Nacida en Londres y radicada desde 1983 en Ecuador, país del que es ciudadana, Burch ha enfocado sus últimos trabajos en los riesgos que implica un comercio electrónico dominado por corporaciones, lanzadas a capturar datos personales con voracidad.

La prevención ante una regulación fallida del comercio digital era su objeto de interés en la pasada cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Buenos Aires, entre el 10 y el 13 de diciembre. Sin embargo, Burch, de 68 años y debidamente acreditada por la OMC, fue expulsada del país por el gobierno de Mauricio Macri bajo la acusación de que pretendía “generar esquemas de intimidación y caos”.

–Después de los escasos o nulos avances alcanzados en la cumbre de la OMC a la que se le impidió el ingreso , ¿cómo sigue la discusión en cuanto al comercio electrónico?

–En la cumbre se avanzó muy poco en todos los temas, ni siquiera salió una declaración. Me parece muy importante que una mayoría de países en desarrollo haya tenido una decisión firme de no abrir las negociaciones (sobre comercio electrónico), principalmente liderados por India y Sudáfrica, a los que se sumaron todos los países africanos menos Nigeria. Eso no quiere decir que el tema vaya a quedar descartado. Setenta países han firmado una declaración de que van a seguir trabajando en el tema, le llaman “comercio electrónico para el desarrollo”, como una vía de negociación paralela. Quieren regresar a la OMC en otra oportunidad con un acuerdo avanzado. Tratan de adelantar una posición para presentarla como un hecho consumado porque no se puede lograr con consenso. Invitan a discutir a los gobiernos pero, de lo poco acordado internacionalmente en el tema de Internet, hay un principio de que toda discusión debe ser multisectorial, con participación de la sociedad civil, y eso no lo estamos viendo.

–Usted trató de exponer en la cumbre de la OMC sobre los principales riesgos de un modelo de comercio electrónico bajo el patrón de los países centrales. ¿Cuáles serían las principales amenazas de ese modelo?

–Básicamente, el comercio electrónico existe, no necesita discutirse en la OMC para funcionar. Hay otras instancias multilaterales que ya lo han tratado. La firma electrónica ha sido discutida y hay acuerdos. Las grandes corporaciones, tipo Google, Microsoft, Facebook y Amazon, quieren tener acceso a todos los datos, algo que tiene enorme valor en el mundo, y no aceptan ninguna exigencia. Para los países en desarrollo, siempre ha sido fundamental que toda inversión tecnológica incluya transferencias para desarrollar capacidad propia. Eso estaría excluido. Rechazan toda obligación de almacenamiento local de datos o la apertura del código fuente de los programas y los algoritmos. Por un lado, quieren la transferencia libre de datos y, a la vez, se niegan a la transferencia de tecnología y a rendir cuentas. Si uno no sabe cómo funciona un algoritmo, no puede explicar sus resultados.

–Otro aspecto es que las empresas globales finalmente no tienen presencia física en los países en los que operan.

–La no presencia física de las empresas tiene impacto en cuestiones de impuestos, en los puestos de trabajo y también en el hecho de que los consumidores no tienen dónde acudir si sus derechos no son respetados; deben reclamar en otra jurisdicción. Hay voces que sí estuvieron presentes en la cumbre de Buenos Aires y lo pudieron expresar. Lo que necesitamos en los países en desarrollo es soberanía tecnológica. Frente a eso, se requiere regular y proteger a las pymes y a la industria nacional. Con lo que quieren firmar en la OMC, se estaría renunciando a todas esas posibilidades. Una mayoría de los países lo tiene claro.

–¿Cree que los gobiernos latinoamericanos son conscientes de los perjuicios?

–La Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), la Argentina, Brasil y Uruguay están en el grupo que firmó la declaración de los 70 países; otros no lo hicieron, como Venezuela y Bolivia.

–¿Por qué países europeos desarrollados pero con economías medianas se pliegan a estrategias de potencias centrales?

