Efectivamente, el hambre está creciendo. Hay mil 20 millones de personas que pasan las noches con hambre, y este número está incrementándose. En enero de 2008 la cifra era de 923 millones y en 2004 fue de 854 millones. La actual crisis económica global es un fuerte desafío en este contexto, pues conlleva una reducción de las remesas y de la inversión extranjera directa. Esto significa menos crecimiento económico y por tanto menos ingresos para los gobiernos, particularmente desde que el precio de las materias primas se ha reducido y las ganancias del comercio, con una demanda acotada, declinaron. Todo esto llega en un momento en que existe la necesidad de invertir masivamente en agricultura, a efecto de sobreponernos a los años durante los cuales el campo fue relativamente olvidado en los presupuestos públicos y para fortalecer la protección social. El 80 por ciento de las familias en el mundo carecen por completo de protección social. Por tanto ahora más que nunca los recursos deberían ser usados en una forma inteligente y efectiva para atacar el hambre. Debido a que habrá menos recursos para gastar, las inversiones deberían enfocarse no sólo a fortalecer los ingresos del sector exportador, sino también y primariamente para mejorar el poder de compra de los más pobres. Creo con firmeza que la transparencia ha mejorado y la participación en el establecimiento de prioridades puede ayudar. En ese sentido, las respuestas a la crisis actual se ligan con más empoderamiento político de los sectores pobres y marginados de la sociedad. Es la carencia de poder político de los campesinos pequeños, por ejemplo, lo que explica en gran medida por qué en muchos países fueron marginados de las políticas públicas enfocadas a apoyar la agricultura. Y es debido a que los pobres carecen de poder que los programas sociales son débiles o inexistentes.

Hay acuerdo en que la crisis alimentaria es multifactorial. En su opinión ¿qué peso y qué papel tienen en la crisis la producción de agrocombustibles, la especulación, el presunto agotamiento del impulso productivo de la revolución verde, el cambio climático, etcétera?

Esas causas diferentes están tan interconectadas que desenmarañarlas y cuantificar la importancia de cada una es tarea imposible. Están el cambio climático y el declive en la productividad agrícola, pero también la creciente competencia por el uso de la tierra entre alimentación, forraje y energía; toda la especulación alentada en los mercados de futuros de materias primas agrícolas, en virtud de que los fondos de inversión pueden beneficiarse de picos repentinos en los precios. Esta especulación, que sigue en marcha, lleva a los comerciantes a construir inventarios más que a venderlos, a efecto de colocar luego las materias primas alimentarias con mayores precios, y esto alienta a los gobiernos a imponer restricciones de mercado, empeorando la situación e incrementando el nerviosismo de los mercados.

Pero no deberíamos cometer el error de enfocarnos mucho en los precios de los mercados internacionales. Las familias pobres en Veracruz o Campeche no compran su arroz o maíz en la Junta de Comercio de Chicago. Ellos compran en el mercado local o en las tiendas de comestibles. Y los campesinos no venden en la bolsa de Chicago, sino a alguno de los muchos comerciantes pequeños a los que pueden acceder, si es que tienen alguna elección en esto. Eso significa que los precios menores en los mercados internacionales no necesariamente resultan en precios menores en los mercados locales haciendo la comida asequible para las familias pobres, y que los precios mayores no necesariamente benefician a los campesinos de pequeña escala. Debemos tener el coraje y la lucidez para abordar y enfrentar este asunto económico y político, por el cual yo entiendo las relaciones del poder –con fuerza negociadora desigual– en la producción de alimentos y en el canal de distribución. No debería sorprendernos que a pesar del récord en 2008 de la producción mundial de cereales y un declive de los precios en los mercados internacionales, desde el pico de junio de 2008, los precios de los alimentos han permanecido en niveles altos en muchos países en desarrollo y en naciones con bajo ingreso y déficit de alimentos. La emergencia alimentaria persiste en 32 países. En abril de 2009, la FAO analizó los precios domésticos de los alimentos en 58 países en desarrollo: en alrededor de 80 por ciento de los casos fueron mayores que 12 meses antes y en alrededor de 40 por ciento más altos que en enero de 2009. En 17 por ciento de los casos, los precios más recientes resultan los mayores en la historia, y hubo diferencias descarnadas entre los países incluso dentro de la misma región.

