Hay una creciente preocupación pública por los costos sociales que impone la evasión impositiva en las sociedades de todo el mundo. Los paraísos fiscales offshore son una parte central de este problema: trasladan la carga fiscal de los sectores más ricos a los más pobres y hacen que los gobiernos recurran a formas impositivas más regresivas. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) advierte sobre una crisis impositiva mundial inminente debido a la competencia fiscal y al papel que cumplen los paraísos fiscales en cuanto a ocultar los ingresos y las ganancias a las autoridades fiscales.

Los paraísos fiscales offshore –conocidos ahora por el término más refinado de “centros financieros offshore”- son parte intrínseca del sistema financiero mundial. Hay más de setenta centros financieros offshore en lugares tales como las Islas Caimán, las Bahamas, Barbados, Jersey y la Isla de Man, Mónaco, Chipre, Luxemburgo, Macao y una serie de islas del Pacífico Sur. La mayoría –aunque no todos- son pequeños estados insulares. Algunas instalaciones bancarias en esos paraísos fiscales son poco más que una computadora y un armario, pero la mayoría son filiales de bancos conocidos con sede en Londres, Zurich, Nueva York y Toronto.

Los centros financieros offshore prácticamente no aplican impuestos a los ingresos o la propiedad, y establecen normas mínimas con relación a permisos y registro. Las instituciones y empresas financieras pueden hacer sus negocios sin necesidad de tener una presencia física en esas jurisdicciones. Y lo que es más importante, garantizan el anonimato de manera que sus clientes pueden eludir el escrutinio de las autoridades y reguladores fiscales de sus países de residencia.

Estas características han llevado a empresas e individuos poderosos a trasladar sus activos a centros offshore. A principios de la década del noventa, el Banco de Pagos Internacionales estimaba que el total del capital en efectivo offshore quintuplicaba la suma existente en los bancos centrales del mundo. En su Informe de la Riqueza Mundial, Merrill Lynch estimaba que un tercio de la riqueza de los individuos más ricos del mundo, equivalente a once billones de dólares, estaba en centros offshore. Del cincuenta al sesenta por ciento del comercio mundial se hace a través de los centros financieros offshore y se estima que la mitad de las existencias monetarias mundiales pasan, en algún momento, a través de dichos centros.

Para las empresas multinacionales, los centros financieros offshore brindan la oportunidad de “blanquear las ganancias”, realizando transacciones que asignan ganancias y pérdidas en el papel en los lugares donde puedan minimizarse los impuestos. Con frecuencia el blanqueo de las ganancias se hace a través de compañías “fantasmas” offshore que no tienen otra función que tener los activos de la empresa.

Para ocultar las ganancias, una empresa podría transferir la propiedad de sus patentes, derechos de autor y reproducción u otros intangibles a compañías fantasmas offshore y recaudar sus regalías en una jurisdicción con impuestos bajos. A principios de este año se calculó que la compañía farmacéutica Merck tenía, en Estados Unidos, 2.300 millones de dólares por concepto de impuestos no pagados por transferir sus patentes de medicamentos a una compañía fantasma en Bermuda y luego deducir de sus impuestos las regalías que se pagó a sí misma. Las compañías de alta tecnología, tales como Microsoft, tienen estrategias similares.

Las compañías fantasmas también pueden ser utilizadas para esconder deudas del pasivo a reguladores y accionistas. Antes de que quedara al descubierto un fraude espectacular, Enron había creado una red de 3.500 compañías fantasma, seiscientas de las cuales estaban registradas en las Islas Caimán.

Uno de los métodos más comunes de ocultar los ingresos y ganancias de las empresas es a través de la transferencia de precios falsificados. Actualmente, la mitad del comercio mundial se realiza dentro de las compañías multinacionales, entre afiliados de la misma empresa matriz. Gran parte del comercio entre compañías matrices y filiales se hace con precios falsos, de manera que las empresas pueden fijar las pérdidas y ganancias a su gusto.

Una compañía podría, por ejemplo, vender un artículo de exportación a una filial offshore a un precio muy reducido; la filial vende luego el producto al precio del mercado y las ganancias permanecen en el centro offshore. La filial offshore podría, a su vez, importar un artículo al precio real del mercado pero venderlo a la empresa matriz a un precio muy inflado de manera que la empresa tenga un gran costo para deducir. Entre los bienes de exportación con precios falseados, descubiertos en un reciente estudio estadounidense, están los buldozers, con un precio de 527,94 dólares cada uno, y carretillas elevadoras con un precio de 384,14 dólares la unidad.

Entre los productos importados con precios falsos figuran linternas de Japón a 5.000 dólares cada una y cepillos de dientes de Gran Bretaña a 5.655 dólares cada uno. El estudio concluía que la falsificación de precios provocaba una pérdida fiscal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 53.100 millones de dólares tan solo en 2001.

