A fines de enero el Ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el fin de refinanciar la deuda que el país tiene con el organismo desde mediados de 2018, a partir de un crédito stand-by (de corto plazo) tomado por el gobierno de Macri. Sin embargo, en lo formal no se trata de una refinanciación sino de un nuevo acuerdo: Argentina tiene vencimientos del préstamo de 2018 durante todo este año y el próximo (totalizando aproximadamente 19.000 millones de dólares en 2022 y una suma similar en 2023); en el marco de un nuevo acuerdo (ahora de facilidades extendidas, lo que implica plazos más largos, pero a la vez condicionamientos) el Fondo Monetario se compromete a ir prestándole dólares a Argentina para que vaya repagando los vencimientos de capital e intereses del préstamo de 2018. A su vez, la devolución del préstamo de 2022 se efectuará a partir de 2026. Es decir, no hay refinanciación ni renegociación de los términos del acuerdo firmado en 2018, sino que el acuerdo 2022 establece que el FMI le prestará dinero a la Argentina para ir pagando los vencimientos del de 2018. Es un acuerdo nuevo.

Al anunciarse el mismo, fueron múltiples las voces que manifestaron su apoyo, pero también hubo muchas expresiones de disidencia, incluso al interior del Frente de Todos y de parte de funcionarios del gobierno. Si bien todos coincidieron tanto en que el origen de la deuda con el FMI fue la irresponsable y hasta delictiva política económica del gobierno anterior como en la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de este año con recursos propios, la decisión de alcanzar un acuerdo nuevo fue un verdadero parteaguas. Al principio las voces disidentes fueron marginales, pero luego del pronunciamiento en contra de Máximo Kirchner, renuncia a la jefatura del bloque en la Cámara de Diputados incluida, no solo fueron más las voces que se alzaron en contra, sino que la postura quedó legitimada al interior del Frente de Todos y dejó de ser considerada como exclusivamente rupturista: no necesariamente estar en contra del acuerdo con el FMI implica abandonar la coalición de gobierno.

Así, la controversia abierta se sintetiza en dos preguntas que se complementan: 1. ¿Qué implica el escenario del acuerdo? y 2. ¿Cuáles serían las consecuencias de no acordar -y, por ende, entrar en cesación de pagos-? En las próximas líneas intentaremos comprender las distintas posibles respuestas a ambas preguntas, lo cual llevará a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la economía argentina.

Respecto de lo primero, el acuerdo 2022 incluye una serie de condicionamientos sobre la política económica, que en caso de no cumplirse podrían devenir en una suspensión de los desembolsos -y, por ende, en la necesidad de buscar otras fuentes para pagar los vencimientos del acuerdo 2018-. Así, en este caso la discusión refiere precisamente a esos condicionamientos: en qué medida impactan sobre el sendero económico propuesto.

En principio, los principales elementos del acuerdo refieren a resultados de déficit fiscal y de financiamiento monetario del mismo, los cuales deberían iniciar una tendencia descendente. En cuanto al déficit, es importante resaltar que se trata de una variable endógena, no controlada por el gobierno. Los gobiernos deciden cuánto gastan, mas no cuánto recaudan. Si el déficit fiscal es la diferencia entre ambos, claramente no se trata de una variable cuyo valor el gobierno pueda decidir. La recaudación depende de la legislación tributaria, pero también del nivel de actividad: cuando la economía crece, se recauda más. Así, dado el gasto, un mayor crecimiento conllevará, vía mayor recaudación, una reducción del déficit. Pero, a su vez, un mayor gasto puede ser la causa de un mayor crecimiento, con lo que no necesariamente gastar más implica que haya más déficit fiscal. En todo caso, eso dependerá de la naturaleza del gasto y de la estructura tributaria vigente.

En este sentido, una meta de déficit fiscal debe ser entendida como procíclica. Si la economía crece -tal como se estima que sucederá en 2022-, se trata de un objetivo que podría llegar a cumplirse por sí solo, sin la necesidad de ajustar la economía. En cambio, si la economía cae nuevamente en recesión, la meta de déficit podría funcionar como un verdadero obstáculo a la reactivación económica. De hecho, si la Argentina hubiera estado bajo un acuerdo semejante en abril de 2020, recién llegada la pandemia y con la necesidad de implementar medidas económicas de emergencia, habría estado en serios problemas. En este sentido, ante un escenario externo incierto, en el que pueden sobrevenir nuevos shocks de cualquier tipo, el acuerdo que se va a firmar reduce sustancialmente la posibilidad de intervenir. En síntesis, una meta de déficit fiscal se convierte en una prescripción de ajuste si la economía entra en recesión y se vuelve irrelevante si la economía crece. Ahora bien, ¿podrá la economía argentina generar los resultados necesarios para arribar a 2026, cuando haya que empezar a pagar los vencimientos del acuerdo 2022, en condiciones de repagar sin volver a acordar? Parece difícil.