–Estamos en una transición de producción y comercio de bienes y servicios físicos hacia los servicios digitales. Ello se presta a una mayor concentración y monopolización, lo que quiere decir que necesitamos más y no menos regulación. Las mayores transnacionales son de EE.UU., aunque China está entrando a competir con fuerza; tiene una política de ser número uno en inteligencia artificial para el año 2030. Es un objetivo declarado. Como Donald Trump está en una política unilateralista, pensando que en el mundo gana el más fuerte, EE.UU. ha bajado el impulso y ahora presionan más Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. A mi modo de ver, entrando en una era de la inteligencia artificial, ni sé hasta dónde les conviene. Una nueva agenda significaría dejar de lado la agenda de desarrollo de Doha, que desde hace más de quince años se viene tratando de negociar. Mientras no se resuelvan agricultura, pesca y otros temas, no vamos a habilitar comercio electrónico. Es una ilusión creer que una pequeña empresa va a competir con gigantes cuyos países son inmunes a las leyes.

–La tecnología suele ir atada a un secretismo innovativo que sólo manejan los expertos. ¿Podría ocurrir que el halo “misterioso e inexorable” de la tecnología sea inmune a acuerdos transnacionales o leyes nacionales que traten de democratizar la tecnología?

–Es un factor grande porque el campo de acción de las corporaciones es transfronterizo. La Unión Europea tiene cierta fuerza y ha hecho acciones contra Google, pero una sentencia de un tribunal demora 5 o 6 años. Si Europa no puede controlarlo, qué vamos a hacer nosotros. ¿En qué medida un pequeño país puede aplicar una ley antimonopolio a Google o a Facebook? Por eso se necesitan regulaciones globales que se puedan sostener. Es complejo pero tiene que comenzar con la voluntad de los países. Unasur pudo haber hecho mucho, pero como está el bloque en este momento, no tiene ninguna capacidad. Argentina dice, por ejemplo, que se va a retirar de Unasur.

–Si hablamos de Google, debemos referirnos a su colaboración íntima con los servicios de Inteligencia de los países centrales, en especial la NSA y la CIA.

–En Estados Unidos, las filtraciones de WikiLeaks y de Edward Snowden demuestran que Google era casi parte del gobierno (de Barack Obama). Había una colaboración bastante estrecha. Cuando asumió Trump, había síntomas de cierto distanciamiento, pero hay intereses comunes que se mantienen. No duró mucho. Todos los países tienen que tener la capacidad de vigilar datos, muy pocos aplican seriamente derechos de privacidad. Cuando hablamos de privacidad nos referimos a lo que decimos, dónde estamos, qué comemos, qué compramos. Se nos viene una sociedad de vigilancia muy grave para la democracia. Google se lleva todos los datos y los explota como quiere, y recibimos a cambio tan sólo un servicio de buscador gratis. La otra opción es lo que están haciendo algunos países que dicen que los datos tienen que ser almacenados dentro de sus fronteras.

–Ello conlleva ciertos riesgos ante comportamientos autoritarios de gobiernos nacionales.

–Tiene también sus complicaciones. Si Brasil hubiera podido hacerlo, qué confianza tendrían hoy los brasileños en el gobierno de Michel Temer para manejar esos datos personales. Necesitamos un gran debate. El relator de libertad de expresión de Naciones Unidas está preparando un modelo de legislación que podría aplicarse tanto internacional como nacionalmente. Si cada uno trata de hacer lo suyo en un mundo sin fronteras, va a ser muy difícil. Por eso se necesita legislación homogénea. La gran confrontación es entre una propuesta de Internet ciudadana, que está siendo arrinconada por una corporativa y monopólica. Hay una disputa bastante desigual que no hay que abandonar.

–¿Qué derechos garantizaría la “Internet ciudadana”?

