La pequeña empresa familiar funcionaba bien, con altos y bajos, sorteando incluso momentos difíciles como los de la época de Alfonsín y la hiperinflación. Era una época de transición entre el “supergas”, gas licuado envasado en tubos de 45 kilos, y el gas natural distribuido por redes. Para ambos casos se necesitaban instalaciones domiciliarias aprobadas por Gas del Estado, previa presentación de planos y una posterior inspección final realizada por un técnico o ingeniero de la empresa estatal. En mi época de estudiante, yo mismo ayudaba a mi padre, haciendo los planos durante las vacaciones, o ayudándolo en las obras, cortando caños galvanizados, haciendo roscas en los extremos con la terraja o instalando reguladores. Primero mi padre y varios años después mi hermano se habían matriculado con los cursos y manuales de Gas del Estado, luego de pasar por un riguroso examen.

Pero llegaron los ’90 y los predadores privatizadores cambiaron todo. Los buenos y conscientes inspectores fueron jubilados con anticipación o dejados cesantes y fueron reemplazados por jóvenes recién recibidos de las escuelas técnicas y sin ninguna experiencia. Los sueldos fueron más bajos y se priorizó la rentabilidad en detrimento de la seguridad.

Gas del Estado fue vendida a precio vil a Litoral Gas, la que hoy es controlada por la francesa Suez con algunos socios locales. Suez es la misma empresa que fue separada por el gobierno nacional de la gestión de aguas corrientes en el área metropolitana de Buenos Aires por no invertir prácticamente nada durante el menemato, tal como lo estipulaban los contratos.

Una de las maniobras que realizó Litoral Gas fue ofrecer a precio de dumping instalaciones domiciliarias para las que utilizaba a los jóvenes recién recibidos y subcontratados. La intención fue quedarse con todo el negocio del gas, sin tener en cuenta que llevaban a la quiebra a una gran cantidad de pymes y empresas familiares. De hecho, mi hermano abandonó la profesión.

Lo paradójico fue que mi padre pudo mantenerse por las falencias del mismo sistema ideado por Litoral Gas. Fue tal el desastre dejado por los jóvenes subcontratados en las instalaciones, donde las inspecciones se soslayaban o se hacían menos rigurosas, que los vecinos volvieron a recurrir a la experiencia de un matriculado de años para regularizar los trabajos mal hechos.

Yo me pregunto a la distancia, con mi padre ya fallecido y justo en el momento en que la televisión anuncia la identificación del cuerpo de Soledad Medina, la sobrina de mi hermano, ¿qué tanto de todo lo relatado pudo haber influido en la tragedia de Rosario? Todavía no podemos tener certezas hasta que no concluyan los peritajes técnicas. ¿Habrá sido una mala praxis del gasista al manipular la llave de paso o la concatenación de sucesos relacionados con el ahorro de las empresas para obtener más renta generó una cadena infernal de inseguridad que hizo que los técnicos de Litoral Gas no encontraran hasta más de dos horas de ocurrida la explosión una simple llave de la red subterránea en la zona? ¿Cuánto cuesta una válvula de corte para redes de media presión que pueda colocarse a distancias cortas, con sus correspondientes planos, para facilitar una rápida intervención en estas emergencias? Y más aún: ¿cuánto es el costo laboral de un empleado que atienda efectivamente el teléfono de emergencia y que no sea una simple e inhumana grabación que lleva a opciones que se pierden en la nada? ¿Quebrarán las privatizadas si ponen más atención en la seguridad de los habitantes que en las ganancias?

Nada podemos decir hasta que la investigación concluya.

Mientras tanto, la televisión y la radio siguen informando sobre el hallazgo de cadáveres y sobre el dolor y la desesperación de los familiares. Lo único positivo en todo esto es la tarea denodada y coordinada del Estado, en sus estamentos nacional, provincial y municipal, para rescatar los cuerpos y aliviar la angustia de las familias.

Pienso en tantas vidas jóvenes truncadas, en las nefastas privatizaciones y en los que aún dicen, como un candidato mediático muy en boga en estos días, que “hay que limitar el rol regulador del Estado”, y el dolor se va transformando, más que en bronca, en furia.

¡Cómo se atreve a decir la empresa que su responsabilidad termina en la vereda y que no capacitan ni examinan a los gasistas! Gas del Estado sí lo hacía. Las inspecciones periódicas intradomiciliarias deben ser obligatorias, como lo son en la mayoría de los países con grandes redes de gas. El gas acumulado en grandes edificios tiene un poder de destrucción tan grande como una bomba que se arroje desde aviones de la OTAN. A la vista está.

Puede ser que la empresa tenga razón cuando dice que su responsabilidad llega hasta el límite del edificio, ya que los contratos dulces que les acercaron las huestes privatizadoras de Menem y De la Rúa así lo dicen.

Esto significa que hay que reformularlos y juzgar a los funcionarios de esa nefasta época.

Puede ser que el gasista sea el culpable, pero seguro que la empresa ya está haciendo lobby en los tribunales y en los medios hegemónicos para gritar su supuesta inocencia, y para soslayar el hecho de que una sola vida que se perdió en la tragedia es mucho más importante que el costo de una o cien válvulas que hubiesen hecho más segura a la ciudad.

El Estado debe intervenir.

Página/12 - 12 de agosto de 2013