Leer el informe que la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) preparó para la junta militar en abril de 1978, nos lleva necesariamente a recordar aquellos aciagos días. Cabe aclarar que aquella ADEBA, integrada por bancos de capitales nacionales, se disolvió como tal en la década de los noventa; mientras que la actual ADEBA, si bien coincide en el acrónimo, posee un nombre y una conformación distinta.

El documento proponía a la junta, más que un modelo económico, definir las bases estructurales de un modelo de país.

La especialista cuenta por qué la sociedad, pese a tener disponibilidad excedentaria de alimentos, tiene 1000 millones de desnutridos.

La participación de la empresa automotriz Mercedes Benz en la represión es investigada por el Juzgado Federal de San Martin Nº 2. Fueron secuestrados 17 trabajadores, de los cuales sólo 3 sobrevivieron. Todos pertenecían a la Comisión Interna que no estaba alienada con el SMATA nacional, dirigida por José Rodríguez. Ya fallecido, el hombre es señalado por su complicidad con la patronal.

En Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, editado por Siglo XXI, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky reunieron un equipo de importantes autores para sacar a la luz los casos de complicidad civil y económica, que involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes-Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino. La trama se completa con corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; los grandes prestamistas internacionales, como el Citibank y el Lloyd’s Bank, que colaboraron con el descomunal endeudamiento del país en ese período; los think tanks como FIEL o CEMA, que aportaron hombres e ideas a la dictadura; sectores de la cúpula sindical; operaciones mediáticas de diarios como La Nueva Provincia, Clarín o La Nación; o la impactante actitud de la cúpula de la Iglesia católica, que, mientras bendecía la represión, aprovechaba los cuantiosos beneficios que recibía de los militares.

La polémica abierta en las páginas del suplemento económico Cash sobre las características y relevancia de la denominada inflación oligopólica continúa. Interesante intercambio de ideas entre economistas heterodoxos.

El domingo 24 de marzo los investigadores de Flacso Schoor y Manzanelli, en respuesta a una crítica nuestra realizada la semana previa, afirman que en estas discusiones se debe tener “rigor metodológico y sustento empírico”. Estamos totalmente de acuerdo y por ello insistimos en que la hipótesis de la “inflación oligopólica” carece de sustento tanto teórico como empírico.

En el terreno teórico, los autores argumentan que el precio de “exclusión” –que por definición es inferior a aquel que tornaría viable la participación de competidores marginales– es necesariamente “circunstancial”, dado que una vez expulsada la competencia, los “oligopolios” tenderían a colocar precios superiores a los iniciales.

En esta descripción, los “oligopolios” parecen seguir una receta experimental con la cual primero bajarían precios para luego subirlos. Los procesos de concentración estarían signados por una curva de precios primero descendente y luego ascendente.

Cabe preguntarse por el rigor metodológico apuntado: los investigadores de Flacso, o de cualquier otra institución, ¿conocen algún “experimento” de esta naturaleza llevado a cabo en la vida real? ¿Por qué motivo cuando vuelven a elevar los precios por encima del nivel de exclusión, los mismos u otros productores marginales no pueden reingresar al mercado? Llama la atención la referencia a Sylos Labini, un autor absolutamente cristalino cuando apunta al precio de exclusión (o precio “límite”) justamente como un nivel tan bajo que excluye del mercado a eventuales competidores. Para Labini, los “oligopolios” excluyen competidores colocando precios bajos, no altos. Y deben mantenerlos en niveles bajos precisamente para inhibir nuevas entradas.

En el terreno empírico, los autores se refieren a la puja distributiva intracapital y reclaman un mayor nivel de desagregación para sacar conclusiones. Sin embargo, la simple comparación entre los índices agregados de las ramas “más concentradas” en relación, por ejemplo, con los de precios al consumidor, desbaratan la hipótesis de una inflación impulsada por prácticas oligopólicas (ver gráfico 1).

Como puede observarse, las ramas altamente concentradas (RAC) presentan tasas de variación casi idénticas, hasta resultar indistinguibles a partir de 2006, al índice IPIB manufacturero promedio que publica el Indec, al tiempo que crece a tasas significativamente menores al índice de precios de siete provincias, sobre todo a partir de 2006, cuando se aceleró la inflación.

Los investigadores reconocen no tener datos sobre costos, lo que no les impide asegurar que existe una presión inflacionaria derivada de la estructura “oligopólica”. Aunque no disponemos de una estructura de costos detallada, como primera aproximación contamos con la participación de los salarios en el valor agregado bruto de las 500 mayores empresas. Como puede observase en el gráfico 2, esta participación se incrementó en forma sostenida desde 2003, confirmando las estimaciones sobre los márgenes unitarios entre decrecientes y estables mencionadas en nuestra nota anterior.

