En las postrimerías del año el Ministerio de Ambiente dictó la Res. 436/21 que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de una de las áreas contenidas en la Ronda 1 de exploración off shore. Este acto, que causó gran repercusión social, es solo una muestra pequeña de una decisión del Estado nacional que se sostuvo a lo largo de las últimas gestiones del PEN, relativa al conocimiento y delineación del “sistema petrolero” que subyace en profundidades de hasta 4.000 metros.

El desarrollo del conocimiento científico y la toma de conciencia con respecto a la problemática ambiental durante los años 70’s, en el plano internacional, y la aparición de hitos legislativos en EE.UU. y diferentes países europeos, fomentaron en Argentina la creación de una Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables y la sanción de las primeras leyes de protección de los recursos naturales.

El trabajo desarrolla criterios para asignar valor económico y valor ecológico a los daños provocados por un incendio en un sitio de explotación de hidrocarburos. Este cálculo fue realizado a efectos de desarrollar una herramienta para resolver un litigio entre un gobierno nacional y una compañía petrolera cuya identidad no se permite a los autores revelar a partir de un acuerdo de confidencialidad. Los daños a bienes, recursos naturales y o servicios para los que hay mercado fueron calculados en dinero. Sin embargo, hay daños que van más allá del dinero calculado para resarcirlo mediante la compensación económica y que generan una deuda social y ecológica.

“Decir que este contrato es una cesión de soberanía o una estafa es desconocer el sentido de la operación y los compromisos asumidos”, aseguró Ricardo De Dicco, director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet), en referencia al acuerdo recientemente firmado por YPF con la norteamericana Chevron para la explotación del área General Mosconi en la formación Vaca Muerta y la concesión por esa misma área otorgada por la provincia de Neuquén. De Dicco, que cuenta con vasta experiencia profesional en distintos organismos del Estado y en la actividad privada, en temas en los que se especializa –infraestructura y planificación energética y en tecnología nuclear–, analizó la información disponible con respecto al acuerdo entre las empresas y la concesión del área, enfatizando que el punto clave es que “la titular de la concesión es YPF, la responsable de la administración de las inversiones y de la operación del área es YPF, hasta la comercialización de lo que se extraiga seguirá en manos de YPF; Chevron se asocia para compartir a riesgo, en partes iguales, las inversiones y también compartirá las ganancias obtenidas por la comercialización, pero no comparte el control de la gestión ni del recurso”.

La concesión del área General Mosconi ya fue resuelta por decreto del gobierno de Neuquén, aunque falta la aprobación de la Legislatura provincial, que la votaría la semana próxima. El titular de la concesión de esta área de 395 km2 es YPF. Dentro de ella, hay en ejecución un programa piloto en una subárea de 20 km2, en la cual YPF viene trabajando y que requeriría, para su desarrollo, de una inversión de 1500 millones de dólares en un período de 12 a 18 meses. Aquí es donde intervendrá Chevron, por el acuerdo firmado con YPF, con un aporte de 1240 millones de dólares.

–¿En qué medida el acuerdo representa cesión o reparto de soberanía entre YPF y Chevron?
–No hay cesión ni reparto de soberanía. YPF será el titular del área concesionada por Neuquén. Estará a cargo de la dirección del proyecto, de la administración de las inversiones, de la operación técnica de los pozos y de la comercialización de los hidrocarburos, tanto en los mercados internos como en los destinados a la exportación.

–¿–¿Pero Chevron no podrá disponer de su parte para exportarla a partir del quinto año?
–El beneficiario del decreto 929 de promoción de las inversiones es YPF, no Chevron, porque es el titular de la concesión y el único operador. Es el único responsable del cumplimiento de las inversiones frente a la provincia de Neuquén, es el que debe pagar las regalías (porcentaje del valor de la producción que recibe la provincia). YPF podrá exportar el 20 por ciento de la producción después del quinto año si se cumplen todos los requisitos previos, y disponer de las divisas en el exterior. Ahí sí Chevron podrá recibir su parte, como participación en las ganancias, y decidir si las reinvierte en el país o las deja afuera. E YPF tomará su propia decisión sobre su parte. Pero si el desarrollo del área a esa altura es exitoso, yo no dudaría de que esa plata se reinvierte en Vaca Muerta.

