Suponer que es posible, en sólo una década de crecimiento, la recuperación del entramado productivo, de la infraestructura, de los oficios, de la capacidad de gestión estatal y de la confianza empresarial para impulsar inversiones con recupero en el largo plazo es desconocer la complejidad de la plataforma productiva y de las relaciones de fuerza involucradas.

Las políticas neoliberales dejaron pesados legados. Entre ellos, la desarticulación productiva y una mayor dependencia tecnológica externa; la exclusión social; una estructura de mercados con empresas concentradas y extranjerizadas con más poder para tratar de imponer intereses no necesariamente compatibles con las necesidades del desarrollo nacional; una deuda externa impagable hasta la renegociación de 2005 que implicó tener que desembolsar alrededor de 190.000 millones de dólares entre 2005 y 2014 (más de cinco veces las reservas actuales del Banco Central); una cultura empresarial, forjada a crisis recurrentes, cada vez más rentística y, por lo tanto, más tentada a fugar capitales que a involucrarse en planes de inversión productiva; un sistema comercial y financiero liberalizado mediante acuerdos internacionales, en detrimento de los requerimientos de la industria para crecer; y una capacidad de gestión pública degradada por la crónica inestabilidad, por una conducción alejada de la defensa del interés nacional, aliada a intereses particulares de grandes corporaciones, y por la pérdida de cuadros técnicos, como consecuencia del deterioro salarial y de la pobre proyección de crecimiento profesional en la administración pública.

Esas secuelas se contrapesaron con el cambio en la dirección política a favor de la recuperación productiva y de la inclusión social de los últimos doce años. También la mejora de los términos de intercambio y el crecimiento regional renovaron el panorama. Pero el cambio de las condiciones internacionales no sólo implicó que escalaran los precios de los recursos naturales, sino también que los bienes industriales se abarataran. La competencia con industrias que, como las de China, India y las de países del sudeste asiático, tienen escalas de producción mucho más altas, costos de mano de obra muy inferiores y una potente asistencia estatal al desarrollo industrial ha dificultado en gran medida el proceso de recuperación industrial.

Más allá del fuerte crecimiento registrado hasta 2011 y de las mejoras de productividad alcanzadas, Argentina sigue muy lejos de cerrar la brecha tecnológica con los países desarrollados. Acortar esa distancia requiere del diseño e implementación de muchas más políticas de estímulo a la industria, sobre todo de aquellas más sofisticadas que demandan recursos económicos y conocer en detalle las características particulares de cada cadena de valor. Eso precisa generar una fluida articulación entre el sector público y el privado. Ella debería permitir evaluar los niveles de competitividad de cada rubro específico de la producción, identificar sus principales atributos y cuellos de botella, conocer la trayectoria de las principales empresas de cada rama productiva para poder identificar dónde y cómo debe intervenir el Estado. Y, de esa forma, evitar que los poderosos de cada mercado se enriquezcan sin invertir, captando rentas a costa de quienes tienen menor poder.

En tanto, la recuperación de la fuerza de negociación de los trabajadores de los últimos años ha mejorado sus condiciones para reclamar una distribución más equitativa de la riqueza. Sin embargo, debemos ser conscientes del impacto que los intentos de mejoras distributivas pueden tener en una economía abierta y extranjerizada, casi en pleno empleo y muy dolarizada que debe sostener una paridad cambiaria estable para evitar mayores problemas inflacionarios, como la nuestra.

El análisis de ese impacto no puede omitir que el mayor problema de la economía nacional para volver a crecer y dinamizar la producción industrial es la escasez de divisas. La situación se agravó en el último año por la caída de los precios de los recursos naturales y la crisis en Brasil. Si bien, para evitar este cuello de botella, el gobierno nacional acudió recientemente a los mercados financieros internacionales y captó financiamiento por 2915 millones de dólares, el problema estructural persiste y sólo podrá ser superado a través de inversiones que doten de una mayor capacidad competitiva a la economía.

En este marco de escasez de divisas, los incrementos de ingresos de la población tienen efectos cruzados. Por un lado, provocan un mayor consumo interno y, en consecuencia, demandan más producción y pueden incentivar decisiones de inversión. El crecimiento de las ventas y la producción implica, en general, economías de escala que permiten bajar costos. Sin embargo, por otro lado, el avance del consumo también genera presión sobre las importaciones. Según el Centro de Estudios de la UIA, por cada punto que sube el PBI la importación crece entre 2500 y 3000 millones de dólares, debido a la mayor necesidad energética, de insumos, bienes de capital y repuestos no fabricados localmente y también de bienes finales y turismo en el exterior. A la vez, el crecimiento del consumo, bajo una inercia inflacionaria, les permite a las empresas convalidar aumentos de precios que deterioran la competitividad. En los sectores que no compiten con la importación o no pueden exportar (comercios, bancos, sector inmobiliario, transporte) el resultado de esta dinámica suele ser positivo. Venden más y pueden fijar mayores precios. Todo medido en dólares.

