Todo el proceso de privatizaciones implicó no sólo el despliegue de los más graves hechos de corrupción, y la anarquía y desbalance en la provisión de bienes públicos, sino un retroceso histórico respecto de la justicia social y los derechos humanos. Al aumento exponencial del desempleo, la subocupación y la precarización laboral se lo acompañó con el desentendimiento del Estado, y por lo tanto de la sociedad, respecto de la garantía de un ingreso durante la vejez.

El establecimiento del régimen hoy con proyecto de derogación significó el abandono de un sistema jubilatorio solidario, sentido esencial de un sistema de reparto, reemplazándolo por uno de “capitalización” obligatoria para los “incluidos” en el mercado de trabajo. La administración del régimen de “capitalización” se reservó a empresas pertenecientes a conglomerados financieros que participaban en las operaciones y beneficios del patrón de “valorización financiera”, obteniendo niveles de comisiones ajenos a cualquier indicador de eficiencia y constituidos en una exacción privada sobre los asalariados. Los activos en los que se invertían los fondos tendían al desarrollo del mercado de capitales, estimulando la desintermediación financiera. Ese proceso de desintermediación acompañaba tendencias similares de la economía mundial constituyentes del proceso de globalización financiera en el que se desencadenó la actual crisis. Además acompañó el desentendimiento del Estado de políticas de orientación del ahorro hacia el crédito para el desarrollo y estimuló la concentración de los recursos financieros.

La transición desarticuladora del régimen público de reparto se hizo en forma desorganizada e irracional, desfinanciando la atención de los jubilados e impulsando el endeudamiento público para atender sus obligaciones con éstos. La recuperación de un régimen jubilatorio íntegramente público completa las disposiciones previas en relación con la inclusión en la percepción de ingresos de ciudadanos excluidos de ese derecho y la ley de movilidad de las jubilaciones. Recupera la noción de solidaridad intergeneracional y garantiza la responsabilidad de la sociedad respecto de la vejez. A su vez, la administración de los activos resultantes de los aportes y contribuciones al régimen previsional por parte del Estado, supone un reordenamiento de los desaguisados financieros de la irresponsable transición con la que se originó el régimen privado. Actualmente los afiliados del “sistema de capitalización” son 9,5 millones, de los cuales aportan sólo 3,6. Los beneficios abonados por dicho sistema son 446.000. Mientras que en el sistema estatal de reparto se cuentan 3,7 millones de afiliados activos y se atienden 4,7 millones de beneficiarios. Tal es el desequilibrio del régimen a reemplazarse. La reforma planificada importa la transferencia de un stock de 97.000 millones de pesos administrado hoy por las AFJP al ámbito estatal; a la vez que un flujo anual de aproximadamente 11.700 millones de pesos será percibido en el futuro por el sistema único público. Así la progresividad social y la solidaridad intergeneracional de la reestructuración planteada son acompañadas por la racionalidad económica. La estatización del sistema previsional supone su desmercantilización y el restablecimiento de la noción de derecho social de la jubilación. Es un importante paso en la reapertura de un proceso de recuperación del concepto de servicio público para un conjunto de actividades y bienes cuya disposición constituyen al mismo concepto de ciudadanía y el acceso a los cuales no puede resolverse en la lógica mercantil, siendo la sociedad íntegra la responsable del cumplimiento de los derechos que los mismos satisfacen, y el Estado su agente: salud, vivienda, trabajo, educación.

*Director del Cefid-AR

Fuente: [color=336600]Página/12 – 25.10.2008[/color]