APU: ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto para fabricar casas industrializadas que está trabajando Tecnopolítica?

Laila Robledo: Se trata sólo de una técnica constructiva inspirada en el fordismo; se viene aplicando desde fines de los ´60 en diferentes países del mundo, y ha tenido resultados que han variado de acuerdo al contexto. La tomo con pinzas, y casi que no la tomo. Las ventajas que pudiera traer aparejadas, tanto en términos de abaratamiento de costos, como en aquellas cuestiones asociadas a la sustentabilidad, entre otras, no logran responder algunos interrogantes de sentido común para nuestro territorio y para los fines que se proponen: ¿Quién las construiría? La mayor parte de las empresas fabricantes son monopólicas o extranjeras. ¿A partir de qué criterios? Son muy distintas las necesidades constructivas en cada espacio geográfico. ¿Dónde estarían localizadas? ¿Sobre qué suelo? ¿Qué pasaría con esas viviendas en caso de inundaciones? ¿Cómo se garantizaría su mantenimiento? Creo que el proyecto no atiende la cuestión de fondo: ¿Cómo se garantiza el acceso al suelo urbano bien localizado, sobre el que luego debieran construirse las viviendas?

APU: ¿Es un proyecto para descartar definitivamente?

LR: Sólo lo considero factible tanto en el marco de proyectos urbanísticos cuya escala posibilite intercalar distintas densidades, tipologías, y mixtura de usos, así como en aquellos casos en los que fueran necesarias soluciones a corto plazo, tales como Planes de Contingencia ante catástrofes naturales, donde se le brinde a la población en condiciones de riesgo una solución inmediata. También las considero como una interesante manera de exploración de materiales constructivos, innovación y diseño. Ahora bien, creo que los sujetos destinatarios de dichos experimentos no debieran ser los sectores de menores recursos, o con limitaciones para mantenerlos. En Argentina los patrones constructivos no son, ni debieran seguir la lógica que poseen en Estados Unidos, donde la vivienda es considerada algo nuevo, cualquier otro producto; y que por lo tanto, la obsolescencia funcional y estructural es siempre sinónimo de reemplazo.

Por otra parte, no está de más aclarar que los términos casas prefabricadas y casas industrializadas no significan lo mismo, implican diferentes formas de construcción estandarizada. Las prefabricadas se hacen por partes o módulos en una fábrica, en cambio las industrializadas se construyen enteramente en el sitio con elementos estandarizados industrializados. Es por eso que para el Estado o para la población serían rentables en términos económicos sólo si se construyeran de manera masiva, aunque a costa de la generación de barrios monótonos y caducos.

Por último, cuando se habla de calidad, me pregunto por qué se piensa sólo en los materiales constructivos. Haciendo un ejercicio mental, y suponiendo que los mismos fueran óptimos, es lamentable que se sigua haciendo foco en la vivienda, y no en la ciudad.

APU: Lo que está claro es que más allá de la hiperactividad estatal de estos años, el déficit habitacional se mantiene o se reduce lentamente. Si no es el de casas industrializadas, ¿cuál otra intervención habría que indagar?

LR: Más que en el qué, me detendría en el cómo. El déficit habitacional no sólo tiene que ver con la ausencia de casas: es el suelo, el mercado del suelo, es la precariedad de las viviendas, el hacinamiento, la falta de infraestructura, la localización, la ciudad.

Si me detengo en el qué, la pregunta sería qué tipo de ciudad estaríamos generando con una producción masiva de de viviendas industrializadas en la periferia. Ya tendríamos que haber aprendido la lección, no sólo a nivel nacional, sino también internacional nos encontramos con ejemplos de este tipo; se trata de un modelo que ha atentado contra la ciudad y contra la ciudadanía. En los `70 se creía que construyendo grandes bloques de vivienda aislada, y destruyendo las construidas por la propia población en sitios bien localizados se resolvería la cuestión. La construcción de vivienda económica masiva en la forma de grandes complejos habitacionales ha tendido, en general, a lograr efectos contrarios a los buscados. Se expulsó a los sectores populares, contribuyendo aún más a la generación de una ciudad basada en la desigualdad y en la consecuente fragmentación sociourbana.

