En marzo de 2010, la Justicia de Santa Fe recurrió al principio precautorio y dictaminó el primer fallo que limitaba el uso del glifosato en cercanías de zonas urbanas. Para llegar a esa resolución fue clave la evidencia científica presentada a través de un informe elaborado por 21 investigadores coordinados por el especialista Horacio Beldoménico, que le ha dedicado más de 40 años al estudio y la investigación de los efectos de residuos y contaminantes en los alimentos, como los plaguicidas.

A diez años de ese fallo, Beldoménico elaboró un nuevo informe para presentar ante las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y del Consejo Municipal de Rafaela, en el que actualiza la información y recopila nuevas evidencias científicas sobre el impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud obtenidas durante la última década, principalmente por investigadores de la Argentina.

“Es notable cómo 10 años después de ese informe todavía no nos hemos podido poner de acuerdo y discutimos como entre dos bandos enfrentados. Hay que aportar para que eso cambie”, dice Beldoménico, tras conocer la resolución del Consejo Municipal de Rafaela, en Santa Fe –una ciudad rodeada por más de un millón de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria– que aprobó una ordenanza que reduce el límite prohibido para aplicar fumigaciones, de 200 metros a 50 metros. Se trata de un proyecto presentado a último momento por Juntos por el Cambio, que tras las últimas elecciones obtuvo la mayoría en el Consejo.

Beldoménico se acercó al estudio de los agroquímicos en la década del ‘80, cuando a partir del trabajo de Rachel Carson empezaron las aparecer las prohibiciones de los organoclorados, como el DDT, que son compuestos orgánicos que hoy están regulados por el convenio de Estocolmo y están destinados a ser erradicados por su alta de alta peligrosidad y persistencia. A lo largo de su trayectoria, Beldoménico fue director del Laboratorio Central en la Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL), que ofrecía servicios analíticos para la industria y el SENASA, y creador del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), uno de los laboratorios mejor equipados para hacer este tipo de análisis, del cual también fue director.

“No es normal que estemos tantos años discutiendo lo mismo. Esto no suele ser un problema en los países más avanzados, adonde ya se ha planteado hace tiempo la reducción del uso de plaguicidas, es uno de los caminos por los que va al mundo”, dice Beldoménico.

“En aquella época, teníamos un fuerte perfil analítico y nos vinculábamos sobre todo con la industria cárnica, que tenía graves problemas para la exportación”, recuerda el especialista, que también fue organizador del Latin American Pesticide Residue Workshop, la versión latinoamericana del denominado European Pesticide Residue Workshop, un congreso específico sobre pesticidas y plaguicidas que nuclea a laboratorios de la Unión Europea.

Con respecto a la última revisión bibliográfica que presentó ante las autoridades provinciales y municipales, ¿qué diferencias encontró con respecto al trabajo anterior?

Lo que está pasando ahora no es lo mismo que veíamos hace 10 años. Antes, había grandes dificultades para tener evidencias y estudios concretos, tanto de salud como de cuestiones ambientales. Ahora, fue una impresión muy favorable ver todo lo que la ciencia argentina ha aportado en estos últimos 10 años desde distintas áreas de estudio de las principales universidades del país. Son científicos de primerísimo nivel que han publicado muchísimos papers, de los mejores del mundo. Tanto, que hay una publicación extranjera que califica a la Argentina dentro de los dos o tres primeros países en producción de información científica de alto nivel en el tema glifosato, por ejemplo.

¿Qué lo motivó a renovar esta revisión bibliográfica?

En primer lugar, desconocía que el primer trabajo había sido tan importante para la jurisprudencia local. Además, otra gran motivación fue dar a conocer el esfuerzo magnífico que ha hecho la ciencia argentina, de aportar muchísimas evidencias, no para combatir a nadie ni generar situaciones de conflicto, sino para combatir las distintas formas de ignorancias que pueden ir capeando en Argentina. En este sentido, creo que es necesario prender un semáforo amarillo, de precaución. Cuando se pone semáforo rojo para una emergencia, hay que parar todo porque está la vida de por medio. En este caso no es semáforo rojo pero sí amarillo, porque hay evidencias muy concretas de que se están produciendo situaciones que afectan la salud y el ambiente de una forma realmente preocupante. Y estos datos deberían ayudar a generar políticas que en lo posible sean para todo el país y no para una región específica, que es lo que pasó en Rafaela.

