No hay duda que eso que llamamos “conflictos urbano-ambientales” está al alza en América Latina, a pesar de que no tengamos una definición rigurosa de lo que se trata. Hoy en día la capacidad de los gobiernos para imponer una idea del “interés público” mediante proyectos está fuertemente cuestionada (sobre todo si son grandes proyectos), tanto por una creciente movilización social como por nuevas formas de captura de las burocracias por intereses económicos. Aquí intento una visión panorámica del catálogo de preguntas que este proceso suscita para las ciencias sociales, en particular desde el cruce entre dos disciplinas: el derecho y la sociología. Para ello, parto de la distinción entre el punto de vista interno y el externo del análisis de los fenómenos jurídicos.

Cuando los investigadores sociales exploran un conflicto urbano-ambiental suelen penetrar en su dimensión jurídica. No solo les resulta inevitable contar la historia de lo que ocurrió cuando alguien acudió a tal o cual tribunal, sino que es difícil evitar una narrativa que no lleve consigo una opinión jurídica, es decir una postura sobre cuáles son los actores cuyos derechos han sido vulnerados o de qué modo han vulnerado los derechos de otros. Aquí no falta el abogado o el jurista que dice “¡alto ahí! Está usted cruzando el umbral de la ciencia jurídica y ese no es su territorio”, pero lo cierto es que quien analiza un conflicto con los métodos de las ciencias sociales y termina emitiendo una opinión jurídica, con frecuencia ofrece una contribución original para la comprensión de “el caso”. Pero esa contribución implica tomarse en serio la complejidad interna del mundo del derecho y en particular la fuerza normativa de algunas categorías que no por ser polémicas van a desaparecer. Ahí están, por ejemplo la idea de la igualdad ante la ley (que obligaría a compensar una expropiación a grandes terratenientes igual que a comunidades campesinas) o la noción de interés público, que puede ser legítimamente movilizada cuando se trata de llevar agua a los sectores vulnerables de una ciudad, aun a costa de una comunidad rural (y obviamente ¿a cambio de qué?).

Pero más allá de que la investigación social puede enriquecer el punto de vista interno del derecho, su mayor contribución se da cuando ofrece un punto de vista externo del mismo. Esto es, una comprensión del significado social del derecho que incluye aspectos del conflicto que las ciencias jurídicas no son capaces de registrar. El método supone dos pasos: la reconstrucción de lo que está en juego en el conflicto y el análisis de su juridificación.

Tipos de conflicto

Para identificar lo que está en juego (frase que no me cansaré de repetir) en los conflictos urbano-ambientales lo primero es construir una tipología de los mismos. Me parece que se pueden distinguir tres tipos de conflicto según lo que en ellos está en juego: la transformación del entorno, la exclusión social y la expropiación. Estas cuestiones pueden estar presentes en el mismo conflicto pero son analíticamente distintas. Para comprender lo que está en juego en los conflictos por la transformación del entorno, es interesante seguir la sugerencia de Mariana Valverde en el sentido de identificar los cronotopos (en el sentido de Bakhtin) que los actores movilizan en cada caso, o sea las ideas de tiempo y lugar que dan sentido a la experiencia urbana y que van desde la evocación del pasado cuando la escala es el barrio, hasta la movilización de un futuro promisorio cando la escala es la de la ciudad). Al reconocer la complejidad de la dimensión espacio-temporal del conflicto, es posible reconocer, por ejemplo, el modo en que lo que está en juego se transforma conforme avanza el conflicto; lo que inicia como una defensa del barrio puede convertirse en una lucha por la democratización de la gestión urbana o de la reforma del papel de los jueces. Para resumir esta cuestión, alguien dirá que lo que está en juego es “el tipo de ciudad que queremos”, pero lo importante para las ciencias sociales es identificar el modo en que los actores movilizan sus propios repertorios y los efectos sociales resultantes.

En los conflictos por condiciones de exclusión lo que está en juego es la situación de un grupo respecto de los bienes públicos de la ciudad y tienen que ver no solo con el acceso a ciertos satisfactores básicos (agua, transporte…) sino con condiciones ambientales que suponen una exposición desigual a riesgos de todo tipo. Son estos los conflictos que proporcionan su mayor fuerza normativa a la idea del derecho a la ciudad, aunque esto, una vez más, pueda ser polémico en el mundo del derecho. Acaso la pregunta más recurrente aquí es ¿cómo es posible que los sectores populares aceptan condiciones de desigualdad como las que marcan a las ciudades de América Latina? Y ello nos remite a una pregunta más general de la sociología urbana: ¿de qué está hecho el orden social en estas ciudades que naturaliza esa desigualdad? Y sobre todo ¿cuál es la productividad social de los conflictos que ponen en entredicho ese orden?

