"El sacrificio es nuestro mejor estímulo;
la redención espiritual de las juventudes americanas 
nuestra única recompensa, 
pues sabemos que nuestras verdades lo son -y dolorosas- 
de todo el continente".

Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, Gumersindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosh, Ángel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina Allende y Ernesto Garzón

(Firmantes del Manifiesto Liminar)

En vísperas de los cien años de la publicación del Manifiesto Liminar La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica (21 de junio de 2018), recuperamos la importancia no sólo para la Argentina sino para toda América de la influencia que ha tenido este movimiento que marca un cambio decisivo en los estudios de nuestras universidades.

Esta declaración —en cuya redacción tuvo influencia decisiva Deodoro Roca (1890-1942), un joven abogado cordobés y uno de los líderes del movimiento conocido como la Reforma Universitaria de 1918— fue la expresión del pensamiento de una juventud rebelde ante el pensamiento conservador de los sectores que medraban con el poder en las casas de estudio.

Lo que no imaginaron los jóvenes reformistas de aquella época es que su manifiesto trascendería en el tiempo y en el pensamiento de los hombres y las mujeres que anhelan cambios y libertades.

Es interesante hacer un breve recorrido por el escenario universitario de los años previos a esta importante declaración.

Una breve historia del desarrollo de la enseñanza superior en nuestro país nos hará comprender que la reforma no fue un movimiento ocasional sino la expresión de un reclamo que llevaba más de una decena de años de antigüedad.

En 1917 existían tres universidades nacionales: la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata; y dos universidades provinciales: la Universidad de Tucumán y la Universidad de Santa Fe.

Las universidades nacionales tenían diferentes orígenes. La Universidad de Córdoba, creada en 1613, arrastraba la marca clerical de su fundación jesuítica; la Universidad de La Plata, que ya en 1917 tenía 20 años de antigüedad, lucía una orientación moderna y positivista reflejada en el predominio de la enseñanza experimental y científica. En tanto que la UBA, por entonces próxima a cumplir su primer centenario, intentaba revertir las fuertes tendencias profesionalistas abriendo espacios para la ciencia.

La ley Avellaneda, sancionada en 1885, servía como marco jurídico a las tres universidades nacionales. Con la idea de no otorgarles poder de decisión a los profesores universitarios, esta ley brindó al Poder Ejecutivo la potestad de modificar estatutos y de nombrar profesores.

La administración universitaria seguía en manos de órganos compuestos por miembros vitalicios y cooptados por las academias; en pocas palabras, tal como lo señala Carlos Borches, esta ley contribuyó a la consolidación de un régimen oligárquico en la constitución y gobierno de la universidad.

En el año 1906, la Universidad de Buenos Aires había logrado limitar el control de las academias. La movilización estudiantil apoyada por los profesores y el propio rector —quien impulsó una reforma de los estatutos con el auspicio del Poder Ejecutivo— dio los primeros pasos hacia la autonomía que se consolidaría una década después.

En Córdoba, la vida universitaria estaba en manos de la Corda Frates, que era una tertulia de doce caballeros católicos de edades aproximadas, muy unidos entre sí por lazos de amistad y aun de parentesco.

El documento de la reforma no tiene valor sólo por su contenido -de por sí avanzado para su época- sino porque representa la culminación de un proceso en un mundo que vivía tiempos de cambio. El nuevo sistema electoral establecido por el presidente Roque Sáenz Peña permitió interrumpir la sucesión de gobiernos conservadores y llevó a Hipólito Yrigoyen -un aliado en las ideas que animaron la reforma- a la presidencia de la Nación.

La presencia activa de un movimiento obrero inspirado en las ideas socialistas de las corrientes inmigratorias contribuyó a los cambios de las políticas locales e internacionales del país, e influyó en el enfrentamiento de la juventud universitaria de Córdoba con la estructura de poder atada a la dominación monástica.

Cuando los estudiantes lanzaron su Manifiesto Liminar, salieron a combatir la educación escolástica, la mediocridad y la estrechez intelectual que impedían a la universidad ser protagonista de su época.