¿Se refiere a la ordenanza aprobada a principios de diciembre, que reduce el límite de distancia de fumigaciones de 200 metros a 50 metros?

Sí, se terminó aprobando entre gallos y medianoche. Es un pretexto para hacer más de lo mismo y seguir sin proteger. Para resolver eso, hubiera sido preferible que dejaran las cosas como estaban.

Es algo opuesto a las sugerencias que figuran en el informe, que es parte de las evidencias que presentaron en el Consejo, ¿no?

Sí. Inicialmente fuimos convocados por la concejala del oficialismo local, Brenda Vimo, que es médica, y que proponía fumigar a más de mil metros de la zona urbana. Algo que me impactó de esta experiencia fue la cortesía y el interés con los que nos recibieron y escucharon los concejales. Pero después, ocurre algo que en Rafaela es grave, y es que de las dos horas y media de diálogo y de los conceptos que hablamos y que dejamos en sendos dossiers, los medios locales, principalmente escritos, no publicaron nada. Parece que en Rafaela es como que hay una única voz y se silencian sistemáticamente otras opiniones. Eso conduce a sociedades completamente arbitrarias, antidemocráticas y violentas. También hay que tener en cuenta que los países, y en particular la Argentina, obtienen una parte importante de la renta agropecuaria. Hay un dato que figura en el informe, de los últimos balances, que indica que un 27% de las ganancias producidas por el uso de los transgénicos en el país terminó en manos del Estado. Entonces, es entendible, aunque no justificable, que no quieran modificar eso. Es una situación muy compleja, intersectorial y multifactorial en todo sentido, pero hay situaciones que hay que atender, yo diría más temprano que tarde, y es un poco lo que me ha movido también a tener estas participaciones.

“Hay una tensión básica que se tiene que dar, en lo posible en forma equilibrada, entre la salud pública, la protección del ambiente y la producción, ya sea de la industria o del agro”, considera el investigador.

El informe aporta evidencias sobre los efectos negativos de los plaguicidas sobre los ecosistemas y la biodiversidad, y sobre la incidencia en la salud de la población expuesta y no expuesta directamente. Por ejemplo, se ha constatado la presencia de glifosato en aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, en sedimentos y en distintos componentes de la biota, así como también en mieles y otros alimentos de consumo masivo. O la presencia frecuente de otros plaguicidas de gran peligrosidad en una gran variedad de alimentos, incluidos algunos destinados a niños.

Sí. Con todos esos datos, no es normal que estemos tantos años discutiendo lo mismo. Esto no suele ser un problema en los países más avanzados, adonde ya se ha planteado hace tiempo la reducción del uso de plaguicidas, es uno de los caminos por los que va al mundo. Europa invirtió un la cifra millonaria para financiar un programa que culmine con una reducción drástica, hablan del 50% y más para el 2027 y el 2030. Asimismo, desde la FAO, la OMS y las Naciones Unidas, no viene otra recomendación que la de reducir el uso de plaguicidas en el mundo e ir buscando alternativas.

¿Cómo la agroecología?

Exacto. Yo sostengo que usar un biocida como una forma de combatir plagas y otros problemas que tiene la agricultura es una estrategia que está destinada al fracaso. La sociedad no va a querer comer productos a los que les pusieron venenos, va a decir “no quiero comer una docena de plaguicidas todos los días de mi vida”. Ese es el talón de Aquiles de todo esto. Tardará más o menos, pero como estrategia es inviable. Las alternativas más válidas hoy son las que usan sistemas de seguimiento mucho más armónicos con la naturaleza. Hay que instalar este tema en la Argentina pero no como una lucha ni como una grieta.

