Las reformas estructurales implementadas en la década de 1990 en el mercado hidrocarburífero argentino, según sus impulsores, tenían por objetivo eliminar el poder del Estado en el sector a través de YPF S.E. y generar un mercado de competencia. Eso, se suponía, redundaría en un fuerte ingreso de capitales de riesgo que permitiría incrementar el nivel de reservas y lograr una explotación próspera de la actividad para las futuras generaciones.