La condena tiene como accesoria la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Hasta Santiago Cafiero dijo que era el comienzo de un camino formal hacia la proscripción de la Vicepresidenta.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso eligieron difundir el fallo en el aniversario del decreto 4161, de 1956, firmado por los dictadores Pedro Aramburu e Isaac Rojas, y por su ministro Álvaro Alsogaray, entre otros, que tipificó como un delito nombrar a Perón y Evita, usar los símbolos partidarios y cantar la marcha. Una de tantas casualidades, como la coincidencia de actos fundamentales del juicio con los procesos electorales de 2019 y 2023.  Ese decreto histórico se inspiró en los procesos emprendidos en Italia y Alemania a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para proscribir al fascismo y el nazismo. Estaban convencidos de que eran lo mismo.

Ahora lo que se procura es acabar con el kirchnerismo. Y no solo los jueces y los fiscales, dos de los cuales juegan al fútbol en la quinta de Maurizio Macrì.

Donde dije digo, digo Diego

Roberto Navarro publicó un chat en el que el Presidente Alberto Fernández dice: “Vamos a una PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”. Cuando la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que esas no eran palabras del Presidente, Navarro protestó.

—Lo dijiste— comentó luego haberle dicho.

—Pero no era para publicar— dice que fue la respuesta.

La frase textual no fue retirada del portal de Navarro.

Consultado para esta nota, Fernández negó haber hecho esa afirmación. Explicó que su idea es que una primaria fortalece a todo el espacio, gane quien gane. Agregó que también dijo que en veinte años cambiaron muchas cosas: murió Kirchner, se produjo la batalla con las patronales agropecuarias por las retenciones, Cristina tuvo un segundo mandato con muchas dificultades, quebró Lehman Brothers, durante cuatro años gobernó Macrì. Sostiene que la suma de ambas reflexiones puede haber inducido a Navarro a “esa síntesis inexacta”. La considera un error de buena fe.

El kirchnerismo auténtico

El puñado de fieles del Presidente oscila entre esa definición y la disputa por la propiedad intelectual de la marca. “Alberto es kirchnerista”, informó su portavoz. ¿Qué son Rossi o Filmus? Tal vez Massa no lo sea, pero los demás somos kirchneristas, dice el Presidente. La operación desplazamiento evoca la que Montoneros intentó hace casi medio siglo, acerca de cuál era el Peronismo Auténtico, que es la sigla con que se presentaron a las elecciones en Misiones, donde obtuvieron un 5%, ineludible precursor del randazzismo. Una diferencia es que Perón ya había muerto y el establishment no apoyaba a los auténticos. Alberto tampoco admite que él se reivindique como el verdadero kirchnerista. Están Cristina y Máximo, eso no se puede ignorar, dice.

El Presidente insiste en que es un error colocar el acento en la proscripción de Cristina y no en la condena a una persona inocente, señala que la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una accesoria a la pena, que queda a discreción de los jueces, y pregunta qué ocurriría si la Cámara Federal de Casación Penal (los visitantes habituales de Macrì, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos) decidieran confirmar la condena a seis años de prisión, pero revocaran la accesoria. Una vez publicada esta afirmación, en la primera edición del domingo 12, un juez penal sostuvo en un mensaje al Cohete que «se equivoca el profesor Alberto Fernández. El art. 174 del código penal, en su último párrafo, impone de forma obligatoria la pena conjunta de inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Si hay condena, la consecuencia es pena de prisión y de inhabilitación». El párrafo final del 174 dice que en caso de fraude en perjuicio de alguna administración pública, «el culpable,  si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua».

La ruptura del pacto democrático

El viernes, en la Universidad Nacional de Río Negro, la primera de las 16 que se crearon durante su presidencia, Cristina recibió un doctorado honoris causa y dijo que la alianza entre la oposición y un sector del Poder Judicial emite mensajes mafiosos que desdibujan la división de poderes y rompen el pacto democrático de 1983, que incluía el respeto por la vida del opositor. Mencionó la decisión firmada horas antes por la Cámara Federal de Apelaciones en contenciosos administrativos, que admitió el recurso del senador Luis Juez para incorporarse al Consejo de la Magistratura, en lugar de Martín Doñate, cuya postulación aprobó el Senado. Cristina no lo dijo, pero el fallo, redactado por la respetable jueza Clara do Pico, precisa que no le deja otra alternativa la decisión previa de la Corte Suprema, que ejerce así un verticalismo sofocante sobre los tribunales inferiores.