Un experto estadounidense en evasión fiscal calcula que el porcentaje de los ingresos fiscales de las empresas ha disminuido en el país desde la década del sesenta aproximadamente de treinta a ocho por ciento, en gran medida debido al traslado de los ingresos hacia paraísos fiscales offshore. En un estudio reciente de las 250 mayores empresas estadounidenses, un tercio no pagó impuestos sobre sus ingresos entre 2001 y 2003, a pesar de haber registrado ante sus accionistas ganancias generales de 1,1 billones de dólares en el mismo periodo. Raymond Baker, autor de Capitalism’s Achilles Heel (El talón de Aquiles del capitalismo), estima que las compañías multinacionales son responsables de una pérdida mundial de impuestos de un mínimo de 200.000 millones de dólares anuales a través de compañías fantasmas y de la transferencia de precios falsificados.

Los individuos ricos también evaden sus obligaciones fiscales manteniendo sus activos offshore. Las instituciones financieras basadas en los centros financieros offshore han alentado agresivamente el traslado de los activos a cuentas y fondos offshore. El informe de 2006 de un subcomité del Senado de Estados Unidos concluía que los estadounidenses ricos evaden el pago de 40.000 millones a 70.000 millones de dólares de impuestos por año mediante la colocación de sus activos offshore. La Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) del Reino Unido calculó que si se aplicara el treinta por ciento de impuestos a la ganancia sobre los once billones de dólares de activos individuales colocados ahora en centros financieros offshore, se obtendrían 255.000 millones de dólares por concepto de ingresos fiscales en todo el mundo.

Si la evasión fiscal es motivo de preocupación en los países del Norte, la situación que enfrentan las economías en transición y los países en desarrollo es aún más grave. Los centros financieros offshore han permitido una fuga masiva ilícita de capitales de economías en transición tales como Rusia y China, así como de países en desarrollo. Raymond Baker estima que la falsificación de precios sola desplaza anualmente como mínimo 280.000 millones de dólares de las economías en transición y en desarrollo.

Rusia parece haber sufrido el mayor robo de recursos en el menor tiempo, una cifra estimada entre 200.000 millones y 500.000 millones de dólares de 1989 a 2004. Stephen Cohen describió la desintegración de la Rusia poscomunista como “la demodernización sin precedentes de un país del siglo XX”. Cuando se privatizaron las empresas estatales, la orgía de saqueos fue apoyada por las empresas y las instituciones financieras occidentales y el botín ingresó a los bancos occidentales. En efecto, la fuga de capitales financia una parte importante del déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos.
El Fondo Monetario Internacional estimó que las fugas ilegales de China fueron de 127.000 millones de dólares entre 1992 y 2001, un cálculo que probablemente sea la mitad de la cifra real. Raymond Baker señala que la mitad de la inversión extranjera directa (IED) en China es en realidad dinero chino que salió del país ilegalmente, disfrazado como compañía extranjera, y que regresó a China como empresa mixta, o joint venture, con una empresa socia extranjera. Casi el cuarenta y cinco por ciento de la IED en China se origina en compañías fantasmas basadas en las Islas Caimán, Hong Kong y las Islas Vírgenes británicas, que aseguran la salida del país de regalías, tarifas y dividendos.
Lo países en desarrollo a menudo tienen sistemas administrativos débiles y carecen de capacidad para rastrear las complejas maniobras financieras de las empresas multinacionales. En un informe de junio de 2000, Oxfam (Reino Unido) estimaba que los centros financieros offshore contribuyeron a la pérdida de 50.000 millones de dólares anuales por concepto de impuestos en países en desarrollo, equivalentes aproximadamente a los ingresos anuales por concepto de ayuda. Esta cifra seguramente es conservadora ya que no tomó en cuenta la evasión fiscal directa, la transferencia de precios falsificados o la declaración de ganancias de las empresas por debajo de la cifra real.

La Unión Africana informó que cada año salen ilegalmente como mínimo 148.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales tienen como destino cuentas offshore. Se calcula que la transferencia de precios falsificados por parte de las transnacionales cuesta a África anualmente de 10.000 millones a 11.000 millones de dólares. Algunas estimaciones sugieren que las elites políticas africanas tienen entre 700.000 y 800.000 millones de dólares fuera del continente en cuentas offshore.

Los dirigentes corruptos de algunos países en desarrollo se han embolsado suculentos patrimonios de sus tesoros nacionales. El dictador indonesio Suharto saqueó a su país durante varios años y envió cerca de 35.000 millones de dólares a las Islas Caimán, Panamá, las Bahamas, las Islas Cook, Vanuatu y Samoa Occidental. El Citibank ayudó a Raúl Salinas, hermano del ex presidente de México Carlos Salinas, a crear enormes trust y compañías de negocios internacionales anónimas y cuentas secretas offshore para esconder la fortuna que había robado.

