Según un sondeo de NBC News/Wall Street Journal publicado el 26 de abril de 2007, un 78% de los estadounidenses cree que su país va en la dirección equivocada. Sólo un 22% piensa que las políticas del gobierno de Bush tienen sentido, la cifra más baja sobre esta pregunta desde octubre de 1992, cuando George H. W. Bush se presentaba para su segundo período – y perdió. En lo que la gente no se pone de acuerdo es sobre los motivos para sus dudas y, sobre todo, cuál debe ser el remedio – o deben ser los remedios.

La gama de opiniones al respecto es inmensa. Incluso aunque una gran cantidad de votantes sospecha vagamente que los fracasos del propio sistema político condujeron al país a su actual crisis, la mayoría espera evidentemente que el sistema corrija su rumbo de manera más o menos automática. Como informó Adam Nagourney del New York Times, a fines de marzo de 2007, por lo menos 280.000 ciudadanos estadounidenses ya han contribuido unos 113,6 millones de dólares a las campañas presidenciales de Hillary Rodham Clinton, Barack Obama, John Edwards, Mitt Romney, Rudolph Giuliani, o John McCain.

Si esa gente realmente cree que una elección presidencial a un año y medio desde ahora cambiará significativamente el modo como es dirigido el país, seguramente ha perdido su dinero. Como lo define Andrew Bacevich, autor de: “The New American Militarism” (El nuevo militarismo estadounidense): “Ninguno de los demócratas que compiten por reemplazar al presidente Bush lo hace con la promesa de resucitar el sistema de controles y limitaciones... El objetivo del partido que no está en el poder no es reducir la presidencia en su tamaño, sino apoderarse de ella, no es reducir las prerrogativas del ejecutivo, sino recuperarlas.”

George W. Bush, por cierto, ha violado descaradamente su juramento de posesión, que prescribe que debe “proteger y defender la constitución,” y el partido opositor se ha mostrado notablemente renuente a responsabilizarlo. Entre los “grandes crímenes y ofensas” que, bajo otras circunstancias políticas, seguramente constituirían los fundamentos constitucionales para su impugnación, existen los siguientes: el presidente y sus máximos funcionarios presionaron a la Agencia Central de Inteligencia para que preparara un así llamado National Intelligence Estimate (NIE) [Valoración nacional de inteligencia] sobre las armas nucleares de Iraq que tanto el gobierno como la Agencia sabían que era manifiestamente deshonesto. Luego utilizaron esa falsa NIE para justificar una guerra de agresión estadounidense. Después de lanzar una invasión de Iraq, el gobierno reinterpretó unilateralmente el derecho internacional y nacional para permitir la tortura de prisioneros detenidos en la prisión Abu Ghraib en Bagdad, en Guantánamo, Cuba, y en otros emplazamientos secretos en todo el mundo.

Nada en la Constitución, menos todavía la cláusula sobre el comandante en jefe, permite que el presidente cometa felonías. A pesar de ello, días después de los ataques del 11-S, el presidente Bush firmó una orden ejecutiva secreta autorizando una nueva política de “entregas extraordinarias” en la que se permitía que la CIA secuestrara a presuntos terroristas en cualquier sitio en la Tierra y los transfiriera a prisiones en países como Egipto, Siria, o Uzbekistán, donde la tortura es una práctica normal, o a prisiones secretas de la CIA fuera de USA donde los propios agentes de la Agencia realizan las torturas.

En el frente interior, a pesar de la autorización del Congreso posterior al 11-S de nuevos poderes de vigilancia para el gobierno, sus funcionarios prefirieron ignorarlos y, por su propia iniciativa, emprendieron un extensivo espionaje contra ciudadanos estadounidenses sin obtener los mandatos judiciales necesarios y sin informar al Congreso sobre dicho programa. Estas acciones constituyen violaciones a primera vista de la Ley de Vigilancia Externa de Inteligencia de 1978 (y subsiguientes revisiones) y de la Enmienda IV de la Constitución.