–¿La asociación con Chevron deja atada a YPF la tecnología y equipamiento que traiga la empresa norteamericana?
–Tampoco. Ambas empresas compartirán experiencias y conocimiento en el desarrollo de formaciones geológicas de explotación no convencional. Además, YPF puede adquirir equipamiento con transferencia tecnológica en el mercado internacional sin necesidad de establecer en esta cuestión una relación de dependencia con Chevron. La reducción de aranceles para la importación de determinados bienes de capital, por el decreto 927, es un beneficio para YPF.

–Así planteado, no se ve cuál sería el atractivo para Chevron de hacer semejante inversión...
–Chevron es la segunda petrolera del mundo. No viene a la Argentina para sacar ventaja con la supuesta disponibilidad del 20 por ciento de la producción, como critican algunos sin conocer el tema. Para Chevron, eso no es nada. Su interés es conocer si Vaca Muerta tiene el potencial que le asigna el Departamento de Energía de Estados Unidos, que lo coloca como el cuarto yacimiento del mundo en petróleo no convencional. Arriesga 1240 millones de dólares para saber, dentro de 18 meses, si hay indicios de una explotación importante. Y en cinco años si hay resultados de extracción a través de la perforación de 900 pozos. El desarrollo total del área General Mosconi demanda 26.500 millones de dólares a lo largo de 35 años. A eso apunta Chevron, a estar presente en ese desarrollo si el área le interesa.

Bajo el título “¿Desarrollo o Semicolonia? Acuerdo YPF - Chevron”, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió un artículo de opinión sobre las consecuencias que para la soberanía nacional tiene el reciente contrato que YPF Argentina firmó con la petrolera estadounidense Chevron. Dado el prestigio adquirido por el autor de la nota, es probable que su reflexión sea del agrado de un vasto espectro de lectores. Sin embargo, por la importancia del tema, debatido a izquierda y derecha –y por la cantidad de elementos erróneos que contiene–, vale la pena rebatir varios aspectos, en tanto su prestigiosa trayectoria nada tiene que ver con el conocimiento del sector energético, a la vez que no contribuye a ningún debate fundado siquiera sobre temas calientes como soberanía, medio ambiente o desarrollo.

En primer lugar, la Argentina recién comienza a incursionar en el área de los recursos no convencionales. La cuantificación efectuada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE por sus siglas en inglés) es precisamente eso, una cuantificación de recursos. Como tales, potenciales. Los recursos deben ser convertidos en reservas comprobadas. En Argentina sólo se ha certificado el uno por mil de esos recursos no convencionales. Por lo tanto, el primer error muy grueso es llamar reservas a lo que sólo son recursos.

La conversión de recursos en reservas requiere de un largo proceso que implica no sólo cuantiosas inversiones, sino además de un tiempo de maduración del conocimiento que, según se estima, puede rondar los cinco años o más, dado que las etapas de concepto, pruebas piloto, determinación de la curva de aprendizaje y finalmente la explotación comercial no pueden llevar menos que eso. Adicionalmente, mientras ello ocurre se debe disponer de la infraestructura y logística de agentes de sostén y suministro de agua. Una sola fractura hoy implica transportar alrededor de 50 camiones cisterna al pozo donde se realizará la fractura. Cada pozo puede requerir varias fracturas en el tiempo. La etapa de aprendizaje requiere de la perforación de un número considerable de pozos por año. Para producir hidrocarburos en forma comercial e inyectar el agua se requiere construir una red de suministro de agua, infraestructura de producción y almacenamiento de agentes de sostén (proppants), productos químicos para tratar las aguas e instalaciones, abastecerse de múltiples equipos de presión y obtener los de perforación de pozos en cantidades muy significativas. Estos últimos son provistos por empresas de servicios petroleros, todas multinacionales. Muy pocas empresas petroleras integran en su cadena estos servicios a pesar de que con los actuales precios del petróleo podría convenirles y algunas piensan en ello.

Toda esta logística es muy distinta en cantidad –y a veces en tipo– de la requerida para la explotación convencional. Del mismo modo, el uso posible de aproximadamente el 30 por ciento del agua utilizada, que es de reflujo, debe ser tratada y el sobrante depositado de modo seguro para cumplir las normas ambientales vigentes, todo lo cual debe analizarse experimentalmente, precisamente para que la explotación sea sustentable.

