“Es la primera vez que un gobierno que emite una serie de deuda, la paga y no se la deja a otro”, afirmó la presidenta Cristina Kirchner luego del pago de este bono, cuyos títulos habían sido emitidos originalmente por Néstor Kirchner en 2005. De hecho, su pago total significó la mayor cancelación de deuda de los últimos veinte años, pero tuvo como otro punto a favor un nuevo paso en la agenda del desendeudamiento que impuso el actual gobierno, rompiendo así con el mayor fantasma que tuvo la Argentina desde mediados del siglo pasado y fundamentalmente a partir del período neoliberal iniciado en 1976.

Y es que si bien desde la prensa opositora se busca instalar que el desendeudamiento es un “relato”, pues la deuda pública en 2001 era de 144.500 millones de dólares y, según el último dato de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, era de 221.748 millones para fines de 2014 (último dato), la correcta medición para estos casos es tomar el nivel de deuda sobre el PBI (lo total de lo producido por el país durante un año), pues de otro modo no habría referencias sobre la capacidad de un país para afrontar sus compromisos. De esta forma, se puede observar que en 2002 la deuda representaba el 166% del PBI, mientras que en la actualidad se encuentra por debajo del 40%. Aún más, mientras que en 2001 el grueso de la misma era en moneda extranjera y ante inversores privados, es decir muy compleja y cara para refinanciar, hoy en día el 61,3% está contraída con el propio Estado, mayormente el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el Banco Nación. Pero además, tal como se señaló, la deuda en dólares es de solo el 7,3% del PBI, de los cuales el 13,2% corresponden a organismos multilaterales y bilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o la Corporación Andina de Fomento, es decir mayormente refinanciable.

Reservas a los pronósticos

“Se ponen nerviosos por el tema de las reservas, pero no ven la baja en el nivel de la deuda que se pudo lograr con sus pagos”, planteó el pasado miércoles el candidato oficialista Daniel Scioli en una exposición organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Hotel Alvear. Lo cierto es que el proceso de desendeudamiento exhibe una situación prácticamente iné­dita en nuestro país, aunque tuvo también como costo la disminución de las reservas. Así, mientras que en el primer punto existe un amplio consenso sobre el logro del gobierno, en el segundo existen diferentes visiones, que por supuesto se encuentran en línea con los intereses políticos y económicos que representan.

El economista Gabriel Torres, analista para Argentina de la calificadora de riesgo Moody’s, hizo punta en los pronósticos apocalípticos, al afirmar en la semana que el nivel de reservas alcanzaría “hasta el 10 de diciembre, porque el Gobierno actual se las arregló para pasarle los problemas al próximo”. El interés detrás de esta declaración se pudo ver en la “receta” que emitió a continuación para solucionar esta dificultad, como lo eran “arreglar la situación judicial con los holdouts” y “achicar el déficit fiscal”, es decir apurar una negociación para acordar con los buitres e implementar el programa de ajuste reclamado por el FMI, tal como lo reclama para sus negocios el establishment financiero.

Desde la oposición política, las evaluaciones también poseyeron el signo del interés. Según afirmó Mauricio Macri a comienzos de mes, en el Gobierno “se van debiéndole una vela a cada santo. Nos van a dejar el Banco Central pelado”. Lo cierto es que diez años atrás, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar el total de la deuda con el FMI abonando con reservas del Banco Central la suma de 9.810 millones de dólares, las mismas quedaron en 16.990 millones. Si se tiene en cuenta que para entonces el PBI era un 50% menor al actual, se puede observar que en términos relativos el nivel de reservas estaba en condiciones similares a la actualidad, sin que ello llevara a ninguna crisis.

Por su parte, Roberto Lavagna, principal economistas del Frente Renovador de Sergio Massa, afirmó que las reservas netas que dejará el gobierno no superarán los 10.000 millones de dólares. El término “netas” le permitió a Lavagna omitir el swap (intercambio de monedas) convenido con China por 11.000 millones de dólares (a los que en breve se agregaran otros 2.000), así como otros activos como oro y títulos que conforman el patrimonio del Banco Central, tan legítimos como las reservas netas.
Por cierto, los insostenibles pronósticos apocalípticos de la oposición política, económica y mediática, no son tampoco la contratara de lo que está sucediendo con las tenencias del Banco Central. Sucede que las mismas se encuentran en los mismos niveles de fines del año pasado, cuando ya se evidenciaban tensiones por su escasez, aunque la balanza comercial (saldo entre importaciones y exportaciones) era mucho más robusta que la actual, pues hasta agosto, el actual superávit de la misma había llegado a los 1.487 millones de dólares, muy por debajo de los 5.099 millones de igual período de 2014, en un mundo donde la soja, el principal producto de exportación argentino, tenía el año pasado un valor superior al 40% en comparación con el actual.

Admitiendo esta coyuntura de escasez, que también legará el kirchnerismo, es que Scioli afirmó en la citada conferencia que iba a buscar engrosar estas reservas “mediante la repatriación de capitales, las exportaciones y la inversión extranjera”, para lo cual afirmó haber sostenido reuniones y acordado financiamiento con el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero también, admitió su búsqueda por llegar a algún tipo de acuerdo con los fondos buitres, aunque resaltando que solo lo haría bajo las mismas condiciones planteadas por la presidenta Cristina Kirchner, es decir bajo un pago “justo”, y poniendo de hecho como ejemplo los límites que se le impusieron al FMI.

Revuelo por los buitres

La posición del sciolismo en el conflicto con los buitres ha sido coherente con la sostenida por el Gobierno. Sucede que tras el fallo de la Justicia norteamericana en favor de estos fondos, el gobierno cambió su postura inicial y afirmó su interés por llegar a un arreglo, aunque en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”, es decir sin que comprometiera la estabilidad del país.

El hecho de que un acuerdo justo podría favorecer al país permitiendo un acceso más fluido al crédito internacional y a tasas de interés cercanas a menos de la mitad de las actuales, que son del 9%, se encuentra en la base de los dichos de Scioli y sus asesores. Durante la semana, uno de sus principales economistas, Mario Blejer, señaló de hecho la conveniencia de “buscar la ingeniería financiera que permita resolver el problema” con los buitres pero “sin que tengamos de ninguna manera que violar nuestros principios”, mientras que el gobernador salteño por el Frente para la Victoria, Juan Manuel Urtubey, afirmó que “la Corte de Apelaciones de Nueva York ya le puso muchos límites al juez Thomas Griesa”, por lo que era el “momento ideal, con una posición de fortaleza de ir a acordar”, aunque, agregó, “eso no significa ir a pagar lisa y llanamente, como dijo Macri”.

Miradas al Sur - 11 de octubre de 2015