Esto constituye de por sí un fundamento más que suficiente para la impugnación, aunque apenas arañan la superficie. Y sin embargo, en vísperas de las elecciones nacionales de noviembre de 2006, la Jefa de la Minoría de la Cámara, ahora su Presidenta, Nancy Pelosi (demócrata de California), prometió en el programa “60 Minutes” de CBS News, que “la impugnación no está sobre el tapete.” La calificó de “pérdida de tiempo.” Y seis meses después de que el Partido Demócrata tomara el control de ambas cámaras del Congreso, la prisión en Guantánamo sigue abierta y realizando consejos de guerra de los prisioneros retenidos allí; la CIA sigue utilizando “técnicas acentuadas de interrogación” de prisioneros en cárceles extranjeras; las intrusiones ilegales en la privacidad de ciudadanos estadounidenses siguen con toda su furia; y, más de cincuenta años después de la fundación de la CIA, ésta sigue operando, en el mejor de los casos, con la supervisión parlamentaria más ligera.

Promoviendo mentiras, desmontando la democracia

No cabe duda de que la catastrófica guerra del gobierno en Iraq es el tema singular compartido que ha convencido a una gran mayoría de los estadounidenses de que el país va “orientado en la dirección equivocada.” Pero la guerra en sí es el resultado de una presidencia imperial y del vil fracaso del Congreso en la realización de su deber constitucional de supervisión. Si el gobierno hubiera estado trabajando como lo especificaron los autores de la Constitución, la guerra no podría haber ocurrido. Incuso ahora, la mayoría demócrata sigue mostrándose renuente a utilizar el poder del erario público para cortar el financiamiento de la guerra, terminando con ello la ocupación estadounidense de Iraq y comenzando a limitar el poder en crecimiento permanente del complejo militar-industrial.

Un problema importante del sistema social y político estadounidense es que la prensa, especialmente las noticias televisivas, no informa al público sobre la verdadera amplitud de las actividades inconstitucionales del poder ejecutivo. Como observan Frederick A. O. Schwarz y Aziz Z. Huq, autores de “Unchecked and Unbalanced: Presidential Power in a Time of Terror” (Sin control y sin equilibrio: el poder presidencial en un tiempo de terror): “Para que el público ejerza su papel de control adecuado en las urnas, los ciudadanos deben saber lo que hace el gobierno en su nombre.”

En lugar de desenmascarar las mentiras y manipulaciones del gobierno, los medios las promueven activamente. Sin embargo la primera enmienda a la Constitución protege a la prensa precisamente para que pueda penetrar el secreto que es el arma más poderosa, autoprotectiva, del burócrata. Como resultado de este defecto, no tiene lugar, y no podría tener lugar, la supervisión democrática del gobierno por una ciudadanía activamente involucrada. Las gentes de USA se convirtieron en simples espectadores mientras una colección de extremistas ideológicos, intereses creados y agentes extranjeros – incluyendo a neoconservadores autóctonos, Ahmed Chalabi y sus exiliados iraquíes, el lobby israelí, las industrias del petróleo y automotriz, los belicistas y especuladores, aliados con el complejo militar-industrial, y los intereses arraigados de los círculos dominantes militares profesionales – secuestraron esencialmente el gobierno.

Algunos respetados periodistas profesionales no vieron estos defectos como el simple resultado de la bajeza personal, sino como profundos problemas estructurales y culturales dentro del sistema estadounidense tal como existe en la actualidad. En una entrevista con Matt Taibbi, Seymour Hersh, durante cuarenta años uno de los más destacados periodistas investigativos, lo describió como sigue:

“Todas las instituciones que pensábamos nos protegerían – particularmente la prensa, pero también los militares, la burocracia, el Congreso – han fracasado... Así que todas las cosas que esperábamos que normalmente nos apoyaran no lo hicieron. El mayor defecto, diría, es la prensa, porque es el más flagrante... ¿Qué se puede hacer para arreglar la situación? [Larga pausa] Hay que despedir o ejecutar a un noventa por ciento de los editores y ejecutivos.”

El veterano analista de la prensa (y ex secretario presidencial para la prensa), Bill Moyers, considerando un caso clásico de falla de la prensa, concluyó: “La ignominiosa reacción de la prensa a la presentación de Colin Powell en Naciones Unidas [el 5 de febrero de 2003] parece algo salido de Monty Python, con un informe británico clave citado por Powell que no era más que la tesis de un estudiante, bajada de la Red – y el estudiante amenazó después con acusar de ‘plagio’ a funcionarios de USA.”

Como resultado de semejantes fallas múltiples (que siguen ocurriendo), el poder ejecutivo engañó fácilmente al público estadounidense.

