La Constitución Nacional encarga su sanción al Congreso Nacional; pero no de cualquier Presupuesto, sino de uno que se base en el programa general de gobierno y en el plan de inversiones públicas que elabora el Poder Ejecutivo (art. 75, inc. 8); la oposición no puede alterar esos principios fundamentales. En consecuencia, los presupuestos anuales cuantifican las decisiones de fondo que frente a cada tema adoptan los programas de gobierno; por eso, adquieren su mismo tinte progresivo o reaccionario. El actual presupuesto se ajusta a los principios básicos del gobierno. Tres de ellos son: soberanía y unidad nacional, crecimiento económico e inclusión social.

Soberanía y unidad nacional. Para consolidar la soberanía y la unidad nacional, el Presupuesto financia políticas de desendeudamiento (de la Nación y de las provincias), de acumulación de reservas, de obras públicas y de transferencias de recursos a las Provincias.

Está en aplicación plena la política de desendeudamiento. Así, el porcentaje de la deuda pública bruta en relación al producto interno bruto (PIB) disminuyó del 166% en 2002, al 41% en 2011 (en Brasil es de 66%; en Estados Unidos del 103%; en Alemania del 81% y en Japón del 230%). Es de notar que algo más de la mitad de la deuda pública del sector nacional no financiero está en manos de otras agencias del sector público, con lo que la deuda pública consolidada a fines de 2011 era de solamente 19% del PIB. Si se considera la relación de la deuda pública externa con respecto al PIB, se redujo del 65% en 2002, al 14% en 2011. Esta tendencia continúa en el presente presupuesto.

En cuanto al desendeudamiento interno, el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas reduce las deudas de las Provincias aplicando fondos disponibles del Fondo de Aportes al Tesoro Nacional; además, reprograma la deuda provincial. La acumulación de reservas otorga margen de maniobra político, económico y financiero; por ejemplo, el Fondo de Desendeudamiento Argentino, formado con reservas del Banco Central, permite cancelar compromisos externos.

En el plano del fortalecimiento de la unidad nacional, el Plan de Obras Públicas, en especial el vial, el de energía y el de transportes, afianza la integración nacional. A su vez, las importantes transferencias a las Provincias permiten un mayor crecimiento, inclusión social e intercomunicación.

Impulso de crecimiento. El Gobierno reitera una política económica que promueve el desarrollo. Frente a la crisis internacional, la Argentina no aplicó planes de ajuste del tipo de los recomendados por el Fondo Monetario Internacional; por el contrario, enfrentó la crisis con la expansión de la inversión pública y del gasto social, que se nutren del Presupuesto. Al mismo tiempo, se mantiene la solvencia de las cuentas del Estado y externas, con equilibrio fiscal y excedente comercial; y se administra un tipo de cambio compatible con el desarrollo de las fuerzas productivas.

Este presupuesto cumple con dos requerimientos: primero, por el lado de los ingresos, hace a la carga fiscal más justa y progresiva; y segundo, dispone que los gastos tengan como prioridad el financiamiento del modelo de desarrollo con inclusión social.

Del total de gastos corrientes y de capital, el 63% es para servicios sociales y el 16% para servicios económicos (sobre todo energía y transportes). El 75% de la inversión real directa, consiste en proyectos de inversión (sobre todo viales); y el 25% se aplica a la adquisición de bienes de uso durables (por ejemplo, la compra de netbooks para el programa Conectar Igualdad).

De las transferencias corrientes (que son de 161.000 millones de pesos), la mitad va al sector privado (familias y empresas) y la mitad al sector público (Universidades, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios y gobiernos provinciales). Las transferencias de capital son de 49.000 millones de pesos; la mitad de ellas, la reciben los gobiernos provinciales.

Intensificación de la política de inclusión social. Para acelerar el proceso de inclusión social, se incorporaron a 2,4 millones de jubilados que carecían de los aportes necesarios; y se dictó la ley de movilidad jubilatoria, por la cual se conceden dos aumentos anuales a todos los jubilados. La tasa de cobertura de la seguridad social llegó al 96% (en 2003 era del 65%).

Los salarios reales aumentaron con el mecanismo de los convenios colectivos de trabajo (en 2011 fueron 1.864, y en 2003, sólo se realizaron 198). Continuaron los planes sociales (Asignación Universal por Hijo, Argentina Trabaja, Seguridad Alimentaria, de Familias, de Inclusión Previsional, etc.).

Como resultado de estas políticas, la participación de los asalariados en el ingreso, en 2012 llegó al 48% del ingreso total (en 2002 era del 34%). Además, en 2003 el 10% más rico de la población ganaba 16 veces más que el 10% más pobre; a fines de 2011 esa diferencia se redujo a 8 veces.

Sistema fiscal. El sistema fiscal muestra dos rasgos definitorios. El primero es el aumento de la presión tributaria, que en la Argentina se elevó del 20% del PIB en 2002 al 35% en 2011 (ese 35% se compone de 30% de impuestos nacionales y 5% provinciales). La carga fiscal como porcentaje del PIB es del 20% en México, 27% en Grecia, 35% en Alemania, 44% en Francia, 51% en Suecia; el promedio de la Unión Europea es del 40%. La capacidad para cobrar impuestos es un rasgo distintivo de los países desarrollados (“el impuesto es el precio de la civilización”, como se dice).

El segundo rasgo de la actual fiscalidad argentina es el aumento de la progresividad, ya que la participación de los impuestos directos o progresivos en la recaudación total pasó de 18% a 38%; fue el resultado de la mayor gravitación de los impuestos a las ganancias, al comercio exterior y a los créditos y débitos bancarios. El porcentaje actual de los impuestos dentro de la recaudación total es el siguiente: IVA: 27,6%. Seguridad Social: 25,8. Ganancias: 19,7. Comercio exterior: 12,3. Créditos y débitos bancarios: 6,5. Combustibles: 3,6. Impuestos internos: 1,9. Otros: 2,6.

Resultados de los dos modelos. El arco opositor criticó con dureza al proyecto de presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados; pero en el fondo pretendía juzgar a un modelo económico, del cual el presupuesto es el instrumento que establece los ingresos y gastos anuales.

Para llegar al fondo del problema y superar las disputas sobre las formas, es bueno aplicar parámetros objetivos que comparen los dos modelos en pugna: el de renta y financiero que –con intervalos– rigió entre 1976 y 2002, frente al de desarrollo con inclusión social que se aplica desde 2003.

Los resultados son contundentes: en 2002, el PIB por habitante era inferior al de 1976 en 800 dólares; en ese lapso se redujo de 8.000 dólares a 7.200 dólares, con una tasa anual promedio de decrecimiento de -0,4%, durante 26 años. En cambio, entre 2002 y 2011 el PIB por habitante aumentó de 7.200 a 13.000 dólares; es decir, era 5.800 dólares superior. Así, el PIB por habitante creció 80% en 9 años, con una tasa anual de 6,8% (se trata de “dólares internacionales” estimados por Angus Maddison, a precios de 1990; véase 0CDE, The World Economy: Historical Statistics). Todo ello en el marco de la reindustrialización del país, la recuperación del empleo y la reducción de las desigualdades.

En conclusión, el Presupuesto para 2013 es el instrumento del modelo de desarrollo con inclusión social que cuantifica los ingresos y los gastos anuales. En la mayoría de los casos, cuando se lo ataca, se impugna al modelo global; el problema para quienes así proceden, es que ya conocemos los efectos del modelo de renta y financiero. Tal vez olvidan que “en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias”.

Miradas al Sur - 14 de octubre de 2012