La semana pasada, los presidentes del G-20 reconocieron por primera vez en una declaración conjunta los problemas que enfrentan los países para garantizar la sustentabilidad de los procesos de reestructuración de sus deudas soberanas. Los mandatarios celebraron en el comunicado los avances observados en los últimos meses para mejorar diferentes cláusulas de los contratos y prevenir el accionar buitre en los tribunales. “Damos la bienvenida al progreso realizado para el fortalecimiento de los procesos de reestructuración de deuda soberana ordenados y previsibles”, destacaron los presidentes en Australia. “Dados los desafíos que presenta la litigiosidad, y a fin de fortalecer el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deudas soberanas, damos la bienvenida al trabajo internacional sobre el fortalecimiento de cláusulas de acción colectiva y pari passu. Llamamos a su inclusión en los bonos soberanos y alentamos a la comunidad internacional y al sector privado a que promuevan activamente su utilización. Les pedimos a nuestros ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales que discutan el progreso alcanzado en este tema y en temas relacionados”, indicó la declaración de Brisbane, donde la representación argentina estuvo encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof.

El rechazo a la sentencia y las órdenes del juez norteamericano Thomas Griesa es compartido por casi todos los países, incluso por el propio gobierno de Estados Unidos. La victoria buitre representa un problema de alcance global que debe ser abordado. Sin embargo, los caminos propuestos difieren. La Argentina, con el respaldo del G-77 más China, reclama avanzar en el diseño de un marco jurídico multilateral para las reestructuraciones de deuda a cargo de la ONU. A comienzos de septiembre comenzaron a discutirse los detalles dentro del organismo, cuando 124 países votaron a favor de la iniciativa, 41 se abstuvieron y sólo 11 naciones votaron en contra. Entre los que se opusieron están Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Canadá, que promueven un acercamiento de mercado al conflicto, precisamente la mejora de las cláusulas de los contratos.

Durante un debate en la Cámara de los Comunes, el diputado laborista Andrew Gwynne consultó al mandatario su posición en la disputa entre la Argentina y los buitres. “¿El primer ministro apoya totalmente los principios de la declaración del G-20 para enfrentar este tema? ¿Esto demuestra un cambio en la posición del Reino Unido ante los fondos buitre, luego de que el gobierno votó contra la resolución de Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas soberanas?”, inquirió Gwynne. El diputado británico forma parte del grupo de legisladores y académicos británicos que cuestionaron el accionar del sistema judicial estadounidense a mediados de año.

“Claro que apoyo el comunicado. El problema que tenemos es que hay apoyo a países como Argentina que han tratado de reestructurar sus deudas, pero después se encontraron con fondos buitre que los llevaron ante Cortes en otros países, donde consiguieron sentencias que vuelven prácticamente imposible para ellos pagar y los empujan a un nuevo default técnico”, respondió Cameron. “La posición correcta para asumir no es ir por encima del derecho contractual, la forma en que estas cosas deben ser tratadas es en las Cortes, pero hay que intentar encontrarle la vuelta, de forma que países como Argentina puedan volver a estar bien parados”, expresó el primer ministro inglés.

Página/12 - 25 de noviembre de 2014