A fines del 2008, la reina Isabel II de Inglaterra hizo, en la Escuela de Economía de Londres, la siguiente pregunta, de la cual pocos economistas –ciertamente muy pocos en nuestro medio– se hicieron eco: “¿Por qué ningún economista previó [forecast] la crisis?”. En un artículo publicado en el último número de Finanzas y Desarrollo –la revista de divulgación del FMI–, William White dice al respecto: “Quizás la razón más importante fue que, en el ir hacia la crisis, muchos estaban haciendo grandes sumas de dinero”. El huevo de la serpiente.

Eso nos hace recordar una frase que solía repetir don Marcelo Diamand: “La Argentina tiene un divorcio entre las ideas y la realidad”. Y esto era y parece seguir siendo muy válido para el sector empresarial. En aquel entonces, en tiempos del reinado del ministro Martínez de Hoz, solía comentar con cierta perplejidad el hecho de que la mayoría de los empresarios apoyaba la política económica de la dictadura mientras sus empresas se deterioraban aceleradamente. Y agregaba que la falta de viabilidad se debía a la inadecuación de los modelos intelectuales predominantes a la realidad (el péndulo).

CONTRADICCIONES

En el último informe de SEL Consultores (de E. Kritz) se presentan los resultados de una encuesta que lleva por título “Clima de negocios: ¿qué esperan las empresas para 2010?”. En sus resultados se observa esta contradicción entre ideas y realidad. Cuando se les pregunta a los empresarios por sus ventas durante el 2009, en pleno año de crisis internacional, la mayoría afirma que éstas crecieron a una tasa equivalente o superior al 10 por ciento. Sobre la situación de su empresa responden que, a medida que transcurrió el 2009, la situación fue mejorando de “mala” y “regular” a “buena” y “muy buena”. Sus perspectivas para el 2010, continúa el informe, son buenas tanto para la macroeconomía como para la empresa en particular, con un poco menos de optimismo para esta última.

Lo sorprendente es que cuando se pregunta por las inversiones que proyectan realizar la respuesta es negativa, haciendo gala de muy pocos animal spirits, como diría Keynes. Las causas esgrimidas: nivel de inflación y presiones salariales (parece haber una notable sospecha de que la inflación es causada por los sindicatos), ¡caída de la demanda! y, obviamente, los clásicos inseguridad jurídica por intervención estatal y clima político incierto.

La tercera observación que se puede realizar se refiere al contenido de esa escasa inversión. La mayoría prevé invertir en aumentos de la productividad laboral y en estiramientos de la capacidad instalada. De inversión nueva para atender una demanda cuyo piso será mayor que el del 2009 y que probablemente sea bastante mejor, ni hablar. De incrementos sustanciales en el empleo, tampoco.

Para resumir: a las empresas les está yendo de bien a muy bien pero como el modelo conceptual tradicional dice que todo debe ir mal, se ejercita una curiosa inversión de términos, sosteniéndose así que ese modelo teórico conservador “es” realidad y la realidad, modelo. Como en aquel viejo chiste en el que la viuda le reprocha al médico la muerte de su marido y éste le replica “Señora, de acuerdo con los modelos de medicina su marido no debería haber muerto”, cuando acababa de enterrarlo.

Estas extrañas y movilizantes evidencias no hacen más que ratificar la endeblez de los supuestos de racionalidad que la teoría neoclásica adjudica a los “agentes”, sugiriendo en cambio la necesidad de considerar que la generación de expectativas que conducen las decisiones privadas de inversión están más ligadas al ámbito de la política y la cultura que a las evidencias del mercado. O quizás, nos lleve a poner en cuestión la idea de racionalidad empresarial efectivamente presente en los agentes como un activo social disponible para un proyecto de desarrollo relativamente autocentrado.

De estas circunstancias se desprenden algunas paradojas que obligan a redefinir la presencia del Estado en la economía y los esfuerzos del conjunto social para sostener la actividad y el empleo, y nos reclaman un debate abierto sobre las condiciones sociales y políticas necesarias para el desarrollo.