Sin embargo, continúan predominando los discursos que defienden el modelo productivo actual, basado en el uso de agroquímicos como los plaguicidas.

Sí, pero hay una tensión básica que se tiene que dar, en lo posible en forma equilibrada, entre la salud pública, la protección del ambiente y la producción, ya sea de la industria o del agro. Yo siempre doy el ejemplo de Estados Unidos, que no lograba equilibrar esas tensiones y tuvo que crear la EPA (la Agencia de Protección Ambiental estadounidense), un organismo descentralizado e independiente, para poder armonizar los grandes conflictos que había entre salud, ambiente y producción. La producción, legítimamente quiere producir, pero cuanto mejor lo haga y en forma más sustentable, mejor. Para eso tiene que tener estas tensiones, para que no se sobrepasen y no quede sesgada la producción por encima de la salud y del ambiente, tal como lo demuestran las evidencias existentes.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, hemos encontrado presencia de toda la gama de clorados en tejidos grasos de cánceres y tejidos grasos peritumorales, y es un estudio que hicimos en los ‘90 con un grupo de colegas de la Facultad de Bioquímica de la UNL. Asimismo, hemos encontrado clorpirifós en alimentos infantiles, que es un neurotóxico del que ya se venía hablando hace muchísimo tiempo, que genera afecciones serias, sobre todo crónicas en las mujeres embarazadas y en los neonatos. Hay estudios que comprueban que, a lo largo del tiempo, afecta en gran medida a la capacidad cognoscitiva y una gran cantidad de efectos neurotóxicos. Sin embargo, en la Argentina, el SENASA recién lo prohibió hace menos de un mes, lo cual indica que algo está pasando con nuestro sistema de control y autorizaciones. Como dicen muchos científicos que están enunciados en el informe, hay fallas en la evaluación. Por ejemplo, hay un estudio que habla de cómo a la EPA se le pasaron un montón de carcinógenos de mama en sus evaluaciones, cuando los aprobaron en su momento.

¿A qué se deben esas fallas?

Los motivos pueden ser variados. A veces se dice que hay dos bibliotecas y yo diría que efectivamente hay dos paquetes de información: un grupo de documentos que produce la industria, por un lado, y lo que produce la ciencia, que es una sola, por otro. Yo reniego de ponerle calificativos, no me gusta hablar de ciencia independiente, pero la ciencia lleva a compartir los trabajos, someterlos a la crítica de toda la comunidad científica mundial y permitir que se reproduzcan los estudios. Hay una corriente básica que busca que la ciencia siga haciendo eso y que siga siendo un patrimonio universal. Por otro lado, hay estudios muy calificados que la industria tiene que presentar para que se registren sus productos, que hacen en laboratorios muy buenos y acreditados. Así es el sistema, los entes gubernamentales no pueden hacer todos los estudios, entonces ordenan a las empresas que los hagan. Pero esos estudios son pagados y son propiedad privada de las empresas, no están sometidos al escrutinio público ni a la crítica del resto de la comunidad científica. Por lo tanto, no se los puede calificar como realmente científicos. Entonces, no hay dos bibliotecas, hay datos que producen las empresas y hay ciencia, que es la que deberíamos seguir.

Con la evidencia recolectada y ante una situación de tan compleja resolución, ¿cuál sería su reflexión final?

Muchos de los conceptos que hablamos son la síntesis de muchos años de trabajo, y el móvil es genuino y honesto, de querer un país más avanzado que interprete mejor todo lo que pasa, para traer el futuro al país cuanto antes, porque siempre estamos atrasados. Una cosa es no hacer nada y otra es conocer para poder actuar y sugerir: estamos expuestos a muchísimos contaminantes y el problema de los plaguicidas es de primera importancia, no para frenar el país, pero sí para que se deje de mirar al costado y negar todo lo que ha aportado la ciencia porque eso es imperdonable. Lo mínimo que se puede hacer es visualizar esta situación que la ciencia misma está mostrando y poniendo en evidencia.

^{TSS - 16 de diciembre de 2021}