¿Cuál es su perspectiva de los precios de los alimentos?

Los precios de los alimentos han venido a la baja desde junio de 2008 en los mercados internacionales, pero esto no es el asunto principal. En los mercados locales los precios son todavía muy altos, demasiado altos para que los hogares pobres vivan decentemente. Y nosotros estamos ahora viendo que producir más alimentos no es la solución. Esto no sirve para combatir el hambre, si no hay alimentos que puedan ser adquiridos por los pobres. Lo que se requiere es incrementar los ingresos de los más vulnerables. Esto significa atender las necesidades específicas de las tres categorías más vulnerables: los campesinos de pequeña escala, que necesitan de precios remunerativos por sus cultivos, acceso a crédito y la provisión de bienes públicos; trabajadores sin tierra, que necesitan salarios más altos y una protección de sus derechos laborales, en virtud de que, siendo temporales, son frecuentemente empleados sin un contrato –ellos son particularmente frágiles–, y los pobres urbanos, para quienes nosotros tenemos que desarrollar y fortalecer redes de seguridad social. En el mediano plazo, las familias más pobres tratan de sobrevivir. A efecto de enfrentar el incremento de precios, esas familias, que gastan la mayor parte de sus ingresos en comida, han sido conducidas a ventas de desastre, incluyendo sus activos productivos como la tierra y sus herramientas. Esto hace que la recuperación sea menos probable y que se eleve el riesgo de caer en pobreza crónica. Ellos sacan de las escuelas a sus hijos, en especial a las niñas; también deben recortar sus comidas y cambiar a dietas menos variadas y menos nutritivas. Los incrementos de precios han tenido un impacto dramático.

Los países necesitan realizar grandes cambios en sus políticas públicas agrícolas debido a la negligencia y falta de inversiones en el sector durante 1980-2007. ¿Qué países están actuando?

Uno de los impactos benéficos de la crisis alimentaria global es que los gobiernos y las agencias internacionales se han dado cuenta de que es una necesidad urgente restablecer la agricultura en el centro de sus agendas de desarrollo, después de que ésta ha sido abandonada durante los pasados 25 años. Muchos Estados y agencias se han comprometido a reinvertir, en algunos casos masivamente, en agricultura. No obstante, en tanto se eleva el gasto público en la agricultura, se requiere mucho: modificar la asignación del gasto existente es igualmente vital. Es crucial que las inversiones beneficien a los agricultores más pobres y a los más marginados, que están ubicados frecuentemente en los ambientes menos favorables. Con frecuencia esos agricultores han sido dejados afuera de los programas de apoyo en el pasado, en parte, como ya dije, debido a su falta de empoderamiento, y en parte debido a la creencia de que mientras más grande es un predio, resulta más productivo. Esto es un error. Los productores pequeños contribuyen a una mayor seguridad alimentaria, en particular en las áreas remotas donde los alimentos producidos localmente evitan los altos costos de transporte y comercialización asociados con muchos alimentos comprados. Como resultado de las políticas pasadas, que han favorecido especialmente a la producción de la agroindustria de gran escala, ciertos bienes públicos han sido suministrados por debajo de lo requerido. Eso incluye instalaciones para almacenamiento, acceso a medios de comunicación y por tanto a mercados regionales y locales, acceso a crédito y seguros contra riesgos relacionados con el clima, servicios de extensionismo, investigación agrícola y la organización de agricultores en cooperativas. Por esto la participación y la rendición de cuentas son tan importantes. Mejoran los objetivos de los programas y contribuyen tanto a su legitimación como a su efectividad. En varios países hay mecanismos para coordinar las varias acciones tomadas en el campo de la seguridad alimentaria, entre ellos Bolivia y Costa Rica. Consejos a escala nacional o de menor nivel de Seguridad Alimentaria existen en naciones tales como República Dominicana. Brasil ha sido líder en este aspecto con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea). Pero en la mayoría de los países que he observado parece no existir un cuerpo específico para la participación, consulta y coordinación de todos los actores en los asuntos relativos al derecho a la alimentación.

En todo el mundo las grandes compañías alimentarias tienen poder sobre los gobiernos y han impuesto dietas nocivas (con grasas saturadas, y azúcar y carne en exceso), lo cual ha provocado obesidad, diabetes, etcétera. ¿Qué podemos hacer para frenar la influencia de estas empresas?