–Cuando surgió Internet, hace 30 años, creció con muchas iniciativas ciudadanas, académicas, de organizaciones sociales; grupos bastante descentralizados. Un desarrollo horizontal, no tan masivo como ahora, por supuesto. Siguen habiendo innovaciones. En varias ciudades, un grupo de gente creó una interface en Internet para que, quienes iban en su auto, compartieran el viaje. Ello tiene un impacto ecológico relacionado con otras políticas, como en San Francisco, donde quien viaje solo paga más peaje. Llega una gran empresa, ocupa ese espacio y se traduce en una de las más cotizadas en la Bolsa. Emplea choferes sin considerarlos trabajadores autónomos ni seguridad social. Se parte de una iniciativa ciudadana y se llega a una transnancional. Todo lo que sea una iniciativa ciudadana exitosa, es sacada del mapa o tragada. Es lo que ha hecho Microsoft, básicamente, que no ha creado nada.

–¿Qué visión tiene de las denuncias sobre posverdades o falsedades que llevan a países occidentales a amenazar con controlar contenidos de Internet y excluir a ciertos emisores? En Europa hay todo un tema con medios del Kremlin.

–Es muy problemático que con Internet y las redes sociales, la mentira se esparza tan rápidamente, lo que se convierte en verdad entre comillas. Hay que hacer algo que no es darle poder de censura a Google o Facebook sin ninguna transparencia, bajo ningún criterio legal o control ciudadano. Hay que buscar otra solución frente a eso. Segundo, es muy preocupante que una empresa como Google se arrogue la potestad de decidir qué encontramos en Internet y qué no. Varios medios alternativos vienen denunciando que Google ha cambiado sus algoritmos. Hay una docena de medios alternativos de EE.UU. que ya no aparecen en Google o aparecen en la página veinte del buscador. “Estamos priorizando medios serios”, dice Google. Hay medios comerciales masivos que no han sido muy serios y éticos en el manejo de la información. En cambio, a medios que han sido más serios y éticos pero disidentes en sus opiniones, se los considera no fiables. En cuanto a los medios rusos, ya es una cuestión geopolítica. Existen plataformas, buscadores y redes sociales alternativas. El problema es el poder de escala. El poder que tiene la ciudadanía es decir “me voy a otra parte”, y eso es importante para la propia democracia.

–¿Encuentra casos viables de buscadores alternativos?

–Hay buscadores más seguros que Google, como DuckDuckGo. Lo uso y por lo general me funciona. El problema con las redes es que la lógica de uso fortalece a los grandes, porque uno va donde están sus amigos, familiares y clientes. Si todos están en Facebook, aunque tengas otros más éticos, no logras competir. Si como usuarios comenzamos a hacer exigencias masivas de que tales cosas no son aceptables, van a tener cambiar, como ya lo ha hecho Facebook.

–¿Por ejemplo?

–Antes, sus opciones de privacidad partían de lo más abierto. Hubo tanto problema con eso, que por defecto garantiza la privacidad.

–Hasta hace poco, pese a sus grandes diferencias, gobiernos latinoamericanos han tratado de llevar a cabo políticas de comunicación anticoncentración y de fomento de voces alternativas, o al menos trataron de modificar el escenario afectando a actores consolidados para reemplazarlos por otros. No es mucho lo que ha quedado. ¿Qué falló?

–América latina realizó avances muy importantes hacia la democratización de la comunicación. Tímidos pero significativos. Por fin se ha reconocido que la comunicación popular comunitaria es un sector válido, con igualdad de derechos. En Europa, tiene mucha más fuerza de la comunicación pública, mientras que en América Latina, lo fuerte estaba en la comunicación privada. Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador han reconocido el derecho a la comunicación comunitaria, lo que ha sido un ejemplo no sólo para la región sino para el mundo. Con los gobiernos más a la derecha que están entrando en algunos países de América Latina, lo primero que se atacó fue la comunicación. Es muy significativo, en el caso de Argentina, que uno de los primeros decretos de Mauricio Macri en diciembre de 2015 fue anular la ley de la Comunicaicón Audiovisual. La derecha tiene muy clara la importancia de la comunicación y su control; los sectores de izquierda y progresistas, no tanto. En Brasil y en Argentina, comenzaron haciendo alianzas con los grandes conglomerados. Lula (da Silva), con Globo; (Néstor) Kirchner, con Clarín; (Hugo) Chávez, con Cisneros. Sin embargo, fue en la casa de Cisneros donde se armó el golpe de 2002. (Rafael) Correa, en cambio, fue bastante frontal con la prensa desde que llegó a la Presidencia, pero hasta el último día no terminó de concretar la comunicación comunitaria. Ecuador reconoce el 34 por ciento de las frecuencias para los medios comunitarios; se abrió un concurso en 2016 y quedó congelado. Hay falta de comprensión del tema por parte de los sectores progresistas. Controlar la comunicación y democratizar la comunicación son dos cosas distintas. Ecuador creó medios públicos bastante afines al gobierno pero ello no dio resultado. Venezuela ha avanzado bastante en la creación y apoyo a los medios comunitarios, Bolivia también, y Argentina estaba avanzando bastante hasta que llegó el gobierno de Macri.