Una catástrofe humana hecha en USA

Uno de los defectos mencionados por Hersh, el de los militares, es particularmente impactante, ya que se parece a los ocurridos en la era de Vietnam, treinta años antes. Se hubiera pensado que el alto comando habría aprendido algunas lecciones de la derrota de 1975. En lugar de hacerlo, se lanzó una vez más a la guerra inflado por nuestra propia propaganda – especialmente las creencias conjugadas de que USA era la “nación indispensable,” “la única superpotencia,” y el “vencedor” en la Guerra Fría, y que era una nueva Roma diferente de todo lo que el mundo haya visto jamás, poseyendo como hacía – de los cielos al sitio más remoto del planeta – “pleno dominio del espectro.” La idea de que USA era un coloso militar indisputable de un lado al otro del mundo, al que ningún poder o pueblo podía oponerse efectivamente, fue una tontería resultante del orgullo desmedido que con certeza llevaría al país a profundas dificultades – como lo hizo – y al ejército de USA al borde del colapso, como ocurrió en Vietnam y podría ocurrir nuevamente en Iraq (y en Afganistán).

En lugar de comportarse de una manera profesional, nuestros militares invadieron Iraq con una fuerza de lejos demasiado pequeña, no reaccionaron adecuadamente cuando partes del ejército iraquí (y el Partido Baas) pasaron a la clandestinidad, toleraron una orgía de saqueos y de ilegalidad en todo el país; desobedecieron órdenes e ignoraron obligaciones internacionales (incluyendo la obligación de un poder ocupante de proteger las instalaciones y los tesoros del país ocupado – especialmente, en este caso, el Museo Nacional de Bagdad y otros sitios arqueológicos de incalculable valor histórico); e inflamaron con su impotencia las llamas de una insurgencia contra nuestra ocupación, cometiendo numerosas atrocidades contra civiles iraquíes desarmados.

Según Andrew Bacevich: “No se puede hacer casi nada para rescatar Iraq. Ya no está dentro del poder de USA determinar el desenlace de los eventos en ese país.” Nuestro antiguo embajador en Arabia Saudí, Chas W. Freeman, dice de la reciente estrategia de “marea” en Bagdad y en la provincia al-Anbar del presidente Bush: “El refuerzo del fracaso es un lamentable sustituto para su corrección.”

Simbólicamente, una cierta señal del desastre que ocurriría en Iraq llegó a través de un mensaje de una valerosa pero anónima mujer suní que, desde agosto de 2003, ha publicado el indispensable blog Baghdad Burning (Bagdad en fuego). Su familia, informó, terminó por rendirse y se iba al exilio – sumándose a hasta dos millones de sus compatriotas que han abandonado el país. En su mensaje final, escribió:

“Hay momentos en los que la injusticia de tener que abandonar tu país simplemente porque a un imbécil se le ocurrió invadirlo, es abrumadora. Es injusto que a fin de sobrevivir y de vivir normalmente, tengamos que abandonar nuestro hogar y lo que queda de nuestra familia y amigos... ¿Y para qué?”

El general en retiro Barry McCaffrey, comandante de la 24 División de Infantería en la primera guerra de Iraq y un porrista consecuente de las estrategias de Bush en la segunda, ha cambiado radicalmente su tono. Ahora dice: “Ningún funcionario del gobierno iraquí, soldado de la coalición, diplomático, periodista, ONG extranjera, ni contratista puede caminar por las calles de Bagdad, ni Mosul, ni Kirkuk, ni Basora, ni Tikrit, ni Najaf, ni Ramadi, sin una fuerte protección armada.” En otro contexto, el general McCaffrey ha concluido: “El Ejército de USA se desintegra rápidamente.”

Incluso el fracaso militar en Iraq sigue siendo manipulado en una red interminable de mentiras y deformaciones por la Casa Blanca, el Pentágono, eruditos militares, y la información – ahora rutinaria – de propagandistas disfrazados de periodistas. Por ejemplo, en los primeros meses de 2007, los crecientes ataques con coches bomba en Bagdad ponían en ridículo las afirmaciones del gobierno de Bush y del Pentágono de que la escalada de las tropas de USA en la capital había producido una “dramática caída en la violencia sectaria.” La reacción oficial ante este problema: el Pentágono simplemente dejó de incluir las muertes por atentados con coches en su cuenta de víctimas sectarias. (Nunca ha tratado aunque sea de informar pública o exactamente sobre las víctimas civiles.) Desde agosto de 2003, ha habido más de 1.050 atentados con coches bomba en Iraq. Un estudio estima que hasta junio de 2006 el número de muertos sólo por estos últimos ha sido la horrenda cifra de 78.000 iraquíes.