Aunque la participación del Estado en la economía aparece en la citada encuesta como uno de los elementos que motivan la disminución de las decisiones de inversión, resulta evidente el rol fundamental cumplido por el gasto público y las políticas anticíclicas en el sostenimiento e incremento de la actividad mientras el mercado internacional se desbarrancaba por efecto de la crisis. Afortunadamente, el Gobierno ha ratificado que la política económica seguirá sosteniendo la demanda como forma de elevar el nivel de empleo en tanto condición de una alianza política básica. No obstante, estos esfuerzos públicos y colectivos fundamentales se enfrentan a un efecto perverso que surge de este desencuentro entre condiciones objetivas favorables y concepciones empresariales restrictivas. Dado que no hay decisión de invertir, ante la mayor demanda propiciada por las políticas anticíclicas podrían renovarse las presiones inflacionarias y también las salariales. A punto tal que es posible que nadie sepa quién empezó primero y por tanto se culpe a los trabajadores de los crecientes niveles inflacionarios.

En segundo lugar, la incertidumbre e inseguridad jurídica (que se proclama ante controles de precios, intentos de frenar la espiral salario-precio y otras medidas básicas y soberanas), en tanto profecías autocumplidas, tendrán sus efectos incrementando el resguardo del excedente en el exterior, es decir, fuga de capitales.

Con estos supuestos, el superávit de la balanza comercial sería comprado para transferir los beneficios al exterior y por lo tanto ese ahorro, lejos de aumentar la capacidad de producción mediante un proceso de inversión, aumenta los activos de un reducido sector de la población en el exterior. Por consiguiente, el nivel de inversión privada se resiente y, con ello, nuevamente como profecía autocumplida, se reduce el nivel de actividad y obliga al Estado a compensar vía inversión pública.

INGRESOS

Esta dinámica perversa tiene su límite en el efecto sobre los ingresos fiscales. Si baja la inversión, baja el nivel de actividad y con ello la recaudación. Si se mantienen los niveles de gasto, sobre todo de inversión pública, necesarios para compensar la desaceleración, se incrementarían las necesidades de financiamiento del sector público.

En síntesis, este previsible ciclo terminaría en una reducción del nivel de actividad, de mayores exportaciones y menores importaciones, un fuerte ajuste del sector público e incrementos de la desocupación. Si por caso se reducen los precios internacionales entonces también habrá crisis del sector externo y la película será nuevamente el péndulo de Diamand.

Si los esfuerzos sociales, cristalizados en las políticas públicas proactivas, no encuentran en el sector privado decisiones de inversión verdaderamente “racionales” y consistentes con el desempeño de variables económicas fundamentales, nos encontraremos ante la paradoja de ver incrementados los desequilibrios estructurales sociales y económicos clásicos de la Argentina.

En un reciente reportaje, el viceministro de Economía Roberto Feletti afirmaba que la verdadera causa de la resistencia, encabezada por Martín Redrado, al uso de las reservas en la creación del Fondo del Bicentenario, residía en la intención de diversos sectores económicos de contar con esos recursos para poder fugar capitales, en lugar de ser utilizados para apuntalar el crecimiento y el equilibrio externo. Ello puede explicar que el ahora ex presidente del BCRA Martín Redrado se haya negado a incrementar las restricciones cambiarias ante la ingente fuga de capitales de los últimos años y que hoy, actoralmente, se presente como el custodio de las “reservas de todos los argentinos”.

Como respondió el señor William White a la reina Isabel II de Inglaterra, hay quienes en un contexto de incertidumbre hacen grandes sumas de dinero y, agreguemos, cosechan el voto de los disconformes. La economía política de nuestro tiempo deberá dilucidar estas cuestiones.

Ante la amenaza de la lógica de la fuga y el usufructo indebido de los esfuerzos públicos, está pendiente un debate abierto sobre las obligaciones de un sector empresarial muchas veces remiso a ser sujeto central del desarrollo económico argentino.

*Norberto Crovetto
Economista, Profesor de teoría del crecimiento FCE UBA

Claudio Casparrino
Economista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)

Fuente:">http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=76053]Fuente: Buenos Aires Económico - 02.02.2010