La Universidad de Córdoba enfrentaba la aparición de los centros de estudiantes, que reemplazaron a los tradicionales Clubes Universitarios que habían perdido influencia frente a estas nuevas organizaciones que albergaban otras ideologías y un accionar más frontal. El Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales rechazó la “ordenanza de los decanos” que modificaba las condiciones de asistencia a clases, y los estudiantes de Medicina se opusieron al cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas cordobés.

La elección del Rector José Nicolás Matienzo favoreció los ánimos de cambio que atravesaban a aquellos jóvenes dispuestos a demoler siglos de tradiciones estancadas. El ambiente tenso y caldeado fue invadido por la palabra de uno de los líderes estudiantiles, Horacio Valdés, invitado a hacerlo por el Rector que presidia la Asamblea Universitaria con la idea de apaciguar la intensidad del debate. Valdés, subido a un banco y ante el silencio repentino de la sala, dijo: “no voy a pedir calma”, y la sala estalló. Esto sucedía en junio de 1918, resumiendo el espíritu de la nueva universidad.

La visión del Manifiesto

Los ejes centrales del reclamo fueron recogidos y consensuados en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes del 21 de julio de 1918 y estuvieron referidos a la autonomía para gobernarse, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados, el libre acceso a clase y la instauración de cátedras paralelas, el régimen de concursos, la periodicidad de cátedras, la gratuidad de la enseñanza y la extensión universitaria.

Sin embargo, el valor esencial de este movimiento, que nació en Córdoba y se extendió a todo el país, fue la recuperación de libertades conculcadas por la alianza entre los intereses oligárquicos vinculados con la tierra y la iglesia. Acompañó, entonces, la emergencia en la vida política de una clase media en ascenso, de la mano de la aplicación de la ley Sáenz Peña que estableció el voto secreto y obligatorio. En palabras del Manifiesto: “Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más”.

La mirada visionaria de los estudiantes iba más allá. En realidad, lo que querían era que la universidad formara parte de un movimiento social que colocara al pueblo como protagonista de un proceso de cambio basado sobre la justicia y la democracia. Como dijo Deodoro Roca: "Reforma universitaria es lo mismo que reforma social".

Tanto es así que el Manifiesto fue recibido en América latina como un llamado a una profunda reforma social en la que participaron figuras como Germán Arciniegas en Colombia, Rómulo Betancourt en Venezuela, José Arévalo en Guatemala, José Vasconcellos en México, y a pensadores de Paraguay, Chile, Bolivia y, especialmente, del Perú donde dio nació un partido político, el APRA, que concentró en sus filas a intelectuales de ese país, y dando marco a la influencia de hombres como Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez  y José Carlos Mariátegui.

Los jóvenes que participaron en ese movimiento no imaginaron que tantos años después sus ideales estuvieran presentes en el Mayo francés del 68, plasmados en el espíritu y la letra de Deodoro Roca en su consigna “Prohibido prohibir” y que hoy, a 100 años, tantos rescatarían su vigencia.

La reforma y después

Los postulados de la reforma dieron origen en nuestras universidades a los movimientos reformistas que intentaron, en cada época, dar respuesta a los requerimientos que el contexto planteaba. Esa presencia activa se mantuvo durante las décadas que nos separan del 18 y se manifiesta en la defensa permanente de la educación pública con sus pilares de gratuidad y libre acceso, el cogobierno en la universidad, las cátedras paralelas y, sobre todo, en el compromiso con la sociedad.

Es así que la juventud universitaria acompañó las luchas por la institucionalización de la democracia en los 30 y las causas de la libertad y la democracia en los 40.

Sin embargo, debemos señalar críticamente la colaboración del movimiento estudiantil con la instauración de los intentos de la derecha en el país, por no entender el proceso de acceso de las clases populares al poder político e ignorarlas por considerarlas aliadas a un gobierno autoritario. No podemos pasar por alto la colaboración del movimiento reformista con el golpe de Estado del 55 que asoló a nuestro país.

Con posterioridad cabe destacar la resistencia de la dirigencia estudiantil que enfrentó en asimétricas condiciones la última dictadura militar que cobró muchas jóvenes vidas en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

En esta segunda década del siglo XXI, el panorama local y latinoamericano presenta situaciones que nos retrotraen a situaciones ya vividas en el pasado y altamente preocupantes en las que aparecen nuevos actores con voluntad de protagonizar cambios sustantivos para sus sociedades.

