Está previsto para hoy, en una ceremonia en Planalto, con la presencia del presidente Lula, ex preso político, y de varios ministros, la presentación del libro “Derecho a la memoria y a la verdad”, [Ver archivo adjutno](1) cuyas páginas retratan el perfil de los muertos y desaparecidos bajo la dictadura militar brasileña.

La obra es fruto de un cuidadoso trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, presidida por el abogado Marco Antonio Rodrigues Barbosa. Editada por la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, en esta gestión del ministro Paulo Vannuchi, es, con seguridad, el más importante documento histórico sobre los años de plomo, desde la publicación de “Brasil, nunca más”, escrita por dom Paulo Evaristo Arns, hoy cardenal emérito de Såo Paulo, y el reverendo Jaime Wright.

La diferencia entre ambas es que “Derecho a la memoria y a la verdad” es un documento oficial del gobierno, por lo cual significa un paso importante en el reconocimiento de la arbitrariedad prevaleciente en el régimen militar y en la apertura de los archivos de aquel período.

Ha querido la suerte, resultante de las oscilaciones coyunturales de nuestra política, que el proceso que culmina con la publicación del libro haya sido iniciado, en 1995, por Nelson Jobim, entonces ministro de Justicia del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Hoy Jobim es ministro de Defensa, máxima autoridad, con excepción del presidente de la República, de las fuerzas armadas, que insisten en no abrir sus archivos sobre la represión.

Hay que subrayar el mérito del gobierno de FHC, así como el del ex ministro José Gregori, al reconocer la responsabilidad del gobierno brasileño ante la cuestión de los muertos y desaparecidos, así como el empeño por indemnizar a las víctimas y a sus familias.

Ninguna víctima de la dictadura, por cuestión de fino sentido humanitario, encara esta iniciativa del gobierno de Lula desde la óptica de la venganza. No se trata de venganza sino de justicia. En la cárcel aprendí que el odio destruye ante todo a quien odia y no al odiado.

Pero la nación tiene derecho a rescatar su memoria y corregir aberraciones jurídicas como la “amnistía recíproca” del gobierno de Figueiredo. Es inútil querer impedir que las familias lloren a sus muertos y clamen por sus seres queridos desaparecidos. Y, a ejemplo de Chile y de Argentina, el principio elemental del Derecho exige que los crímenes, sobre todo los cometidos en nombre del Estado, sean investigados y sus responsables castigados, para que la impunidad no prevalezca sobre la ley ni se perpetúe como tributo histórico.

La memoria brasileña ha sufrido intentos de “apagamiento”, como cuando los conjurados mineiros son tildados de soplones (los que no merecen confianza o no son capaces de guardar secretos, léase delatores) y en episodios históricos como la Guerra del Paraguay, la masacre de Canudos y tantas otras rebeliones que jalonan nuestra independencia y forjaron nuestra identidad. No se puede admitir ahora que un período trágico de nuestra historia, como lo fue la dictadura militar, quede relegado al olvido con sus documentos desaparecidos, igual que muchas de sus víctimas.

Es meritorio que el gobierno de Lula haya revocado el carácter de “secreto eterno” de los documentos oficiales, tal como había sido decretado por el gobierno de FHC al establecer un plazo de treinta años, prorrogables por otros treinta, para que la sociedad tuviera acceso a ellos. Esperemos que también ese largo período sea revocado, para que las interpretaciones amañadas y/o equivocadas de nuestra historia no adquieran categoría de verdad en los libros didácticos ni en la opinión pública.

“Derecho a la memoria y a la verdad” se suma al creciente esfuerzo por sacar a la luz la realidad de los años de plomo. Aplausos para el cine nacional que en recientes producciones exhibe en las pantallas el carácter ponzoñoso del régimen militar, como “Zuzu Angel”, “Hércules 51”, “Cuando nuestros padres iban de fiesta”, “Bautismo de sangre”, “Acto de fe”, “Conspiración del silencio. Araguaia”, “Serra do Caparaó”, “Casi dos hermanos”, “Barra 68”, “Cabra ciega”, etc.

La Secretaría Especial de los Derechos Humanos -cuyo empeño en el combate a la explotación sexual de los niños y en la defensa de los derechos de los indocumentados y de los portadores de alguna deficiencia física merecería amplio espacio en la publicidad oficial- ostenta ahora el mérito de hacer justicia a la memoria nacional.

[b]Libro “Derecho a la memoria y a la verdad” en archivo adjunto[/b]

*Carlos Alberto Libanio Christo, "Frei Betto". Nació en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Ingresó a la orden de los dominicos a los 20 años. Además de periodismo estudió teología, filosofía y antropología. Sigue vinculado al convento de los dominicos de São Paulo, en el que conserva su celda. Participa en los retiros que promueve la orden y ejerce de alguna manera la actividad pastoral. Frei Beto formó parte durante dos años del gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva (como coordinador del "Programa Hambre Cero"). Abandonó el cargo a fines de 2004 por "falta de vocación" y por la "necesidad de recuperar su libertad intelectual".

Fuente: [color=336600]ALAI – 31.08.2007 / Traducción de J. L. Burguet[/color]