Estoy actualmente examinando esta situación, que me preocupa mucho. En economías emergentes, tales como la India, China, Brasil o por supuesto México, estamos viendo más gente que es obesa o desarrolla diabetes, enfermedades cardiovasculares o cánceres relacionados con los patrones de alimentación, como resultado de una transición nutricional, del viraje de una dieta a otra más cercana a las dietas occidentales. Muchas causas contribuyen a esto, incluidas la publicidad; el bajo costo de alimentos menos nutricios; el incremento del rol en la dieta de los alimentos procesados, consumidos frecuentemente fuera del hogar, y por supuesto menos actividad física. Yo dudo que muchos de los países en desarrollo tuvieran en mente estos impactos cuando decidieron abrir las puertas a los alimentos y bebidas estilo occidental, lo cual llevó rápidamente a abandonar la comida local. Tenemos que examinar si esta situación debe motivar medidas regulatorias o campañas educacionales, o ambas.

¿Qué piensa acerca de los efectos de la producción de agrocombustibles sobre la seguridad alimentaria?

Reitero mi llamado a buscar un consenso en guías internacionales respecto de la producción y consumo de agrocombustibles; esas guía deberían incluir estándares ambientales, en virtud de que la expansión de la producción y el consumo de agrocombustibles derivan en cambios directos e indirectos en el uso de la tierra y en un impacto ambiental negativo, tomando en cuenta el ciclo de vida total de los agrocombustibles. Las guías deberían también incorporar la atención de los derechos humanos, particularmente en lo que atañe al derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda adecuada –dados los riesgos de desalojos legales y desplazamientos a causa de la producción de agrocombustibles–, los derechos de los trabajadores (incluyendo en particular el derecho a una remuneración justa y el derecho a un ambiente saludable de trabajo), los derechos de los indígenas y los derechos de las mujeres. La comunidad internacional ha reconocido que es necesario crear consensos. Pero desde hace un año –cuando en junio de 2008, en la Conferencia de Alto Nivel de Seguridad Alimentaria, en Roma, se expresó la intención de trabajar en ello– nada se ha avanzado en este frente.

Estoy particularmente preocupado por el impacto de la producción de agrocombustibles en la seguridad alimentaria. Hay dos dimensiones para esto. Primero, el desvío de cultivos para producir energía puede llevar a precios picos a las materias primas alimentarias, debido a que de manera súbita incrementan la demanda. En 2007 y 2008 los precios mayores de las materias primas alimentarias en los mercados internacionales fueron en gran parte debido al desvío de maíz para la producción de bioetanol en Estados Unidos, en virtud de que esto ocurrió muy rápidamente cuando los inventarios del maíz estaban bajos. Pero es igualmente crucial monitorear el impacto de la estructura de los ingresos del sector agrícola de los países en desarrollo. Ésta es la segunda dimensión: los cultivos para producir energía son frecuentemente cultivados por grandes productores agrícolas o por compañías multinacionales que son dueñas o rentan tierra en países en desarrollo, y los agricultores de pequeña escala no están involucrados en tal producción, pero es este segmento de la población el que sufre mayor inseguridad alimentaria, y es para éste que debe buscarse un incremento en los ingresos. Simplemente alentar el desarrollo de monocultivos para la exportación, cuando esto beneficiará primariamente a productores de gran escala que ya cosechan la mayoría de los beneficios del acceso ampliado a los mercados de países industrializados, puede de hecho incrementar las desigualdades dentro de los países en desarrollo, más que reducirlas, a menos que una acción afirmativa sea tomada para asegurar que los minifundistas sean incluidos en la producción de agrocombustibles en una forma que se beneficien ellos.

En algunos documentos usted ha dicho que los campesinos de pequeña escala han sido frecuentemente marginados de las políticas públicas. ¿Podría usted hablarnos de las consecuencias que esto tiene?

