Ahora que la Presidenta lo propuso para un nuevo mandato al frente de la UIF, han resurgido críticas de la oposición por su desempeño, y una de las más reiteradas es por la supuesta demora en informar sobre los reportes de operaciones sospechosas vinculados a la constructora del empresario Lázaro Báez.

–En 2008, antes de que yo ingresara al organismo, llegaron a la UIF los reportes emitidos por una financiera llamada Finansur, donde lo que llamó la atención es que la cuenta de la financiera SGI pasa de 1000 pesos a 180 millones de pesos. En ese momento la UIF pide la documentación que justifique ese crecimiento y SGI muestra un contrato de administración de fondos donde puede verse que el dinero proviene de certificados de obra de una constructora en el sur. Si son certificados de obra corresponden a licitaciones públicas, y cuando se investiga no hay denuncias vinculadas con esas licitaciones. A partir de entonces, el expediente queda en guardia activa por si llegan a aparecer otros reportes que permitan investigar más o el caso se judicialice, como finalmente pasó. Luego de la denuncia en el programa de Lanata, el juez y el fiscal intervienen y les exigen a los organismos que tienen injerencia en el tema que aporten toda la información disponible. Entonces, los datos que teníamos se los enviamos al Ministerio Público Fiscal y cuando el juez nos pidió esa información también se la llevamos.

¿La denuncia en el programa de Lanata es la de Fariña y Elaskar?

–Sí, Fariña y Elaskar denunciaron en televisión que habían manejado 55 millones de euros de origen ilícito, pero se desdijeron al día siguiente. Eso le quitó seriedad al tema.

El fiscal Guillermo Marijuan dijo que tendrían que haber actuado antes.

–En lo que respecta a los 55 millones de euros, luego se desdijeron. Por lo tanto, ese hecho aparentemente no existió nunca. Respecto de la actividad previa de los dos, nosotros teníamos reportes de Fariña y Elaskar en seguimiento, investigados de acuerdo con el proceso de análisis. Cuando el hecho toma estado público, se pone fin al secreto y ya no tiene más sentido mantener el procedimiento dentro de la UIF. Por eso recién se informa en ese momento.

En los últimos días trascendió también que el juez Claudio Bonadio supuestamente allanó la UIF en busca de información vinculada con estos hechos.

–Las personas que hicieron la denuncia volvieron a insistir con que nosotros habíamos “cajoneado” información sobre el caso. A raíz de eso, Bonadio me hace un pedido de información, pero la información que requirió está en el juzgado de Rodríguez, porque lo mismo había denunciado el año pasado el diputado del radicalismo José Manuel Cano.

En varios portales periodísticos se informó que el juez había ordenado allanar la UIF.

–Esa posibilidad, como ocurre siempre, estaba contemplada en el caso de que se ofreciese resistencia, pero le dimos copia de todo lo que solicitó. No pudimos darle los originales porque están en otro juzgado. Por eso también pedimos que se unifiquen ambas investigaciones, porque no puede haber dos causas iguales.

¿Entonces los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso fueron a la Justicia a pedir que se investigue un hecho que ya se estaba investigando desde el año pasado?

–Sí, no sé si es falta de coordinación o ganas de salir en los diarios con una protección mediática fuerte. Hablo de protección mediática porque el juez aclaró que no había habido ningún allanamiento y varios diarios siguieron poniendo en sus portales que había habido un allanamiento. Eso coincidió con el momento en que la Presidenta estaba definiendo si me proponía de nuevo para el cargo. Por lo tanto, creo que fue una operación para tratar de perjudicarme. El problema que tienen algunos diputados de la oposición es que las denuncias que han hecho ya están judicializadas. En todas las investigaciones nos presentamos antes de que nos cite la Justicia para mostrar las acciones que habíamos tomado. Eso hizo, por ejemplo, que nos sobreseyeran en el caso Schoklender, donde nos habían acusado de “cajonear” la causa.

Como parte de esa supuesta campaña mediática, usted identificó al diario La Nación, ¿cuál sería la motivación del diario para tratar de perjudicarlo?

–A nosotros nos llama la atención la existencia de una política sistemática de parte del diario para tratar de menoscabar la gestión. Cada vez que teníamos que ir a una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) a representar al Estado y dar cuenta de los avances en nuestro plan de acción, La Nación sacaba artículos, muchos de tapa, denunciando falta de idoneidad o supuestas acciones del organismo destinadas a proteger al Gobierno.

¿Pero cuál sería la motivación del diario?