Existen muchas otras intervenciones posibles y distintas políticas habitacionales destinadas a resolver el déficit a nivel nacional: programas de mejoramiento barrial, lotes con servicios, convenios urbanísticos, suelo creado, Procrear, entre otros. La cuestión es aplicar estas intervenciones en el marco de Políticas de Suelo desde los municipios, introduciendo instrumentos urbanísticos-legales a disposición. En la provincia de Buenos Aires, la Ley de Acceso justo al Hábitat proporciona un abanico de posibilidades para multiplicar y repartir las cargas y beneficios que la propia ciudad genera.

APU: El Estado ha propuesto siempre programas que incluyen financiamiento propio (programas federales) o muy subsidiado (PROCREAR). ¿No llegó el momento de indagar formas que permitan una masividad en la intervención? Porque PROCREAR es muy interesante pero es insuficiente porque no hay recursos.

LR: Nos encontramos en un momento histórico, se han construido más viviendas que nunca, y Procrear está dando respuestas a los sectores medios, postergados en décadas anteriores. Desde esta perspectiva, podría decirse que los programas han alcanzado cierto nivel de masividad. Ahora bien, nuevamente, la cuestión no termina en la cantidad de viviendas construidas, ni en la forma de financiamiento; se pueden construir millones de viviendas, se pueden otorgar miles de créditos, pero el tema central es siempre conseguir el suelo para el desarrollo de los programas. Los Federales se han realizado en la periferia porque allí se consiguieron grandes superficies de suelo a bajo precio; Procrear ha apostado a la población que ya contaba con terrenos, aportó los suyos, y se encuentra realizando convenios permanentes con los municipios y otros organismos del Estado para obtenerlos. Es decir, la mayor dificultad radica en la obtención de suelo urbano, y este último se encuentra sujeto a la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, considero que no se trata de pensar en soluciones masivas, sino de gestionar la ciudad a partir de la regulación del mercado del suelo.

En este marco, resulta crucial que los municipios comiencen a tomar un rol protagónico, su función hasta ahora se viene limitando a la modificación de códigos, la sanción de normas de excepción, modificaciones fiscales, disposición de suelo fiscal, y mediación entre beneficiarios y propietarios.

APU: Veo el problema de esta forma: existe una demanda relacionada con el hábitat (tener casa digna, mejorar la que se tiene, mejorar el barrio en el que se vive) y además está "fondeada", es decir que tiene un ingreso (sea formal o no). ¿No hay que canalizar ese ingreso hacia la construcción de vivienda?

LR: Es tarea del Estado garantizar un hábitat digno, las personas a lo largo de décadas han tenido que autoproducir no sólo su vivienda, sino también el tendido de las redes de infraestructuras. Concretamente, si una persona pudo comprar un lote a bajo precio, es porque el mismo no contaba con las infraestructuras necesarias, o porque se encontraba lejos de las áreas de centralidad. Por ese motivo, a mediano y largo plazo, la población más pobre es la que termina pagando mucho más caro por vivir donde vive: gasta más en transporte, los servicios e infraestructura no llegan; un grupo de vecinos “trae la luz”, otros llaman al pocero del barrio para obtener agua, otros llegan en bicicleta o caminando a hacer una cuadra de cola para conseguir una garrafa al menos una vez a la semana. Cuesta mucho más todo, en tiempo y en dinero cuando se vive en la periferia.

A partir de la contribución por mejoras o de la regularización de barrios pueden generarse algunas obras, pero no es justo ni posible realizar estas mejoras a partir del dinero que la gente obtiene de su fuerza de trabajo. No se trata de pensar en soluciones individuales, o a escala vecinal, sino nos quedamos en un “sálvese quien pueda”. La ciudad es una construcción social, una construcción colectiva, un sistema complejo, lo que sucede en un sitio influye otros, es justo entonces que los beneficios generados por la propia ciudad, por las intervenciones del Estado, sean redistribuidos de manera equitativa. Celebro algunas experiencias como las del municipio de Moreno, por poner un ejemplo: a partir de la organización comunitaria se ha logró el tendido de redes de gas, pero no en todos los ámbitos se logra este mismo tipo de articulación entre las organizaciones sociales, la población y el Estado. Lo que se debe garantizar desde este último es que la población se asiente en espacios bien localizados respecto a los servicios básicos, transporte, equipamientos colectivos, y empleo, entre otros.

Agencia Paco Urondo - 16 de enero de 2015