El plan se centra en desabastecimiento y escasez, acompañados de una campaña comunicacional, interna y externa, para procurar crear las condiciones objetivas y subjetivas, en formato de tormenta perfecta, para atestar el golpe a la democracia que derribe al gobierno chavista. A ello cabe sumarle dos conocidas armas de destrucción masiva: inflación y dólar. Esta maniobra multinivel, “desabastecimiento-inflación-dólar-medios”, pretende constituir un virtuoso circulo vicioso que logre la profecía autocumplida: situación insostenible (El País), para que inevitablemente tenga lugar un estallido social/rebelión popular (La Nación) con peleas y muertes por los alimentos (Clarín).

Cuando la democracia se traduce a su máximo esplendor, los oligopolios privados no están del todo satisfechos. La Venezuela para todos deseada e impulsada por la revolución bolivariana es realmente lo opuesto al patrón económico que Capriles (y compañía) defiende. El chavismo logró marcar una línea divisoria entre dos modelos: una economía capitalista (neoliberal) versus la economía socialista bolivariana. La primera alternativa es la economía de mercado, del capital, del vivir mejor concentrados para unos pocos, de las décadas pérdidas. La propuesta chavista es la otra: una economía de pueblo, de riqueza social distribuida, de la década ganada. De esta discordia surge i- nexorablemente la disputa. En el campo electoral, siempre se dirimió en las urnas a favor de la opción chavista. Sin embargo, en el plano económico, aún la oligarquía económico-financiera no está dispuesta a bajar los brazos y por ello actúa atentando contra los principios democráticos más fundamentales.

Nadie cuestiona que la revolución bolivariana tiene todavía grandes desafíos económicos estructurales para hacer sostenible este proyecto emancipador: una revolución fiscal, una gestión eficiente, un cambio de la matriz productiva. Estas políticas, ya fijadas en el Plan de la Patria 2013-19, sin duda permitirán controlar la inflación, mejorar la gestión del dólar y coadyuvar en la provisión de los bienes y servicios que el pueblo exige. Sin embargo, no sólo son necesarias esas políticas, sino que se necesita poner freno a la guerra económica que viene desempeñando gran parte de la concentrada estructura empresarial privada. La yihad capitalista contra el pueblo venezolano no tiene fines inmediatos de mejorar su tasa de ganancia siendo capaces de acaparar sin vender, sino que el fin es tener una mayor rentabilidad en cuanto a poder político. La clave es que apuestan a un plan de desgaste en las próximas municipales, para procurar el asalto completo en las legislativas y/o revocatorio del 2015. Y para ello la inflación es un mecanismo ideal, en forma de golpe de mercado, para reemplazar a los golpes militares que tumban gobiernos democráticos. Es cierto que los precios son altos, más de lo deseado, pero igualmente cierto es que la inflación es una cuestión heredada; la inflación promedio de las décadas neoliberales (34 por ciento) es superior a la década chavista (22 por ciento). La inflación no se explica por las políticas expansivas de gastos, sino por la estructura oligopólica. Pero además, la inflación esta íntimamente relacionada no con la escasez de dólares, sino con el acaparamiento/fuga de los mismos por parte de quienes hubieron de emplearlos en la importación de bienes necesarios para la población.

A la oposición chavista, partidaria y empresarial, nacional e internacional, le molesta que Venezuela no esté aislada; que sea miembro pleno de Mercosur; que China sea su gran aliada; que crezcan las relaciones económicas con Rusia, India e Irán; o que ahora sea Unasur o Celac donde se toman decisiones regionalmente. Les molesta que no puedan pedir auxilio al FMI, a los Estados Unidos, o acudir al Ciadi para tener que dirimir sentencias a su favor. Les molesta que la democracia sea eso, democratización también de la economía. Como canta Carlos Puebla, “aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento”.

* Doctor en Economía.

Página/12 - 1 de octubre de 2013