Sobre su condena sólo dijo que los fundamentos contenían millones de palabras y adjetivos, ni una prueba y un solo objetivo, la proscripción, y se remitió a la definición de Wado de Pedro: “Han reemplazado al código electoral por el código penal”. Y la presentó como parte de una escalada, que incluye

• la lapidación de su despacho en el Senado previamente marcado con pintura roja, el 22 de marzo de 2022, cuando la Cámara de Diputados trataba el acuerdo con el FMI;
• la pegatina de carteles con su foto y la acusación de Asesina de 35.000 personas una semana después, que asoció con el negacionismo de los 30.000 detenidos-desaparecidos. “Había que poner más. Si nosotros somos los responsables de 30.000, ustedes, vos que sos la cabeza más visible del peronismo, son responsables de las 35.000” [muertes durante la pandemia];
• el intento de homicidio el 1° de septiembre, cuando un tirador gatilló sobre su rostro y sólo por milagro no salió el tiro.

El golpe del ’76 y la economía bimonetaria

Luego de esa descripción del momento institucional, se refirió a la economía bimonetaria, agravada por el tercio de la población que sobrevive en negro. Se remontó al golpe de 1976, que acabó con el modelo industrialista por sustitución de importaciones e instaló la financiarización, con la fuga de activos al exterior. “Hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional sino que estamos sin moneda”, dijo, lo que es causa de la inflación y la desvalorización del salario, que ejemplificó con un gráfico del diario La Nación.

Al comentarlo, concluyó que el salario no es la causa de la inflación: en 2015 era el más alto de la región y los precios crecían un 24% al año, mientras que ahora el salario está por el piso y la inflación supera el 100%. También descartó que la inflación sea consecuencia del déficit fiscal y mostró un gráfico de The Economist, en el que sólo cinco países del mundo tienen superávit fiscal. La pandemia y la guerra fueron terribles, pero no hay catástrofe más grande que la deuda externa contraída por el anterior gobierno entre 2015 y 2019, agregó. Al llegar al meollo de su exposición, mostró los vencimientos de deuda pública, que crecen cada año, de 15.000 millones de dólares en 2024 a 23.000 en 2027 y cuestionó la ilusión de que con las exportaciones de Vaca Muerta y el litio van a sobrar los dólares. También explicó que en la hipótesis de la dolarización, las víctimas principales serían las clases medias.

Su propuesta fue el acuerdo entre las fuerzas políticas sobre el patrón de acumulación, las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda la sociedad. “Vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos frente a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo [con el FMI], no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, ponerse de acuerdo en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no, podremos tener veinte Vaca Muerta, ochenta mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares y, fundamentalmente, le tengo mucho temor a la fragmentación política.

Aquí podés leer la exposición completa, y aquí escucharla a ella misma.

Ni crítica ni sana

En esta edición de El Cohete, Aleardo Laría Rajneri desmenuza el fallo del Tribunal Oral Federal 2 y sus fundamentos para condenar a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y Josefina Bolis destaca sus aspectos sexistas. En el mismo estilo del histriónico fiscal Diego Luciani, la sentencia abunda en adjetivos y frases grandilocuentes, como “una extraordinaria maniobra fraudulenta”, pero admite lisa y llanamente que no fue posible obtener “prueba directa en torno al hecho criminal”, de modo que se manejará con indicios y conjeturas. También chapotea en el barro político, discutiendo el concepto de lawfare o guerra jurídica, del que son protagonistas destacados. Como si no hubieran asistido a las audiencias del debate oral, los jueces repiten afirmaciones previas y no fundamentadas, sobre el beneficio ilegítimo que Cristina habría obtenido por la adjudicación de obra pública de Santa Cruz a Lázaro Báez, mediante los alquileres de dos hoteles, pese a que fueron operaciones insignificantes en relación con los montos de la obra pública, a precios de mercado y bancarizadas en blanco y declarados ante la agencia impositiva. Además se tratan en otra causa, en la que Cristina fue sobreseída.