Es significativo que se admita una caída (aunque leve) de las utilidades en relación con el valor agregado durante la post-convertibilidad sin abandonar la hipótesis de una inflación impulsada en forma significativa por presiones oligopólicas. Además, debe recalcarse que la rentabilidad efectiva de los capitales en cualquier economía no depende únicamente de los precios finales en relación con los costos unitarios, sino del nivel de la demanda final en relación con el stock de capital disponible. Durante el período analizado, la rentabilidad del capital en Argentina no se preservó en base a subas de precios desvinculadas de los costos, sino que fue el aumento de la demanda agregada, al elevar el grado de utilización de la capacidad productiva, lo que permitió que los capitales disfrutasen de un nivel de rentabilidad alto en términos históricos aun con márgenes unitarios decrecientes.

En un pasaje de la respuesta, los autores sostienen que “estudiando los precios relativos del sector de bienes de capital (rama escasamente concentrada) se advirtió que los precios mayoristas del mismo aumentaron muy por debajo del de sus insumos críticos. Resulta que los principales proveedores de materias primas son grandes oligopolios con larga tradición en elite empresaria local (Aluar, Acindar, Siderar, Siderca), cuya rentabilidad media fue del 22 por ciento, mientras que la de la industria de bienes de capital alcanzó el siete en 2005-2009”. Es importante notar que los productos elaborados por estos “oligopolios”, como aluminio, acero y tubos sin costura, son commodities estandarizados cuyos precios están también influidos por el mercado mundial, al tiempo que no guardan una relación directa con la estructura de mercado doméstica. En todo el mundo estos productos aumentaron de precio y Argentina no fue una excepción.

En relación con el comportamiento inversor de la clase capitalista en la Argentina, los autores señalan, como si se tratase de una paradoja, que las inversiones efectivamente realizadas durante la posconvertibilidad no fueron proporcionales a la rentabilidad obtenida. Aquí aparece una vez más un problema de naturaleza teórica. En contraposición a muchas corrientes neomarxistas con significativo peso en la academia argentina, debe notarse que en ninguna economía del mundo la inversión privada es inducida por la rentabilidad obtenida en el pasado, sino por la ganancia adicional que es posible obtener por ampliar la capacidad productiva, es decir, por realizar una nueva inversión. Los autores, quizá sin advertirlo, dan una solución para la “paradoja” planteada cuando dicen que “el elevado crecimiento del producto manufacturero durante la posconvertibilidad ha sido impulsado por la enorme capacidad ociosa existente tras la crisis de la convertibilidad”. Si realmente existía una enorme capacidad ociosa, ¿por qué debía esperarse un boom inversor cualquiera fuera la rentabilidad? ¿En qué lugar del planeta las empresas invierten alocadamente cuando la capacidad ociosa es elevada? Este comportamiento inversor puede resultar contradictorio con los postulados del neomarxismo y quizás allí radique el origen del cuestionamiento moral implícito en la expresión “reticencia inversora”. Pero lo relevante en este caso es que no se trata de una conducta reñida con las leyes más elementales del capitalismo.

Según los autores, “la contrapartida (de la ‘reticencia inversora’)... fue una plétora de capital remitida al exterior por distintos mecanismos”. De allí infieren que éste es “también un factor de importancia para reflexionar sobre la escasa diversificación de la matriz industrial en la última década”. Por un lado, distintos investigadores de Flacso argumentan desde hace años que el “capital concentrado” de Argentina goza de ganancias extraordinarias. Por otro, este curioso capital, en lugar de quedarse en la Argentina y penetrar en otros mercados con mercancías domésticas, aprovechando sus “extraordinarios” privilegios, opta por migrar al exterior huyendo de esta mina de oro de la rentabilidad extraordinaria. Cabría preguntarse, ¿ganancias extraordinarias en relación con las que se pueden obtener en otros países? A modo de ejemplo, ¿los investigadores saben cuál es la rentabilidad de una colocación financiera en Argentina en relación con el resto del mundo?

Y esto nos conduce al problema final de la escasa diversificación de la matriz industrial. Pareciera que los autores imaginan que el único capital que sabe crear barreras a la entrada es el que opera en Argentina. Dada la apenas incipiente política industrial de los últimos años y el bajísimo nivel de inversión pública, en realidad es ingenuo pensar que cualquier actor privado va a reinvertir ganancias y adoptar una actitud audaz en materia de inversión, independientemente de los vaivenes de la demanda agregada y de las reticencias típicas del capital privado para afrontar los desafíos del desarrollo. En ese sentido, no hay ninguna novedad histórica: Argentina no tiene otra opción más que elevar los niveles de inversión pública. Quien descubrió América y llegó a la Luna no fue el mercado. Fue el Estado.

Pablo Manzanelli y Martín Schorr responden a las críticas a un artículo de ellos publicado hace dos semanas en este suplemento por parte de otros dos economistas heterodoxos, Eduardo Crespo y Alejandro Fiorito.