La guerra y la ocupación que George W. Bush desencadenó en Iraq han resultado ser inimaginablemente letales para los civiles desarmados, pero la información sobre los verdaderos niveles de mortandad en Iraq, o la naturaleza del papel directo de USA en esto, fue durante mucho tiempo virtualmente tabú para los medios estadounidenses. Recién en octubre de 2006, la publicación de la Asociación Médica de Gran Bretaña, The Lancet, publicó un estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y de la Universidad al-Mustansiriya en Bagdad, que calculó que desde marzo de 2003, hubo unas 601.027 muertes iraquíes adicionales debidas a la violencia que las que se hubiera esperado sin una guerra. Los gobiernos británico y estadounidense empezaron por descartar sus resultados, afirmando que el estudio se basaba en métodos estadísticos defectuosos – y los medios estadounidenses ignoraron el estudio, minimizaron su importancia, o descartaron sus cifras.

El 27 de marzo de 2007, sin embargo, se desveló que el consejero científico jefe del Ministerio de Defensa británico, Roy Anderson, presentó una reacción más honesta. Los métodos utilizados en el estudio fueron, escribió, “cercanos a la mejor práctica.” Otro funcionario británico los describió como “una manera probada y ensayada de medir la mortandad en las zonas de conflicto.” Más de 600.000 muertes violentas en una población estimada en 2006 en 26,8 millones – es decir, uno de cada 45 individuos – equivale a una catástrofe humana hecha en USA.

Un tema que el gobierno, los militares, y los medios noticiosos tratan de evitar como la plaga es la cultura racista y asesina de los soldados rasos estadounidenses cuando operan en el extranjero. En parte como resultado del racismo subyacente arraigado en la estructura mental de muchos estadounidenses y en la propaganda del imperialismo estadounidense, que es machacado en las mentes de los reclutas durante el entrenamiento militar, no consideran que los ataques contra “cabezas de trapo” o “hajis” desarmados constituyan asesinatos. El culto del silencio sobre este tema comenzó a desvanecerse sólo ligeramente en mayo de 2007 cuando un informe preparado por el Equipo Consultivo de Salud Mental del Ejército fue filtrado al San Diego Union-Tribune. Basado en estudios anónimos y en grupos de estudio involucrando a 1.320 soldados y 447 Marines, el estudio reveló que sólo un 56% de los soldados informaría sobre un miembro de su unidad por herir o matar a un no-combatiente inocente, mientras que sólo un 40% de los Marines lo haría. Algunos militaristas responderán que una inhumanidad semejante ante los indefensos es siempre inculcada a un soldado adecuadamente entrenado. Si es así, la respuesta a este problema es asegurar que, en el futuro, haya muchas menos guerras imperialistas premeditadas auspiciadas por USA.

El complejo militar-industrial-parlamentario

Numerosos otros aspectos de imperialismo y militarismo socavan el sistema constitucional de USA. A estas alturas, por ejemplo, la privatización de las funciones militares y de inteligencia está totalmente fuera de control, más allá de la ley, y más allá de cualquier forma de supervisión del Congreso. Es también increíblemente lucrativa para los propietarios y operadores de las así llamadas compañías militares privadas – y el dinero para pagar por sus actividades proviene en última instancia de los contribuyentes a través de contratos gubernamentales. Toda rendición de cuentas de estos fondos, distribuidos en gran parte a compañías con conexiones en los círculos gobernantes, es caótica en el mejor de los casos. Jeremy Scahill, autor de “Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army,” [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45811] estima que existen 126.000 contratistas militares privados en Iraq, más que suficiente para que la guerra continúe, incluso si retiraran la mayor parte de las tropas oficiales de USA. “Desde el comienzo,” escribe Scahill, “esos contratistas han constituido una importante historia oculta de la guerra, prácticamente no cubierta por los medios dominantes y absolutamente central en el mantenimiento de la ocupación de Iraq por USA.”

