Los maltratos con secuelas físicas sufridas por un grupo de marinos hace poco más de un año en la base naval de Puerto Belgrano, y que fueron revelados por Clarín esta semana, han reavivado el debate sobre el actual Código de Justicia Militar, que data de 1951.

Natasha Niebieskikwiat.
Fuente: Clarín

El viernes, un día después de confirmar los abusos, que consideró "graves" y "aberrantes", el Ministerio de Defensa decidió presentarse como "denunciante" de los mismos ante la Justicia federal. Y puntualizó, comunicado mediante, su "compromiso jurídico internacional de reformar" el Código, que se ha "verificado contrario a los estándares internacionales del debido proceso y de los derechos amparados por la Constitución Nacional". El ministe rio agregó que "en el curso del presente año" presentará el proyecto de reforma del sistema ante el Congreso.

Las intenciones del Poder Ejecutivo ya son conocidas, aunque no se concretaron. En agosto pasado el entonces viceministro de Defensa, Jaime Garreta, había anunciado que "antes de octubre" de 2005 los proyectos de ley del nuevo sistema de Justicia militar, que reemplace al cuestionado Código, serían remitidos al Congreso para ser tratados ese mismo año. En los planes del Gobierno está incorporar figuras novedosas como el acoso y la discriminación, y eliminar otras como el calabozo y el confinamiento.

Los abusos revelados por Clarín el jueves también demuestran la manera oscura en la que se manejó todo el episodio.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario en base a documentos secretos, el 9 de diciembre de 2004, una decena de oficiales y suboficiales recién egresados de la Agrupación Anfibios de Infantería de Marina de la principal base de la Armada Argentina, sufrieron un duro "baile": una manteada y la obligación de sentarse en una zanja por la que corría agua termal hirviente, que dejó a cinco de ellos internados en el hospital naval de Puerto Belgrano, con quemaduras en piernas, glúteos y testículos.

Aunque Defensa aclaró el jueves último que un juez de instrucción militar investiga los maltratos desde pocos días de que ocurrieron, el episodio muestra grietas.

De acuerdo a la abogada especialista en Justicia militar Mirta Mántaras, estos episodios muestran rasgos de ser "delitos de tormento" y están tipificados en el Código Penal. Y desde que se hizo la reforma del Código de Justicia Militar, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, los delitos comunes cometidos en los cuarteles (tormentos, violaciones, asesinatos) deben ser juzgados por los jueces civiles; mientras que en el ámbito castrense quedan delitos como la desobediencia y la indisciplina.

Mántaras agregó que cuando se produce un hecho como el de Puerto Belgrano, los comandos están obligados a investigar y sancionar. No se trata de un "doble juzgamiento", aclaró. La Justicia civil juzga el delito, mientras que la sanción militar pretende "apartar rápidamente a quienes entorpecen la disciplina interna". Lo más grave, dijo, es que un "delito de acción pública" obliga a quienes tomaron conocimiento directo con el hecho a "denunciarlo inmediatamente al juez civil", en este caso la Justicia de Bahía Blanca. "Si no lo hicieran, caen en la figura de encubrimiento".

José Manuel Ugarte, profesor de la UBA, de las escuelas Superior de Gendarmería y Prefectura Naval y del Instituto Universitario de la Policía Federal, manifestó: "Ha llegado el momento de preguntarnos si no podemos tomar sistemas de derecho comparado como el francés o el alemán, particularmente el primero que, en tiempos de paz y dentro de su territorio, establece el juzgamiento de delitos militares por tribunales civiles especializados o bien, otros como el italiano que aseguran la real independencia de la Justicia militar respecto del mando".