En 2018, el historiador Federico Lorenz publicó un libro bajo un título provocador, En quince días nos devuelven las islas (UNR Editora). En el texto, el entonces director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur propone discutir las condiciones de la Argentina para hacerse cargo del territorio, en el hipotético (e ¿improbable?) caso de que se resuelva diplomáticamente el conflicto en favor de nuestro país. El ejercicio de imaginación abre un sinfín de interrogantes y problemáticas para el Estado argentino que pocas veces recibieron la atención que la cuestión merece.

El conflicto sobre las Islas Malvinas es uno de los principales hitos de nuestra historia y muchos argentinos y argentinas sueñan con su recuperación definitiva, pero como Nación nunca nos planteamos qué soluciones tendrían que generarse para una convivencia institucional estable dentro de la compleja maraña organizativa del federalismo argentino. ¿Cómo gobernar las Malvinas? ¿Qué grado de autonomía deberían tener las Islas y sus pobladores, una vez concretado el anhelo de soberanía nacional?

El reclamo por las Malvinas debe enfocarse con nuevas miradas, amplias e innovadoras, que permitan construir una forma de ciudadanía acorde a la historia y la geografía de ese territorio austral. Si el Estado argentino aspira a ejercer una soberanía efectiva, debe afrontar el desafío de construir una propuesta de gestión a la altura del conflicto. Afortunadamente, los 15 días que propone Lorenz aún no llegaron, ya que establecer una forma de gobierno acorde al contexto le demandaría a nuestro país mucho más que dos semanas. En la actualidad, existen obstáculos institucionales que limitan la acción del Estado en su objetivo de ejercer la soberanía sobre estos territorios.

Pero retomemos el ejercicio imaginativo propuesto y supongamos que, una vez devueltas, las Islas pasan por el proceso de integración institucional-territorial hoy vigente. Las Malvinas tendrían un rango regido por las formas y soluciones dispuestas en el régimen municipal provincial. Siguiendo la Constitución de Tierra del Fuego, provincia de la que forman parte, no podrían ser una entidad municipal, sino simplemente una o varias comunas, en tanto no cumplen con los requisitos mínimos de población para ser considerados como municipio (10 mil habitantes). La provincia no reconocería siquiera un mínimo grado de autonomía política, administrativa y económico-financiera para las comunidades malvinenses. Al día de hoy, la Ley estipula que deben constituirse como Departamento Islas del Atlántico Sur, ¿es este sistema lo suficientemente abarcativo para incluir la peculiar realidad malvinense?

Las Malvinas cuentan hoy con una organización política que replica las instituciones de la matriz británica, establecidas en su propia constitución redactada en Londres: un sistema parlamentario con particularidades propias de un territorio insular pequeño. Las decisiones centrales se toman a 12.700 kilómetros, aunque la colonia cuenta con autonomía en ciertos asuntos.

En cuanto a la división de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo de las Islas tienen el diseño propio de los sistemas políticos parlamentarios, en los que quienes integran el primero deben ser previamente parte del segundo. La Asamblea Legislativa está conformada por ocho integrantes electos por voto popular para mandatos de cuatro años, quienes no pueden tener afiliación partidaria. Allí también desempeñan funciones una persona en la Jefatura Ejecutiva, alguien a cargo de la Dirección de Finanzas, y una persona que ocupa la presidencia del cuerpo y es elegida por las y los ocho parlamentarios.

Por su parte, el Ejecutivo está dividido entre una jefatura de Estado y otra de Gobierno. La jefatura de Estado, con funciones ceremoniales y de representación, recae en el gobernador de las Islas, delegado de la reina de Inglaterra en el territorio insular, mientras que la Jefatura de Gobierno es ejercida por el Consejo Ejecutivo, un órgano colegiado compuesto por el gobernador y tres de los ocho legisladores.

El Poder Judicial está compuesto de una Suprema Corte, cuya cabeza no reside en las Islas, una Corte de Apelaciones y un Comité Judicial del Consejo Privado, que se constituye como corte final de apelación.