–A su vez, los gobiernos conservadores critican los armados oficialistas de sus antecesores, pero terminan reconstruyendo y tejiendo alianzas bajo otras formas pero bastante más poderosas.

–Tiene que ver con esa visión de que hay que controlar la comunicación, tener amigos, más que entender que hay que democratizar y dar la palabra a la ciudadanía. Hay un tema que es mundial. Estamos viviendo una crisis de sobrevivencia de la prensa escrita. Es la que siempre ha liderado la agenda, las opiniones, muy por encima de la televisión y la radio. Es una crisis muy grave para la democracia misma, que viene de antes de Internet y tiene que ver con el modelo de funcionamiento de la prensa. Ya no se necesita de los medios tradicionales para llegar a una audiencia masiva, porque Internet llega de un modo más directo y selectivo. El 70 por ciento de la publicidad en Internet está controlado por Google y Facebook, por lo que la publicidad en medios está cayendo cada año. Y ante este cambio, los medios alternativos sufren más. En una sociedad democrática, debemos buscar fuentes de información con cierta capacidad de independencia frente a sus fuentes de financiamiento. Cuál modelo será, hay que discutirlo. Hay propuestas. En EE.UU., cada ciudadano tiene una rebaja de impuestos que puede asignar al medio de comunicación que le guste siempre que sea no comercial. Hay medios en EE.UU. que logran sobrevivir, pero en América Latina es más difícil. Hay que encontrar el tipo de financiamiento público cuyo destino no lo define el gobierno de turno sino la ciudadanía.

–Una pregunta de larga data, que da lugar a debates interminables. ¿Cuánto influyen sistemas oligopólicos de medios en la opinión pública?

–¿Lo que dicen los medios influye fuertemente? Sí. Pero llega un momento en que la gente ya no cree en la prensa, e incluso se puede dar un escenario contraproducente. Toda la prensa está en contra de un candidato y la gente dice, “justamente, por eso voy a votar a ese candidato”. La comunicación no es un tubo por el que ingresa el mensaje de un lado y entra en la cabeza de la gente. Es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con la elaboración de la información, la cultura y las influencias. Es cierto que se han dado casos en los que la ofensiva mediática ha sido muy contundente. Lo que me preocupa más que eso es cómo están funcionando las redes sociales que están influyendo de una manera nueva en la conciencia ciudadana. Las redes tienden a apelar a las emociones más que a los sentimientos. Los algoritmos de Facebook hacen que tú recibas un tipo de mensajes frente a los cuales ya has reaccionado. El mensaje del odio llega a quien lee mensajes de odio y eso lo exacerba. Y Facebook lo hace porque le da más rédito con los anuncios. Un modelo económico que está imponiéndose sobre la importancia de lo que es la ciudadanía.

–Pasó un mes desde que fue expulsada del país, un hecho inédito en su vida. ¿Quisiera dejarle un mensaje al gobierno de Mauricio Macri?

–Que es inaceptable que cualquier gobierno juzgue quién puede participar de una conferencia, no sólo permanecer en su país, sobre la base de si le gustan o no sus opiniones. Es inaceptable, gravísimo para el sistema multilateral. Quisiera agradecer a las personas e instituciones que nos han expresando su solidaridad, deplorando el caso.

Página/12 - 8 de enero de 2018