En el marco de esta convocatoria a la reunión de voluntades para la construcción de una alternativa democrática y popular, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) declara:

Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts (fondos buitres). Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976. Desde la causa iniciada por Alejandro Olmos hasta la hora presente.

Venimos, conforme el facultamiento contenido en el art. 174 y c.c. del CPPN, a promover denuncia dirigida contra todo el PEN y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo para la comisión del obrar reputado delictivo, con domicilio legal en Balcarce 50 y Av. Rivadavia 1864 de esta C.A.B.A, respectivamente, para que se instruya causa respecto de un obrar que, “prima facie”, tipifica como traición a la patria (art. 215, inc. 1º, C. Penal), en concurso con defraudación especial (art. 173, 7º, C. Penal), con violación de los deberes de funcionario público (art. 248, C. Penal).

Hay razones que pueden demandar endeudarse en dólares, como alejar la restricción externa para sostener el crecimiento, y otras que claramente no requieren divisas, como financiar déficit fiscal para morigerar un ajuste que, de hecho, ya existe y es especialmente potente. Con la excusa de quedar en mejores condiciones para tomar deuda nueva, la Alianza PRO, con el vergonzoso apoyo de sectores que en el pasado reciente integraron el FpV, se apresta a pagar cifras siderales e injustificadas a los fondos buitre. Para ello recurrirá a la emisión de nuevo endeudamiento que generará obligaciones futuras con impacto en la demanda interna de dólares.

1- En 2001 se defaultearon 81.000 millones de dólares. El 92.4% se reestructuró en 2005 y 2010, es decir, 75.000 millones de dólares. Quedaron pendientes de resolución otros 6.100 millones (holdouts). De esos 6.100 millones, 900 (1,1% de la deuda no reestructurada) estaban en manos de los buitres (la demanda original en el juzgado de Griesa), mientras otros 5.200 millones se hallaban en poder de otros holdouts.

Horas después de que Argentina llegara a un acuerdo con los fondos de cobertura de Nueva York para poner fin a un engorroso litigio de deuda de 15 años, los principales funcionarios del área económica del gobierno hicieron el anuncio en Buenos Aires con total regocijo.

A más de dos meses de su asunción, los lineamientos económicos del nuevo gobierno están sobre la mesa. El conjunto de decisiones económicas adoptado por las nuevas autoridades del Estado argentino (maxidevaluación, disminución y reducción quita de retenciones a las exportaciones, apertura económica, desregulación, eliminación a las restricciones de compra de divisas, aumento de tarifas, quita de subsidios, eliminación del impuesto a los vehículos de alta gama, y “reinserción” en los mercados financieros internacionales previo acuerdo con los buitres y el FMI, etc.)

Los elogios que recibió la oferta del gobierno argentino a los fondos buitre por parte del mediador Daniel Pollack, del secretario del Tesoro estadounidense Jack Lew y del Financial Times, son la mejor prueba de lo mucho que ha ablandado la posición el macrismo respecto de lo que estaba dispuesto a pagar el kirchnerismo. La propuesta de pagar 6.500 millones de dólares en efectivo implica una quita del 25 por ciento respecto de la pretensión máxima de los acreedores, equivale al doble de lo que estaba dispuesto a conceder el gobierno anterior y genera ganancias para los fondos buitre de hasta diez veces lo que en su momento invirtieron en comprar los bonos argentinos defaulteados. Intentar cerrar el diferendo de esa manera muestra una gran vocación acuerdista y la urgencia que tiene la conducción económica para dar vuelta la página y poder acceder a financiamiento externo en mejores condiciones.

Una interesante nota publicada por el portal del oficialista Grupo Clarín el 5 de febrero, durante las negociaciones con los fondos buitre, revelaba que según “fuentes oficiales” el gobierno de Macri había “propuesto una quita en torno del 40 por ciento sobre los intereses a devolver a los acreedores” y que la estrategia “apunta a obtener una mayor quita a cambio de pagar en efectivo”. Otro medio publicaba exactamente la misma cifra el mismo día. Ambos calificaban a la oferta de “agresiva”.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó hoy que se obligue al Bank of New York Mellon (BoNY) a utilizar los US$ 539 millones que la Argentina depositó en 2014 para el pago a inversores en bonos reestructurados de la deuda pública, para atender el reclamo de los fondos buitre.