La restricción externa que está atravesando la economía argentina, en el marco de un patrón de acumulación que apunta a la sustitución de importaciones, reabre el debate sobre el modelo de desarrollo económico que debe adoptar el país y sobre los desafíos que debe afrontar YPF en el presente escenario.

En materia energética, veníamos de transitar un escenario de creciente subexploración y sobreexplotación conjugado posteriormente con una caída de la producción por falta de inversiones. Desde 1996 comenzaron a caer las inversiones en exploración a niveles cercanos a un tercio de los realizados bajo el período estatal, centrándose en las áreas petroleras.

Por primera vez desde la estatización de la empresa, en abril del año pasado, la gestión de Miguel Galuccio al frente de YPF mostró números claramente más favorables que en el pasado reciente. Esa bonanza despertó un llamado de atención en el mundo petrolero: por su tamaño, el crecimiento de su flujo de caja, sus ganancias, la marcha de la producción y una serie de aventones que recibió de parte de la política oficial, la compañía nacionalizada estaría en condiciones de comprar otras petroleras, una intención que ya reveló en el pasado reciente. Dos empresarios petroleros señalaron la misma particularidad en diálogo con LA NACION.

El claro ejemplo de la intervención estatal en la actividad empresaria argentina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales puede ser presentada como una experiencia anticipadora de políticas sociales y laborales de la variante criolla del modelo del estado de bienestar (EB).

Desde la creación de esta empresa, la presencia del estado excede el marco económico e ingresa en el amplio mundo de las relaciones socio laborales, que van desde el cuidado de la salud y la provisión de viviendas hasta el manejo de la educación y el tiempo libre, pasando por nuevos modos de organización del trabajo.