–¿Cómo evalúa la toma de tierras en Lugano?

–En primer lugar, la situación de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es indudablemente crítica porque hay un déficit que, en distintos grados, afecta a unas 700 mil personas sobre una población de 3 millones de habitantes. Es un tema que debería ser prioritario para el Ejecutivo porteño. En villas de emergencias o asentamientos hay más de 180 mil habitantes. Pero también están los cientos de miles que viven en condiciones muy precarias, de hacinamiento, en hoteles de muy baja categoría o en pensiones. Y están los otros miles que aspiran a conseguir un techo digno al que no pueden acceder porque no hay pauta para garantizar los alquileres ni tampoco para facilitar la compra, concreta, con créditos hipotecarios de largo plazo o al menos con plazos adecuados y tazas de amortización acorde con la capacidad adquisitiva de pago de los tomadores de este tipo de crédito.

–¿Cómo debería enfrentarse la problemática de la vivienda en la CABA?

–Dar solución a ese tema exige un Estado activo, presente y con políticas públicas para la construcción de viviendas sociales, con una planificación de la urbanización y con financiamiento de obras de infraestructura. De todo eso carece la CABA y en estos últimos años, el problema se fue agudizando. No hay políticas de gobierno en la Ciudad que permitan multiplicar la oferta de viviendas para resolver este déficit. Citando al arquitecto Jaime Sorin, digo que “la política de vivienda de Macri es la de los desalojos, más que la de la construcción”. No hay propuestas de facilitación del acceso al techo digno, como establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

–¿Cómo liga este contexto a un presupuesto en Vivienda subejecutado año tras año?

–Resulta inaceptable que una ciudad con un presupuesto aprobado de 60 mil millones de pesos (el tercero del país), en Vivienda haya ido disminuyendo lo asignado año tras año. Y que sin embargo haya priorizado los gastos en marketing político porque le resultan más redituables que invertir en el saneamiento de algunos de los terrenos importantes que dispone la Ciudad, como es el caso de éste que está en conflicto. Entendemos que lo prioritario debe ser atender las demandas sociales insatisfechas. Además, hay en la ciudad un porcentaje importante de viviendas desocupadas, que han sido adquiridas con fines estrictamente especulativos. Al igual que en varios países de Europa, Inglaterra es un claro ejemplo de ello, debería indicarse que si durante el término de un año a partir del momento de la compra, esa vivienda no es ocupada, debería pagar un gravamen que penalice esa situación. Sobre todo, para generar un fondo que se pudiera destinar a la construcción de viviendas o a la garantía para los alquileres de quienes quieren acceder a una vivienda alquilando y que no tienen respaldo de garantía que les permitiera concretar ese tipo de operaciones. La falta de un marco normativo adecuado y actualizado para estas necesidades en materia de alquileres es otro obstáculo enorme, ya que permite la discrecionalidad de los propietarios e implica, por ejemplo, la imposibilidad de acceso a las parejas jóvenes que quieren constituir una familia y no tienen la posibilidad de hacerlo, sea porque no hay oferta, porque la que hay es inaccesible o porque no hay garantías. Todo esto es una carrera de obstáculos que impide acceder al derecho humano de acceder a un techo digno.

–¿Por qué cree que, a pesar de haber pasado tres años, no se dio soluciones a quienes quisieron ocupar el Indoamericano?

–También ahí hay una deuda pendiente. Finalmente, se llega a una situación dramática, con costo de vidas, como en aquella otra oportunidad, más allá de las provocaciones. Como el tema de fondo no se resuelve, se entabla una guerra de pobres contra pobres. Estos últimos dos años, en los que fui vicepresidente primero de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, fui testigo presencial de reuniones a las que concurrían vecinos de distintas villas de la ciudad, todos con una lista interminable de reclamos por promesas incumplidas, por reivindicaciones que no se resuelven. Y llega un momento en el que esta situación estalla; la gente se revela y pasa lo que está pasando ahí. Tienen que ir Gendarmería, la Federal y la Metropolitana como para apaciguar los ánimos, evitar enfrentamientos o provocar un desalojo, porque aparece una orden que lo establece en esos términos.

–¿Cómo cree que seguirá el conflicto?

