Rápidamente, los gobiernos más sensatos tiraron al costado las estupideces que les bloqueaban su posibilidad de emitir dinero soberano. Entendieron que si una economía se para, la falta de velocidad de circulación de moneda debe atenuarse o hasta suplirse poniendo en el bolsillo de los ciudadanos parte al menos del trabajo que dejaron de vender.

La forma en que brindaron esa ayuda fue diversa. Los recursos entregados y la fracción de la población abarcada variaron en función de la capacidad económica de cada gobierno; de su criterio ideológico sobre quienes debían ser contenidos y hasta del detalle de la información que cada ámbito tenía sobre los diversos sectores sociales y los problemas generados por la enfermedad. En cualquier caso, esa nueva relación entre cada Estado nacional y el dinero en los bolsillos de los habitantes, abrió un debate que permanece abierto, sobre la conveniencia de prolongar esos aportes, de institucionalizarlos y de darle al tema un marco más permanente que la fragilidad que surge de la urgencia coyuntural.

En Argentina, revisemos:

• Los empleados públicos y los jubilados siguen percibiendo sus ingresos normalmente.
• Se admiten reducciones de salarios para los trabajadores privados suspendidos y el Estado paga parte de los salarios de ellos y de gran parte de los trabajadores en actividad, que dependen de empresas privadas.
• Se mantiene el pago de un subsidio a una fracción pequeña de la población económicamente activa (PEA), bajo la figura de salario social complementario que alcanza al 25% de la canasta familiar.
• Se agregó un ingreso familiar de emergencia (IFE), que abarca un 40% de la PEA, de una magnitud equivalente al 25% de la canasta básica, dirigido a todos los trabajadores no incluidos en los colectivos anteriores.
• A eso se agregan compensaciones típicamente asistenciales no salariales, como la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta Alimentar, alimentos y algunas otras cosas.}

Se presenta el detalle de decisiones porque resulta a la vez enorme respecto de la intervención pública histórica, e inorgánica e insuficiente, ya que es dispar y no alcanza a garantizar un ingreso mínimo para más de la mitad de los ciudadanos, en un contexto donde es el propio Estado, en nombre del interés social general, el que está restringiendo la posibilidad de trabajar de los asistidos.

Buena parte del mundo discute el día después.

En los países centrales se reflota la intención de garantizar un ingreso básico universal (IBU). Ese ingreso aseguraría la supervivencia elemental, pero al ser simultáneamente menor que el ingreso promedio, mantendría el estímulo a trabajar para mejorar la calidad de vida personal.

En algunos círculos de aquellos países y en países periféricos, como el nuestro, aparece en cambio la idea de asegurar el trabajo para todos (TPT), asumiendo al Estado como empleador de última instancia. El fundamento más a la mano es el programa del New Deal norteamericano luego de la crisis mundial de 1929. Allí hubo gigantescos programas de obras públicas y un programa especial para más de 2 Millones de jóvenes, cuyo trabajo, entre otros, se aplicó a forestar, plantando 3.000 Millones de árboles.

En nuestro país, los círculos de economistas y sociólogos se embarcan en discusiones sobre el ingreso universal. Las conducciones de las organizaciones sociales, en cambio, con una mirada pragmática, conocen el descrédito de imagen asociado a percibir un ingreso sin contraprestación relevante y, más que eso, saben del esfuerzo económico que representaría pasar de los 500.000 beneficiarios actuales del Salario Social Complementario a atender con IBU a los 7 u 8 millones de trabajadoras y trabajadores involucrados en el IFE.

Por tal razón, reclaman trabajo. El último documento de Emilio Pérsico, vértice de esa mirada, incluye el cuidado domiciliario; la mejora y mantenimiento de la infraestructura en barrios populares; y las tareas ecológicas, aquellas “que el mercado no ve como negocio” (sic).

NUESTRO PUNTO DE VISTA

Una primera diferencia entre IBU y TPT es que con un ingreso universal se pone dinero en todos los bolsillos, que sale de una fuente única, mientras que buscando el trabajo para todos, se aumenta la velocidad de circulación del dinero, ya que ala vez que se paga salarios, se eroga una multitud de bienes y servicios. En el segundo caso, la economía se desarrolla mucho más que en el primero. Una segunda diferencia se da entre países sin inflación y países que tienen a la eliminación de la inflación como asignatura pendiente.

En estos últimos, entre los que obviamente nos encontramos, fijar un IBU implicaría iniciar una carrera para usar ese modesto ingreso, frente a las decisiones de los formadores de precios de absorber ese dinero a través de la inflación. La corta experiencia de la cuarentena local muestra que aún en situaciones críticas las empresas que hegemonizan los mercados y a esta altura nadie duda que son factor determinante central en la inflación, no vacilan en abusar de su posición dominante. La presión de ese escenario inestable recaería casi íntegramente sobre el Estado.