También respecto de la primera pregunta, las voces favorables al acuerdo han insistido en que en él no se encuentran compromisos de reformas institucionales, de carácter previsional, laboral o financiero, como podría haber o como ya ha habido en la historia del Fondo Monetario. Es más, ni siquiera aparecen menciones a un posible levantamiento del cepo cambiario y apertura de los mercados de capitales. En general, quienes cuestionan el acuerdo han reconocido que estos elementos institucionales están ausentes, pero han insistido en que un condicionamiento más leve que lo que podría ser no implica que sea efectivamente leve.

Por último, la primera pregunta abre un interrogante en el plano político e incluso jurídico, que refiere a la posibilidad de impugnar y repudiar la deuda en tanto estafa al país, basada en la violación de los propios estatutos del Fondo, que prohíben otorgar créditos para financiar fugas de capitales, como el incumplimiento de leyes locales, por ejemplo la aprobación legislativa que no tuvo lugar. Más allá de las posibilidades de éxito de una consigna así, tanto en foros externos como en tribunales locales, queda abierto a interpretación si el hecho de firmar el acuerdo 2022 implica legitimar el acuerdo 2018 y cercena la posibilidad de avanzar con las causas judiciales y los pronunciamientos internacionales al respecto, que el propio gobierno venía promoviendo. Aquí dejamos abierto este interrogante, pues excede el alcance de esta nota.

Respecto de la segunda pregunta, se trata de un escenario mucho más incierto, y esto ha quedado claro en la escueta referencia al mismo por parte tanto de acuerdistas como de detractores. ¿Qué pasaría si le declaramos el default al FMI? La única respuesta sensata es “no sabemos”. En principio, lo que sí sabemos es que el país se ahorraría muchos miles de millones de dólares, hoy escasísimos. Sin embargo, las consecuencias esperadas van desde la hecatombe económica, como postulan algunos acuerdistas, hasta la nada misma o incluso el afianzamiento de la soberanía política, como sostienen algunos detractores. Aquí podemos especular: seguramente podrían caerse algunos proyectos de inversión, sobre todo los flujos de otros entes internacionales, como el BID, la CAF o el Banco Mundial; más difícil es que haya resoluciones de embargo sobre activos argentinos en el exterior o sobre las propias reservas internacionales del país; sin dudas aumentaría el riesgo país y se encarecería el crédito externo en el mercado privado de deuda, sin embargo este mecanismo de financiamiento ya se encuentra virtualmente cerrado desde 2019, reperfilamiento y cepo mediante, pero podrían complicarse los mecanismos de endeudamiento en moneda local, los cuales sí son utilizados recurrentemente por el gobierno.

Desde estas líneas, podemos arriesgar lo siguiente: los efectos de mediano o largo plazo de una cesación de pagos con el FMI son efectivamente inciertos, y sopesar las ventajas (el ahorro de 40.000 millones de dólares en dos años) con las desventajas (todo lo enumerado en el párrafo anterior) es difícil. Sin embargo, en el corto plazo es esperable que un default devenga en una suba abrupta de los dólares paralelos y de la brecha cambiaria, lo que lleva a mayores expectativas de devaluación oficial y casi seguras corridas cambiarias e incluso bancarias. En el actual escenario de altísima vulnerabilidad externa, donde las reservas netas del Banco Central están en mínimos históricos, un sofocón semejante podría disparar una crisis financiera muy importante sin que el gobierno disponga de las herramientas necesarias para poder contrarrestarla. En este sentido, la decisión del gobierno de impulsar un acuerdo parecería sostenerse más en la necesidad de evitar turbulencias de corto plazo que en un concienzudo análisis del escenario de default hacia el largo, lo cual, en términos políticos, tiene su razonabilidad.

En síntesis, en la antesala de un nuevo acuerdo con el FMI, que ahora sí pasará por el congreso, seguramente escuchemos muchos discursos enfáticos hacia un lado y hacia el otro. Lo importante es reconocer en ellos la comparación entre los dos escenarios, con y sin acuerdo, puesto que hablar pestes o maravillas de uno de los dos sin mencionar algo del otro es, al menos, analíticamente problemático, aun cuando políticamente sea efectivo.

- Nicolás Dvoskin, Economista, Politólogo y Dr. en Ciencias Sociales. Investigador del Conicet. Profesor de las universidades de General Sarmiento y Lanús.

^{eldestape - 23 de febrero de 2022}