Como señaló el defensor de CFK, Alberto Beraldi, el fallo ignora olímpicamente los cargos presentados por la fiscalía, que eran insostenibles, sobre Asociación Ilícita y obras no realizadas pese a que se pagaron. En uno de los tramos más asombrosos de su panfleto, Giménez Uriburu, Gorini y Basso dicen que “el plan criminal” fue tan complejo y de apariencia legal que no permitió cuantificar el perjuicio para la administración pública. Tras cartón lo cifran en 84.000 millones de pesos, sin la menor explicación sobre cómo arribaron allí.

El Código Procesal Penal de la Nación establece que en la valoración de las pruebas debe seguirse las pautas del sistema de la sana crítica racional, sin forzar la interpretación de los hechos y, en caso de duda, beneficiar al imputado. No es un sistema libre o arbitrario; lo limitan los principios de la lógica y la experiencia. De esta manera, el juez debe valorar los elementos de prueba presentados en el proceso, sin omitir ninguno, de manera razonada, coherente y objetiva, no por prejuicios o valoraciones subjetivas. En este caso, debía probarse si la persona a quien se le había confiado el manejo, la administración o el cuidado de bienes e intereses pecuniarios ajenos, y sobre los cuales ejercía un poder de disposición, había cometido una administración fraudulenta en perjuicio del Estado. No cualquiera puede ser considerado responsable por este delito, sino aquel que cumpla con los requisitos específicos establecidos por el ordenamiento jurídico y que tenga una relación de garante con respecto al bien jurídico tutelado. Se trata de lo que la doctrina llama un delito de infracción de deber

Como dice la sentencia, el sujeto activo no es quien realiza la acción delictiva, sino quien tenía el deber legal de evitar que se produjera. Como no es la persona encargada por la Constitución Nacional, las leyes y los decretos, de firmar contratos y ordenar pagos a privados, el Poder Ejecutivo no puede ser considerado como autor responsable de la defraudación.

Los jueces saben que Cristina no entabló relación jurídica alguna en el ejercicio de su función con el beneficiario del delito. Entonces estiran la norma punitiva y recurren a la teoría de la causación acumulativa, que considera que una conducta puede ser causa de un resultado delictivo, cuando se acumula con otras conductas que, en conjunto, conducen al resultado, aunque cada una de por si no sea ilícita. Por eso fueron condenados los músicos callejeros que tocaron en Cromañón.

La teoría de la causación acumulativa amplía la responsabilidad penal a situaciones en las que el autor no ha causado directamente el daño y que, por lo tanto, no es responsable de manera individual de su producción. Además, diluye la responsabilidad penal, ya que puede ser difícil determinar cuánto contribuyó cada uno de los responsables a la producción del daño total. Por ello es una herramienta controvertida en la Justicia penal.

En este caso no puede aplicarse, ya que la competencia para realizar ciertas acciones está establecida por la ley y no puede ser asumida por alguien que no tenga la autoridad legal para hacerlo. Solo puede ser autor de un delito de defraudación por infracción de deberes, aquel funcionario administrativo competente que tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y sobre los que ejerce un poder de disposición en razón de la relación que tiene con el patrimonio ajeno. Que no era CFK.

Los jueces sostienen que la gota que colmó el vaso de la corrupción fue el decreto 54/2009. Sin embargo, este decreto no transfiere fondos públicos a un privado, sino que delega competencias entre órganos administrativos y participan en su emisión numerosos funcionarios. Los fideicomisos son una realidad en la normativa argentina y su uso continuó durante la administración de Maurizio Macrì. Además el decreto está firmado por el Jefe de Gabinete y el Ministro Julio De Vido, absuelto en esta misma causa.

