deben ser afectados a cargas intergeneracionales.

Realizar una proyección fundada de esos aspectos es una tarea nada simple, pues requiere tomar en cuenta factores tales como la probable evolución de la población, su actual y futura tasa de envejecimiento, la correlativa estimación de ingresos vinculada a las asignaciones por pagar y las reservas técnicas para afrontarlas.

Es obvio que la liquidez acumulable con la finalidad de cubrir esos compromisos no puede ser mantenida en efectivo y debe ser invertida, de forma tal que, además de protegerla de la desvaloración monetaria, genere fondos adicionales para atender las pasividades de las próximas décadas.

Esta problemática es, sin dudas, la mayor preocupación, aún sin solución, en los países de altos ingresos, dado que registran una cada vez más baja tasa de crecimiento vegetativo, que en algunos casos -Japón y España- ya se ha tornado negativa o nula. Gravitan la extensión de la vida y el correlativo descenso en el índice anual de fecundidad de la población. En la Unión Europea, se ha dispuesto llevar hasta los 70 años el ciclo activo.

Argentina presenta un cuadro muy especial, que obligó a apelar a varios parches para evitar el prematuro colapso del sistema previsional. La vida media llega a unos 75 años; alrededor del ocho por ciento del colectivo excede los 80 años. Por su parte, el crecimiento vegetativo (nacimiento menos defunciones) está ligeramente debajo del uno por ciento anual, por lo que presenta un escenario muy semejante a los países citados.

A su vez, el número total de beneficiarios del sistema ya asciende a 5,90 millones de personas, de las cuales el 72 por ciento, o sea 4,21 millones, cobran el haber mínimo. A ellos deben sumarse otros 803 mil (13,6 por ciento) de los escalones siguientes, que no llegan a 1.230 pesos mensuales, mientras que sólo 881 mil (14,9 por ciento) quedan por encima de esa cifra.

Esto significa que, en principio, satisfacer lo requerido por la oposición implicaría asumir un compromiso de unos 26 mil millones de pesos anuales. Restaría, además, resolver el intríngulis que implica la existencia de 4,1 millones de trabajadores no formalizados, que no figuran ni aportan, aunque cuando llegan a cierta edad tratan de lograr una asignación de este tipo.

Según muchos de los parlamentarios, la plata está; es decir, sobraría en el sistema. No han aportado ningún tipo de cálculo serio para determinar cuánto de los casi 150 mil millones que integran el actual Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema debería ser afectado a cubrir el pasivo contingente.

Tampoco ensayan una evaluación sistemática de a cuánto ascenderán los reajustes de los varios centenares de miles de juicios por actualización de asignaciones congeladas o reducidas antes de 2003. Esto es lo que la Corte Suprema convalidó a través de sendos fallos en los casos Badaro y Sánchez y que, según los analistas más prudentes, no bajaría de 30 mil millones de pesos.

Seguridad en crisis. Por otra parte, desde 2002 en adelante los aportes y contribuciones a la seguridad social no cubren ni siquiera los compromisos de cada ejercicio. Por ello, se le transfiere como refuerzos el 20 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias y el 11 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de otros tributos menores. Y ademas se suma el 15 por ciento que resignan las provincias del total que les corresponde por la coparticipación federal.

A su vez, la Nación se ha hecho cargo, con sus respectivos déficits, de las cajas de jubilaciones de 12 provincias más la Capital Federal y el desequilibrio anual que soportan otras 11 -entre ellas, la de Córdoba- sobre la base de calcularlos según el régimen de la ley que rige en esa jurisdicción.

Por tal causa, Córdoba debe afrontar con ingresos propios las diferencias que surgen de aplicar criterios más favorables en cuanto a años de servicios, monto del beneficio inicial y la vigencia del 82 por ciento móvil sobre el sueldo del cargo titular.

De utilizarse, para financiar las actualizaciones sugeridas, recursos extraídos del FGS, éste se agotaría en poco más de tres años, lo que pondría en muy serio peligro a los millones de beneficiarios que coadyuvaron a formarlo. En consecuencia, la discusión y las propuestas -todas improvisadas y sin sustento técnico adecuado- responden a objetivos de mero oportunismo político.

Pocos activos. En la actualidad, por cada jubilado o pensionado no hay más que 1,35 afiliado activo, que abona cada mes sus obligaciones. La otra mitad se mantiene en mora permanente, situación que parece ser una constante desde hace décadas. El autofinanciamiento mediante la concurrencia sólo de aportes y contribuciones requeriría que, por lo menos, el 70 por ciento de los legalmente obligados cumplieran de manera puntual.

En los principales países de la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá, ese indicador llega al 89,4 por ciento, razón por la cual la meta referida no debiera ser una quimera. Pero ello no autoriza a hacer simplificados "cálculos de almacenero", como los que se vienen exhibiendo con total desaprensión para asegurar que "la plata está".

*Economista argentino. Profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Córdoba.

Fuente:">http://www.lavoz.com.ar/opinion/%C2%BFes-cierto-que-la-plata-esta]Fuente: Diario La Voz del Interior - 06.08.2010