Al respecto, algunos cálculos financieros realizados por economistas que poco simpatizan con el oficialismo muestran que el ahorro que el Estado obtendría por la reducción en la tasa de interés a la que podría endeudarse una vez resuelto el conflicto con los buitres, compensaría en menos de diez años el monto de la oferta realizada por el Gobierno. Es lo que respondió al ser consultado para esta columna Martín Guzmán, un economista argentino que investiga en la Universidad de Columbia y asiste al Premio Nobel Joseph Stiglitz, junto al cual firmó un artículo sobre la Argentina que se publicó la semana pasada, previo a que se conociera la oferta a los buitres, señalando: “Las acciones iniciales del gobierno (…) son preocupantes. En particular, la reducción de los impuestos a las exportaciones es una gran transferencia de riqueza hacia los ricos, a expensas de un gran costo para los trabajadores”.

Guzmán sostiene que “los fondos buitre le hacen mal al mundo y son un problema que requiere de una solución multinacional, pero puede ocurrir que a nivel individual a un país le convenga acordar con ellos”.

La voluntad acuerdista del macrismo es incluso mayor a lo que se desprende de la ya generosa oferta presentada la semana pasada en Nueva York. Si no fuera por los condicionamientos y los límites que impone la política, el equipo económico considera que hasta el peor de los acuerdos es preferible a mantener el juicio abierto. En otras palabras, creen que aun si pagaran todo lo que determinó el descabellado fallo judicial de Thomas Griesa, sin quita alguna, es más lo que se ganaría que lo que se perdería. Ya lo había dicho Mauricio Macri a mediados de 2014: “Aunque nos disguste hay que cumplir el fallo judicial”.

Pero una cosa es opinar desde el llano como candidato y otra muy distinta es actuar como presidente, sabiendo que cualquier acuerdo con los buitres debe ser homologado por el Congreso, y que si bien una parte de la oposición tiene una actitud conciliadora y de colaboración con el Gobierno, no votarían algo indiscutiblemente inaceptable.

De todas maneras, por más que los mencionados elogios y el hecho de que dos de los fondos buitre ya hayan aceptado la propuesta argentina, la resolución definitiva del conflicto no está asegurada. Falta que el imprevisible juez Griesa destrabe los mecanismos para que la Argentina normalice los pagos externos, que los buitres más intransigentes den el brazo a torcer, y que en el Congreso haya suficientes manos levantadas para derogar la ley que prohibió pagarles a los acreedores que rechazaron los dos canjes de deuda que realizó el gobierno anterior en mejores términos que al 93 por ciento que aceptó alguna de los dos ofertas.

El equipo económico está urgido de cerrar el asunto y dispuesto a hacerlo a cualquier costo, porque necesita de financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal sin acudir tanto a la emisión. En eso subyace la idea compartida por todos sus miembros, y también por el propio Macri, de que la causa principal de la inflación es el dinero que se emite para cubrir el rojo fiscal.

Esa lógica monetarista fue expuesta claramente en el último informe de Economía & Regiones, la consultora que fundó el actual ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio: “Ante lo profundo del desequilibrio fiscal heredado, el acceso a financiamiento internacional se vuelve esencial para facilitar un tránsito hacia la recuperación del equilibrio en las cuentas públicas con menores costos en términos sociales y para la economía real. Al mismo tiempo, las fuentes alternativas de financiamiento contribuyen a mitigar la dependencia del financiamiento provisto por el Banco Central, facilitando su tarea de moderar el crecimiento de los agregados monetarios como vía, en última instancia, de inducir un descenso paulatino de la inflación”.

El apuro para acordar con los buitres y abrir la ventanilla del crédito internacional también se explica por la importancia central que le dan a la inversión pública y privada como elementos para reactivar una economía que está en recesión.

Es algo que reconoce hasta Macri. En una charla con periodistas que tuvo la semana pasada se quejó de los aumentos de precios diciendo que “si estamos en recesión es un momento para que bajen”. Pero no siempre la recesión genera deflación, tal como sí sucedió en los últimos años de la Convertibilidad. La teoría y la historia enseñan casos y ejemplos en los que estancamiento o incluso caídas en el nivel de actividad se dan en forma simultánea con aumento de precios. La Argentina tiene en su pasado abundante experiencia en ese tipo de situaciones. Y lo que está sucediendo ahora se agrega a esa lista de lo que el Presidente no quiere que suceda: que la economía caiga y los precios suban al mismo tiempo. Aunque él mismo es bien consciente de la situación: “Estamos tratando de ir por el camino del medio, buscando la forma de equilibrar la pelea entre inflación y recesión”.

Honestidad brutal.

El Gobierno confía en que la economía recuperará la senda del crecimiento en la segunda mitad del año, una vez pasado el otoño. Como ya fue señalado, apuestan a que pueda aportar la inversión pública y privada y los sectores que fueron beneficiados por la devaluación y la quita de retenciones.

Contrariamente, la tribu de los economistas que están fuera del Gobierno ve un panorama más sombrío. Desde la más variada ideología y por diferentes razones, la gran mayoría cree que además del otoño, habrá que pasar el invierno y, probablemente, también la primavera.

Revista Veintitrés - 11 de febrero de 2016