El 2 de octubre, luego de la masiva marcha en defensa de nuestras universidades, el presidente Javier Milei decidió vetar la ley de financiamiento de las universidades nacionales. Dicha ley contempla la actualización de las partidas de funcionamiento y salarios universitarios según IPC, la variación de tarifas de servicios y el valor del dólar.

El fundamento de esta decisión, por parte del presidente, supone la premisa de que el equilibrio fiscal es la solución a la crisis. Como estudiantes de economía, entendemos que el ordenamiento de las cuentas fiscales es un factor relevante para la promoción de la estabilidad macroeconómica; pero esto no puede ser una prioridad que se encuentre por encima de los derechos conquistados por el pueblo argentino. Menos aún considerando los distintos caminos posibles para alcanzar dicho equilibrio.

Ahora bien, observamos con preocupación que el desmesurado achicamiento del gasto público en todas las esferas del Estado, fue específicamente duro y arbitrario con las universidades, entendiendo que esta partida presupuestaria es relativamente pequeña. Esto significa que el recorte a las universidades nacionales (31% entre enero y agosto) no tiene un peso significativo en el total del gasto, representando un 3,7% del ajuste efectuado (Fuente: Oficina Nacional del Presupuesto). Asimismo, la ley vetada implicaría un gasto del 0,14% del PBI, mientras que la reducción del impuesto a los Bienes Personales le costó al tesoro nacional un 0,4% del mismo.

Por este motivo creemos que existe un ensañamiento particular con las universidades nacionales, que son motor de desarrollo, pero sobre todo, un mecanismo de movilidad social ascendente, que permite transformar la realidad de innumerables familias, siendo que en 2022 entre el 48 y el 68% de los ingresantes fueron primera generación de estudiantes universitarios de su familia, cifra que supera el 70% en 5 instituciones (UNAJ, UNPAZ, UNO, UNLPam y UNLa; Fuente: Ministerio de Educación). En otro orden de cosas, cabe recalcar que dichas instituciones constituyen un factor troncal en el desarrollo productivo, tecnológico y científico nacional, hecho no menor en un contexto global en el cual los sectores económicos de punta se orientan hacia la economía del conocimiento. En este sentido, postular su financiamiento como una variable más de ajuste da cuenta del intento de restringir toda posibilidad de progreso material, intelectual y cultural para aquellos sectores de la población que menos posibilidades tienen y para la Argentina como nación soberana.

Entendemos que hace ya muchos años la situación no es óptima. Sin embargo, las políticas contractivas lejos de aportar a la solución de este problema, lo profundizan. El desgaste intencionado nos deja ante la posibilidad latente de cierre o privatización de nuestras casas de estudio. Consideramos que la gravedad de la situación hace impostergable la unidad de los estudiantes por encima de cualquier interés partidario, faccioso, particular y/o ideológico. Y es por esto que sentimos el deber de ocupar el rol que corresponde en la defensa de la Universidad Pública y gratuita como baluarte principal y fundacional de lo que creemos que debe ser un país con una mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades. No sólo desde un lugar de mera resistencia, sino que como sujetos activos apostamos a una mejora del presupuesto y de la calidad de nuestras instituciones

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