Un tercer tipo de conflicto es el que surge por el ejercicio del poder expropiatorio del Estado. Lo que está en juego es el balance entre el poder del Estado y el poder del propietario –o, si se quiere, la propiedad como relación social–. Cuando esos conflictos se leen exclusivamente en clave jurídica, lo que se encuentra es una polarización entre doctrinas más o menos favorables a la defensa del derecho de propiedad. Pero una mirada más cercana revela una enorme ambigüedad en el asunto: no solo porque a veces los propietarios “afectados” en realidad son beneficiados cuando son capaces de obtener altas indemnizaciones. También porque los afectados pueden ser sectores sociales vulnerables para quienes la pérdida de la propiedad es además la pérdida de su única vivienda (o sea una coincidencia entre expropiación y exclusión social). Aquí, la urgencia del analista por “tomar partido” suele opacar la riqueza y la complejidad del conflicto. Cuando se analizan de cerca los conflictos por expropiaciones, es posible reconstruir el orden urbano en su dinámica socio temporal; es decir, la ciudad no solamente como una estructura estática construida a partir de la distinción entre espacios públicos y espacios privados, sino la dinámica socio-política que reproduce (y es condicionada por) dicha estructura en un proceso siempre abierto.

Reconstruir la lógica social

Una vez que se tiene una idea clara de lo que está en juego y su complejidad, es posible introducir la dimensión jurídica a través del concepto de juridificación, mediante el cual se trata de evitar la adopción de los conceptos jurídicos como válidos, para poder reconstruir la lógica social propia del campo jurídico. Para ver el derecho “desde fuera” es preciso tomar distancia de sus propias categorías y registrar el modo en que los actores lo movilizan. Pero sobre todo, es preciso preguntarse cómo es que el rumbo del conflicto es redefinido una vez que ha entrado al mundo del derecho. Obviamente jueces y abogados se convierten en personajes importantes, y por eso hay que preguntarse qué está en juego para ellos en el conflicto. Pero sobre todo no hay que olvidar que los actores iniciales del conflicto (que representan los intereses y las visiones en lucha en la ciudad y su entorno) siguen siendo actores y siguen pesando sobre el resultado. Acaso sea este el reto más grande de la investigación sociológica sobre los conflictos: registrar el sesgo específico que la juridificación imprime al conflicto, sin dejar de lado que siempre se trata de una re-definición del orden urbano, con la ley o a pesar de ella.

¿Para qué sirve todo esto? Se trata de recuperar el viejo proyecto de la sociología, que en gran parte ha sido el de encontrar una explicación no contractualista del orden social. Mientras dominen las teorías de la “gobernanza”, que suponen la posibilidad de un orden pactado desde la neutralidad de unos actores ubicados más allá del conflicto, seguirá siendo válido el proyecto de comprender el orden social a partir del conflicto.

Investigadores de Exactas UBA concluyeron la elaboración de un mapa y la caracterización de cada una de las regiones de humedales del país, iniciativa financiada por la Convención Internacional Ramsar, que busca conservarlos. En tanto, en el Congreso Nacional se discute cómo preservar y hacer un manejo sustentable de estos ecosistemas estratégicos.

El pasado domingo 1º de septiembre, el suplemento Cash publicó un artículo de Claudio Scaletta, al cual me gustaría aportarle algunas observaciones.

Occidente atraviesa por una de sus peores crisis económicas, pero los gobiernos se ocupan del equilibrio macroeconómico sin abordar la desconexión entre economía y medio ambiente, ni los componentes sociales del desarrollo. La degradación ecológica planetaria y su impacto en el bienestar requieren un enfoque sostenible. Aunque ha habido avances desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, aún no se ha adoptado una vía de desarrollo que contemple el funcionamiento de los ecosistemas o las persistentes desigualdades sociales y de género.

Doctora en Química, nació y se crió en Tucumán, pero vino de muy joven a Buenos Aires.

La impactó profundamente la justicia social que se logró para los trabajadores de la caña de azúcar en Tucumán durante el primer gobierno de Perón. “Entonces –reconoce–, cuando vine a Buenos Aires quise hacer algo por los más pobres.” Su trabajo social en las villas miseria de Buenos Aires la orientó hacia la química. Pensaba que la química podía ayudar en los ambientes insalubres, porque veía las condiciones en las que trabajaba la gente del lugar.

En 1968 estuvo en París por una beca ambiental, en La Sorbona, por lo que pudo participar en las búsquedas del Mayo francés.

Estaba afiliada a la Democracia Cristiana, partido que fue integrado al Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), a principios de los años ‘70.

Fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, durante la tercera presidencia de Perón. Lideró el ingreso de las “políticas verdes” en nuestro país y en Latinoamérica.

