El gobierno de los Kirchner tenía, mientras vivió Néstor, una ley de hierro, los subsidios a la producción (gas, luz, combustibles, etc.) debían ser financiados por los derechos de exportación (retenciones). En el año 2015 la administración nacional tuvo un déficit fiscal de $ 240.000 millones, al tipo de cambio de cierre ($ 9,60 por dólar) significó el equivalente a unos U$s 25.000 millones, que es la suma total que financió el subsidio a la energía y al transporte.  Ese déficit fue costeado con una mayor emisión monetaria, emisión que fue absorbida vía crecimiento económico y  demanda de dinero local, y una parte derivó en inflación al convalidar el aumento de los  precios que le impuso el mercado (eufemismo para denominar las grandes empresas formadoras de precios como Aluar, Techint, las cementeras, aceiteras, Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, etc.)  

El gobierno de Cambiemos no solo disminuyó los subsidios (convalidando incremento en el precio de las tarifas energética y de transporte), sino que incurrió en un déficit fiscal mayor y agravó la situación al financiar ese mayor déficit básicamente con deuda externa. Entonces la deuda creció y crece exponencialmente y hubo y hay que pagar más por los intereses que la misma devenga.   Esto es tan así que según la Cuenta Ahorro-Inversión del año 2017, se incrementó el pago de intereses en un 71,3% (siendo el ítem del presupuesto que más creció) con respecto al año 2016

Y continúa cuando en enero de 2018 observamos que los intereses pagados totalizaron $ 29.818 millones frente a $ 9.143 millones de enero de 2017 (Incremento del 326%)

Semejante dislate hace que, paradójicamente, mientras el gobierno reduce el gasto primario (antes del pago de los intereses de la deuda) mediante la fuerte reducción de los subsidios (que comparando enero 2018 con enero 2017 se incrementó en términos nominales solo 1,9%), se frenaron los gastos sociales, la inversión pública (se gastó menos en viviendas, transporte, agua potable y alcantarillado), y el resultado es un déficit total mayor.

El problema es que al endeudarse, las obligaciones en su mayor parte están en dólares u otras divisas, por ende, la inflación “licua” (hace que sea menor el pago) la deuda y los compromisos en pesos, pero no en moneda extranjera.  Y es peor, porque desde fines de diciembre 2017 a fines de febrero 2018 el dólar se incrementó en un 8% (Tipo vendedor de $ 19 a $ 20,5) al valer más en pesos cada divisa, hace más caro el servicio de la deuda en nuestra moneda, que es con la que se recauda los ingresos al Fisco.

Los dólares tomados por la Administración Nacional en deuda externa son entregados al BCRA, por lo que a cambio de ellos le transfiere al Tesoro de la Nación pesos, pesos con lo que se paga a los trabajadores estatales, a los contratistas, a los proveedores, etc.  Pero a su vez el BCRA al ser Banco de bancos por la ley 24.144 de su Carta Orgánica, vende esos dólares a las entidades financieras que se lo solicitan (siempre a tipo de cambio oficial), con lo que el déficit fiscal del sector público nacional del año 2016 (En pesos pero equivalente en dólares a unos U$s 31.000 millones),  y los déficit de los años 2017 (equivalente a U$s 33.500 millones  y 2018 (equivalente a U$s 35.461 millones según la ley de presupuesto de la administración nacional 2018), que en gran parte se financia con deuda externa (y una parte menor con Adelantos Transitorios al Tesoro), la parte del endeudamiento termina en manos de los que compran dólares a las entidades financieras y cambiarias del sistema, que a su vez se lo compran al BCRA.

En síntesis, la deuda en divisas se la queda el Estado nacional, que debe pagarla sin saber el valor de la misma y con el riesgo latente de una “corrida” o un fuerte y sistemático sinceramiento del valor de la divisa, y dichos dólares quedan en poder de los que se lo compraron al BCRA, repitiendo la triste historia desde Martínez de Hoz, especuladores ricos y Estado endeudado.

El futuro inmediato

El déficit fiscal de la Administración Nacional Argentina es el equivalente al 7% del PIB y se financia en su mayor parte con deuda externa, el déficit de la cuenta corriente (las importaciones de bienes y servicios y el pago de los intereses de la deuda externa más el giro de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices en el exterior) es de un 4,5 del PIB, todo esto hace que el endeudamiento externo crezca todos los años. Esto es, la administración de Macri necesita colocar deuda por U$s 35.000 millones para el año 2018, le han prestado sumas un poco menores en el año 2016 y 2017, pero ante los malos resultados fiscal y comercial, por un lado y la falta de inversión y crecimiento del PIB por el otro, máxime  considerando además que, al asumir Jerome Powel la presidencia de la Reserva Federal de los EEUU (FED) anunció que iba a realizar una política de suba de tasas de interés ante el crecimiento del PIB que esperan para su país este año 2018 y que temen que se financie a tasas bajas para comprar títulos y acciones y generar de esa manera una nueva burbuja bursátil y financiera, y que hace que, por ejemplo, los bonos del Tesoro estadounidense a diez años rindan cerca del 2,90%, lo referido permite  que comience a dudarse hasta cuando le prestarán a la Argentina de Macri los grandes bancos.

El gobierno de Cambiemos no puede financiarse permanentemente con deuda y que la misma se incremente año tras año. El país no crece y con una simple proyección lineal sobre la base de la situación en que nos encontramos,  nos permite aseverar que el PIB del fin de mandado constitucional de Macri (diciembre de 2019) va a ser menor en un 5% que el del año 2011, dejando a un país endeudado (con dólares que se fugaron en poder de los ricos que los compran) y con un mayor déficit fiscal y con déficit comercial de consideración que presiona más sobre el valor del dólar.

* Economista, profesor y miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).