En el diario Página/12 de ayer, en la nota titulada "El botín de las acciones de la Anses", por Alfredo Zaiat, se hace referencia a un informe de Hernán Letcher y Julia Strada (Centro de Economía Política Argentina, CEPA), en donde se analiza la participación del Estado en las empresas privadas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Las empresas del FGS son aquellas en donde el Estado Nacional se presenta como un posible socio estratégico, llevando a cada instancia de participación su perspectiva en relación al desarrollo económico nacional.

El artículo desarrolla una caracterización de las transformaciones que afectaron a la cúpula empresarial argentina a lo largo del período de vigencia de la Ley de Convertibilidad. La importancia de tratar ese período se asocia con la necesidad de entender cuál fue el desenvolvimiento en esos años, de los sectores del capital que dominaron el panorama económico argentino desde los inicios de la última dictadura militar y condicionaron las decisiones políticas de los gobiernos democráticos posteriores a 1983.

El 16 de diciembre de 2015 será recordado como la fecha oficial de un nuevo cambio de régimen de acumulación, oscilación cíclica que diferencia al país de otras economías de la región más homogéneas en los objetivos de largo plazo de sus elites. Pero aunque tenga el sello de los modelos FMI para todo tiempo y lugar, la novel restauración ortodoxa no es exactamente igual a las anteriores.

El principal objetivo del plan presentado por el ministro de hacienda y finanzas, Alfonso Prat Gay, es generar un marco de negocios para el gran capital que opera en el país, tanto nacional como extranjero. Ese negocio debe ser sustentable en el tiempo, esto es, reproducirse permanentemente, y para ello debe realizarse en un marco interno favorable, por lo que la oposición al plan debe ser neutralizada, si es posible con el menor grado de conflicto, para lo cual se plantea la captación, no otro es el fin de la invitación a los candidatos presidenciales, a los gobernadores, y dejarle la administración de las obras sociales a la CGT Balcarce (Caló de la UOM, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de Uocra, Pignanelli de Smata, Cavalieri por Comercio, Lingieri de Obras Sanitarias, entre otros) con la designación de Luis Scervino como presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre las primeras medidas políticas adoptadas por el nuevo gobierno.