–Ellos comenzaron a vislumbrar un riesgo con la nueva ley antilavado porque incorporó al Código Penal el capítulo 13, donde dice que el bien protegido por la ley es el orden económico y financiero y todo dinero de origen ilícito daña ese bien. Desde esta perspectiva, la masa de dinero apropiada por los diarios Clarín y La Nación a partir del momento en que se quedaron con Papel Prensa durante la dictadura sigue acumulándose y dañando el orden económico-financiero porque es producto de un delito de lesa humanidad que es imprescriptible. En el caso de Papel Prensa, como organismo querellante pedimos el embargo de los bienes generados por esa apropiación. Aparentemente, el valor de la empresa al momento de la apropiación era de 250 millones de dólares. A Lidia Papaleo (viuda de David Graiver, ex dueño de Papel Prensa) le dijeron que le iban a pagar 9 millones. Parece que no se los pagaron, pero tomando sólo la diferencia de 240 millones de dólares y sumándole las tasas de interés mensuales acumuladas desde entonces da unos 2000 millones de dólares que deberían ser decomisados. Hay antecedentes internacionales con sentencias por delitos de lesa humanidad asociados a la apropiación de bienes de las víctimas, como es el caso del genocidio nazi. Naciones Unidas dice que esos delitos son imprescriptibles.

¿La resolución va a depender de lo que decida la Justicia en el caso Papel Prensa?

–Sí, pero ya hay antecedentes, como el caso de los hermanos Iaccarino, que fueron expropiados de sus empresas, y donde nosotros pedimos el embargo y decomiso de los bienes a los actuales administradores. También está la condena a Jaime Smart (N. de E.: ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979, encontrado culpable –entre otros delitos– del asesinato de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver) como parte de la complicidad civil con la dictadura. El Tribunal incluso denunció los editoriales de La Nación donde se lo atacaba por condenar a un civil.

¿Pero en el caso de Papel Prensa hay lavado de dinero? Se lo pregunto porque la operación de traspaso de las acciones, si bien fue durante la dictadura, fue pública.

–Hay lavado porque fue bajo coerción. Hay delitos precedentes como extorsión y apropiación indebida de bienes.

Durante su gestión, la UIF también se destacó por aplicarles varias multas a grandes bancos que no reportaron operaciones financieras sospechosas. Sin embargo, los bancos no pagaron ninguna de esas multas.

–Hasta ahora no porque apelaron a la Justicia y el proceso se demoró, porque una de las cámaras que intervino dijo que antes de expedirse el caso tenía que resolverse en primera instancia, cuando la ley en realidad dice que las apelaciones por resoluciones de la UIF se deben resolver directamente en la cámara. La Corte falló a favor de nuestra posición, pero ese proceso demoró dos años y ahora se está siguiendo el proceso judicial correspondiente. Igual en vista de las apelaciones permanentes nosotros dictamos una resolución donde se establece que, en el caso de los sumarios iniciados a partir de este año, primero se debe pagar la multa y luego se la puede recurrir judicialmente.

¿Cuál es el monto en juego en las multas aplicadas a los bancos hasta ahora?

–A los bancos ya les aplicamos multas por unos 200 millones de pesos en total.

Hay bancos que no sólo no pagaron las primeras multas sino que además siguen sin reportar operaciones financieras sospechosas.

–Y nosotros seguimos poniéndoles las multas.

¿Cuál es el banco más multado?

–El HSBC.

¿Y no modifica su conducta?

–Nos aparecen continuamente situaciones raras con clientes que no tienen el perfil para hacer las operaciones que hacen y ellos les aceptan las operaciones y no las reportan. La ley no les impide que hagan la operación, pero la tienen que reportar.

¿Y por fuera del sector financiero han podido cobrar las multas?

–Sí, hemos cobrado multas menores aplicadas a casinos, joyerías y marchands de cuadros.

Cuando se aprobó la ley de exteriorización de capitales, sectores de la oposición afirmaron que iba a servir para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico...

–...Sí, tengo una denuncia que me hizo Graciela Ocaña por inducir al delito.

Pero es una ley aprobada por el Congreso.

–Sí.

¿Entonces por qué lo denunció a usted?

–Porque dijo que yo les había dicho a los banqueros que no reportaran los delitos. Lo primero que hizo la Justicia fue citar a los presidentes de las cámaras que representan a los bancos, pero ellos dijeron que eso no había sido así. Por lo tanto, supongo que no va a prosperar.

¿Y los bancos reportaron información sospechosa surgida a partir del blanqueo?

–El sistema de reportes sospechosos siguió funcionando en todos los casos, menos en lo que respecta al delito de evasión. De hecho, de las presentaciones que ingresaron al blanqueo los bancos reportaron sospechas sobre alrededor de un tercio.

