EEUU: del país “mejor preparado” al colapso socio-sanitario
Hace unas semanas atrás, un conocido periódico argentino publicó una nota en la que posicionaba a los Estados Unidos de América entre los países mejor preparados para enfrentar una emergencia sanitaria como la que nos (pre)ocupa por estos días (“Qué países están más preparados para enfrentar una emergencia sanitaria”).
Valorándolo entre los países “mejor preparados” en todas las categorías de medición consideradas – preparación de la emergencia o de la liberación de los patógenos (1°), detección temprana e informes sobre epidemias de alarma mundial (1°), respuesta rápida y mitigación de esparcimiento de epidemias (2°), sistema sólido que contemple el cuidado de los trabajadores de salud (1°), adherencia a las normas internacionales (1°), entorno de riesgo general y vulnerabilidad frente a las amenazas biológicas (19°) – , la realidad es que el Covid-19 está mostrándonos en todo su esplendor tanto las enormes falencias (y falacias) del sistema de salud estadounidense, como la total inoperancia y consciente inacción del gobierno federal para hacer frente a la pandemia.
La falta de previsión, preparación y desidia sobre políticas de salud pública ya eran notorias hacia el comienzo de la presidencia de Donald J. Trump. El 11 de enero de 2017, el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) por más de tres décadas, Dr. Anthony Fauci, afirmó en una nota publicada por el sitio especializado Healio que “sin duda” la Administración Trump enfrentaría un brote “sorpresa” de una enfermedad infecciosa. El especialista, que por estos días comparte muchas de las conferencias de prensa de Trump, condenó en ese entonces la terrible decisión del gobierno de eliminar el programa de enfermedades infeccionas establecido por la gestión Obama y afirmó contundentemente:
“La historia de los últimos 32 años en los que he sido director del NIAID informa a la próxima administración que no hay duda de que también enfrentarán los desafíos que enfrentaron sus predecesores (quienes tuvieron que responder a los brotes de enfermedades como el HIV, Zika, Ebola, H1N1 (…) La prevención de pandemias a menudo comienza en el extranjero y una respuesta adecuada significa la colaboración no solo entre Estados Unidos y otros países, sino también entre el sector público y el privado. Definitivamente nos sorprenderemos en los próximos años”.
Estos comentarios de Fauci, compartidos por otros especialistas en la materia, respondían a las medidas adoptadas por el gobierno federal desde incluso antes de la asunción de Trump. Recientemente, POLITICO reveló que en la etapa de transición en la que la administración saliente trabaja con la administración entrante en todos los temas de agenda pública y confidencial, la nueva gestión a cargo de la Casa Blanca desestimó las sugerencias que surgieron del Facilitated Group Pandemic Response sobre posibles acciones a una pandemia de las proporciones y características de la actual. Esto habría sucedido debido no solo a “la falta de interés en trabajar con funcionarios de la administración saliente”, sino a importantes cambios de funcionarios clave en el Gabinete en los primeros meses de gestión. A ello siguió la disolución de la sección de biodefensa y seguridad sanitaria global del Consejo de Seguridad Nacional dispuesta en mayo de 2017.
Poco más de un año después, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recortó en un 80% el presupuesto y recursos para prevenir el brote global de enfermedades infecciosas. Cuando se anunció la medida en febrero de 2018, The Washington Post advirtió que los fondos destinados a prevenir que amenazas de enfermedades infecciosas se conviertan en epidemias se acabarían en septiembre de 2019 y que “los países donde el CDC planea reducir su presencia incluyen algunos de los puntos más críticos del planeta para el surgimiento de enfermedades infecciosas emergentes, como China, Pakistán, Haití, Ruanda y el Congo”. En ese entonces, varias organizaciones de salud advirtieron que la medida era un retroceso que dejaba al mundo sin preparación para el próximo brote epidémico. “Los riesgos de amenazas de costosas y mortales pandemias son más altos que nunca, especialmente en países de bajos y medianos ingresos con sistemas de salud pública débiles. Una respuesta rápida de un país puede significar la diferencia entre un brote aislado y una catástrofe global. En menos de 36 horas, enfermedades infecciosas y patógenos pueden viajar desde una aldea remota a las principales ciudades de cualquier continente y devenir en una crisis global.”
Sumado a ello, pocos días después un informe elaborado por Daniel R. Coats, Director de Inteligencia de Estados Unidos titulado “Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community” advertía, con una previsibilidad pasmosa, que:
“El aumento en la frecuencia y diversidad de los brotes de enfermedades reportados, como el dengue y el zika, probablemente continuará durante 2018, incluido el surgimiento potencial de una emergencia de salud global severa que podría conducir a grandes disrupciones económicas y sociales, agotar los recursos gubernamentales e internacionales, y aumentar los pedidos de ayuda a Estados Unidos. Una nueva cepa de un microbio virulento fácilmente transmisible entre humanos continúa siendo una gran amenaza, con patógenos como la gripe H5N1 y H7N9 y el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente que tienen potencial pandémico si adquieren una transmisibilidad eficiente de persona a persona”.