Los masivos presupuestos “militares” de USA, que siguen aumentando, comienzan a amenazar a USA con la bancarrota, considerando que sus déficit comercial y fiscal ya lo convierten fácilmente en la mayor nación deudora del mundo. Los gastos en los círculos dirigentes militares – a veces mal llamados “gastos en defensa” – han aumentado a los mayores niveles desde la Segunda Guerra Mundial, excediendo los presupuestos de las eras de Corea y Vietnam así como el bacanal de compra de armas del presidente Ronald Reagan en los años ochenta. Según cálculos del Proyecto Nacional de Prioridades, una organización de investigación sin fines de lucro que examina el impacto local de las políticas de gastos federales, los gastos militares actuales consumen un 40% de cada dólar de impuestos.

Es igualmente alarmante que sea virtualmente imposible para un miembro del Congreso o para un ciudadano de a pie obtener aunque sea un modesto indicio sobre el tamaño real de los gastos militares o su impacto sobre la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema económico. Unos 30.000 millones de dólares de la asignación oficial del Departamento de Defensa (DoD) del actual año fiscal son “dinero negro”, lo que quiere decir que supuestamente van a proyectos altamente confidenciales. Incluso el presupuesto declarado del DoD es sólo analizado a la ligera porque los miembros del Congreso, a la busca de lucrativos contratos de defensa para sus distritos, tienen relaciones mutuamente beneficiosas con contratistas de la defensa y el Pentágono. El presidente Dwight D. Eisenhower identificó este fenómeno, en el borrador de su discurso de despedida de 1961, como el “complejo militar-industrial-parlamentario.” Cuarenta y seis años después, de un modo que Eisenhower probablemente no podría haber imaginado, el presupuesto de defensa está fuera de una supervisión o control serios del Congreso.

El DoD siempre trata de minimizar el tamaño de su presupuesto, presentándolo como un porcentaje en disminución del producto nacional bruto. Lo que nunca revela es que el total de los gastos militares es realmente muchas veces superior a la asignación oficial para el Departamento de Defensa. Para el año fiscal 2006, Robert Higgs del Instituto Independiente calculó que los desembolsos para la seguridad nacional ascienden a casi un billón de dólares – 934.900 millones de dólares para ser exactos – distribuidos como sigue (en millones de dólares):

Departmento de Defensa: $499.400

Departmento de Energía (armas atómicas): $16.600

Departmento de Estado (ayuda militar al extranjero): $25.300

Departmento de Asuntos de Veteranos (tratamiento de soldados heridos): $69.800

Departmento de Seguridad Interior (defensa real): $69.100

Departmento de Justicia (un tercio para el FBI): $1.900

Departmento del Tesoro (jubilaciones militares): $38.500

NASA (lanzamiento de satélites): $7.600

Intereses por deudas de guerra de 1916 al presente: $206.700

En total, la suma es mayor que la suma combinada gastada por todas las demás naciones en seguridad militar.

Estos gastos ayudan a sostener la economía nacional y representan, en lo esencial, un importante programa de empleos. Sin embargo, comienzan a desplazar a la economía civil, causando estancamiento en los niveles de ingresos. También contribuyen a la hemorragia de puestos de trabajo en la manufactura a otros países. El 1 de mayo de 2007, el Centro de Investigación Económica y Política publicó una serie de cálculos sobre “el impacto económico de la guerra de Iraq y del aumento de los gastos militares.” Sus cifras muestran, entre otras cosas, que, después de un estímulo inicial de la demanda, el efecto de un aumento significativo de los gastos militares (como lo hemos visto en los últimos años) se vuelve negativo alrededor del sexto año.

Tarde o temprano, el aumento de los gastos militares hace subir la inflación y las tasas de interés, reduciendo la demanda en sectores sensibles a los intereses de la economía, sobre todo en las ventas anuales de coches y camiones. El resultado es la pérdida de puestos de trabajo. La construcción y los sectores manufactureros no militares sufren la mayor parte de estas pérdidas. El informe concluye: “La mayoría de los modelos económicos muestran que los gastos militares desvían recursos de usos productivos, tales como el consumo y la inversión, y en última instancia desaceleran el crecimiento económico y reducen el empleo.”

¿Liquidación imperial?

