Hace algunas semanas, el hiperactivo secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, ha iniciado un periplo por los programas periodísticos de radio y TV, con el fin de ratificar la «tolerancia cero» a los piquetes; reclamar la expulsión del país de «los extranjeros que vienen a robar»; justificar los violentos desalojos de villas de emergencia; reprender severamente a diputados de su propio partido.

Un debate desordenado y confuso en torno de la potencial expulsión de personas calificadas de delincuentes extranjeros antes de recibir condena firme se ha instalado en la opinión pública de manera inverosímil.

El solo debate en torno de la posibilidad de regresar a los tiempos de la Ley de Residencia de 1902, que permitía al gobierno expulsar a inmigrantes sin juicio previo, amerita que el campo nacional y popular se tome el desafío muy seriamente. Las consecuencias laterales, no deseadas, de haber destapado la caja de Pandora de la xenofobia, despertando un componente de intolerancia que se encontraba latente en la sociedad, no deben ser subestimadas por las fuerzas políticas y sociales del arco progresista.

Uno de los temas principales en la campaña presidencial del actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue la Reforma Migratoria, que establecería para detener las deportaciones y que los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos pudieran legalizar su situación, en especial los jóvenes.

Todo eso, como estrategia política para ganar una elección, resultó efectivo. Los votantes latinos, cuyos amigos y familiares tenían esperanza de algún día poder ser residentes o ciudadanos estadounidenses, no lo pensaron dos veces y en su mayoría votaron por Obama. Una vez más confiaron en la promesa que les hacía el político.