Cuando un país ingresa en el FMI, acepta la obligación de someter sus políticas económicas y financieras al escrutinio de la comunidad internacional, según el organismo. El FMI explica que lleva adelante un proceso de supervisión y seguimiento del sistema monetario internacional y de la evolución de las políticas económicas y financieras de los países miembros. A su vez, cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno de ese país debe comprometerse a ajustar la política económica para superar los problemas que lo llevaron a solicitar asistencia financiera. Según el FMI, una de sus principales funciones es proporcionar préstamos a los países miembros que están expuestos a problemas de balanza de pagos o ya los están experimentando. Los préstamos son acompañados por “programas de ajustes” con condicionalidades sobre la política económica que adoptan los países. En este sentido, los préstamos se configuran con un carácter eminentemente político y son acordados con la condición de que se adopte un programa de estabilización económica y reformas de estructura económica acordes a las exigencias del organismo (Toussaint, 2004). Como resultado de las políticas adoptadas para la obtención de los préstamos del FMI, en muchos países se ha agravado la situación de desequilibrio macroeconómico, la regresividad del sistema distributivo, el desempleo y la pobreza (López Accotto et al., 2016). [1]

Desde la década de 1970, el FMI fue promotor de la liberalización de la cuenta capital, hasta que en diciembre de 2012 adoptó una nueva visión institucional, que si bien se basa en una noción favorable a la liberalización financiera, reconoce que los flujos de capitales acarrean riesgos y que, bajo ciertas circunstancias, deben ser regulados para evitar los efectos de las bruscas salidas de fondos (Gallagher y Ocampo, 2013 [2]).

De todas maneras, en la práctica el comportamiento del FMI contrasta con la evolución de su postura pública. Como ejemplo de ello, tanto en la década de 1990 como en la etapa reciente, el FMI ha apoyado la política de liberalización financiera de los países latinoamericanos y, en el caso particular de la Argentina, ha aportado fondos para financiar la fuga de capitales. Sin embargo, su Convenio Constitutivo impide que los países miembros utilicen recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital y determina que el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control de capitales para evitar que los recursos generales se destinen a tal fin. A pesar de que al FMI no le compete oficialmente la liberalización de la cuenta de capital, la ha fomentado y facilitado como parte de su supervisión y asistencia técnica (Boughton, 2004).

Con el gobierno de la Alianza Cambiemos, en junio de 2018 se llevó adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que otorgó un préstamo de 50,000 millones de dólares, incrementado en octubre de 2018 a 57.000 millones, a cambio de un programa de ajuste fiscal y monetario, a pesar de que el principal problema de la economía argentina no se originaba en las cuentas públicas, sino con las externas. En rigor, se trató de la adopción de un enfoque ortodoxo en el cual se entiende que el principal problema reside en el fenómeno monetario y/o en las fuentes de creación de exceso de moneda (el déficit fiscal), desatendiendo los verdaderos problemas estructurales que tiene la economía argentina, que tienden a generar estrangulamientos en la balanza de pagos.

Los desembolsos del crédito stand-by fueron de 44.700 millones de dólares, en un contexto que ya se había tornado crítico, con escasez de divisas y crisis cambiaria, y en el cual era previsible que los fondos fueran utilizados para financiar la salida de divisas de residentes y el desarme de carteras de extranjeros. Este préstamo se adicionó a los ya acumulados desde los inicios de la gestión de Cambiemos, lo que resultó en un feroz endeudamiento externo.

Antes de que ingresara el primer desembolso, el 22 de junio de 2018 del FMI, las reservas internacionales arrojaban 48.500 millones de dólares, y luego de haber recibido los 44.700 millones de dólares del préstamo stand-by, en septiembre de 2019, las reservas estaban en el mismo nivel. Ese fenomenal endeudamiento del sector público se destinó, una vez más, a proveer la moneda extranjera necesaria para sostener la indiscriminada fuga de capitales que hizo posible el circuito de acumulación financiera de corto plazo, la llamada “bicicleta financiera”, facilitada por las altas tasas de interés y el libre cambio.

La totalidad de los desembolsos del préstamo stand-by fueron utilizados para financiar la fuga de divisas de residentes y el desarme de carteras de no residentes. Entre junio de 2018 —momento del primer desembolso del FMI— y septiembre de 2019, las salidas por fuga de capitales de residentes y las salidas de no residentes por desarmes de portafolios sumaban 46.500 millones de dólares, superando los fondos desembolsados por el FMI, que, como se mencionó anteriormente, ascendieron a 44.700 millones de dólares.

Pese a que el Convenio Constitutivo de este organismo dispone la imposibilidad de utilizar los fondos prestados para financiar la salida periódica de divisas, el destino de los fondos desembolsados fue completamente improductivo y dirigido a sostener la fuga de capitales y las salidas de capitales especulativos de extranjeros.