Ninguna empresa de servicios traería la cantidad de equipos necesarios antes de terminar la etapa de piloto y ramp-up. La Argentina hoy se halla entre la etapa de concepto y la de piloto y debe poder conocer el potencial de explotación y la forma de hacer la explotación viable en términos económicos y ambientales. El acuerdo firmado entre YPF y Chevron sólo afecta al 1,3 por ciento de la superficie de la formación Vaca Muerta.

El país requiere de forma urgente despejar la incógnita y sobre todo poder incrementar la producción de petróleo y gas. Un aspecto que también hace a la soberanía es el autoabastecimiento, dado lo degradado del término en tiempos de un mundo global. Los yacimientos de hidrocarburos comerciales conocidos en Argentina entraron en declinación en 1998 y los de gas en 2004. Puede ser que algo de esta declinación se desacelere con mayores inversiones, pero la tendencia es clara y podría afirmarse irreversible. La búsqueda de recursos convencionales deberá continuar, pero ello es una apuesta a más de diez años, pues la actividad exploratoria declinó desde las privatizaciones. Esta realidad enfrenta al país con importaciones crecientes de gas y derivados, lo que a su vez tiene tal importancia macroeconómica que nadie puede desconocer, dado que afecta directamente la sostenibilidad del crecimiento y del empleo y, por consiguiente el tema de la posibilidad de combatir la pobreza. Resta la cuestión implícita de un estilo de desarrollo alternativo, pero eso transita un andarivel de pensamiento y prácticas complejas en un mundo global. Nadie quema su casa en pos de mudarse a un palacio imaginario a menos que desee vivir en la calle o bien las circunstancias lo obliguen. Siendo así, la alternativa real es ser importador –lo que implica, en el caso argentino, disminuir en puntos poco imaginables el PBI– o bien luchar por recuperar el autoabastecimiento.

La segunda falacia se refiere a las empresas estatales latinoamericanas, lo que textualmente deviene de esta frase de la nota en cuestión: “¿Es tan difícil pensar en una YPF ciento por ciento pública y nacional que haga convenios estratégicos de unidad latinoamericana con las petroleras Pdvsa (Venezuela), Petrobras (Brasil), YPFB (Bolivia) y Ancap (Uruguay)? ¿Es tan difícil pensar que los recursos naturales de los latinoamericanos sean de los latinoamericanos? (http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3278).

Dado que el término demagogia suele aplicarse supuestamente a los políticos y gobernantes populistas de un modo despectivo, varios aspectos aquí merecen ser aclarados, porque la anterior afirmación no condice con ninguna realidad concreta: a) Pdvsa se asocia con grandes multinacionales (BP, Chevron-Texaco, Total, Lukoil y CNPC) para la explotación de un tipo particular de recursos no convencionales: los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya certificación de reservas como comprobadas, a partir de la iniciativa Magna Reserva lanzada en 2005, colocó a Venezuela en 2012 como el país de mayor cantidad de reservas comprobadas, superando a Arabia Saudita, lo que no significa que esas reservas estén en producción; b) Petrobras, empresa estatal capitalizada, líder en tecnologías para la exploración y explotación en aguas ultraprofundas, busca socios externos para desarrollar tanto recursos convencionales como no convencionales, en este último caso el PreSal, a pesar de que para su explotación ha creado un marco legal específico que se deriva de su absoluto liderazgo en el descubrimiento y pruebas iniciales de este potencial megayacimiento; c) YPFB se halla condicionada en su accionar, porque al igual que en Argentina, las privatizaciones dejaron en manos de transnacionales y de la propia Petrobras (una “Translatina”), el desarrollo de reservas comprobadas en forma previa y difícil de revertir y d) Ancap no tiene experiencia alguna en la producción de hidrocarburos, dado que Uruguay es un importador absoluto de petróleo, gas y algunos derivados. Es más, en este último caso la propia Ancap estudiaba cómo crear un marco atractivo para atraer capitales extranjeros privados a la exploración, dado que deseaba incursionar en el upstream petrolero. Recordemos además que Petrobras opera en Argentina como importante operador privado y en Bolivia opera los bloques San Alberto y San Antonio, que albergan las mayores reservas de gas natural del país.