¿Cuál es la situación actual de Argentina en el GAFI?

–En el Gafisud, la oficina regional del GAFI, ya salimos de la auditoría intensiva porque tenemos mayoritariamente cumplidas las dieciséis principales condiciones del organismo. Esto significa que ya no tenemos necesidad de estar rindiendo exámenes y haciendo modificaciones legales e institucionales para el GAFI. Lo que queda pendiente es un problema de discusión muy fina sobre la potestad legal de la UIF, que es muy discutida por el derecho anglosajón, que tiene a la ley como una cuestión esencial y no, por ejemplo, la pirámide legal que tienen los países latinos, que incluye leyes, decretos y resoluciones. En el caso anglosajón, todo lo que no está escrito en la ley no tiene capacidad de sanción, pero en nuestro país las resoluciones tienen poder coercitivo. Lo que buscamos dejar en claro ante el GAFI es que las resoluciones tomadas por la UIF son de efectivo cumplimiento y funcionan coercitivamente. Como se puede ver, estamos lejos de la catástrofe que nos pronosticaban algunos críticos, que decían que nos iban a echar del G-20. Argentina es uno de los países, junto con Luxemburgo, que más rápido modificaron la legislación de fondo y más rápido estuvieron cumpliendo en estos cuatro años un plan de acción que nos llevó incluso a poder exigirles a otros países del G-20 que cumplieran lo que nosotros estamos cumpliendo.

¿A qué países?

–Hay países del G-20 como Inglaterra que usan el sistema de paraísos fiscales o algunas jurisdicciones de Estados Unidos como Delaware que permiten esconder a los propietarios de última instancia. Esas dos cuestiones ya no se tolerarán en la próxima ronda de evaluaciones del GAFI. Argentina en eso es pionera porque tiene todos los secretos levantados y apoya que el resto de los países cumpla. Lo hecho en estos cuatro años nos ha sacado de una situación de marginalidad.

¿Tan complicada estaba la situación cuando usted llegó a la UIF?

–La primera conducción de la UIF, la de (Alicia) López, y la conducción de (Félix) Marteau dejaron una desgracia acá. En 2009, cuando se realizó la auditoría del GAFI, estuvo en peligro la pertenencia de Argentina al G-20 porque el sistema que se había armado cuando estuvo esta gente no tenía efectividad ni capacidad de daño mínimo al sistema de lavado. Estaba la ley y estaba la UIF, pero no había ni multas ni procesados ni detenidos. La ley no servía porque no se podía aplicar. Ahora, en cambio, estamos camino a una situación de normalidad. Dentro del Gafisud ya estamos sin problemas y en el GAFI estamos dando las últimas precisiones sobre cómo termina el plan de acción.

Usted cuestiona a Marteau, quien es tomado como referente antilavado por amplios sectores de la oposición.

–Sí, además lo tenemos como contraparte en los juicios porque es defensor de Clarín y de varias empresas que fueron multadas por el organismo. Le ha ido muy bien en el sector privado, pero su paso por el organismo evidenció una manifiesta inutilidad.

Muchas de las críticas contra la UIF es por su dependencia del Poder Ejecutivo.

–La UIF es un organismo autárquico con un sistema de toma de decisiones independientes porque la forma de trabajo genera procesos irreversibles a partir de reportes privados. Los privados tienen en su memoria qué reportes mandaron. Por lo tanto, no se puede ignorar esa situación. El organismo no puede dejar de actuar. La conducción está sobredeterminada por la información que está recibiendo. Además, hay una protección al anonimato para que el combate al lavado pueda ser efectivo, porque si no el que reportó pierde a todos sus clientes. Otro dato importante, que le hemos mostrado a la Justicia, es que el organismo trabaja con una matriz de riesgo informatizada que tiene parámetros objetivos para ir procesando los reportes a medida que van llegando y les asigna una jerarquía de riesgos. Cuando nosotros llegamos la matriz de riesgo era manual, pero tuvimos que cambiar porque los reportes se multiplicaron de 1500 a 35.000 por año.

Cuando se discutió la nueva ley antilavado, Elisa Carrió presentó un proyecto para que la UIF dependiera del Congreso.

–Es como si la policía dependiera del Congreso. El poder de policía y la capacidad de sanción corresponden al Ejecutivo, que está subordinado en última instancia al Poder Judicial. Todo lo que hacemos nosotros termina siendo elevado al Ministerio Público Fiscal o a la Justicia, como colaboradores o querellantes en una causa. No conozco ningún país en que organismos como la UIF dependan del Congreso.

Suplemento CASH de Página/12 - 9 de febrero de 2014