–Puede que durante un tiempo se atenúe la presión, pero como el problema no se resuelve, persiste y volverá a surgir permanentemente. El problema de las tomas de tierra sólo se resuelve con políticas públicas; es la única manera. Con políticas y con financiamiento. Esto no se puede resolver en un plazo breve. Requiere tiempo y exige perseverancia en la aplicación de medidas. Evidentemente, por ahora no se advierte voluntad como para llegar a una solución eficaz. Pero, completando la idea, temas como vivienda, salud, transporte y seguridad no se pueden encarar dentro de los límites estrictos de la CABA sino que hay que pensarlos como una unidad económica. Por supuesto que lamentamos mucho lo sucedido, no creemos que la violencia sea el camino, pero a veces, la gente se siente superada por necesidades que vienen largamente postergadas y ocurren estas cosas dramáticas.

–Pero los ocupantes piden compromiso concreto y se muestran hartos de promesas...

–Y es lógico. La gente está pidiendo papeles firmados que den garantías de que lo que les dicen se va a cumplir. Pero se encuentran del otro lado con que el gobierno porteño dice que en situaciones de violencia no va a arreglar nada. Se empieza así un círculo vicioso del que no es fácil salir. Pero antes de la violencia, el Gobierno tampoco atendió sus necesidades. Ni se ocupó de hacer viviendas ni de organizar cooperativas de vivienda o armar equipos de gestión participativa. Una ley porteña que ya tiene más de 15 años, la Ley 341, promueve la creación de cooperativas de vivienda, pero dejó de ser puesta en práctica desde que el Gobierno de la Ciudad abandonó el fomento para la creación de cooperativas. Sin embargo, podría ser una vía muy eficaz para construir, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Debería facilitarse que grupos de seis familias pudieran adquirir un terreno con financiamiento y construir. Yo mismo presenté un proyecto así sobre un terreno de seis hectáreas y media en la comuna 8, en Soldati. Pero ese proyecto está parado, no prosperó. Ahí se podrían construir unas 5.000 viviendas con 1, 2 o 3 ambientes; de 4 pisos en bloque de 90 unidades habitacionales cada uno con un espacio grande en el medio como para albergar a unas 6.000 personas. Pero claro, lo que no hay es voluntad política.

–Con el dinero de la venta de los terrenos de Catalinas debían hacer 35 escuelas que no se hicieron. Tampoco se efectivizó el mantenimiento necesario en las existentes y con la inscripción online quedaron todavía sin vacantes más de 4.000 alumnos. ¿Se sigue la misma lógica en Vivienda?

–Evidentemente. El Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene un proyecto que apunta fundamentalmente a privilegiar los negocios inmobiliarios. Busca satisfacer los requerimientos de los sectores de medios y altos recursos, que es hacia donde va concentrada la gestión. Por eso, en su campaña anterior anunció la ampliación de redes de subterráneos, aunque no las haya sabido administrar. Esto es un claro reflejo de la ideología que dominan en el Gobierno de la Ciudad, de indudable orientación neoliberal, donde el esquema básico es un Estado mínimo y mercado absoluto. Pero el mercado no resuelve los problemas de la gente. Si no hay un Estado activo, los problemas de la gente no se resuelven.

–¿Qué tan difícil fue ser vicepresidente primero de una comisión cooptada por el PRO?

–Con esta relación de fuerzas en la Legislatura, en la cual sobre 60 diputados hay 24 del PRO, y el resto no tenemos el peso necesario ni suficiente para poder contrarrestar esa influencia, es difícil. Si bien a nivel personal la relación con la presidenta de la Comisión, la diputada Lidia Saya ha sido respetuosa, no fue suficiente como para que los proyectos que, como aquel de las 6.000 viviendas, pudieran prosperar. Es que desde el cuerpo legislativo del PRO se reproducen las mismas políticas que emanan del Ejecutivo, que no estimula este tipo de legislaciones. Entonces, todos siguen al pie de la letra las indicaciones macristas. Y está la impresentable paradoja de que incluso en casos en los que se trabajó por meses para consensuar, incluso en proyectos que habían sido presentados por el PRO y votados por ellos y hasta por unanimidad, fueron vetados por Macri. Toda una síntesis de su matriz ideológica.

Miradas al Sur - 9 de marzo de 2014