En nombre de elevar la producción de alimentos, nos hemos olvidado de preguntar quién se beneficiará de tal crecimiento. Adicionalmente, la presión de los mercados ha llevado a más concentración de la agricultura –en virtud de que las granjas y los predios más grandes fueron los más redituables para sus propietarios– y frecuentemente se ha trabajado en contra de la pequeña escala, de la agricultura familiar. Pero no deberíamos confundir rentabilidad con productividad. Aunque es menos redituable (debido a la labor intensiva), la agricultura familiar, de pequeña escala, es de hecho más productiva por hectárea que las grandes plantaciones. Las economías de escala existen en el lado del mercado de la producción alimentaria, pero no hay economías de escala en el campo. Las políticas pasadas han incrementado la dualidad del sistema agrícola, por el cual yo entiendo la brecha entre el 0.5 por ciento de predios muy grandes (con cien hectáreas o más) y el 85 por ciento de pequeños predios (con dos hectáreas o menos). Los primeros han tenido una influencia política desproporcionada y acceso al crédito y a los mercados de exportación; los segundos han sido abandonados, relegados a la producción de subsistencia, y el resultante empobrecimiento de las áreas rurales ha sido una causa fundamental de la migración rural.

Usted ha hecho observaciones acerca de la relación entre las negociaciones internacionales comerciales y el derecho a la alimentación. ¿Podría darnos un comentario, considerando que México es el líder en el mundo en número de acuerdos de libre comercio?

Hay dos niveles en la discusión. Uno “macro”, en el cual los países son considerados como un todo. Otro es el nivel “micro”, en el cual los diferentes grupos de la población son distinguidos dentro de los países. En el nivel macro, la liberalización comercial ha significado una creciente dependencia: muchos países se han especializado en cultivos de exportación y han buscado alcanzar la seguridad alimentaria por medio de compras de alimentos en precios subsidiados –resultantes de prácticas dumping de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)– en los mercados internacionales. Esos países son los más vulnerables ante las súbitas alzas de los precios, tal como lo vimos en 2007-08. Y habrá más sacudidas de ese tipo, debido a los picos en los precios del petróleo, como resultado del cambio climático. Firmemente creo que los países que han buscado desarrollar capacidades de exportación en materias primas tales como algodón, té, café o tabaco a expensas de la producción de alimentos para consumo local, han sacrificado sus intereses de largo plazo de construir un sector agrícola robusto para alimentar a su población, contra sus intereses de corto plazo de comprar alimentos baratos del extranjero. En el nivel micro, que yo noto es el que gana del comercio internacional, no beneficia a todos los grupos de la población por igual. Hay algunos ganadores, pero también muchos perdedores, esos en los sectores menos competitivos, esos donde los precios van al alza pero los salarios se han estancado, etcétera. En principio, por medio de políticas sociales redistributivas, los ganadores deberían compensar a los perdedores. Esto no ocurre en muchos casos. Por tanto, la liberalización comercial debería se monitoreada cuidadosamente, a efecto de asegurar que no crecerán las desigualdades con la excusa de promover crecimiento económico.

Usted ha hecho propuestas para modificar drásticamente el rol del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, a efecto de erradicar, de manera eficiente, el hambre y la desnutrición aguda en el planeta. ¿Cuáles son los resultados visibles de estas gestiones?

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) es un foro dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el cual los gobiernos han intercambiado sus experiencias para combatir el hambre, pero este comité no ha sido efectivo para que los países entren en acción, en parte debido a que no es suficientemente representativo de todos los intereses y en parte porque no tiene herramientas para mejorar la rendición de cuentas. Creo que el CFS debería jugar un papel muy importante en el futuro; si es objeto de una reforma ambiciosa, podría ayudar a mejorar la rendición de cuentas, inducir a los gobiernos a reportar sus esfuerzos para combatir el hambre. Compartir experiencias contribuiría a un aprendizaje colectivo. Y habría un foro en el cual la coordinación de los donadores mejoraría; estarían trabajando en la misma dirección y con objetivos más enlazados con las necesidades. A ningún gobierno le gusta que lo estén midiendo, pero todos los gobiernos, al mismo tiempo, se dan cuenta de que el actual sistema no está trabajando. La crisis alimentaria global de 2007-08 los ha alertado frente a la fragilidad del actual sistema, y saben que la reforma del CFS es necesaria. Por tanto, me siento optimista de que un consenso está emergiendo no sólo para mejorar la coordinación, sino también para trabajar juntos para el desarrollo de una estrategia global que materialice el derecho a la alimentación y hacia más responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos. El hambre es un reto muy grande. Pero nosotros podemos enfrentarlo por medio de objetivos muy bien definidos, con indicadores y procesos con fechas límites. Esto es lo que yo he propuesto y es en donde se está dando un consenso.