El pasaje anterior, repleto de tecnicismos, tiene el objetivo de evidenciar un interrogante institucional para Argentina, de cara a un futuro consensuado con quienes allí residen, ya que la Constitución Nacional establece el sistema republicano de división de poderes, que impide la continuidad de un sistema parlamentario en cualquier nivel de gobierno. Más allá de cuestiones legales, nos interesa plantear un problema de gestión política que dificultaría un ejercicio pleno de gobernabilidad, y por lo tanto, de la soberanía.

Hace unos años, un grupo de periodistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) participó de un concurso del ministerio de Educación con una propuesta audiovisual en la que las Malvinas eran parte integrante de una nueva provincia, la número 24 -una idea de varias décadas y con distintos promotores-. En dicho proyecto, esta provincia tendría la característica de englobar los archipiélagos desparramados en el Mar Argentino bajo la Latitud 51 Sur, con capital transitoria en Puerto Parry (Isla de los Estados).

El mayor obstáculo para este proyecto es que, desde una postura historicista, las provincias son instituciones preexistentes a la Nación y partes fundantes de la Constitución Nacional, por lo que detentan un grado de autonomía con carácter originario. Sin embargo, el artículo 13 permite la creación de la nueva provincia, siempre que obtuviera el consentimiento de la Legislatura fueguina y del Congreso Nacional.​

La nueva jurisdicción tendría autonomía provincial para redactar su propia constitución y darse sus propias autoridades, administrar su sistema de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Podría imponer contribuciones indirectas y pasaría a estar contemplada dentro del sistema de redistribución de recursos coparticipados para financiar sus actividades y sus políticas públicas, además de administrar los grandes sistemas como la educación, la salud y la seguridad en su territorio. La flamante provincia también detendría su propia representación en ambas cámaras del Congreso Nacional: en proporción a su población, contaría con cinco diputados/as, además de tres senadores/as como los demás distritos.

Parece una respuesta acorde a la envergadura del problema, siempre que no se tenga en cuenta que se trataría de una provincia con una población 45 veces menor que Tierra del Fuego, o la mitad de residentes de Puerto Madero, cuyo idioma materno es el inglés.

En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico ofrece distintas alternativas, con diferentes grados de autonomía, y por tanto, dan más o menos poder a los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones. Cualquier propuesta para administrar nuestras islas debe contemplar demandas lógicas de las y los malvinenses, pero viables para nuestro país.

La oferta debe ser pragmática y atractiva, teniendo en cuenta la cultura, el idioma, las necesidades y demandas de quienes hoy habitan el suelo patrio; tiene que ser viable y estratégicamente beneficiosa para ambas partes, de modo que las y los isleños no perciban la independencia como su mejor opción. Además de las resoluciones de Naciones Unidas -que únicamente toman como interlocutores válidos a los gobiernos británico y argentino-, contamos con el beneficio de que ningún conflicto territorial que pasó por su Comité de Descolonización ha tomado el camino emancipatorio.

Por lo pronto, aún con las Islas bajo administración británica, debemos empezar a cambiar el foco en el análisis. Se impone que el ministerio del Interior argentino adopte una mayor y más activa participación en los asuntos referidos a Malvinas, para dejar de pensar esta cuestión como un asunto exclusivo de la Cancillería. El problema está planteado y no hay respuestas a la vista. Es necesario encontrar soluciones institucionales creativas, que entiendan a nuestras islas como parte integrante del entramado federal argentino, que incluyan en sus análisis a la vasta “Pampa Azul” del Atlántico.

- Leonardo Mangialavori, Licenciado (UBA) y Magíster en Ciencia Política por la Universidade de Brasília (UNB). Es asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Antes fue redactor de la revista Debate y colaboró en otras publicaciones como Bastión Digital y El Estadista.

- Miguel Barrientos, Licenciado (UBA), Magíster (UFRGS, Brasil) y Doctor en Ciencia Política (USP, Brasil), profesor e investigador de la UAI y trabaja como asesor en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Autor del libro"Gobernadores versus legisladores en las provincias argentinas".

^{Cenital - 2 de abril de 2021}