En agosto de 2018, Matt Rowan, presidente de la Asociación de Distribuidores de la Industria de la Salud (HIDA), advirtió al Representante de Comercio de Estados Unidos que la guerra comercial con China estaba afectando las billonarias importaciones estadounidenses de suministros médicos provenientes de ese país, notando que en el largo plazo provocarían una escasez de recursos debido a que la mayoría de los insumos médicos provenían de China. La Casa Blanca ignoró estas advertencias e impuso tarifas y restricciones, contribuyendo a la escasez de suministros esenciales que sufre hoy el país.
Entre enero y agosto de 2019, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) elaboró un informe dado a conocer en octubre de 2019 (CRIMSON CONTAGION 2019 FUNCTIONAL EXERCISE DRAFT AFTER -ACTION REPORT) que concluyó que, ante el potencial escenario de una pandemia de influenza global, Estados Unidos se encontraba escasamente financiado, poco preparado y con problemas de falta de coordinación para enfrentar un virus para el que no existía ningún tratamiento. El mismo mes que se daba a conocer dicho informe, se ordenó el fin del proyecto “PREDICT”, iniciado en 2005 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dedicado a “comprender, predecir y prevenir” posibles enfermedades pandémicas en colaboración con gobiernos locales a nivel global. Según Kelsey Piper de Vox, el fin de Predict era el síntoma de un problema mayor: “el gobierno de Estados Unidos no se está tomando el riesgo de pandemias tan en serio como debería, y no está invirtiendo lo suficiente para difundir la experiencia y las mejores prácticas que podrían ser necesarias en el caso de una pandemia. Y es la posibilidad de otra pandemia, no una guerra nuclear o un ataque terrorista o un desastre natural, lo que plantea el mayor riesgo de muertes masivas en Estados Unidos”.
En este contexto, el Covid-19 llegó a territorio norteamericano. Y el gobierno federal continuó con sus desidiosas prácticas políticas. Según The Washington Post, la Casa Blanca recibió “ominosos” informes de inteligencia durante enero y febrero de 2020 en los que se indicaba que las autoridades chinas parecían estar minimizando la gravedad del brote y que el coronavirus probablemente resultaría en una pandemia global. A pesar de ello, son incontables las declaraciones públicas del presidente Trump y de representantes del Congreso en las que a lo largo de dos meses minimizaron o desestimaron la situación y en los que no se tomaron medidas que podrían haber contenido la propagación del virus. A ello se sumó la decisión de la CDC de negarse a seguir los lineamientos para los testeos de la Organización Mundial de la Salud y tratar de crear sus propias (y defectuosas) pruebas, “dejando a Estados Unidos sin protocolos de testeo hasta finales de marzo”.
A ello se sumaron absurdas medidas tales como prohibir el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que habían estado en China, pero permitiendo el de ciudadanos estadounidenses que habían viajado al país a los que no se les realizaron exámenes ni pruebas. Luego, se prohibió el ingreso de ciudadanos de países europeos y asiáticos, mientras se eximió a Gran Bretaña, uno de los países con más casos en la Unión Europea. Se otorgó solo un 25% de los fondos solicitados por el Secretario del HHS para la compra de barbijos y otros suministros para la reserva federal de insumos médicos, al tiempo que el Departamento de Estado facilitó el transporte de 17.8 toneladas de equipos e insumos a China que ya se encontraban en falta. A pesar de que el 4 de marzo, el HHS admitió que Estados Unidos solo tenía el 1% de los barbijos necesarios para la pandemia, la Casa Blanca se negó a implementar la Ley de Producción de Defensa (puesta en práctica durante la segunda guerra mundial para incentivar la producción de insumos de guerra) y coordinar la producción y adquisición de equipos médicos para los estados, lo que prácticamente obligó a estos a competir entre sí por materiales en creciente demanda e irrisorio precio.
Mientras la cantidad de muertos en Estados Unidos sigue aumentando y va camino a convertirse en el país “mejor preparado” con la mayor cantidad de contagiados y peor respuesta a la pandemia, los índices socio-económicos resultantes van revelando realidades que adquieren nuevas dimensiones. El 8.5 % sin ningún tipo de cobertura de salud se convierte en 27.5 millones de personas con enormes probabilidades de contagiar o contagiarse y no poder hacer nada al respecto más que contagiar. No solo los sistemas de salud, sino los canales de aprovisionamiento de recursos médicos están colapsados. La precarización y flexibilización laboral tan característica del mercado de trabajo estadounidense explotó en solo dos semanas, sumando a 6,65 millones de personas a las filas de desempleados y, con ello, aumentando las de aquellos sin cobertura básica de salud. Según William Rodgers, ex jefe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el porcentaje de desempleados, de 3.5% en febrero 2020, ascendió a 17%. Y a medida que pasen los días, continuará aumentando en todo el país, incrementando exponencialmente los índices de pobreza e indigencia, particularmente en colectivos que trabajan en el sector servicios como afro-estadounidenses y latinos que no pueden darse el lujo de “trabajar desde casa”.
Ese ominoso escenario hoy convertido en realidad enfrenta a los países del mundo a profundos debates en torno al rol del estado y la centralidad del financiamiento en salud, educación para la salud y programas sociales que sean una verdadera red de contención para los sectores más desfavorecidos. Y en el caso estadounidense, pone en juego un modelo de país. La pandemia influirá tanto en la práctica como en la ideología política en un país inmerso en uno de los ciclos electorales más cruciales de las últimas décadas.
Resumen del sur - 9 de abril de 2020