La desocupación, marginación y exclusión social de amplios sectores de la población siguen mostrando índices muy superiores a los de comienzos de siglo, inclusive a los del período de la crisis mundial del 29. América latina no sólo ha tenido décadas perdidas sino décadas de retroceso.

La concentración económica y financiera de las corporaciones transnacionales, la conformación de poderosos bloques entre las naciones desarrolladas, junto con el progreso científico, la globalización de la economía y el formidable desarrollo de las comunicaciones y la tecnología originan una brecha entre los países de nuestra región y los países centrales muy difícil de salvar.

Muchas decisiones se someten a los requerimientos de los grandes centros de poder y se desarrollan políticas regresivas que se traducen en una marcada inequidad en la distribución del ingreso, que nos llevan a inaceptables índices de pobreza   con todo lo que ello significa: mortalidad infantil, deterioro en la atención de la salud, limitaciones serias al acceso a la educación pública, deserción escolar, trabajo infantil y, naturalmente,  desesperanza y falta de expectativas en el proyecto de vida de grandes sectores sociales.

Y bien, ¿cuál es el papel que debemos asumir los universitarios de hoy? ¿Cuáles son los objetivos que deben concentrar nuestros esfuerzos? ¿Cuál es el mensaje que le debemos a la sociedad?

El conocimiento es la herramienta más importante que un país o una región tienen para generar crecimiento y desarrollo. Pero, ¿qué clase de conocimiento? ¿Cómo y dónde producirlo? ¿A quién debe beneficiar?

En las respuestas a estos interrogantes están las nuevas metas de los reformistas. Ya no basta la cátedra paralela, ya no basta el cogobierno, ya no basta disponer de un ámbito de libre discusión de las ideas.

Estamos pues ante un panorama distinto del que hoy evocamos. Hace 100 años, las tres universidades nacionales tenían cursando aproximadamente a catorce mil alumnos y hoy tenemos a más de un millón y medio. Este solo dato nos obliga a abocarnos a nuevos desafíos y a enfrentar nuevas responsabilidades.

Para hacer frente a esta demanda creciente de alumnos en nuestras universidades públicas, se deben atender numerosas variables para que nuestros sueños no sean sólo utopías. Dentro de este gran universo de variables, podemos destacar que la educación media deberá modificarse sustantivamente debido a la vigencia de la Ley Nacional de Educación, que establece la cursada obligatoria y de alcance universal. También será necesario asegurar un sistema de salud que esté al alcance de todos; remuneraciones docentes dignas, que estimulen la formación de nuevas camadas docentes y, desde luego, un avance significativo en cantidad y calidad de jóvenes investigadores que nos permitan avanzar en el desarrollo científico independiente del país.

Nuestra misión es trabajar para generar igualdad de oportunidades, equidad en la distribución del ingreso, desarrollo sustentable y conservación de una identidad propia, aun en un escenario de globalización, de tránsito irrestricto de capitales transnacionales y de pautas culturales homogeneizantes.

Quienes trabajamos cotidianamente en el ámbito de la educación superior sabemos de las dificultades que debemos enfrentar: insuficiencia de políticas propias para la generación del conocimiento, falta de recursos para hacer frente a los requerimientos de una enseñanza de calidad a una masividad creciente de alumnos, a las que se une cierto escepticismo en los jóvenes, consecuencia del modelo de sociedad en que vivimos.

El movimiento reformista nació como un proceso de rebeldía y utopía. Pretendió cambiar la universidad desde sus cimientos y, con ella, la sociedad. Hoy enfrentamos un desafío igual o mayor al de los jóvenes del 18. Sin transgresión y, sobre todo, sin el convencimiento de que existen otros caminos por recorrer que no pasan por la miseria y la inequidad, poco o nada haremos.

Es hora, pues, de sentar las bases para un nuevo Manifiesto liminar que sea el compromiso de quienes transitamos las aulas universitarias para modificar esta realidad que no aceptamos y para comenzar a hacer frente a la deuda de honor que contrajimos al abrazar la causa de la reforma, de modo de honrar a los jóvenes del 18 cuando decían: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos; las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”.

* Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires.