Una vez más, para Clarín, estábamos frente a la irresponsabilidad del Gobierno, poco menos que cómplice del delito. Este tipo de artículos se inscribe en el desprestigio generalizado que se atribuye al Gobierno Nacional, a su proyecto político, a los funcionarios que lo instrumentan y, por último, a la Presidenta que lo conduce. Tal ejemplo de periodismo corporativo, presentado como verdad objetiva, no duró mucho.

En efecto, la Anses comunicó con rapidez la sucesión real de los hechos. La operación de los delincuentes consistió en falsificar DNI de jubilados para obtener en su nombre los beneficios de la tarjeta Argenta; luego gastaban ese dinero en compras de electrodomésticos por cerca de diez mil pesos. Son los controles internos de Anses que descubrieron la maniobra, y así como “el rápido accionar del organismo evitó que terceras personas, falsificando documentos de identidad de jubilados, concreten una gran estafa hacia éstos, ya que la maniobra pudo detenerse sin que los damnificados sufran ningún descuento en su haber previsional”. También señalan que se efectuaron detenciones, se allanó la imprenta que fraguaba los documentos, al tiempo que se acrecentaron los controles y la verificación por parte del Correo Argentino, donde se tramita la tarjeta.

Todo esto da lugar a una denuncia efectuada por Diego Bossio ante el Fiscal Marijuan... en abril de 2013. Allí se denuncia el fraude. Esta información fue comunicada públicamente el 24 de abril, consignando la denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social, con especial atención a analizar si los delincuentes contaron o no con complicidades internas, que por el momento no se han verificado.

Más aún, durante la reunión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social –Ley 26.425, el 14 de mayo 2013–, Diego Bossio habló de lo sucedido: “También estamos incentivando los controles de Argenta. Hace unos días hemos encontrado una estafa: un grupo de ciento y pico de jubilados a los cuales en un operativo les falsificaban el documento. Las personas fueron demoradas. Hicimos un análisis de investigación. Tuvimos una denuncia anónima. La fiscalía de la seguridad social está actuando al respecto y también estamos trabajando en los controles. Les descontaban a jubilados que efectivamente no eran ellos; hacían falsificación de la documentación. Están todos los documentos denunciados”, tal como consta en la versión taquigráfica.

No es sorprendente que Diego Bossio concurra a las reuniones de esta Comisión varias veces al año, así como los directivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), para presentar el estado de la Anses, la marcha de los diferentes planes y también responder todas las preguntas de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, y atender sugerencias de la Comisión. Este procedimiento está en la ley, que cumplimos, aunque no siempre es reconocido en los medios opositores como el necesario ejercicio de rendición de cuentas periódicas (accountability, según los sajones), lo que aumenta la calidad institucional del Estado y marca la transparencia en el funcionamiento de Anses.

Desde el 2003 trabajamos por la integración social plena de los cuarenta millones de argentinos. En el ámbito de la seguridad social, como lo ha señalado Diego Bossio, siempre en cada decisión se priorizó la inclusión por sobre los privilegios. Es a través de la moratoria que permitió llegar al 96% de de cobertura previsional, como lo demuestra el programa de inclusión jubilatoria, o las asignaciones a los sectores más vulnerables y el apoyo al desarrollo de los jóvenes, a través del programa conectar igualdad.

Por primera vez, en mucho tiempo, la Argentina cuenta con un sistema de seguridad social consistente y dinámico (por ejemplo, con la ley de movilidad jubilatoria) que acompaña a cada ciudadano desde antes de nacer hasta después de la partida. También la Anses participa de la ayuda frente a emergencias nacionales, desde la inundación en la ciudad de La Plata a los incendios en Córdoba. Esta política hace a la esencia de la cohesión social que precisa la Argentina después del saqueo neoliberal, y muestra que con “convicción, decisión y coraje”, los poderes públicos pueden estar a la altura de las circunstancias.

En el fondo, y quizá sea la cuestión central, el comportamiento de la prensa opositora –la oposición realmente existente– se explique porque organismos como la Anses demuestran que otra política es posible.

Esa prensa generosa con los veleitarios idealistas que proclaman metas tan bellas como inalcanzables, o promotora de los que confunden cinismo con realismo, se encuentra en este caso frente a la expresión concreta de una voluntad transformadora. Y que funciona. Y que funciona no en la defensa de un interés corporativo a corto plazo –esa maximización de ganancias que siempre precisa de la socialización de las pérdidas–, sino en la acción constructiva de un Estado de Bienestar, que conjuga diferentes estilos internacionales, como el sistema de solidaridad entre las generaciones, eso que llamamos sistema de reparto y que refiere a la seguridad social alemana en tiempos de Bismarck; tanto como a la visión de Beveridge, que procuró los recursos fiscales para la seguridad social inglesa en la posguerra. Por supuesto, estas filiaciones internacionales encuentran en el peronismo la expresión local de la justicia social en dos momentos: octubre de 1945 y mayo de 2003.

Es la diferencia fundamental entre dos paradigmas, el nacional y el liberal. Para nosotros, donde hay una necesidad hay un derecho, como nos enseñó Evita. Para los actuales liberales, donde hay un derecho hay un negocio, como lo demostraron con las AFJP. El negocio puede ser grande o pequeño, y siempre es de corto plazo. Su legitimación conceptual no es otra cosa que el desprecio permanente, en los medios de comunicación, hacia los logros del pueblo.

Miradas al Sur - 22 de Septiembre de 2013