Era la única mujer en un gabinete formado íntegramente por hombres. Su secretaría dependía del Ministerio de Economía, entonces a cargo de José Ber Gelbard. Dice sobre ese período: “Haber formado parte de ese gobierno es una de las cosas más importantes que me pasaron en la vida”.

Luego de la muerte de Perón tuvo que abandonar su cargo y, finalmente, tras el golpe de Estado debió que exiliarse en Venezuela, donde continuó su labor ambientalista en la Universidad Simón Bolívar.

Considera que los temas ambientales son ante todo cuestiones económicas, por lo que no se puede lograr un desarrollo sustentable sin superar la pobreza e integrar a los trabajadores. Por eso, dice que siempre trabajó en la ciencia para la vida cotidiana, porque es muy crítica con la visión fragmentada de la realidad que tienen muchos científicos. Ella aboga por el paradigma de la complejidad.

Considera que la innovación tecnológica debe darse junto con la integración de saberes tradicionales.

Ya en la década del ’60 comenzó a trabajar, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en el análisis del aire de Buenos Aires. También realizaba estudios de salubridad en espacios laborales.

Asume que es muy libre y por eso soltera, aunque ha tenido parejas por largo tiempo. No tiene hijos pero tiene un sobrino que es como un hijo, y tres sobrinos nietos. Tiene ganas de viajar más para “encontrarme con los que buscan un diálogo de culturas –cuenta–. Esto ayudaría a aceptar la diversidad y encontrar la unidad solidaria y fraterna en el mundo”.

Yolanda Ortiz, una “optimista patológica”, como ella misma se define, a sus 87 años preside la ONG Centro Ambiental Argentino Cambiar y se desempeña como asesora ad honorem en la Secretaría de Ambiente y De-sarrollo Sustentable de la Nación y del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

En general, cuando se habla de ecología se habla de la relación entre una especie y su medio ambiente. Al inicio, los investigadores en ciencias naturales que se dedicaban a la ecología la llamaban la fisiología externa de una especie, lo que explica muy bien lo que es.

Pero no voy a hablar de la ecología de los castores sino de la humanidad. Entonces se habla de ecología humana; es muy importante entender que esta ecología humana no es igual a la cuestión del medio ambiente.

Los padres quieren que sus hijos tengan una vida mejor de la que ellos mismos tuvieron. Por eso tenemos que contribuir al crecimiento económico y crear puestos de trabajo y seguridad para millones de personas. Por nuestros niños y nietos tenemos que escoger y luchar por un desarrollo ecológicamente sostenible. Eso es lo que tenemos que pensar los máximos líderes mundiales cuando nos reunamos en Río de Janeiro.

Argentina es un país desarrollándose rápidamente y para poder seguir creciendo, Argentina necesita energía. Los recursos fósiles del país no son suficientes para cubrir la demanda, pero esto no es un desafío, es una oportunidad. Argentina es un país rico en recursos como la energía hidráulica, la bioenergía y la energía solar. Muchos de estos recursos todavía no son suficientemente aprovechados y representan una enorme bendición y riqueza para vuestro país.

Este año se cumplen otros 20 años desde que el concepto desarrollo sostenible se convirtiera en lo más importante de que hablar entre los líderes mundiales. Entonces, Gro Harlem Brundtland estuvo en Río de Janeiro y lanzó la nueva forma de pensar en desarrollo y medio ambiente. Los líderes mundiales se reúnen nuevamente en Río este mes. La gran cumbre internacional será una nueva oportunidad para ponernos de acuerdo en cómo podemos crear crecimiento y bienestar al mismo tiempo que preservamos el medio ambiente. Noruega va a luchar para que todos escojan soluciones audaces en Río de Janeiro, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro.

Una de cada cinco personas del planeta no tiene electricidad. En la parte rica del mundo, despilfarramos la electricidad y consumimos más de nuestra cuota de energía del planeta. Es obvio que necesitamos una mejor distribución de la riqueza cuando los países prosperan y necesitamos que quienes contaminan más hagan más para reducir las emisiones.

Todos están de acuerdo en que nuestra forma de vida actual no es sostenible. Algo mucho más difícil es encontrar soluciones sobre las que pueda haber un consenso. La ayuda de los países ricos a los pobres constituye un aporte a una distribución más equitativa. Pero la ayuda funciona mejor cuando los países consiguen sus propias soluciones. Los países pobres pueden desarrollar soluciones más respetuosas del medio ambiente que las que teníamos nosotros cuando nos hicimos ricos.