En cambio, en los rubros que compiten con la producción del exterior (campo e industria, básicamente), el efecto general no es tan claro. Crece la demanda interna, pero la pérdida de competitividad-precio deteriora su capacidad de exportación y los hace más dependientes de una administración comercial inteligente que evite que el crecimiento del mercado interno se ahogue con importaciones.

Además, también hay que considerar que los conglomerados productivos locales (nacionales y extranjeros), por lo general, realizan sus ganancias en dólares. En un escenario de restricciones para remitir ganancias al exterior e incertidumbre para adquirir insumos importados y tecnificarse, es probable que diversas empresas estén tendiendo a responder a los aumentos de demanda con subas de precios o inclusive contrayendo su nivel de actividad.

En una economía donde la participación en el PBI de los bienes manufacturados se achica, el proceso de mejoras salariales, medidas en dólares, irá perdiendo sustento, si no crece la industria que es el sector con más margen para aumentar su productividad de forma sistemática. Por eso, además de las políticas generales para sostener la actividad de los sectores industriales (administración comercial, tarifas energéticas subsidiadas, créditos blandos, fomento al desarrollo de parques industriales y esquemas de promoción del consumo de productos fabricados localmente), hacen falta más instrumentos específicos de fomento.

El panorama se complejiza más cuando apreciamos que Argentina tiene costos medios de mano de obra industrial mucho más elevados que en el resto de Latinoamérica. Respecto de los obreros en Brasil, según un informe del Departamento de Trabajo del gobierno de Estados Unidos, el costo local en 2012 era un 68,4 por ciento mayor y, en relación con los mexicanos, era tres veces más alto. Nuestro país también fue de los que más aumentó su costo laboral industrial. En 1997, el costo laboral por hora por era de 7,55 dólares y, en 2012, llegó a los 18,87 dólares con una remuneración promedio por todo concepto en el sector privado registrado de 1863 dólares. La suba fue del 150 por ciento, mientras que en Brasil mejoró 59 por ciento y en México, 83 por ciento.

En el fondo de esta cuestión está el proyecto de especialización productiva deseado para el país. Si buscamos ser proveedores de recursos naturales e insumos industriales de uso difundido o productos de poca diferenciación y servicios básicos, convendrá un mayor aprovechamiento de las capacidades físicas de los trabajadores y los salarios deberían ser un costo a reducir. Así fue después de la devaluación de 2002; los salarios industriales eran, en promedio, de 330 dólares y hasta 2004 se mantuvieron por debajo de los 500 dólares. Si, en cambio, pretendemos progresar como sociedad mediante la construcción de una matriz productiva más compleja, habrá que incentivar tanto el desarrollo de las aptitudes de los trabajadores para operar tecnologías progresivamente más sofisticadas como su potencial creativo. Para eso, debemos avanzar gradualmente en un sistema con mejores condiciones laborales que dinamicen el mercado interno y estén en sintonía con el nivel de desarrollo productivo que la economía vaya alcanzando. En ningún país con una industria desarrollada en sectores de tecnología de avanzada se pagan bajos salarios. No se hace por caridad; es porque se requieren trabajadores con ingresos suficientes para poder acceder a buenas condiciones de salud, educación, alimentación y esparcimiento, entre otras necesidades.

El proyecto de reindustrialización nacional de la última década eligió el segundo camino, aunque debe diseñar y aplicar planes integrales de políticas industriales en cada uno de los sectores para ordenar el proceso y ganar competitividad.

Es por este motivo que es crucial que la deuda que tome el país desde ahora, además de mitigar temporalmente la restricción externa, se oriente estratégicamente a mejorar las condiciones de infraestructura (energética y de transporte y logística, especialmente) y de capacidades de producción para hacer sustentable un nuevo sendero de crecimiento y ganar autonomía en términos tecnológicos y de proyección internacional. El endeudamiento no debe actuar como simple elemento compensador del equilibrio cambiario y de auxilio a los desequilibrios fiscales; debe ponerse al servicio de la transformación estructural de la economía. De esa forma, el país podría dar un salto cualitativo en su desarrollo industrial y alcanzar una mayor capacidad de repago de sus compromisos a través de la generación genuina de divisas, por un mayor superávit comercial.

* Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.

Suplemento CASH de Página/12 - 22 de junio de 2015