Luche y vuelve

Ayer, al cumplirse medio siglo de la elección de Héctor J. Cámpora, un plenario de la militancia justicialista que sesionó en la UTN de Avellaneda utilizó la consigna Luche y Vuelve, que en 1972 acompañó la campaña por el regreso de Perón a la Argentina, 16 años después de la ilusoria  penalización del decreto 4161. Bajo el título «Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina», el documento sobre el que se trabajaría en comisiones decía que la saña, persecución y odio contra la Vicepresidenta se debe a que «con ella vivíamos mejor, avanzamos en la recuperación de un proyecto basado en la producción y el trabajo, recuperamos Justicia Social, reafirmamos Soberanía. Todavía está fresco en la memoria popular ese período de dignificación nacional y popular y no habrá método, por más violento que sea, capaz de borrarlo». Por eso su liderazgo es «irremplazable y sin alternativa». La consigna «Romper la proscripción» implica generar las condiciones para que Cristina pueda ser candidata. En referencia al Presidente Fernández, señala que «la moderación no es nuestro idioma. Construir la Patria de los humildes es nuestra bandera. Enfrentamos a los poderes fácticos que pretenden sumirnos en la resignación, al mismo tiempo que se apropian de la riqueza nacional con exclusión y salarios de miseria. La democracia tiene sentido, como nos enseñó Néstor Kirchner, si cada día se hace algo por mejorar la vida de las mayorías».

«Defender los intereses del pueblo y la nación significa, en estos tiempos, no resignarnos a que el endeudamiento externo defina nuestro destino, lo que implica necesariamente una renegociación integral del acuerdo con el FMI que libere nuestra perspectiva de desarrollo privilegiando las demandas del pueblo y no la de los acreedores.

Axel y Máximo

El cierre del plenario fue compartido por el gobernador Axel Kicillof y el presidente del  peronismo bonaerense, Máximo Kirchner. Axel recordó la proscripción de 1956 y la lucha popular para permitir el regreso de Perón en 1972 y la victoria electoral al año siguiente, pero dijo que también hubo algunos vivos que pensaron hacer un peronismo sin Perón. «No se podía, como hoy no se puede hacer peronismo sin Cristina». A la cronología de ataques a Cristina que había hecho el día anterior la Vicepresidenta, sumó

• el financiamiento de la familia Caputo a la carpintería de Jonatan Morel por 20 millones de pesos;
• las entrevistas y tuits de Hernán Lacunza y Luciano Laspina anunciando que no pagarían la deuda en pesos, cosa que han repetido hace pocos días, sobre los títulos de deuda, así como en 2015 «cuando discutíamos con los buitres iban a Nueva York a decir que ellos iban a pagar todo. Pero esta vez no le van a torcer el brazo a un gobierno popular».
• La renuncia de Mr. MaGoo y el clima de que el gobierno no terminaría, las corridas especulativas, las guillotinas y las bolsas mortuorias.
• Los chats de Lago Escondido que pusieron en evidencia la trastienda de cada maniobra.

«Es nuestra obligación que todo el pueblo sepa como se manejan, que Clarín, La Nación, una parte de los servicios y los jueces son una banda mafiosa que busca proscribir al campo popular. Se sentían tan seguros que desclasificaron su programa económico, sin tapujos, a diferencia de la elección pasada, confesaron que vienen a ajustar, a privatizar, achicar, quitar los derechos al pueblo, la salud, la educación. Nadie puede comerse los globitos de colores y la revolución de la alegría. Hay que bajar al territorio para dar la discusión sin vergüenza, porque no tenemos nada que esconder», dijo. E instó a discutir las medidas para que el crecimiento sea con distribución, igualdad e inclusión social, porque de otro modo no sólo es injusto sino también insostenible sin fomentar el mercado interno, el consumo, la industria nacional. «Es mentira que primero hay que crecer, es al revés. Hay que mejorar los ingresos para poder crecer».

Ridiculizó la idea de que Vaca Muerta o el litio aseguren un futuro venturoso, comparándola con la ilusión de alguien que viviera en  Potosí antes de la conquista española, o en África antes de que llegaran las potencias europeas a saquear sus diamantes. «No alcanza con tener recursos naturales, minerales, hidrocarburos, alimentos, es preciso un modelo donde se genere distribución, industria, tecnología y ciencia y que no reprimarice. Habrá que pelearse con quien haya que pelearse para que esos recursos alimenten a nuestro país, no basta con un caño para que se lleven el petróleo y el gas. Macrì, Bullrich y Larreta nos trajeron al Fondo. Hace falta un gobierno que se plante, que diga que primero hay que crecer y que para eso hay que distribuir, que primero está nuestro pueblo. No hablamos de defaultear sino de defender los interés nacionales. El pueblo va a impedir que la proscriban, organizándonos, con militancia, compromiso, el pueblo en la calle. Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina».

