En un contexto caracterizado por las persistentes medidas antiobreras, represivas y antipopulares de la dictadura cívico militar de Juan Carlos Onganía y las políticas económicas liberal-conservadoras de su Ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, las dos centrales sindicales en las que por entonces se encontraba dividido el movimiento obrero (CGT Azopardo y CGT de los Argentinos) anunciaron un paro conjunto para el día 30 de mayo. 

El restablecimiento de las negociaciones colectivas y los mecanismos de actualización salarial que el gobierno había suspendido en 1967, pese a la feroz devaluación de la moneda nacional y la apertura indiscriminada a las importaciones, eran algunas de las consignas centrales de la medida de fuerza.

Los sindicatos cordobeses no sólo ratificaron el paro nacional, sino que decidieron adelantarlo al día 29 de forma tal de que éste fuese de 48 horas. Una medida que tenía enorme trascendencia en una ciudad que por entonces era el centro de la industria automotriz y metalmecánica nacional, con 150 mil obreros sindicalizados, en la que se sumaba la resistencia a la eliminación del denominado “sábado inglés” y la reducción del 11% en los salarios.

La inmensa mayoría de las organizaciones estudiantiles cordobesas, en Asamblea Permanente, adhirieron rápidamente a la medida contra un gobierno que venía avanzando con medidas intervencionistas que buscaban socavar la autonomía, el cogobierno universitario y otros principios reformistas. Una política que incluía la represión de actividades culturales e intelectuales y censura de libros, que había alcanzado su pináculo con la “Noche de los Bastones Largos” en 1966. 

De esta forma, la convergencia obrero-estudiantil, que ya había comenzado a gestarse en la Reforma Universitaria de 1918 con el apoyo de los sindicatos nucleados en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA)  a los estudiantes cordobeses, y que había sido uno de los símbolos del “Mayo Francés” de 1968, se materializaría, una vez más, en la ciudad Docta durante las históricas jornadas del 29 y 30 de mayo de 1969.

Desde temprano, varias columnas se movilizaron hacia el centro de la ciudad mediterránea. Entre las más importantes, las conducidas por los peronistas Elpidio Torres (SMATA) y Atilio López (UTA), y por el dirigente clasista Agustín Tosco (Luz y Fuerza). Esta última columna recibió popularmente el nombre de “la columna obrero-estudiantil de Tosco”.

Cuando los máximos dirigentes sindicales fueron apresados para ser sometidos a un Consejo de Guerra, los estudiantes, con el apoyo inestimable de los vecinos del Barrio Clínicas, se erigieron en la última trinchera de un movimiento que había adquirido ya status de rebelión popular.

Tras el repliegue de la policía provincial, la ciudad quedó por varias horas en manos de los 40 mil obreros y estudiantes, hasta que el gobierno nacional declaró el estado de sitio y dispuso la intervención del III Cuerpo del Ejército.

Se calcula que la represión arrojó el trágico saldo de 30 muertos y centenares de heridos.  Las primeras víctimas de la represión, el obrero mecánico Máximo Mena y el estudiante de Arquitectura Raúl Castillo, se convertirían en mártires y símbolos de la convergencia obrero-estudiantil.  

Los acontecimientos del Cordobazo conmocionaron el país. En el plano político, las consecuencias más concretas fueron las renuncias del conservador gobernador Caballero y Krieger Vasena, y la restitución de las negociaciones colectivas. 

La reconstitución de la FUA en 1970 con los principales protagonistas del Cordobazo fue una de las consecuencias más palpables en lo que respecta al movimiento estudiantil.

Pero más importante aún, con el Cordobazo se abría una etapa de movilización popular y participación activa que comenzó a resquebrajar la imagen de orden que buscaba proyectar el régimen, y que instaló en decenas de miles de trabajadores y estudiantes el sueño de que la revolución ya no sólo era deseable sino también posible. Un sueño que sería brutalmente combatido por el terrorismo de Estado durante la década siguiente, con el trágico saldo de 30.000 desaparecidos.

A 49 años de esas jornadas históricas, el legado de unidad y solidaridad popular frente a las injusticias sociales sigue vigente.

Suplemento UNIVERSIDAD de Página/12 - 24 de mayo de 2018