¿Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aceptan proporcionar, en coordinación con otras agencias, una guía o lineamientos para los Estados a efecto de que se ejerza realmente el derecho a la alimentación? Usted ha hecho tal propuesta.

Las agencias internacionales han trabajado muy juntas desde abril de 2008 como resultado de un grupo de trabajo alto nivel en la crisis global alimentaria, que fue establecido bajo el liderazgo del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Ellos acordaron un Marco Amplio de Acción con una lista de medidas operacionales que los gobiernos deberían tomar con el apoyo de la comunidad internacional. La pregunta es ahora si ese esfuerzo será sostenido más allá del momento actual donde hay una sensación de urgencia. Esta es una de las apuestas de la reforma que se busca para el CFS. El dilema es muy simple. O aceptamos que las políticas comerciales o macroeconómicas de estabilización –y efectivamente, las políticas agrícolas– ignoren el impacto sobre el derecho a la alimentación de los más pobres, o inducimos esas políticas hacia la reducción del hambre y la pobreza. Si es lo último, entonces es vital que se mejore la coordinación.

¿Es viable que las naciones establezcan regulaciones obligatorias o leyes para que se ejerza el derecho a la alimentación?

Por lo menos 20 Estados en el mundo hoy, incluidos recientemente Ecuador y Bolivia, reconocen el derecho a la alimentación en sus constituciones. Un creciente número de Estados también han adoptado un marco legal que protege este derecho. En abril de 2005, con la aprobación de su Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala se convirtió en el primer país de América Latina que incluyó tal derecho en su sistema legal. En Brasil, la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Losan) puso en marcha el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición (Sisan), el cual lleva a toda la población un número de políticas enfocadas a combatir el hambre, incluidas algunas diseñadas para apoyar la agricultura familiar, mejorar el acceso a la alimentación y al agua por parte de aquellos que las necesitan (por ejemplo por medio de un programa de restaurantes para gente de bajos ingresos, bancos de alimentos, cocinas comunitarias o cisternas), para alimentar niños en escuelas o para mejorar el almacenamiento de alimentos en áreas rurales. En julio de 2008, Venezuela adoptó la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que en su artículo ocho reconoce el derecho a la alimentación.

Estos acontecimientos no son sólo de valor simbólico. Más bien, operan una evolución desde la postura de que “necesitamos tener políticas que permitan la seguridad aimentaria” a la de “cada individuo debe tener garantizada una respuesta y un remedio si es violado su derecho a la alimentación”. Tenemos más casos en los cuales las cortes judiciales, por ejemplo, obligan a los gobiernos a extender programas de apoyo a ciertas áreas que son olvidadas, o a compensar a los agricultores por pérdidas en su nivel de vida, Hay resistencias, por supuesto, pero vamos en una dirección, en general, que es claramente alentadora.

¿Quiere hacer un comentario adicional?

El reto más importante que estamos enfrentando hoy es el cambio climático y la degradación ambiental. La agricultura es tanto parte del problema como de la solución. El 32 por ciento de los emisiones de gas invernadero generadas por el hombre son resultado de la agricultura (19 por ciento sin tomar en cuenta la deforestación) y la agricultura consume 70 por ciento del agua fresca del mundo. Pero las prácticas agrícolas pueden ser más sostenibles. Podemos confiar más en la agricultura de labranza mínima, o los intercultivos y la agroforestería y generalmente en agricultura ecológica, que descansa menos en insumos externos (los cuales son una fuente de dependencia económica para los productores) y compartir más el conocimiento acerca de buenas prácticas y la interacción de las plantas con el ecosistema. Debido a lo que representan las amenazas del cambio climático y la degradación ambiental para el futuro de la seguridad alimentaria del mundo, insisto en que los gobiernos deberían poner mayor atención a esas alternativas. La agricultura del siglo XX, dependiente altamente de insumos, debería pronto convertirse en una cosa del pasado. De hecho, la dependencia del petróleo está condenada al fracaso en el largo plazo. Deberíamos movernos al siglo XXI.