Máximo Kirchner instó a debatir con los compañeros que fueron a las urnas para terminar con un proceso inmensamente dañino, sobre los compromisos que pudieron cumplir y aquellos pendientes . Hubo en 2019 «una enorme victoria ciudadana y popular de la que muchos se han valido y se hacen los distraídos a la hora de tomar decisiones». Recordó un plenario similar realizado en agosto de 2018 en Ensenada, que mostró que había una fuerza que no se resignaba. Se refirió a Federico Sturzenegger, que endeudó al país con De la Rúa y con Macrì 15 años después de la tragedia del 2001. Pudo porque el Partido Judicial lo absolvió. «Van a hacer lo mismo si ganan. Pero eso no es suficiente para pedir que nos voten, no basta con impedir que vuelva Macrì o alguna de sus copias. Necesitamos representar los intereses de las grandes mayorías».

«No se cuidan los zapatos andando de rodillas, hay que ponerse de pie y animarse a dar una pelea. No dos ni tres, una. Hoy circulan propuestas casi transversales sobre exportar, sin pensar en qué ambiente nos vamos a desarrollar, con sequía e inundaciones. Milagro Sala fue la primera que me dijo que van a hacer cualquier cosa para quedarse con el litio». En un tramo candente de sus palabras, dijo que Sergio Massa y Fernanda Raverta están peleando para que la moratoria salga adelante, pero «diez días después de la sanción legislativa, aún no fue promulgada por nuestro gobierno». No lo dijo, pero el FMI se oponía a la sanción por el Congreso y el Presidente le dijo a Kristalina Georgieva que tenía la sanción de una Cámara pero que no la aprobaría la otra. La directora del FMI tenía la información correcta, de que sólo faltaba la promulgación. Que, como dijo Máximo, sigue faltando.

Si Kicillof comparó Vaca Muerta con la plata de Potosí, Kirchner recordó la euforia en las décadas de 1980 y 1990 con el gas de Loma la Lata, en Neuquén. «Terminó produciendo gas barato para Chile y caro para los argentinos, con el aparato productivo destruido en los 90. El FMI aprieta, la Argentina cede y nos quieren comprar por baratijas, las tres flexibilizaciones laboral, impositiva y ambiental, para dañar y ganar más, destruir los lugares donde vive nuestra gente. El FMI lo integran países cuyas empresas tienen intereses aquí. Y esos mismos países, han dañado el ambiente y producen las situaciones en los continentes más desiguales, África y América Latina. No pueden explicar para qué prestaron la plata, qué hicieron con ella, y nadie del Partido Judicial lo pregunta. Ni preguntaron cómo les íbamos a pagar, porque su interés era otro».

Al referirse al atentado del 1° de septiembre dijo que fue financiado por la familia de quien endeudó al país, para matar a la Presidenta que lo desendeudó. «Nuestro esfuerzo debe ser mayor para hablar con cada argentino, porque no llegamos a todos los lugares a los que debemos», dijo, al reflexionar sobre «los errores que hemos cometido». Es necesario decir en todos lados que «el problema lo crearon Macrì, el gran empresariado, los dueños de los grandes medios. Clarín no para de crecer y la Argentina de caer». Agregó que «buscan descabezar a la fuerza política porque saben que es difícil crear candidaturas creíbles en esta situación, porque si apareciera alguien capaz de generar la misma esperanza, le harían lo mismo». Al «compañero gobernador» le dijo que no hay que bajar al territorio sino subir la militancia a los lugares de decisión, y al Presidente, sin nombrarlo, que hay «compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar al país adelante. Hay que abandonar las aventuras personales, más que agradecidos deberían estar algunos, con más humildad, a disposición de la gente».

^{El Cohete a la Luna - 12 de marzo de 2023}