Adicionalmente, la Argentina no cumplía con tres de los cuatro criterios requeridos para acordar el “acceso excepcional” a los recursos del organismo, es decir, prestar fondos por encima de los límites normales. Estos requerían que existiera una alta probabilidad de que la deuda fuera sostenible en el mediano plazo, que el país tuviera acceso al mercado de capitales que le permitiera devolver las obligaciones con el FMI y que el programa con el Fondo tuviera probabilidades de éxito.

Asimismo, si comparamos el total de la asistencia financiera que brindó el organismo durante la pandemia al resto de los países, con el préstamo otorgado solamente a la Argentina, queda expuesta la desproporcionada magnitud de este último. El FMI brindó asistencia financiera en virtud de sus diversas líneas de crédito, desde fines de marzo de 2020 hasta marzo de 2021, por un total de 107.307,23 millones de dólares a 85 países. Dicha cifra parece sumamente escasa frente a los 44.700 millones de dólares que fueron desembolsados entre el 22 de junio de 2018 y el 16 de julio de 2019 a un solo país, la Argentina, y fuera del contexto mundial crítico de la pandemia.

La deuda externa condiciona la independencia política y económica de la Argentina, ya que demanda continuos ingresos financieros para la devolución de esos préstamos en divisas y, tanto la inversión extranjera como el endeudamiento externo, involucran la salida periódica de rentas al exterior, lo que impacta fuertemente sobre la balanza de pagos. Así, los flujos financieros externos generan cada vez mayores salidas de divisas, reproduciendo en gran medida la situación actual de dependencia. A ello debe agregarse, por un lado, el impacto negativo que genera el incremento del stock de deuda y, por otro, que las entradas masivas de flujos financieros se hacen efectivas en un contexto de desregulación que permite la aceleración de la fuga de capitales de residentes al exterior, además de habilitar las rápidas salidas de capitales especulativos frente a cambios en el contexto internacional (suddenstops), que provocan vulnerabilidad externa y volatilidad y desembocan en sucesivas crisis.

Además de los impactos macroeconómicos de la deuda externa y las cargas fenomenales que pesan sobre los recursos de los países endeudados, la capacidad decisoria queda condicionada y se reduce el margen de maniobra de la política pública para brindar garantías en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, entre ellos los económicos, sociales y culturales (DESC) para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Las políticas apoyadas por el FMI durante el gobierno de Cambiemos arrojaron saldos sociales muy negativos. En ese contexto, se adoptaron medidas favorables a los sectores más concentrados de la economía, reformas tributarias regresivas que propiciaron un aumento de la concentración y una caída de la recaudación, políticas de liberalización cambiaria y desregulación financiera, que posibilitaron un nuevo ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales, que transfirió recursos regresivamente y expuso a la economía argentina a niveles extremos de inestabilidad, además de políticas económicas de ajuste, que arrasaron con gran parte de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Ahora, el escandaloso saldo social que ha alcanzado la política neoliberal apoyada por el FMI, se profundiza con la crisis actual en el contexto de la pandemia. Esta situación afecta en mayor medida a las mujeres, dado que  están sobrerrepresentadas entre los sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, en los sectores de empleo afectados por la crisis y en los sectores informales.

En la actualidad, el gobierno argentino debate un nuevo acuerdo con el FMI. Como se ha visto, este tipo de empréstitos condiciona el diseño de las políticas públicas de los países deudores, lo que podría restringir el camino hacia políticas de desarrollo económico inclusivo en la Argentina. Aunque cambien los directivos del FMI, la composición de las cuotas del organismo se mantiene, en la que Estados Unidos posee el 16,51% de las cuotas con derecho a voto, lo que coloca a este país en un lugar preferencial y de dominio. No es posible olvidar que Estados Unidos es uno de los principales beneficiarios del negocio offshore en el mundo y uno de los mayores receptores de los flujos financieros de la Argentina.

Más allá de la querella criminal y de las auditorías e investigaciones que puedan realizarse internamente en el país, la Argentina no puede permitir que se condicionen sus políticas públicas ni someterse a programas económicos definidos por un tercero. Es hora de que los países periféricos desempolven los principios básicos aprobados en la Asamblea General de la ONU en el año 2015 en materia de procesos de reestructuración de deuda y reclamen, en ejercicio de su soberanía, quitas de deuda que permitan retomar el sendero del desarrollo inclusivo y el cumplimiento de sus obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

[1] López Accotto, Martínez, Mangas y Paparas (2016) Finanzas públicas y política fiscal : Conceptos e interpretaciones desde una visión argentina. Alejandro López Accotto [et al.]. – 1a ed . – Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016.

[2]Gallagher, K., P. y Ocampo, J., A. (2013) IMF’s New View on Capital Controls.EPW Economic & Political Weekly.volxlviII no 12. Marzo de 2013.

^{El Cohete a la Luna - 14 de marzo de 2021}