El imperialismo y el militarismo comienzan así a poner en peligro tanto el bienestar financiero como el social de nuestra república. Lo que el país necesita desesperadamente es un movimiento popular para reconstruir el sistema constitucional y volver a someter al gobierno a la disciplina de controles y limitaciones. Ni el reemplazo de un partido político por el otro, ni políticas económicas proteccionistas orientadas a rescatar lo que queda de nuestra economía manufacturera corregirán lo que ha ido mal. Ambas soluciones no encaran la causa a la raíz de nuestra decadencia nacional.

Creo que hay una sola solución para la crisis que enfrentamos. El pueblo estadounidense debe tomar la decisión de desmantelar tanto el imperio que ha sido creado en su nombre y el inmenso (y todavía creciente) sistema militar que lo refuerza. Es una tarea que es por lo menos comparable con la emprendida por el gobierno británico cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, liquidó el Imperio Británico. Al hacerlo, Gran Bretaña evitó la suerte de la República Romana – convertirse en una tiranía interior y perder su democracia, como habría sido necesario si hubiera continuado tratando de dominar gran parte del mundo por la fuerza.

Para USA, la decisión de montar una campaña semejante de liquidación imperial puede ya ser demasiado tardía, en vista de los intereses vastos y profundamente arraigados del complejo militar-industrial. Para tener éxito, un esfuerzo semejante podría requerir prácticamente una movilización revolucionaria de la ciudadanía estadounidense, comparable por lo menos al movimiento de derechos cívicos de los años sesenta.

Incluso para llegar a contemplar una retirada del imperio – algo tan inconcebible para nuestros eruditos y editorialistas de la prensa que simplemente nunca la consideran – tenemos que especificar con la mayor claridad posible lo que tendrían que hacer los dirigentes elegidos y los ciudadanos de USA. Habría que tomar dos decisiones fundamentales. Primero, en Iraq, tendríamos que iniciar un itinerario firme para el retiro de nuestras fuerzas militares y la entrega a los iraquíes de las bases militares permanentes que hemos construido. En segundo lugar, en el interior, tendríamos que invertir las prioridades presupuestarias federales.

Según Noam Chomsky, venerable crítico del imperialismo estadounidense: “Cuando los gastos aumentan, como en leyes militares suplementarias para conducir las guerras en Iraq y Afganistán, disminuirían bruscamente. Donde los gastos son estables o en disminución (en la salud, la educación, la capacitación laboral, la promoción de la conservación de energía, y las fuentes de energía renovable, la asistencia para veteranos, el financiamiento para la ONU y las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, etc.) aumentarían bruscamente. Los recortes tributarios de Bush para gente con ingresos de sobre 200.000 dólares por año serían inmediatamente revocados.”

Semejantes reformas comenzarían de inmediato a reducir la influencia malevolente del complejo militar-industrial, pero muchas otras áreas también requerirían atención. Como parte del proceso del des-acuartelamiento del planeta y de liquidación de nuestro imperio, tendríamos que lanzar un proceso de cierre ordenado de por lo menos 700 de las 737 bases militares que mantenemos (según el recuento oficial del Pentágono) en más de 130 países extranjeros en todos los continentes, con la excepción de la Antártica. Deberíamos orientarnos en última instancia a cerrar todos nuestros enclaves imperialistas, pero a fin de evitar el aislacionismo y mantener la capacidad de ayudar a Naciones Unidas en operaciones globales de mantenimiento de la paz, deberíamos, por el momento, retener probablemente unas 37 de ellas, sobre todo bases navales y aéreas.

De igual importancia, deberíamos re-escribir todos nuestros Acuerdos de Estatus de las Fuerzas – esos “acuerdos” dictados por USA que eximen a nuestras tropas basadas en países extranjeros de las leyes penales locales, de impuestos, controles de inmigración, de la legislación contra la contaminación , y de todo lo que los militares estadounidenses puedan imaginar. Debe establecerse como asunto de principio y ley que las fuerzas estadounidenses estacionadas fuera de USA tratarán con sus naciones anfitrionas sobre una base de igualdad, no de privilegio extraterritorial.

