Quienes sosteníamos que este no era uno de los temas prioritarios para el Gobierno tendremos que resistir la tentación de borrar nuestros tuits y prepararnos para uno de los debates más relevantes de la agenda pública, luego de que el Poder Ejecutivo publicase el DNU 690 suspendiendo "cualquier aumento de precios" en el sector de telecomunicaciones hasta fin de año y extendiendo el congelamiento que ya había dispuesto el Presidente hasta el 31 de este mes.     

La Necesidad y Urgencia de la medida se enmarca en la Emergencia Sanitaria que rige en el país y tiene por objeto frenar los aumentos anunciados para septiembre por las principales empresas del sector móvil. Si bien se trata de una comprensible decisión en el contexto de excepcionalidad que impone la pandemia, el decreto contiene también definiciones jugosas y permanentes sobre la regulación de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 

Vuelve "Argentina Digital" con Internet como Servicio Público

No es casual que el DNU 690 se llame "Argentina Digital", como la ley sancionada en diciembre de 2014 que declaraba de "interés público" al desarrollo de las TIC y que fuera virtualmente derogada en 2015 por el Poder Ejecutivo de entonces.  

La actual norma contiene escasas pero fuertes definiciones, destacándose la de "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" para las TIC e incorporando de manera inequívoca al "servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades" a su vez que dota al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de mayor músculo para ejercer de regulador y establecer los precios de los servicios mencionados. 

El decreto también refiere a algunos de los más relevantes instrumentos internacionales relacionados con Internet y los Derechos Humanos, algo que ha motivado en pocos días análisis e interpretaciones de prestigiosos académicos de políticas y comunicaciones. 

Los derechos dependen de las redes

Desde hace más de una década se discute si el acceso a Internet debe ser reconocido como un Derecho Humano en sí mismo o si es simplemente un vehículo para ejercer otros derechos entre los que se encuentran la libertad de expresión y el acceso a la información. Más allá del debate teórico, es evidente que la pandemia ha desencadenado una dependencia casi absoluta de la educación formal a la existencia de un acceso universal a servicios básicos de conectividad. 

Debe darse la bienvenida al Estado a jugar un partido en el que los servicios masivos han sido históricamente los que más reclamos generan en Defensa del Consumidor, y en en el cual los operadores tienen niveles notables de baja satisfacción, especialmente en los servicios más concentrados. Si bien la definición de "Servicio Público" y las facultades otorgadas al ente regulador para fijar precios son apenas instrumentos regulatorios, pasibles de recibir cuestionamientos, debe destacarse que ningún modelo de universalización en la historia se logró sin fuerte regulación. Incluso los ejemplos más exitosos basados en libre competencia como el de los Estados Unidos requieren una decisiva y persistente intervención del ente regulador.

Elegir dentro del abanico de modelos regulatorios no parece ser el debate más interesante ni el más necesario cuando las recetas que hay que seguir dependen del contexto de cada país, especialmente porque se pueden obtener resultados positivos por diversas vías. 

Paradójicamente, a las múltiples posturas que existen en el debate público sobre los instrumentos y regulaciones que debe recibir el sector se le contrapone un consenso casi absoluto y global sobre los resultados que se esperan. Hace falta acceso universal y asequible. Traducido al contexto actual: despliegues de infraestructura de fibra óptica a los hogares (FTTH) y cobertura móvil (hoy 4G) en todo el territorio.  

¿Qué hace falta para el acceso universal?

Es imprescindible comprender las características de un sector en el que los insumos y los costos principales están definidos enteramente en moneda extranjera y en el que los plazos de repago de las inversiones trascienden a una generación. 

A su vez, es sumamente importante detenernos en la singularidad de nuestro país en una materia en la que a la concentración de operadores móviles se le contrapone un frondoso ecosistema de pequeñas, medianas empresas y cooperativas que puede ser afectado sustancialmente por una prolongación en el tiempo de medidas de congelamiento de precios tomadas sin la adecuada sintonía fina.  

