Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos. En Argentina están establecidos en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Sin embargo, recién desde el año 2002, con la sanción de la Ley nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, comenzaron a desarrollarse en nuestro país políticas sostenidas en la materia. En primer lugar, mediante el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se implementaron una serie de acciones orientadas a garantizar el derecho de todas las personas a una vida sexual saludable y placentera, incluyendo el libre ejercicio de la preferencia y orientación sexual, la elección de tener o no hijos o hijas, el acceso gratuito al método anticonceptivo elegido, a la prevención y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y a la atención integral de la salud sexual y reproductiva, con información clara, completa y oportuna, en un ambiente de respeto y preservación de la intimidad donde se garantice la confidencialidad, la igualdad, la autonomía y la no discriminación.

A partir de ese momento fundacional se inició un ciclo en el cual el Estado impulsó nuevas leyes y generó un conjunto de políticas públicas dirigidas a la ampliación de estos derechos. En el proceso merecen mencionarse algunos hitos, como la Ley 25.929 de Parto Humanizado (2004) para garantizar los derechos de las personas gestantes, niños, niñas y familias en el momento del nacimiento; la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, ESI (2006), que dio lugar al programa homónimo; la Ley 26.485 para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres (2009); la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) que permitió constituirse jurídicamente a muchas familias; y la Ley 26.743 de Identidad de Género (2012). En el año 2020 se agrega a este listado la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

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^{Revista movimiento N°34 - julio de 2021}