El conglomerado de lobbistas que busca obstaculizar la iniciativa es nutrido y muy poderoso. Lo integran los productores sojeros, arroceros, forestales y ganaderos, las empresas mineras, los desarrolladores inmobiliarios y varios gobiernos provinciales, de todos los colores políticos. El argumento principal de este grupo heterogéneo es, palabras más o menos, que una eventual Ley de Humedales les impedirá trabajar, producir y hacer dinero.

Algunos representantes de este grupo de presión tuvieron incluso expresiones públicas. La más altisonante fue la declaración del Senado de la provincia de Corrientes que, por impulso de un legislador del oficialismo, Noel Breard, y con la venia del gobernador Gustavo Valdés, aprobó una declaración para rechazar los nueve proyectos de ley que analiza la Cámara de Diputados de la Nación para proteger los humedales.

Esas iniciativas están en debate en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El punto más álgido de la discusión pasa, en esta instancia, por un detalle que podría parecer sencillo pero que encierra un océano de negociaciones, tironeos y cruces políticos: definir qué es un humedal. Hay proyectos con definiciones más restrictivas y otros que buscan establecer una definición ambiciosa, como el del presidente de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), que toma la consensuada durante el debate legislativo de 2016 y que tiene el acuerdo de la comunidad científica.

Dice así: “Se entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.

^{Diputado Leo Grosso, al frente del debate.}

Siguiendo esa definición, la bióloga e investigadora Patricia Kandus, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), estimó que los humedales son el 21 por ciento del territorio nacional. Y como los proyectos de ley apuntan a preservarlos, restaurarlos y conservarlos, quienes se oponen denuncian que en esa porción enorme de tierras ya no se podrá producir. La Asociación de Entidades Productivas de Corrientes lo plasmó en un comunicado. Dijo que los proyectos tienen “una mirada sesgada” porque “se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades” y porque además “encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos”.

Pero Corrientes no es la única provincia en pie de guerra contra la ley. En San Juan, un distrito que se puede definir como minero y como peronista en partes iguales, ya le avisaron a Grosso y al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que no votarán la iniciativa. En Entre Ríos el gobernador del Frente de Todos Gustavo Bordet mantiene una pelea sorda con Cabandié, quien tras meses de pedírselo en privado terminó reclamándole públicamente que entregue a su Ministerio el listado de los dueños de campos que incendiaron sus tierras para prepararlas para la ganadería. “Necesitamos más colaboración. La provincia de Entre Ríos tiene que entregar los catastros, no sabemos quiénes son los dueños de las tierras que queman”, pidió el ministro hace diez días. Bordet se enojó pero aún no entregó la información. Los intereses en contra de las regulaciones ambientales saltan la grieta.

^{Gobernador Bordet. ¿Quién incendia campos en Entre Ríos?}

En las filas de Juntos por el Cambio también hay señalados por el fuego. El diputado provincial Juan Passaglia, hermano del intendente macrista de San Nicolás, es dueño de 877 hectáreas dedicadas a la ganadería en el Delta del Paraná, adonde los incendios intencionales generaron preocupación y una densa cortina de humo que subió hasta Rosario y bajó hasta la Ciudad de Buenos Aires. Según el portal nicoleño NOBA, esa información consta en su declaración jurada.

De aprobarse la Ley de Humedales, quienes hoy producen en esas tierras deberán modificar algunas de sus formas de trabajo e invertir en estudios ambientales e hidráulicos, además de (en algunos casos de producción ganadera) reducir la escala o pagar la restauración de las áreas que afecten. Quienes utilizan el fuego como herramienta para preparar sus campos y afectan así a los humedales deberán dejar de hacerlo o enfrentarán la posibilidad de terminar en la cárcel. El proyecto de Grosso establece penas de cinco a diez años y multas para quienes incendien intencionalmente un área protegida.

De aprobarse, la ley aumentará la presión sobre el Poder Judicial, que ante los incendios intencionales no hace más que remolonear. En Córdoba fue esporádica la actuación de la Justicia en las 208 veces que, en los últimos cuatro años, se quemaron las dos mismas estancias de la familia Becerra en la reserva hídrica de Pampa de Achala, pegadita al Parque Nacional Quebrada del Condorito en traslasierra. Doscientos ocho incendios intencionales en cuatro años. El número es así de preciso no porque algún fiscal haya investigado, sino porque el intendente del Parque Nacional, Germán Jaacks, contó y anotó cada uno de los incendios entre 2015 y 2019. Apagar sólo uno de esos fuegos le demandó más de dos millones de pesos a la provincia de Córdoba, calculó Jaacks, que monitorea el tema de cerca porque cuando las llamas exceden a los campos y llegan al Parque Nacional pueden provocar daños irreparables.

No en todas las provincias el Poder Judicial actúa tan somnoliento. El Juzgado Federal 2 de Paraná imputó en las últimas semanas al empresario Rufino Pablo Baggio (de la empresa de los jugos homónimos) por los incendios en el Delta de este año. Junto a él, otros veinte hombres y mujeres de negocios están siendo investigados por incendio intencional y entorpecimiento del transporte, ya que el humo obligó a cerrar caminos y puentes, como el que une Rosario y Victoria.

Pero los incendios no son el único maltrato que sufren los humedales. Los desarrollos inmobiliarios en esos ambientes suelen rellenar áreas, modificar cursos de agua e inundar zonas afectando el entorno para siempre. Es lo que sucedió con el emprendimiento inmobiliario del que participó el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su Villa Paranacito natal. El Barrio Náutico Sagastume, lanzado en 2010 y construido sobre un bañado, colecta maldiciones y reclamos de los vecinos hasta hoy. Cerca del ex ministro aseguran que Frigerio no tiene ya ningún interés ni en el barrio ni en el trámite de la Ley de Humedales.

Las quejas y denuncias por emprendimientos inmobiliarios similares se multiplican. En 2010, mientras Frigerio lanzaba el Barrio Náutico de Villa Paranacito, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado frenó en el Tigre que gobernaba Sergio Massa el desarrollo urbano Colony Park que había sido lanzado dos años antes. Por esa iniciativa fueron procesados y embargados los hermanos Schwartz, acusados de “estrago”. Para levantar el barrio, que promocionaban como el primero cerrado en una isla del Delta del Tigre, hicieron rellenos de siete metros de altura, desviaron y cerraron cursos de agua, desalojaron a familias que habitaban la zona y modificaron la profundidad de las aguas del área para que yates privados puedan arribar al frustrado barrio. Hoy se multiplican las notas periodísticas sobre el “boliche a cielo abierto” en que se transformó el sector, con yates que llegan y amarran pegados unos a otros, con bebidas, música fuerte y chicos y chicas tomando sol.

Otros barrios construidos sobre humedales tuvieron mejor suerte. Nordelta e Islas del Este en Tigre y Puertos del Lago, El Naudir y El Cantón en Escobar son algunos de los que ya están establecidos.

Una de las primeras batallas de este lobby en contra de la Ley de Humedales fue intentar que la comisión cabecera del proyecto (es decir, el cuerpo que va a conducir el debate sobre el tema) sea la comisión de Agricultura. Es decir, convertir al intento de regular la actividad en esas áreas a un tema esencialmente productivo y en un problema más vinculado al desarrollo agroganadero que a otra cuestión. No prosperó. El debate lo conducirá la comisión de Recursos Naturales. Fue un pequeño primer paso para encauzar la discusión en el Congreso después de que el lobby triunfara en los debates de 2013 y 2016, logrando frenar la ley. Todavía falta mucho para que la tercera sea la vencida.

^{El Cohete a la Luna - 6 de septiembre de 2020}