Avalado por el FMI, el Gobierno usará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para cerrar el año fiscal.

Para el año 2018 las proyecciones (INDEC) indican que 6.838.533 habitantes de nuestro país son personas de 60 años y más (15,4%), siendo 43% varones y 57% mujeres.  Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores afecta a buena parte de nuestra sociedad de manera directa y al resto, indirectamente.

El año 2017 finalizó con la aprobación legislativa del cambio en la ley de movilidad jubilatoria. Desde el 2008, las jubilaciones y pensiones tenían por ley, un incremento garantizado dos veces por año: en marzo y septiembre según un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses.

Tomamos los datos de GBA porque si sumamos las jurisdicciones de CABA más Provincia de Buenos Aires concentramos el 52% de las Jubilaciones y el 54% de las Pensiones, solo en estas dos jurisdicciones de un total de veinticuatro. A 2015 la población de jubilados y pensionados fue de 6.273.646, jubilaciones 4.713.823 y pensiones 1.559.823, a nivel nacional.

El día viernes 20 de septiembre de 2013, el diario Clarín publicó una nota sobre una estafa a jubilados a través de la falsificación de documentos nacionales de identidad, que habilitaba la solicitud de la tarjeta Argenta a nombre de un adulto mayor. La nota se presentaba como una denuncia surgida de la propia investigación periodística, relataba cómo el diario recibió denuncias e implicaba a personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es cuando empiezan los condicionales y las versiones poco verificables, de la existencia de una “megacausa” en los tribunales hasta la implicación de personal de Anses, sin determinar jerarquías o responsabilidades.