El Banco Riggs de Washington creó empresas fantasmas y cuentas anónimas offshore para el ex dictador chileno Augusto Pinochet. En su documentación “Conozca a su cliente”, Riggs describió a Pinochet como “un profesional retirado que obtuvo grandes éxitos en su carrera y que durante su vida acumuló una fortuna para retirarse de una manera ordenada”.
Algunos de los países más pobres de África también han sido saqueados.
Sani Abacha, dictador de Nigeria entre 1993 y 1998, saqueó el tesoro del país y envió miles de millones de dólares a cuentas secretas en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Londres. Mobutu Sese Seko, de Zaire, y el emperador Bocaza, de la República Centroafricana, asolaron a sus países hasta el punto de dejarlos en situación de hambruna.
No sería una exageración decir que la fuga ilegal de capitales y los robos a los tesoros de los países pobres han provocado la muerte de miles, tal vez decenas de miles de personas vulnerables, en tanto se desmantelaron los servicios de salud y se derrumbó la infraestructura pública básica.
Todo ese pillaje se hizo a través de la infraestructura confidencial de los centros financieros offshore y fue facilitado por contadores, abogados y banqueros bien remunerados. Sin embargo solo los cleptócratas quedan en el centro de la atención pública, y no las personas y las instituciones que permiten esos robos.

¿Qué hacer?

Los gobiernos de todo el mundo son muy conscientes de los costos que impone el sistema financiero offshore a las sociedades, y hay una serie de iniciativas para hacer frente al problema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desempeña un papel preponderante en el abordaje de estas cuestiones y varios organismos intergubernamentales están trabajando para compartir información y controlar abusos del sistema financiero.

Pero a medida que los mercados de capitales se globalizan, las estrategias nacionales en materia de política fiscal y recaudación de ingresos resultan cada vez más difíciles de aplicar y a menudo son ineficaces. En última instancia, las soluciones a estos problemas deben ser multilaterales. La Red de Justicia Fiscal, Oxfam y otras organizaciones de la sociedad civil han propuesto una serie de medidas, entre ellas: Poner fin al secreto. Es necesario diferenciar lo que son los derechos de privacidad de los ciudadanos del secreto financiero. El secreto es el motor de la economía offshore. Son las leyes del secreto las que permitieron a los bancos suizos esconder el botín nazi durante cincuenta años. Si se quiere avanzar en el combate a la corrupción y al blanqueo de dinero y en lograr una fiscalización justa, se les debe exigir a los bancos y a las instituciones financieras que revelen los ingresos de todas las fuentes que pagan a ciudadanos de otros países, brindando la información necesaria como para identificar a las personas que perciben esos ingresos. Esta información debe ser intercambiada regularmente entre los países para asegurar que los ingresos paguen los impuestos debidos.

Brindar apoyo a las economías pequeñas y vulnerables que se han establecido como paraísos fiscales. Muchas de las pequeñas jurisdicciones que se han establecido como paraísos fiscales tienen escasas opciones económicas y necesitan ayuda para diversificar sus economías.

Criterio impositivo unitario para las empresas. La competencia y la contradicción de las diversas normas impositivas nacionales aplicadas a empresas que operan en múltiples países constituyen un problema crítico. Es necesario emprender un proceso multilateral para crear un conjunto de principios comunes que definan la base fiscal y una fórmula apropiada de asignación de ganancias para las empresas multinacionales. Seguramente será difícil lograr un consenso internacional acerca de este criterio. Sin embargo, sin un conjunto de normas y principios comunes, las empresas multinacionales continuarán escapando a sus obligaciones para con la sociedad.

Penalizar a quienes participan del blanqueo de dinero y de la evasión fiscal. El blanqueo de dinero y los robos a los tesoros nacionales son posibles por la intervención de contadores, abogados y banqueros. Muy pocos entre ellos han enfrentado alguna vez cargos por participar del blanqueo de los dividendos de delitos cometidos en otros países. Servir intencionalmente al dinero producto de delitos debería constituir un delito, no importa dónde se haya cometido el acto. Los ejecutivos de las empresas, así como sus contadores y abogados, deberían ser pasibles de procesamientos penales por evasión fiscal.

Una Autoridad Fiscal Mundial. Establecer un organismo que haga un seguimiento de los movimientos fiscales mundiales, abrir un foro de discusión sobre cuestiones internacionales vinculadas con las políticas impositivas, abordar el tema de la competencia fiscal, crear códigos de conducta y mejores prácticas y promover sistemas fiscales fundados en el interés público.

Establecer un Convenio Internacional sobre la Recuperación de la Riqueza Robada. Gran parte de la riqueza que ha sido sustraída ilegalmente de los tesoros nacionales nunca se ha recuperado y se ha convertido en deuda pública. Un convenio internacional ayudaría a impugnar las leyes del secreto que impiden su recuperación y a repatriar esa riqueza a los países a los cuales pertenece.

Las consecuencias económicas y sociales que impone la evasión fiscal a las sociedades en todo el mundo han alcanzado un punto crucial. Es urgente que se abra un debate público democrático sobre estos temas.

Varios grupos de la sociedad civil insisten en que la cuestión de los impuestos debe integrarse a las discusiones actuales sobre justicia social y responsabilidad social de las empresas. Los impuestos no son un costo comercial. Por el contrario, los impuestos son el precio de vivir en una sociedad democrática. Los impuestos son una base fundamental de sociedades equitativas ya que pagan los bienes y servicios públicos que nos benefician a todos y todas.

*Peter Gillespie trabaja en InterPares, una organización internacional de justicia social con sede en Ottawa, Canadá.

Fuente: Red Tercer Mundo - 30.07.2007