No obstante este comportamiento positivo del mercado de trabajo, hay indicios ciertos de que se registra una disminución de la participación de los asalariados en el ingreso, en tanto el significativo incremento de la productividad del trabajo, como resultado del elevado nivel inversión de los últimos años, superó el aumento del salario real. Esta evidencia ratifica nuevamente que la elevación del salario real no fue un factor que impulsó la inflación, que se ubicó en 2011 por encima del 23%.

Es insoslayable mencionar que en este contexto, el gobierno nacional –al igual que ocurrió en 2009– comenzó a implementar un conjunto de medidas de distinto carácter, con el propósito de neutralizar los efectos de ese recrudecimiento de la crisis internacional sobre la economía interna, así como atender a las problemáticas de la economía interna.

Por un lado, el control sobre las importaciones y, por otro lado, dos medidas que resultan de crucial importancia con vistas a recuperar la capacidad del Estado de incidir sobre la economía. La más importante es, sin dudas, la determinación de retomar el control de YPF y, con ella, del poder de decisión sobre recursos estratégicos. La lógica de maximización del beneficio del capital transnacional implicó, desde que la empresa fue privatizada en los años noventa, una escasa inversión en exploración y una sobreexplotación de los recursos existentes, de modo que se puso en riesgo el suministro de la energía que demanda una economía en crecimiento. Con la recuperación del control estatal se reafirma, en cambio, la voluntad de priorizar las necesidades e intereses del desarrollo nacional.

Se suma esta medida a la anterior reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pone a este organismo al servicio del desarrollo económico, y a las anteriores decisiones que redundaron en la recuperación de la soberanía del Estado en la toma de decisiones, desde el proceso de desendeudamiento externo hasta la reestatización del sistema previsional.

En este escenario, debe destacarse que las medidas implementadas amplían el margen de acción del Estado nacional tanto en términos de políticas contracíclicas de corto y mediano plazo como en pos de la implementación de un plan de desarrollo de más largo plazo, que implique un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de los trabajadores.