El enfoque estadounidense de las relaciones diplomáticas con el resto del mundo también requeriría un masivo ajuste. Tendríamos que terminar con nuestro beligerante unilateralismo hacia otros países así como con nuestra conducta de infractores de la ley respecto al derecho internacional. Nuestro objetivo debe ser fortalecer Naciones Unidas, incluyendo nuestro respeto por su mayoría, trabajar por terminar con el sistema de veto del Consejo de Seguridad (y dejar de utilizar nuestro presente derecho de veto). USA tiene que dejar de ser el mayor proveedor de armas y municiones del mundo – un comercio letal cuya administración debe ser colocada bajo la supervisión de la ONU. Debemos alentar a la ONU a comenzar a ilegalizar armas como las minas terrestres, las bombas de racimo, y la munición de uranio empobrecido que producen una desolación particular a largo plazo en las poblaciones civiles. Como parte de un intento de corregir el equilibrio diplomático, debemos tomar algunos pasos obvios hacia el reconocimiento de Cuba y el fin de nuestro bloqueo de esa isla y, en Oriente Próximo, trabajar por equiparar la ayuda para Israel y Palestina, mientras tratamos de negociar para encontrar una solución a esa desastrosa situación. Nuestro objetivo debiera ser un retorno al liderazgo mediante el ejemplo – y argumentos sanos – en lugar de un recurso continuo a la fuerza armada unilateral y a repetidas intervenciones militares extranjeras.

En cuanto a la organización del poder ejecutivo, tenemos que re-escribir la Ley de Seguridad Nacional de 1947, apartando de la CIA todas las funciones que involucran sabotaje, tortura, subversión, amaño de elecciones en el exterior, entregas ilegales, y otras formas de actividad clandestina. El presidente debería ser privado de su poder de ordenar ese tipo de operaciones excepto con la recomendación y consenso explícitos del Senado. La CIA debería dedicarse básicamente a la recolección y análisis de inteligencia extranjera. Deberíamos eliminar tanto secreto como sea posible, de manera que ni la CIA, ni ninguna otra organización comparable puedan volver a convertirse algún día en el ejército privado del presidente.

A fin de detener nuestra decadencia económica y disminuir nuestra dependencia de nuestros socios comerciales, USA debe limitar sus déficit comerciales mediante el uso perfectamente legal de aranceles de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y debe comenzar a guiar su mercado interno según una política industrial nacional, tal como lo hacen rutinariamente las principales economías del mundo (particularmente las de Japón y China), A pesar de que esto pueda significar que se pisoteen los intereses creados de los departamentos universitarios de economía estadounidenses, simplemente no existe excusa para la continuación de la dependencia de una doctrina obsoleta de “libre comercio.”

Normalmente, una lista de propuestas de reformas como ésta sería simplemente rechazada como utópica. Comprendo esa reacción. Quiero subrayar, sin embargo, que si no se emprenden estas reformas significaría que se condena a USA a la suerte que acaeció a la República Romana y a todos los demás imperios desde entonces. Por eso puse en mi libro “Némesis” el subtítulo “The Last Days of the American Republic” (Los últimos días de la república estadounidense).

Cuando Ronald Reagan acuñó la frase “imperio del mal,” se refería a la Unión Soviética, y básicamente estuve de acuerdo con él en que la URSS debía ser contenida y que se le debía dar jaque mate. Pero actualmente es USA el que es percibido como un imperio del mal y las fuerzas del mundo se movilizan para detenernos. El gobierno de Bush insiste en que si abandonamos Iraq nuestros enemigos “ganarán” o – lo que es aún menos probable – “nos seguirán a casa.” Creo que, si nos vamos de Iraq, y de nuestros otros enclaves imperiales, podremos recuperar la superioridad moral y desmentir la necesidad de una política exterior basada en la guerra preventiva. También creo que a menos que sigamos ese camino, perderemos nuestra democracia y entonces no importará cuánto más perdemos. En las palabras inmortales de Pogo: “Hemos encontrado al enemigo y somos nosotros.”

Chalmers Johnson es autor de “Nemesis: The Last Days of the American Republic” (New York: Metropolitan Books, 2007). Es el volumen final de su “Blowback Trilogy.”

*Chalmers Johnson es autor de “Nemesis: The Last Days of the American Republic” (New York: Metropolitan Books, 2007). Es el volumen final de su “Blowback Trilogy.” [Este artículo fue publicado primero en Tomdispatch.com, un blog en la Red del Nation Institute, que ofrece un flujo permanente de fuentes, noticias y opiniones alternativas de Tom Engelhardt, mucho tiempo editor, co-fundador del American Empire Project y autor de “Mission Unaccomplished” (Nation Books), la primera colección de entrevistas de Tomdispatch.]

Fuente: TomDispatch / Rebelión – 24.05.2007 Traductor: Germán Leyens