Tan únicas son las características de Argentina en materia de Internet que podemos presumir al mismo tiempo de uno de los tendidos de fibra óptica estatal más extensos del mundo, como de la existencia de una red puntos de intercambio y destacados ejemplos de redes comunitarias que atraen atención global y que son resultados de esfuerzos que no necesariamente fueron producto de un mismo plan estratégico.

La falta de coordinación y sostenimiento de políticas es el elemento central al que refiere con gran elocuencia en su blog el empresario Gonzalo Berra: "Tener fibras de cuatro empresas distintas en un edificio equivale a que las empresas de ómnibus de transporte de pasajeros compitan pavimentando una ruta cada una". 

Una sola estrategia: asequibilidad 

De la misma manera que no existe una sola receta en materia de modelos regulatorios,  tampoco es prioritario identificar el camino ideal en cuanto a las definiciones de política pública, sino tener una estrategia consistente y ejecutarla durante un período de tiempo prudencial. En este caso, hablamos de un par de décadas en las que la combinación de elementos debe aprovechar los esfuerzos ya consolidados. 

Por una parte, luego de 20 años de oscilaciones institucionales que incluyeron intervenciones sucesivas de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), coordinaciones difíciles de comprender entre aquel regulador y la "vieja" Secretaría de Comunicaciones, desdoblamiento de entes entre AFSCA y AFTIC y un deslucido Ministerio de Comunicaciones en el último período, parece deseable continuar con el diseño institucional de ente regulador actual. 

A esta altura, es mejor la estabilidad que cualquiera de las opciones del menú, y nuestro "regulador convergente" parece ser una política de Estado. El ENACOM, cuyo diseño no fue inspirado en ninguno de los modelos globales sino que fue creada por decreto de un Presidente y fortalecida por el DNU de este sábado, se ocupa tanto de medios como de TIC y parece haber encontrado un inesperado equilibrio.

Los despliegues de infraestructura que combinan redes públicas y privadas también deben continuar por esa senda, acentuando la coordinación para evitar superposición de inversiones y cuidando a aquellos actores pequeños. 

La sintonía fina referida anteriormente puede ser vital en este punto, ya que las pymes y cooperativas pueden ser afectadas por límites de precios y nutridas por el acceso a servicios de transporte de los hoy ineficientes, subaprovechados y descoordinados tendidos de fibra estatal. 

Otro ejemplo ilustrativo de esta necesidad de coordinación se da en Córdoba, dónde se combinan niveles récord de concentración del proveedor incumbente con la existencia de tres redes públicas con importante "capacidad ociosa" que combinan casi 5 mil kilómetros y gran capilaridad. Casi como si la flamante circunvalación que rodea a la capital provincial no tuviera colectoras de acceso. Muchas veces sólo es cuestión de conectar los puntos en inversiones que ya fueron realizadas. 

Sobre dispositivos, las oscilaciones de estrategia nos encontraron entregando 6 millones de netbooks con presupuesto público para pasar a diseñar una estrategia de acceso a terminales de bajo costo y actualmente en intentos de reponer a Conectar Igualdad. 

En materia de precios, más importante que apresurar la regulación de los máximos es el diagnóstico. Tenemos certezas respecto de las necesidades de las periferias de los centros urbanos en los cuales millones de usuarios están dispuestos a pagar más de lo que hoy pagan por un servicio de calidad. Sabemos también que hay millones de argentinos de sectores vulnerables que necesitan urgentemente el acceso para educarse y teletrabajar pero no pueden pagarlo. Es importante identificarlos con precisión. La prioridad debería centrarse en fortalecer las capacidades de diagnóstico ya que actualmente la mayoría de los datos que posee el Estado proviene del sector privado.  

Se trata de un tema que la pandemia ha revelado como impostergable. Bienvenido sea el Estado a la arena.

- Andrés Piazza, Abogado y consultor. Cuenta con más de 15 años de experiencia en procesos y debates internacionales sobre Políticas Públicas y Gobernanza de Internet.

^{Cenital - 23 de agosto de 2020}