Aunque existen más aspectos de la nota que son erróneos y falaces –entre ellos una mala lectura de los aspectos tributarios–, el espacio no permite extenderse pormenorizadamente sobre ellos.

Tal vez lo que este tipo de mensajes no le dice al público lector es qué le sucedería al país si tuviera que afrontar importaciones adicionales de 30 ó 40 mil millones de dólares por año y qué clase de vida deberían vivir los argentinos si ello ocurriese, como así también qué se le ocurre al autor para evitar enfrentar la demanda de combustibles, siendo que la Argentina presenta un indicador de consumo de energía por habitante que supera al de China y al promedio mundial (pero es cerca de la mitad del de los países desarrollados como Alemania y Japón, y cerca de un cuarto del de los de los Estados Unidos), siendo que a la vez el número de automóviles por habitante se halla en un valor que es 40 por ciento del de países como Alemania, España, Japón y Francia, bastante inferior al de casos como los de México, Hungría e Israel, pero aún supera al de China en cerca de cuatro veces.

Por eso, si la discusión es en torno de si “los argentinos debemos debatir para qué queremos nuestra energía y al servicio de quiénes, sin olvidar que no somos los dueños de la Madre Tierra, simplemente somos sus hijos y debemos cuidarla y honrarla”, ello no puede ser llevado a cabo de modo honesto sin proponer una profunda discusión acerca de qué estilo tecnológico, de consumo, de producción y organización social política y económica se propone y con qué países debería la Argentina aliarse para poder lograrlo. Ello claro está, si es que alguno de ellos ha logrado resolver el equilibrio entre las diversas dimensiones del desarrollo sustentable en alguna parte del planeta o bien si un país puede, debe y desea aislarse totalmente del resto del mundo.

“Tengo una posición contraria a esta supuesta alianza estratégica. Considero que podría llamarse el ‘decreto Chevron’. YPF tentó a 16 empresas multinacionales para que inviertan en Vaca Muerta y la única que aceptó fue esa norteamericana. La petrolera está muy contenta con Argentina. La Corte Suprema le perdonó un embargo de 19 mil millones de dólares. Y los beneficios que consigue ahora son extraordinarios. Una parte de sus exportaciones no pagarán impuesto, justo en una actividad que genera súper renta. Además, si el valor de la venta para el mercado interno se encuentra por debajo del precio internacional, el Estado cubrirá la diferencia con un fondo de compensación. El error es avanzar en la explotación del combustible shale. Atrasa. Las técnicas de perforación no convencionales encuentran una fuerte resistencia en el mundo. Eso se debe a que generan un fuerte impacto ambiental producto de la polución que emanan las cuencas. El país debería apuntar a nuevos pozos de petróleo tradicional, aprovechando la plataforma marítima. También diversificar en energía eólica, solar e hidrógeno.”

La falta de aplicación de la ley de glaciares impide que se los proteja y defienda de actividades que pueden comprometer el bienestar de futuras generaciones

Han transcurrido dos años desde la sanción de la polémica ley de glaciares promulgada en octubre de 2010, tras haber sido vetada en 2008, cuando el proyecto había sido aprobado por unanimidad de ambas cámaras del Congreso Nacional.

Este trabajo tiene por objetivo, caracterizar y contrastar discursos de diversos actores involucrados en discusiones actuales sobre biocombustibles en la Argentina, país que se inserta como potencial productor para abastecer al exterior y diversificar su propia matriz energética.

Se abordan tres ejes temáticos que delimitan las principales discusiones actuales: la oportunidad que representan para el país y sus beneficiarios; el impacto ambiental que implican y la validez de la disyuntiva “energía versus alimentos”.

Estos ejes son trabajados teniendo en cuenta distintas voces y el lugar que ocupa cada una en el entramado de relaciones vigente. Se realiza el análisis, considerando que los actores tienen perspectivas distintas, intereses muchas veces contrapuestos y capacidades diferenciales en términos de poder que los afecta e influye en sus discursos. Se advierte un campo específico en conformación, lo que implica procesos dinámicos y abiertos, con alianzas de distinto grado de perdurabilidad y donde la información aparece como crucial para actuar, decir y decidir.