Un tercer elemento que nos inclina hacia el TPT, es que para que el IBU tuviera relevancia, debería asumir valores cercanos a la canasta básica. Esto no solo exige erogaciones enormes en relación al producto bruto, sino que además haría crujir el mercado de trabajo existente, donde alrededor del 50% de los trabajadores percibe menos de aquella canasta, con lo cual se generaría un contrasentido insoportable.

El IBU, creemos, solo tiene sentido en países con muy baja inflación y de productividad media mucho más alta que la Argentina, en los cuales lo percibiría no más del 10/15% de la PEA.

La CEPAL, en este contexto, no ayuda nada con su aventurada recomendación de fijar un IBU por 6 meses y alrededor de 140 usd/mes. No solo la cifra es mucho menor a la canasta de subsistencia, sino que la menciona en dólares, como si esa fuera nuestra moneda, pasando por encima de los conocidos problemas pendientes en materia de frente externo.

Creemos que efectivamente hay que hacer algo importante respecto de este dilema y es: procurar el trabajo para todos, con el Estado como empleador de última instancia.

Esta decisión, a su vez, tiene condicionamientos a evaluar, que son varios.

En primer término, hay que dejar atrás planteos limitados, como el de las organizaciones sociales, a que se ha hecho referencia más arriba. No se trata de generar trabajo en los márgenes del capitalismo o, como ha mencionado uno de los líderes del espacio, “trabajos de baja capacitación”.

No solo porque de esa manera un trabajo no puede ser retribuido con un ingreso digno y necesitaría un subsidio sine die, que no puede provenir de otro lugar más que del Estado, con lo cual se repetiría el problema indefinidamente. También porque no se debe pensar en el universo de menos de 1 millón de trabajador@s que contaban con subsidio antes de la pandemia. Se trataahora,en que con el IFE se abrió el placard, de encuadrar en proyectos laboralesa entre 8 y 10 millones de personas, un colectivo mayor que el total de los trabajadores en relación de dependencia pública o privada. El camino más sensato es pensar con realismo pero en grande.

Esto significa definir unos 3 programas nacionales de envergadura que convoquen al trabajo de millones y sumar las demás alternativas como complementarias. En los casos centrales, pensar una organización que tenga al Estado como promotor, tutor y empleador de última instancia. Para no dejar la cuestión en un plano abstracto y que quede claro lo que estamos señalando, anotamos 3 casos que podrían ser eje de trabajo masivo:

1 – Un programa de equipamiento con molinos eólicos de baja potencia o celdas fotovoltaicas, según el caso, de todos los edificios públicos, escuelas, hospitales, salas de atención primarias del país, para atender los consumos propios y volcar los excedentes a la red. Los grupos de trabajo se constituirán con la perspectiva de extender esa tarea a las instalaciones domiciliarias masivamente. Como parte complementaria, completar las conexiones de última milla que permitan el pleno funcionamiento de la red de fibra óptica que quedó inconclusa en 2015.

2 -Urbanización de 1.000.000 de lotes en tierra periurbana en 500 localidades del país, con venta al costo a particulares, para programas de autoconstrucción de viviendas.

3 – Plan de forestación de 1 Millón de hectáreas con participación masiva de jóvenes menores de 30 años.

En los tres casos se pueden crear entes específicos dentro del Ministerio correspondiente; formular los programas directores y comenzar la capacitación rentada de trabajadores, para iniciar la ejecución en plazos menores a 1 año.

Definidos planes de esa dimensión, de los que puede concebirse varias opciones, caben como complemento dar estructura laboral rentada a las propuestas de cuidadoras domiciliarias, mejora de infraestructura barrial o mejora del hábitat, que proponen las organizaciones sociales.

De manera deliberada, en este documento no se incursiona en la cuantificación de inversiones ni formas de financiación. Las enormes sumas volcadas como paliativo de la pérdida casi absoluta de actividad económica actual, indican de manera rotunda que allí no está el problema. Aunque nadie debe confundirse. Estamos lejos de proponer abrir las ventanas de un piso alto y tirar billetes por ellas. Los tres casos que hemos tomado como ejemplo son proyectos de inversión, donde el capital invertido retorna en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, son perfectamente susceptibles de ser financiados con recursos públicos y privados. Hay varios escenarios que se pueden sumar, sin quimeras de exportación al mundo ni competir con Arabia Saudita.

Solo estamos señalando que es necesario y posible, apuntar a programas de gran generación de trabajo, a realizar con tecnología adecuada en todos los niveles, alta productividad y con agregado de valor más que positivos. No se trata de hacer agujeros en el agua. Se trata de adoptar una mirada de largo plazo. Los tibios intentos de repetir la situación pre pandemia, con toda su inequidad estructural, con complementos pseudo asistenciales, no son el camino.

O inventamos o erramos, como decía un querido estadista latinoamericano, muerto prematuramente para desgracia continental.

^{Motor Económico - 13 de mayo de 2020}