La crisis financiera y las elecciones en muchos países importantes hacen que los políticos y el pueblo se preocupen más por sí mismos y de lo que sucederá el año próximo. La gran cumbre en Río de Janeiro es un recordatorio de que los grandes desafíos requieren capacidad de replantearse las cosas. Los máximos líderes en todo el mundo tienen que cooperar aún mejor. Tenemos que crear la suficiente voluntad política para que la reunión de Río se convierta en el nuevo hito que necesitamos para un desarrollo sostenible. Tenemos que encontrar respuestas que hagan que las soluciones sostenibles sean beneficiosas.

En el peor de los casos, la conferencia de Río será una acumulación de palabras y poca acción. Los pesimistas opinan que la ONU ha demostrado reiteradamente su falta de capacidad para resolver las cuestiones más difíciles del mundo. Pero sólo la ONU consigue juntar a todos los países del mundo en la discusión y en la acción. Por eso, juntos tenemos que utilizar la conferencia de Río para conferir a la ONU mayor capacidad de maniobra y para estacar el camino hacia un crecimiento equitativo verde. Trabajamos para que todos acordemos nuevos objetivos para el desarrollo sostenible, que obligue tanto a países ricos como pobres a actuar en casa. Ya estamos notando las consecuencias de los peligrosos cambios climáticos. Pero las consecuencias más graves se las dejamos a los que vienen después de nosotros. Para nuestros hijos y sus nietos es necesario tomar decisiones audaces en Río y en los años que vienen.

Todo indica que la ronda preliminar, que debía terminar hoy, continuará el fin de semana. El centro de la polémica es con qué recursos se financiará la propuesta de impulsar “economías verdes”.

Tras el segundo día de reuniones preliminares de la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20, sobre Desarrollo Sostenible, no se logró consenso aún sobre el 75 por ciento del documento final. Uno de los puntos centrales de divergencia es de dónde saldrán los recursos financieros y técnicos para solventar la polémica propuesta de impulsar una “economía verde”. Hubo progresos, pero los desacuerdos siguen siendo grandes, y el reloj empezó su cuenta regresiva con vistas a la cumbre de jefes de Estado que se desarrollará entre el miércoles y el viernes de la semana próxima.

Quienes sí manifestaron acuerdos son las counidades indígenas, participantes de la Cumbre de los Pueblos que se desarrolla en forma paralela en Río de Janeiro. “Que nos dejen vivir en paz”, pidió un cacique de la etnia caiapó. Unos 1600 aborígenes llegaron a esa ciudad para participar de la cumbre alternativa.

La serie de tres días de reuniones preparatorias, que finaliza hoy, todavía no logró consenso sobre varios temas. La principal diferencia se expresa en cuáles son los medios financieros y tecnológicos para impulsar el giro del modelo de desarrollo hacia una “economía verde”, sostuvo el coordinador brasileño, Luiz Figueiredo. “Si las negociaciones no terminan hoy, Brasil, como presidente de la conferencia, asumirá la coordinación y buscará encontrar puntos de convergencia entre las posiciones”, afirmó. Es probable que las negociaciones deban continuar el fin de semana o, inclusive, prolongarse hasta el inicio de la conferencia de jefes de Estado y de gobierno, el próximo 20.

Figueredo dijo que mantiene esperanzas de que el documento esté listo hoy, pero advirtió que eso no será posible sin un acuerdo sobre la financiación y la transferencia de tecnología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán fijados para 2015-2030. “Para cualquier recomendación de acción, es necesario que esté en claro qué medios están a la disposición de los países para implementarlas”, opinó.

El embajador admitió que la crisis que afecta a las economías de los países desarrollados redujo su disposición a financiar la transición hacia la “economía verde”. “Pero no podemos ser rehenes de una retracción generada por la crisis: estamos acá para pensar a largo plazo, y no en una crisis que en un año o dos podrá ser superada”, enfatizó.

Las discrepancias que persisten en torno de un 75 por ciento del documento final de la cumbre también preocupan a la ONU, según afirmó el representante de la secretaría general, Nilchil Seth. “Hay que acelerar las cosas; tenemos sólo un día más y no es hora de debatir nuevas ideas, es hora de cerrar un texto”, dijo. Según el diplomático, tampoco se logra un consenso sobre el marco institucional que será encargado de monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de una “gobernanza” global: persisten divergencias en torno de la propuesta de la Unión Europea, apoyada por países africanos, de convertir el Programa de Naciones Unidas sobre medio Ambiente en una agencia independiente.

También las potencias desarrolladas resisten la propuesta de los países del G-77 más China de crear un fondo de 30.000 millones de dólares anuales por las naciones industrializadas para financiar proyectos de desarrollo sostenible entre 2013 y 2018. Y el principio de “responsabilidad común pero diferenciada” entre países ricos y pobres también genera la resistencia de los industrializados.