Hay que ver el largo camino que existe entre lo que se anuncia en las declaraciones de principios y la realidad. Ese largo recorrido es el que hay entre lo que dice el artículo 47 de la Constitución española y la cruel realidad. Dicho artículo expone, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos deberán facilitar los mecanismos necesarios para que tal derecho sea efectivo. A pesar de lo escrito en nuestra Carta Magna, adquirir una vivienda en España se ha convertido, para la mayoría de la población, en algo quimérico.

Por Teresa Galeote
Fuente: El Inconformista Digital

La demanda de vivienda a precios asequibles nada tiene que ver con la ola de construcción que azota a la geografía española. Cada vez se construyen más viviendas, pero a la vez se hace más difícil que puedan acceder a ellas grandes capas de la población: los que cuentan con salarios mínimos o bajos, aquellos o aquellas que van de trabajo precario al paro, o viceversa. Por si esto fuese poco, se añade la subida de los intereses hipotecarios; aumento que afectará a todos aquellos que hayan firmado sus hipotecas a partir del año 2003 y con interés variable; se estima que 99% de las hipotecas están firmadas con dicha fórmula. Se estima que, las revisiones de dicho préstamo, encarecerán las viviendas entre 300 y 700 euros al año. Una opción a la vivienda en propiedad podría ser la vivienda de alquiler, pero todos sabemos que también están por las nubes y, por ello, no queda otra opción que la compra, aunque haya que hipotecarse durante toda la vida. El precio de los alquileres ha quedado en manos del mercado libre sin que se haya establecido una alternativa por parte del Estado. Los tímidos esfuerzos sobre los alquileres públicos, que comenzaron a realizarse desde la Administración, han ido en acelerado retroceso hasta convertirse en algo exótico. No cabe ninguna duda de que la fiebre urbanizadora está unida a la fuerte especulación del suelo; las viviendas se convierten así en la inversión más ventajosa para aquellos que tienen dinero, aunque los que las necesitan no puedan acceder a ellas.

Diversas asociaciones ecologistas han denunciado la fuerte especulación del suelo que existe en nuestro país, y la agresión al medio Ambiente que dicha práctica conlleva. Hay diversos informes que avalan la denuncia; informes que hablan por sí solos. Desde 1990 al 2000 el suelo urbanizable en España aumentó en 170.384 hectáreas, perdiéndose a su vez 239.248 hectáreas de suelo forestal. La edificación de viviendas ha ido en aumento hasta llegar al año 2005; año en el que se batieron todos los récord con la construcción con 812.0000 viviendas. Lógico sería pensar que a mayor producción menor precio; al menos esa es una de las premisas del mercado, pero cuando la gran especulación está en marcha, la más elemental lógica queda enterrada bajo el cemento. Qué decir de la inflación; mientras los precios de las viviendas han subido una media de un 12%, los ingresos por salarios no han superado el 4%. Podemos comprobar que aquí no hay más razones que los grandes pelotazos urbanísticos.

La degradación del litoral mediterráneo y de las costas gallegas ha llegado a unos extremos escandalosos aumentando las edificaciones en 1.700 kilómetros de dichas costas. En el litoral gallego están previstas 600.000 viviendas más. Pero no sólo las costas son objeto de esa fiebre urbanizadora. Madrid, entre 1990 y 2000, superó la media nacional edificando el 50% del total de lo construido en todo el territorio nacional, pero no sólo eso; también se han destruido espacios protegidos como naturales. Dicha destrucción sigue siendo una amenaza si no lo impiden las leyes y los ciudadanos.

Esperemos que las protestas reiteradas sobre el derecho a la vivienda hayan sido oídas por el gobierno. Es cierto que la nueva Ley del suelo está en marcha y, al parecer, fijará máximos de revalorización del suelo rústico para impedir la especulación galopante que padecemos, además de exigir que el 25% de las viviendas construidas sean protegidas. Habrá que estar atentos porque una cosa es dictar leyes y otra cumplirlas; ya sabemos que se incumplen con demasiada facilidad.

De cualquier forma, la degradación realizada al Medio Ambiente ya no tiene remedio, pero habrá que impedir que se siga haciendo. Que seamos el país que, durante los últimos años, haya construido más viviendas que Francia, Alemania e Inglaterra juntas, es para pensar que algo huele a podrido, y no es en Dinamarca.